¿La CEM Dividida?

La carta que dividio(¿?) a la Iglesia católica mexicana
Comisión de Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano
Por una Nueva Convivencia Política.Por el enrarecimiento del ambiente político en nuestro país, causado por los acontecimientos de las últimas semanas, los Obispos de la Comisión de Pastoral Social no queremos permanecer callados, pues nuestra misión de pastores nos pide intervenir con oportunidad para que la luz del Evangelio y los principios éticos que de él brotan, iluminen coyunturas como la presente, que por su trascendencia son un signo decisivo en el rumbo de la transición a la democracia que nuestra nación recorre desde hace años.

En el año 2000, en la Carta Pastoral "Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos", los Obispos de México reconocimos el cambio significativo que en los procesos democráticos se experimentaba, gracias a una creciente cultura de participación ciudadana. En aquel año, señalamos que el país se encontraba en un proceso de transición democrática, el cual no tenía un rumbo asegurado. Por ello, alentamos a la búsqueda de consensos que le dieran rumbo al cambio y permitieran al país caminar hacia el bien común. De igual modo expresamos la necesidad de reformar nuestro sistema político, actualizar la Constitución, desde una reconsideración de la dignidad de la persona humana y de sus derechos y obligaciones, profundizar en la revisión de nuestro arquitectura institucional y fomentar la participación mediante la educación cívica, la promoción del orden público y la justicia social.
En aquel momento expresamos también los riesgos que este proceso enfrenta, señalando el cansancio, la desconfianza y el hastío de los ciudadanos ante las promesas incumplidas, e incluso alertamos sobre la posibilidad de una regresión autoritaria.
La democracia amenazada.
A lo largo de los últimos años el país ha experimentado muchos momentos de parálisis en el ámbito de la política. Si bien es cierto que se ha avanzado con la llegada de la alternancia a todos los órdenes de gobierno, con la separación de poderes, con instrumentos que permiten vigilar la gestión pública de los recursos, también es cierto que muchas iniciativas que permitirían al país avanzar en nuestro proceso de transición democrática han quedado atrapadas por la falta de acuerdos entre los partidos y los actores políticos. Hemos sido testigos de innumerables desencuentros, de escándalos de corrupción, de enormes dificultades para encontrar consensos, del aplazamiento de la discusión serena y profunda sobre las grandes urgencias del país, y lo que es muy preocupante, de una lucha encarnizada por acceder al poder, en donde pareciera que la referencia a principios éticos que asegurarían la civilidad están ausentes.

Una reforma pospuesta indefinidamente.

La reforma del estado, en la que tantos ciudadanos y organizaciones se han comprometido, que le de al país un andamiaje institucional renovado, que obligue en términos de ley a la formación de mayorías, que favorezca la creación de políticas de largo plazo, y que promueva la subjetividad de la sociedad civil se ha pospuesto indefinidamente. Nuestro entramado legal y nuestro sistema de justicia parecieran desbordados por los tiempos nuevos que vivimos. La cultura autoritaria y el sistema que derivó de la misma, se resiste a ceder el paso a los esfuerzos democratizadores.

Un hecho cuestionado en lo jurídico, lamentado en lo político.

El desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal acontecido hace pocos días ha sido aplaudido por algunos sectores productivos y políticos del país, pero también ha sido ampliamente cuestionado por diversos sectores de la sociedad mexicana y de no pocos intelectuales y medios de comunicación en el extranjero. Es un signo más, alarmante por su significación, del desencuentro de ese doble proceso, de signo contrario que caracteriza la vida política de nuestro país: el de la transición democrática y el de la regresión autoritaria.

En el ámbito de lo jurídico, la decisión de la mayoría en la Cámara de Diputados ha generado opiniones encontradas, que por un lado señalan la imposibilidad de acreditar el acto de desacato al Jefe de Gobierno, la desproporción entre la falta y la pena, la aplicación selectiva de la justicia, una interpretación legalista del texto constitucional. Por otro lado, hay quienes han afirmado que con este acto, se ha inaugurado el respeto al estado de derecho, la llegada del imperio de la legalidad, la superación definitiva de la impunidad. Los argumentos presentados por una y otra parte han llevado a la ciudadanía a tener la percepción de que lo que está en juego no es tanto el respeto a la ley, cuanto el intento de eliminar políticamente a un adversario. Por esta razón el tema se ha desplazado del ámbito jurídico al político.

Esta percepción se ve favorecida por lo que se ha dado en llamar búsqueda de "salidas políticas", práctica que, propiciada al verse nuestra legislación rebasada por la realidad, se ha extendido haciendo evidente la necesidad de adecuar las normas a las nuevas realidades de nuestra sociedad. Una auténtica democracia reclama la existencia de un estado de derecho y mientras éste no se dé, existe el riesgo de que la aplicación selectiva de la ley, se convierta en un instrumento al servicio de motivaciones diversas a la justicia y al bien común.

