INFORME DE LA CNDH SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN OAXACA A PARTIR DEL 2 DE JUNIO DE 2006
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes responsabilizó a las autoridades federales y de Oaxaca por las violaciones a los derechos de los detenidos en el conflicto magisterial de la entidad ocurrido a partir del 2 de junio del 2006.
Dijo que hubo detenciones arbitrarias e ilegales, afectaciones a la integridad física, violaciones al derecho a la libertad, a la integridad y seguridad, a la propiedad y posesión, al derecho a la vida, además de tortura, dilación e irregularidades en la procuración de justicia y uso excesivo de la fuerza pública.
Durante la entrega a legisladores de las a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y Senadores, del reporte "preliminar" sobre Oaxaca -al momento son 1,211 las quejas recibidas-, el ombudsman reveló que el conflicto dejó un saldo de 20 muertos -once de manera directa con los hechos y nueve de forma indirecta- 381 lesionados y 336 personas detenidas -de las que 56 aún permanecen presas-.
En su informe -que abarca del 2 de junio de 2006 y es de 14 mil 360 hojas, más las que se sumen-, Soberanes dijo que se destaca la incapacidad de las autoridades para atender y dar solución a la situación en la entidad, lo cual, dijo, produjo vacíos de poder. Aseguró que autoridades y servidores públicos de las Policías Preventiva y Ministerial de Oaxaca, así como la PFP transgredieron el derecho a la libertad por detención arbitraria y retención ilegal.
Soberanes, agrego que la intervención de la fuerza pública debe estar sometida a límites precisos y sólo puede realizarse en el marco de la legalidad y respeto de los derechos de las personas, toda vez que cuando rebasa sus atribuciones y límites se convierte en un factor de violencia y agrava la situación en lugar de resolverla.
Durante la presentación del texto de 18 páginas, la diputada Omeheira López Reyna (PAN) se comprometió a hacer un riguroso análisis del informe e impulsar de manera conjunta con el Senado acuerdos en materia de derechos humanos; en tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra (PRD) calificó como una vergüenza lo ocurrido en Oaxaca, por ello, “los legisladores debemos trabajar por enmendar la serie de violaciones que se dan en todo el país”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Diódoro Carrasco Altamirano (PAN) coincidió con el "Ombudsman" en que hubo una actuación tardía y desdeñosa. "Me parece que se cometieron muchos errores en el ejercicio gubernamental y hubo una gran distancia y lejanía en el ejercicio del gobierno federal por conducto de las autoridades competentes, que se combinó con un explosivo cóctel que formaron los integrantes de la APPO que radicalizaron y maximizaron sus posición".
Este es el Informe:
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes responsabilizó a las autoridades federales y de Oaxaca por las violaciones a los derechos de los detenidos en el conflicto magisterial de la entidad ocurrido a partir del 2 de junio del 2006.
Dijo que hubo detenciones arbitrarias e ilegales, afectaciones a la integridad física, violaciones al derecho a la libertad, a la integridad y seguridad, a la propiedad y posesión, al derecho a la vida, además de tortura, dilación e irregularidades en la procuración de justicia y uso excesivo de la fuerza pública.
Durante la entrega a legisladores de las a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y Senadores, del reporte "preliminar" sobre Oaxaca -al momento son 1,211 las quejas recibidas-, el ombudsman reveló que el conflicto dejó un saldo de 20 muertos -once de manera directa con los hechos y nueve de forma indirecta- 381 lesionados y 336 personas detenidas -de las que 56 aún permanecen presas-.
En su informe -que abarca del 2 de junio de 2006 y es de 14 mil 360 hojas, más las que se sumen-, Soberanes dijo que se destaca la incapacidad de las autoridades para atender y dar solución a la situación en la entidad, lo cual, dijo, produjo vacíos de poder. Aseguró que autoridades y servidores públicos de las Policías Preventiva y Ministerial de Oaxaca, así como la PFP transgredieron el derecho a la libertad por detención arbitraria y retención ilegal.
Soberanes, agrego que la intervención de la fuerza pública debe estar sometida a límites precisos y sólo puede realizarse en el marco de la legalidad y respeto de los derechos de las personas, toda vez que cuando rebasa sus atribuciones y límites se convierte en un factor de violencia y agrava la situación en lugar de resolverla.
