Elección de ministros/Diego Valadés

Elección de ministros/Diego Valadés

en REFORMA, 04 Jun. 2023;

El debate acerca de la elección popular de los ministros de la Suprema Corte tomó una ruta razonable cuando el líder de la Cámara de Diputados abrió un espacio para escuchar argumentos, a favor y en contra.

En una democracia ninguna institución es intocable. Uno de nuestros problemas mayores consiste en la intangibilidad de enclaves de poder, como la presidencia de la República. A partir de la reforma de 1977 ha habido avances en los sistemas representativo, electoral, judicial y municipal; pero el presidencialismo permanece inmutable. Las hegemonías personalistas, en lo nacional y en lo local, se han opuesto a los ajustes democratizadores y suelen desviar la atención hacia otros espacios, como sucede ahora con la Corte.

Desde 1995 la Corte es un auténtico tribunal constitucional. Las minorías parlamentarias pueden impugnar las normas adoptadas por la mayoría cuando consideran que hay elementos inconstitucionales, y se faculta a los diferentes órganos del poder para defenderse ante la invasión de sus competencias. Las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales son garantías para hacer valer la primacía de la Constitución.

En un Estado constitucional alguien tiene que asegurar que las normas ordinarias se sometan a las que rigen como supremas y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por eso los tribunales constitucionales actúan como "legisladores negativos", pues por encima de lo que aprueba el legislador ordinario hacen valer lo dispuesto por el legislador constitucional. Como es comprensible, este control jurisdiccional genera tensión con los Congresos y a veces también con los gobiernos.

En México la hostilidad contra el tribunal constitucional ha escalado hasta el paroxismo. El presidente de la República, incomodado por las declaraciones de inconstitucionalidad de algunas de sus decisiones y de ciertas leyes promovidas por él, emprendió una ofensiva sin precedente imputando a los ministros el delito de corrupción. Si contara con elementos para sustentar sus acusaciones debería ponerlos en conocimiento del ministerio público, pero las características del embate permiten colegir que se trata de una estratagema para conquistar la mayoría calificada en la próxima legislatura, pretextando que la Corte le impidió cumplir con su programa político y que por lo mismo es necesario sustituirla.

El ardid de enardecer los ánimos es para forzar una consulta popular acerca de la elección de los ministros. Sin embargo, el artículo 35 constitucional prohíbe someter a referéndum la restricción de los derechos humanos y de sus garantías. Incumbe a la Corte resolver si la convocatoria es constitucional. Cuando determine que no lo es, se inflamará la retórica en su contra. Esto, en el contexto de las elecciones federales.

Se objeta que la elección popular de los ministros ideologizaría a la Corte y auspiciaría la intromisión de los partidos en perjuicio de su independencia. En el dudoso supuesto de que esto se resolviera, subsistirían otras amenazas, como la injerencia electoral de grupos económicos, nacionales y extranjeros, del clero, de medios de comunicación (¿teleministros?), de otros actores interesados en controlar la justicia, e incluso de la delincuencia organizada. Esto da una idea de las presiones a las que se expondrían los candidatos a la Corte.

Aun superando esos enormes desafíos, sería inevitable afectar los derechos humanos. Con motivo de la elección, las posiciones de los candidatos en temas como aborto, eutanasia y derechos de las personas LGBTIQ+, por ejemplo, quedarían expuestas a los vaivenes de la pasión colectiva.

Revisar la integración y el funcionamiento de las instituciones es un ejercicio propio de los sistemas democráticos; debe llevarse a cabo con la seriedad que exigen los asuntos de Estado. El activismo judicial es una cuestión por analizar, al igual que la forma de designar a los jueces supremos. Todo es evaluable para mejorarlo, no para empobrecerlo ni para capitalizarlo con motivo de la estridencia coyuntural.

Es inconstitucional convocar una consulta popular sobre esta materia, pues su consecuencia consistiría en sujetar el destino de los derechos humanos a la emotividad electoral. La democracia no gana cuando la justicia pierde.

@dvalades