Crisis en la selección de jueces

Una nota del periódico La Jornada 30 de mayo de 2006-, firmada por Jesús Aranda, da cuenta de la crisis que existe en México por la selección de jueces y magistrados.

Se cuestiona que después de 13 concursos de selección aún exista "una indefinición del perfil del juzgador que el país necesita y, en consecuencia, se nulifica la preparación de los candidatos a ocupar esas plazas". Y se acepta que de esta forma han sido designados,de 1995 a la fecha 577 jueces de distrito.

La nota de Jesús esta elaborada en base a un documento denominado Sistema de selección y designación de jueces de distrito, elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza, quien aspira legitimamente a presidir la SCJN.

Se afirma ahí que en desde su creación el CJF ha sido incapaz de implementar un sistema de selección y designación de juzgadores que "generen confianza" además, de que no garantiza "un ejercicio adecuado de la función jurisdiccional".

El documento da cuenta lo "verdaderamente alarmante" es el nivel de preparación de los juzgadores. Las calificaciones son bajísimas. Estos resultados, enfatiza el documento, demuestran que el método de selección utilizado por el CJF "no es el adecuado", pues, además de las bajísimas calificaciones que obtuvieron la mayoría de los concursantes, "desde el punto de vista pedagógico demuestra una falla en la elaboración del examen".

Antes de la reforma de diciembre de 1994, los ministros de la Corte designaban directamente, es decir, por dedazo, a los jueces de distrito; en cambio, con la creación del CJF la ley estableció concursos para los aspirantes a juzgador y desde entonces se han adoptado variantes que permiten que participen secretarios de juzgado, secretarios de tribunales colegiados y unitarios, secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte, funcionarios del CJF y de la SCJN e incluso, académicos o litigantes externos.

Sostiene que "el gran crecimiento que ha experimentado el Poder Judicial de la Federación no tiene su origen en la planeación a mediano y largo plazos", ya que pareciera que lo importante "ha sido resolver la necesidad urgente de designar jueces, sin un seguimiento en los métodos de selección", lo que ha generado una diversidad de modelos y características de los concursos de selección.

El texto cuestiona severamente a la institución al señalar que "el CJF ni siquiera ha realizado una evaluación particularizada del desempeño de cada persona designada en el cargo de juez de distrito" que permita determinar con qué concurso y bajo qué modalidades se obtuvieron mejores resultados.

Ante estos hechos - señala la nota de Aranda-, el pleno de la Corte ordenó al CJF que emita un acuerdo en el que se tome en cuenta el cumplimiento de la "carrera judicial" para la elección de jueces, para evitar que se repitan casos en que son designados secretarios de juzgados y tribunales en lugar de secretarios de estudio y cuenta de la Corte.

"La idea de los ministros es que los secretarios de juzgados asciendan a secretarios de tribunales y de ahí pasen a la Corte como secretarios de estudio y cuenta, y que se elija entre éstos a los futuros juzgadores. Esto porque al trabajar en el máximo tribunal, los secretarios adquieren una formación profesional más completa."

Para ello se requiere de un sistema de selección para acceder al cargo de secretario de estudio y cuenta, dirigido a los secretarios de tribunales colegiados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de los mecanismos para ascender de secretarios de juzgado a secretario de tribunal. Todo ello, con la idea de que se privilegie la carrera judicial en la elección de los futuros juzgadores y que éstos respondan a las necesidades que sociedad espera de ellos.

Y las pruebas sicológicas empezaron en la UNAM

Hace unas semanas un editorial del periódico El Universal 5 de abril de 2006- mencionó que "la existencia de jueces alcohólicos, paranoicos, hostigadores sexuales y al servicio de los narcotraficantes, ya separados de sus cargos, han llevado al CJF a encargar a la Facultad de Psicología de la UNAM la aplicación de pruebas de personalidad a los aspirantes al cargo".