Durante la presentación del texto de 18 páginas, la diputada Omeheira López Reyna (PAN) se comprometió a hacer un riguroso análisis del informe e impulsar de manera conjunta con el Senado acuerdos en materia de derechos humanos; en tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra (PRD) calificó como una vergüenza lo ocurrido en Oaxaca, por ello, “los legisladores debemos trabajar por enmendar la serie de violaciones que se dan en todo el país”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Diódoro Carrasco Altamirano (PAN) coincidió con el "Ombudsman" en que hubo una actuación tardía y desdeñosa. "Me parece que se cometieron muchos errores en el ejercicio gubernamental y hubo una gran distancia y lejanía en el ejercicio del gobierno federal por conducto de las autoridades competentes, que se combinó con un explosivo cóctel que formaron los integrantes de la APPO que radicalizaron y maximizaron sus posición".
Este es el Informe:
PRELIMINAR SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE OAXACA A PARTIR DEL 2 DE JUNIO DE 2006
18 DE DICIEMBRE DE 2006
I. CONSIDERACIONES
Con fundamento en las atribuciones que la Constitución otorga a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde el 14 de junio próximo pasado, visitadores de la propia Comisión han estado presentes en la ciudad de Oaxaca para recibir y atender quejas, recabar información, investigar y vigilar probables afectaciones a derechos fundamentales de las personas.
Las actuaciones que dan sustento a este informe preliminar están comprendidas en un expediente que, hasta el momento, es de 14 mil 360 hojas, y al que se dio inicio el 2 de junio y hoy se encuentra en proceso de integración.
Por la magnitud, gravedad y complejidad de los hechos que le dan origen, este informe preliminar pretende también ser una aportación en favor de una amplia reflexión sobre los riesgos de la violencia como expresión de conflictos sociales y políticos exacerbados, en los que inciden factores tales como la acumulación de demandas sociales de sectores de la población, así como fenómenos coyunturales propios de las pugnas político electorales, y un progresivo endurecimiento de actitudes que convierte un problema complejo en una situación incontrolable y en la que, a final de cuentas, todos pierden y resultan rebasados por los saldos lamentables de la violencia.
Es oportuno que, desde la sociedad civil o desde las posiciones de responsabilidad que corresponde asumir a toda autoridad, se abra paso una discusión racional lo más amplia posible sobre la violencia y el valor de la legalidad, en la que participen legisladores, académicos, partidos y medios de comunicación. Es necesario que, como sociedad nacional, aprendamos a identificar y agrupar los fenómenos disruptivos para ventilarlos y saber exactamente a qué riesgos nos enfrentamos y cómo, y con qué instrumentos vamos a prevenirlos y a hacerles frente.
La solución a las graves carencias que se concentran en varias regiones del país exige la reafirmación del respeto a la legalidad como norma indispensable de vida, el encauzamiento institucional de los conflictos, el compromiso de las autoridades con la justicia y con la atención de las demandas ciudadanas. La crítica de la violencia exige no partidizarla ni hacerla instrumento de grupo alguno Debemos impedir, de manera consciente y comprometida, que la violencia surja y se instale en nuestras vidas como si fuera natural o como si se tratara del resultado de un designio inevitable contra el cual nada o muy poco puede hacerse.
Al momento de este informe preliminar son 1,211 las quejas recibidas, por presuntas violaciones a derechos humanos, a consecuencia del supuesto uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales.
La investigación de cada una de las denuncias en las que se señalan esas presuntas violaciones seguirá reclamando esfuerzos importantes de la CNDH. Una vez concluido el proceso de investigación de cada una de ellas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitirá públicamente la conclusión correspondiente.
Recabamos a la fecha 265 declaraciones de quejosos detenidos, 257 de quejosos lesionados y más de 2 mil 700 testimonios. Efectuamos 280 peritajes en medicina forense, psicología y criminalística, 198 inspecciones oculares y realizamos 45 gestiones para localizar a personas señaladas como desaparecidas. Contamos ya con mil 857 fotografías y 18 video filmaciones relativas a estos hechos.
Desde el inicio del conflicto, la CNDH ha ofrecido asesoría jurídica a quienes la han solicitado. Estar en el lugar de los hechos permitió también inhibir la consumación de violaciones a los derechos humanos.
El equipo de servidores públicos desplegado en Oaxaca está compuesto por un visitador general, un director general, tres directores de área, 48 visitadores adjuntos, cuatro peritos médicos, un psicólogo, un criminalista y dos asistentes en derechos humanos. Enviamos dos unidades móviles. Actualmente mantenemos la presencia de visitadores adjuntos y peritos en medicina y psicología en los penales federales ubicados en Tepic, Matamoros y Almoloya de Juárez, a donde han sido trasladados algunos detenidos.