Quienes afirman las motivaciones políticas en la decisión de la Cámara de Diputados de quitarle el fuero constitucional al Jefe de Gobierno, han levantado su voz para señalar los lamentables efectos para nuestra transición democrática: la destrucción de la confianza en las instituciones al ponerse ellas al servicio de una persecución política, la polarización y la desilusión social, la confrontación y el encono, la exclusión de opciones políticas que no hacen más que alentar caminos alejados de la civilidad y la peligrosa vuelta a un autoritarismo que atenta contra los derechos fundamentales de la persona humana.

Para la Doctrina Social de la Iglesia tres son las condiciones fundamentales para la democracia: a) respeto a los derechos humanos, b) moderación en el ejercicio de la autoridad, c) equilibrio entre los poderes en los que se divide el ejercicio de la autoridad. En el desafuero del Jefe de Gobierno las primeras dos condiciones parecen no haberse cumplido, por lo que se refiere al derecho a la no discriminación y a la seguridad jurídica del inculpado. Además por consecuencia, se han violado los derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal que lo eligieron legítimamente y se abre la puerta a la violación de los derechos de toda una sociedad pues se le podría cancelar la oportunidad de manifestarse en las urnas en relación a lo que esta opción representa. De igual modo, el proceso aparece de tal manera concertado y desaseado que la moderación en el ejercicio de la autoridad está en cuestión y se ha dado lugar a sospechar sobre la realidad de la separación y autonomía de los poderes federales.

El acto al que nos referimos ha generado incertidumbre en la ciudadanía, ha mandado una señal de alerta a los actores económicos y ha creado condiciones que ahondan la división y abre la puerta a la inestabilidad política. El enfrentamiento y la radicalización de las partes no son condiciones que abonen a nuestro proceso a la democracia y dificultan gravemente nuestro trabajo para superar la pobreza, avanzar en el desarrollo integral que habría de permitirnos consolidar nuestra paz social.

No tengan miedo! Acrecentemos el empeño por el país.

En medio de las vicisitudes de nuestra historia, en la que, como lo demuestra la experiencia, así como avanzamos, también retrocedemos, queremos hacer un llamado a la ciudadanía a seguir participando en la construcción de la democracia en el país, pues la comunidad política ha de estar constituida para el servicio de la sociedad civil de la cual deriva. La sociedad civil ha de seguir profundizando en la generación de un proyecto capaz de constituirse en un marco para la justa y pacífica convivencia, y para la superación de los enormes rezagos sociales que enfrenta el país.

Los acontecimientos a que hacemos referencia han hecho crecer la indignación y, a través de distintos medios, han motivado a llamar a la resistencia civil. Muchos son los caminos para la participación y entre ellos destaca la acción civil pacífica. La Iglesia reconoce que el derecho a la resistencia se funda en el derecho natural y ve en ella una forma de hacer frente a los abusos del poder, como un camino más conforme a los principios morales. Por eso es necesario renunciar permanentemente a las opciones violentas, que traen consigo además de una espiral de enorme sufrimiento, la generación del miedo, de la incertidumbre y la inestabilidad social y económica de la nación.

Los partidos políticos enfrentan una crisis de credibilidad en la que los han sumido sus acciones. La percepción de la ciudadanía es que no han sabido interpretar las aspiraciones de la sociedad y en muchos casos se han antepuesto los intereses individuales o de grupo a los intereses del país. El proceso democrático en México está demandando la renovación de los partidos y la superación de ser ellos la única vía para contender en las elecciones.

La política es conciliación y diálogo, oposición y tolerancia. La sociedad mexicana ve con tristeza como en muchos de los actores políticos ha faltado mesura y prudencia. El bien del país está en juego y la responsabilid d que pesa sobre quienes participan en política es mucha. Recuperar el "respeto de una sociedad que se siente agraviada, cuya paciencia se agota y que quiere ver a sus aspirantes a puestos de elección popular convencidos de que la política es el noble arte del servicio al bien de la comunidad social", es la tarea que tienen por delante.

El ejercicio de la autoridad si no es practicado dentro de los límites del orden moral pierde legitimidad. La guerra declarativa, las descalificaciones del adversario, el ocultamiento de la verdad y la corrupción han me mado gravemente la confianza de la ciudadanía ante la autoridad constituida.

A la autoridad judicial que tendrá que decidir sobre el caso se le llama a tener los altos valores de la justicia por delante y a medir las consecuencias para el país del sentido de su resolución. Hoy más que nunca el pa s reclama la independencia de quienes imparten justicia. La Doctrina Social de la Iglesia ha sostenido el principio de la presunción de la inocencia y respetar el derecho del inculpado a un proceso que se lleve con la de ida celeridad. Ha de tenerse en cuenta que las penas sólo pueden establecerse en la medida que estén claramente establecidas en la ley y el delito sea probado.

La adecuación de nuestra norma constitucional a las convenciones internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos es una tarea inaplazable. La suspensión de los derechos políticos de quienes se encu ntran en proceso en lugar de presumir la inocencia, presume la culpabilidad.