"En febrero (pasado), 87 aspirantes a jueces fueron sometidos a las pruebas, diseñadas con parámetros internacionales, para determinar si son aptos para el cargo...,Las evaluaciones serán conocidas durante el mes que corre por el Consejo de la Judicatura, y esperamos que las hagan públicas, por su máximo interés"

Empero, las pruebas ¡todavía no se hacen publicas!, a menos que estén contempladas en el documento del ministro Silva Meza que menciona La Jornada.

Abunda El Universal "Es inconcebible un juez que desde la cima de su poder jurídico y social pretenda llevar a cabo actos que van contra la esencia de su función. Su probidad debe ser una regla inconmovible en cada uno de sus actos. Asimismo, es deleznable dejar la justicia en manos de un corrupto, alcohólico, vicioso o perturbado mental. Las pruebas psicológicas pueden tener allí una función de filtro que impida surgir las impurezas. Sin embargo, la cuestión que sigue siendo toral es el manejo impecable, prístino, de la ley que nos rige. Seguramente hay más medidas que tomar además de la divulgación de las reglas de la ética, que es decir de la moral. La estructura y los procedimientos judiciales deben ya ser puestos al día, en la opinión de muchos analistas aquí publicada, para dar transparencia a la función judicial, para abrir los procesos al público, sin detrimento de las buenas famas ni de las pesquisas, y para confirmar que el buen juez no es la excepción en México, sino la regla."

Informe del relator de la ONU; Dato´Param Cumaraswamy.

Estuvo en México del 13 al 23 de mayo del 2001 y en abril del 2002 dio a conocer su informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU afirmando que la impunidad y la corrupción son “un tremendo problema social”, además de que más de 70 por ciento de los jueces mexicanos son corruptos.

Dos meses después de conocido el informe que la puso en cuestión severamente el Poder Judicial de la Federación decidió ofrecer una contundente respuesta, en un documento de 211 cuartillas, editado por la SCJN.

El texto fue entregado por el entonces presidente de la Suprema Corte Genaro Góngora Pimentel, al presidente Fox el 31 de mayo del 2002, para que éste lo enviara vía diplomática a la ONU y fuera tomado en cuenta el punto de vista del Poder Judicial de la Federación en la decisión final que adopte la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre el estado que guarda la independencia de los juzgadores en el país.

El documento denominado: Respuesta al informe del relator de la ONU para la independencia de jueces y magistrados, constituye una respuesta oficial al informe que relato y cuestiona las “imprecisiones, falta de congruencia, manejo de información cuestionable y carencia de una correcta metodología”.

Señala que no es admisible “que se cuestione todo un Poder Judicial con cifras que son simples valoraciones subjetivas y se haga una recomendación que poco tiene que ver con la magnitud de lo afirmado”.

Señala que “preocupa igualmente que aun con base en esas expresiones carentes de toda metodología y de sustento probatorio, el relator aceptara informaciones que están muy lejos de la realidad y que no resisten ningún juicio serio o razonable”.

Tras enfatizar que la misión de Dato Param resultó “nociva”, porque en lugar de hacer una investigación para ver en qué forma se apoyaba la independencia de los jueces -que era su mandato-, “lo que hizo fue denostarla”.

Respecto al valor que dio a las expresiones de la opinión pública en el informe, los ministros establecen: “estamos de acuerdo con que es muy importante lo que la opinión pública manifieste..., sin embargo, no es aceptable que sea el único elemento que se tome en cuenta, porque entonces se pierde objetividad y lo que se informa carece de seriedad. La independencia existe al margen de que la población la perciba o no, la percepción es sólo un indicio, pero no es un elemento esencial de la existencia de la independencia”, indica el texto.

Enfatiza que tampoco aporta nombres de los denunciantes para poder proceder a la investigación correspondiente. “Tampoco se dice que se realicen investigaciones más exhaustivas en los casos que se conocen. Es decir, no se tiene nada que recomendar, sólo una actividad de prevención que ya se ha venido aplicando de manera regular en el Poder Judicial Federal desde 1982”.

Se hablará mucho de este tema en los próximos días, incluso por los candidatos a la presidencia de la República.

De alguna manera Felipe Calderón, candidato del PAN a la presidencia lo abordó ayer al presentar su programa de Seguridad Publica y Justicia Penal.