Este Organismo nacional señala que uno los obstáculos para el desarrollo de nuestras actividades fue la falta de ubicación fija de las autoridades del gobierno estatal y la dificultad de acceso a sus oficinas provisionales.
También encontramos reticencia de algunas autoridades federales para atender a los representantes de este organismo nacional. Hubo agresiones físicas contra visitadores por parte de algunos miembros y simpatizantes de la APPO los días 3 de octubre, así como los 2, 3, 4, 5 y 6 de noviembre pasados.
Fuimos testigos de cómo la violencia afectó las actividades de los periodistas, reporteros y camarógrafos nacionales e internacionales, Lamentamos el fallecimiento del comunicador Brad Will como consecuencia de un disparo de arma de fuego en condiciones que están pendientes de ser esclarecidas por la autoridad.
Esta Comisión Nacional tiene registro de 20 personas fallecidas, de las cuales 11 perdieron la vida en situaciones directamente relacionadas con los hechos. Además, tenemos los registros de 349 detenidos y de 370 lesionados.
En los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía federal Preventiva del día 29 de octubre falleció una persona.
La fuerza pública debe ser considerada como el último recurso que tienen las autoridades para restablecer las condiciones de seguridad y tranquilidad. Sin embargo, una vez que los cuerpos de seguridad actúan deben utilizar la fuerza mínima indispensable y limitarse a los principios de excepcionalidad y proporcionalidad establecidos en sus propios reglamentos.
Urge recuperar el ejercicio de la política para evitar la violencia. Es hora de que en Oaxaca, y en todo el país, se reconstruyan la capacidad de diálogo, entendimiento y convivencia. Es indispensable apostar, desde las instituciones, por los procedimientos democráticos.
Por ello, hacemos un llamado a las partes involucradas a encontrar vías de solución. A pesar de avances, en Oaxaca sigue siendo asunto pendiente una resolución del conflicto, a fin de lograr que se recupere el Estado de derecho, se restablezcan las condiciones de seguridad y tranquilidad y se dé un efectivo cumplimiento de los derechos humanos. Sólo así podrán atenderse viejos rezagos sociales que son factor innegable que influye en los conflictos en ese estado.
La gran mayoría de los acontecimientos violentos en Oaxaca se suscitaron en la pasada administración federal, sin embargo, de comprobarse violaciones a los derechos humanos, corresponderá a las actuales autoridades atender con diligencia sus consecuencias.
II. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 3o., 6o., fracciones I y II; 15, fracción VIII; de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 174 de su Reglamento Interno, se encuentra examinando los elementos contenidos en el expediente 2006/2869/4/Q, y sus acumulados, iniciado el 2 de junio de 2006 con motivo de los hechos que se generaron y que continúan desarrollándose en la ciudad capital, hasta la fecha, relacionados con las peticiones de los integrantes de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como los reclamos y protestas de los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de la sociedad en general relativos a los mismos, y considerando su importancia, gravedad y trascendencia, se emite el presente informe preliminar.
Dado que la naturaleza de los hechos mencionados trascendió el interés de la entidad federativa e incidió en la opinión pública nacional, esta Comisión Nacional acordó ejercer la facultad de atracción.
A raíz del conflicto existente entre la APPO, de la que forma parte la Sección XXII del SNTE, con el ejecutivo del estado, en el cual, la primera expresó su desconocimiento al citado ejecutivo, y para lograr sus objetivos, entre otras acciones, fueron bloqueadas vialidades urbanas, carreteras, plazas comerciales y sucursales bancarias, impidiendo su funcionamiento normal, así como el de edificios y oficinas públicas, con la consecuente suspensión de los servicios; asimismo, se erigieron barricadas en calles de la ciudad y en vialidades importantes.
Los servicios educativos en las escuelas de los niveles básicos de preescolar, primaria y secundaria del estado, principalmente las de la ciudad capital, dejaron de prestarse durante el anterior y el actual periodo escolar que debió iniciar el 28 de agosto de 2006, no reanudándose sino hasta los últimos días de noviembre.