Es necesario en este momento la prudencia de la fuerzas que mantienen el orden. La represión ha generado profundas heridas a nuestro México en otras épocas. De igual modo la sociedad organizada ha de estar al pendiente d grupos de provocadores que creen en la violencia. Ceder a ella sería una imperdonable afrenta a los derechos humanos, y traería como consecuencia la clausura por un largo tiempo, de todos nuestros esfuerzos democratizad res.

Quienes sirven a la sociedad en los medios de comunicación contribuyendo a la formación de la opinión pública, tienen la gran responsabilidad de ayudarnos en la profundización del momento presente, con el ánimo de entend rlo a través de los signos que nos presenta. El sensacionalismo y las visiones catastrofistas, provenientes de cualquier lado, siempre nos dificultarán la labor serena de reflexión.

Los cristianos estamos llamados a hacer presente el Reino de Dios en las realidades temporales. De ningún modo podemos exentarnos de participar y debatir en la plaza pública. Los obispos de esta Comisión hacemos un llam do a los fieles laicos a impregnar con los valores del evangelio la vida política del país. La Iglesia ha reconocido en diversos momentos que de una misma fe pueden brotar distintas opciones políticas. El miedo a la perd da de privilegios, a la incomprensión y al rechazo no deben detener la búsqueda por transformar al país haciendo que en él imperen la justicia la equidad y la paz.

Les hacemos un llamado a mantener la confianza en el Señor de la historia quien en su amorosa providencia nos sostiene y acompaña en el caminar. La virtud de la esperanza que implica confianza en Dios y reclama una actit d de compromiso con los acontecimientos del presente es más que nunca necesaria. Superar el miedo es la invitación que brota de las mismas palabras del Señor resucitado

Que Santa María de Guadalupe, Madre y Señora nuestra, acompañe a nuestra patria en este momento aciago de nuestro caminar.

Por los Obispos de la Comisión:

Sergio Obeso
Arzobispo de Xalapa
Presidente

Miguel Ángel Alba
Obispo de La Paz
Vocal

Luis Artemio Flores
Obispo de Valle de Chalco
Vocal

Raúl Vera
Obispo de Saltillo
Vocal

Gustavo Rodríguez
Obispo Aux. de Monterrey
Vocal


Horas más Tarde en comunicado oficial de la CEM
México, D.F., a 21 de abril de 2005

POSTURA DE LA CEM FRENTE AL DESAFUERO DE AMLO

La Conferencia del Episcopado Mexicano se mantiene firme a lo que siempre ha dicho, estamos en favor del cumplimiento de la ley y el respeto de las instituciones.

Las Comisiones Episcopales son libres de manifestar, bajo su propia responsabilidad, los juicios y opiniones sobre cada tema coyuntural de la sociedad de acuerdo a sus criterios, con el fin de construir entre la diversidad de opiniones, auténticos caminos que nos conduzcan al bien común.

La Conferencia del Episcopado Mexicano promueve y promoverá siempre la concordia tanto entre los individuos como entre las instituciones. Frente a los diferentes momentos decisivos en la historia del país, la postura del Episcopado Mexicano siempre será la promoción de los valores y de los derechos de la sociedad en su conjunto, por lo que siempre nos pronunciaremos en favor de la gobernabilidad, del diálogo, de los acuerdos maduros y la consolidación de una auténtica democracia.

Como lo hemos manifestado en el comunicado del Consejo Permanente Fortalecer la Democracia reconstruyendo la confianza ciudadana emitido el 2 de marzo: “es urgente reconstruir la confianza de los ciudadanos a fin de que todos colaboremos en el fortalecimiento de nuestras instituciones y del estado de derecho. Queremos proclamar nuestra convicción de que es posible construir entre todos un México que sea un país de mayor justicia, equidad y oportunidades”.

Como Conferencia del Episcopado Mexicano hacemos un llamado a los actores políticos a buscar siempre el interés nacional a través de una política madura y conciliadora.


+José Guadalupe Martín Rábago
Obispo de León
Presidente de la CEM

Comunicado del gobierno mexicano

México, D.F. a 21 de abril 2005

C O M U N I C A D O

El día de hoy la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano, difundió un documento titulado “Por una nueva convivencia Política”.

Al respecto, la Secretaría de Gobernación (Segob) recibió, esta misma noche, un comunicado del Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Mons. José Guadalupe Martín Rábago, en el que manifiesta la posición oficial del Episcopado Mexicano y en el que afirma lo que siempre ha dicho la CEM: “estamos a favor del cumplimiento de la ley y el respeto de las instituciones”.

Asimismo, se remite a un documento emitido el dos de marzo pasado titulado “fortalecer la democracia reconstruyendo la confianza ciudadana”.

La Segob reconoce y garantiza la libertad de expresión de todos y cada uno de los ministros de culto, libertad que debe apegarse a la Constitución, a las leyes y reglamentos en la materia.