El gobierno del estado en un principio utilizó la fuerza pública para disolver el “plantón” instalado por los trabajadores de la Sección XXII del SNTE en el centro de Oaxaca, y posteriormente ante las acciones realizadas por los integrantes de la APPO, dejó de prestar diversos servicios y de ejercer funciones que le son propias, como la de educación, la de dar garantías a la libertad de tránsito, la protección de la salud, la seguridad publica en sus aspectos de prevención, de procuración y de administración de justicia, entre otras.
En esas circunstancias de inactividad y vacío en el ejercicio de funciones públicas, se generaron graves hechos de violencia relacionados directa o indirectamente con el conflicto, como la muerte de 20 personas entre las que se encuentran varios maestros y un periodista estadounidense.
El gobierno estatal procedió a la aprehensión de diversos lideres de organizaciones sociales inconformes, varios de los cuales ya han sido liberados en este momento; asimismo, solicitó apoyo a la Federación en materia de seguridad pública. El gobierno federal determinó que el 29 de octubre del presente año, la Policía Federal Preventiva tomara el control de la ciudad capital, a la que ingresó por medio del uso de la fuerza, utilizando tanquetas equipadas para lanzar agua a presión, grúas, y contingentes de policía portando equipo antimotín, protegidos con escudos, toletes y equipos lanza gases lacrimógenos.
Durante el periodo que se informa se han presentado agresiones con armas de fuego a integrantes de la APPO por parte de sujetos no identificados a los que los primeros señalan como integrantes de la policía local, vestidos de civil, que han ocasionado lesiones a diversas personas, suscitándose agresiones contra ocupantes de instalaciones de Radio Universidad, en poder de la APPO durante varias semanas.
En estas condiciones, en la ciudad de Oaxaca se ha presentado una situación de incumplimiento de los ordenamientos jurídicos, tanto por la actuación de particulares cuanto por los actos y omisiones de las autoridades involucradas, que impide a la población en general disfrutar de sus derechos humanos como corresponde y ha generado afectaciones a los mismos.
Este organismo nacional protector de los derechos humanos consciente de la necesidad de adoptar, en términos de la normatividad que la rige, medidas de carácter preventivo, incluso antes de que la citada investigación concluya, solicitó medidas cautelares necesarias a las autoridades señaladas como responsables de las violaciones mencionadas, tendentes a evitar su consumación y, en su caso, la repetición de los actos referidos en las quejas.
Asimismo, y toda vez que la situación que motivó los hechos citados persiste en la ciudad de Oaxaca, esta Comisión Nacional mantiene un equipo de visitadores adjuntos y peritos in situ, para su permanente observación, recepción de quejas, atención y orientación a quejosos, y obtención de evidencias.
III. OBSTÁCULOS
Durante su intervención, esta Comisión Nacional ha enfrentado algunos obstáculos, entre los cuales debe destacarse: a) La falta de ubicación definida de las autoridades del gobierno del estado de Oaxaca y de la dificultad de acceso a sus oficinas, en virtud de que no despachan en los lugares destinados para tal fin, sino en oficinas improvisadas lo que ha retrasado la respuesta a este organismo nacional de las solicitudes de información y datos relacionados con los hechos, por parte de las autoridades responsables de proporcionarla.
b) Las agresiones físicas que miembros y simpatizantes de la APPO realizaron en contra de servidores públicos de esta Comisión Nacional los días 3 de octubre, 2, 3, 4, 5 y 6 de noviembre del presente año.
c) La propia naturaleza de los hechos, en virtud de que los acontecimientos que se analizan suceden de manera casi constante desde el 14 de junio del presente año.
IV. ACCIONES REALIZADAS A ESTA FECHA
A. Para elaborar un diagnóstico claro y documentado de las quejas iniciadas con motivo de las presuntas violaciones a los derechos humanos derivadas de los hechos a que se refiere este documento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde el 14 de junio de 2006, ha tenido presencia permanente en la ciudad de Oaxaca por medio de un equipo de servidores públicos en el que han participado: un Visitador General, un Director General, tres directores de área; cuarenta y ocho visitadores adjuntos; cuatro peritos médicos, un psicólogo, un criminalista y dos asistentes en derechos humanos.
Asimismo, se enviaron dos unidades móviles con capacidad para recibir y procesar quejas por presuntas violaciones a derechos humanos y brindar asesoría en la materia en el lugar donde ocurren.
Adicionalmente, se hicieron presentes visitadores adjuntos y peritos en medicina y psicología, en los Penales Federales ubicados en Tepic, Nayarit; Matamoros, Tamaulipas, y Almoloya de Juárez, Estado de México, quienes recabaron las declaraciones, certificaron la integridad física y psicológica, y conocieron la situación jurídica de los detenidos con motivo del conflicto de Oaxaca, recluidos en esos Centros de Readaptación Social.
B. Hasta el momento se han practicado 6,964 actuaciones consistentes en:
1. Recepción de 1,211 quejas relativas a presuntas violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad física y psicológica, libertad personal, propiedad, legalidad y seguridad jurídica, libre tránsito, derecho al trabajo y comercio, educación, protección de la salud, seguridad pública, de manifestación y reunión, y derecho a la información.
2. 73 solicitudes de información y documentación sobre la materia de las quejas a las autoridades señaladas como responsables de los tres órdenes de gobierno:
Federales.- A las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública, de Marina, de Educación Pública, a la Policía Federal Preventiva, Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia Militar.
Estatales.- Al Gobernador del Estado, a las Secretarías: General de Gobierno, de Protección Ciudadana, de Salud, de Educación, así como a la Procuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia, al H. Congreso del Estado y al Registro Público de la Propiedad.
Municipales.- Al H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez.
3. 20 solicitudes para la adopción de medidas cautelares, dirigidas al Secretario de la Defensa Nacional, al Secretario de Seguridad Pública, al Comisionado de la Policía Federal Preventiva, al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, al Gobernador del Estado de Oaxaca, al Secretario de Protección Ciudadana, y a la Procuradora General de Justicia, tendentes a preservar los derechos a la vida, libertad, integridad física y psicológica, legalidad y seguridad jurídica, libre expresión e información, de los detenidos, de los manifestantes integrantes de la Sección XXII del SNTE y de la APPO, así como para algunos abogados de esta última, y de periodistas, reporteros y camarógrafos nacionales e internacionales.
4. Se han recabado 265 declaraciones de quejosos detenidos, 257 de quejosos lesionados, y 2,719 testimonios relacionados con los hechos a que se refieren las quejas.
5. Se han realizado 280 peritajes, de los cuales 256 son en medicina forense, 22 en psicología y 2 en criminalística.
6. Se han practicado 198 inspecciones oculares, en:
• Oficinas Públicas como: el Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, los Juzgados Civiles, Penales y Familiares, la Procuraduría General de Justicia, diversas Agencias del Ministerio Público, el Registro Público de la Propiedad, el Palacio de Gobierno Estatal y Municipal y el Teatro Juárez, las cuales se encontraban cerradas y sin funcionar.
• Establecimientos comerciales y oficinas privadas cerradas y sin funcionar.
• Escuelas oficiales cerradas y sin funcionar.
• Calles y accesos a la ciudad, que se encontraban obstaculizadas por barricadas formadas por piedras, palos y vehículos.
• Inmuebles dañados y vehículos quemados.
• Marchas y manifestaciones en favor de la APPO y otras en favor de las autoridades estatales.
7. Se han realizado 45 gestiones consistentes en localizar a las personas señaladas como desaparecidas, asimismo, se intervino de manera directa en la localización del cadáver del señor Alberto Jorge López Bernal, fallecido el 29 de octubre del presente año, y se conminó al Ministerio Público del fuero común para que practicara el levantamiento correspondiente.
8. Se han llevado a cabo 20 reuniones de trabajo con integrantes de la Sección XXII del SNTE, de la APPO, y con otras organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales; asimismo, se participa como observador en la Mesa de Incidencias.
Además, en reunión de trabajo, celebrada el 23 de agosto del presente año, los representantes de la Sección XXII del SNTE y de la APPO, fueron recibidos por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se integró una brigada de seguimiento a los hechos de Oaxaca.
9. Se tiene una memoria hemerográfica consistente en 2,340 notas periodísticas publicadas en 3 diarios locales y 10 nacionales.
10. Hasta la fecha se cuenta con 1,857 fotografías, con 18 video filmaciones y con 6 DVD relativos a los hechos.
C. En total el expediente que se integra consta hasta este momento de 14,360 fojas.
D. Asimismo, se tiene el registro de 20 personas fallecidas, de las cuales 11 han perdido la vida en situaciones directamente relacionadas con los hechos que se investigan y 9 de manera indirecta.
En este sentido, se da seguimiento a la actuación de las autoridades encargadas de la investigación de las muertes, mediante el análisis de las averiguaciones previas correspondientes y la obtención de evidencias relativas.
V. AVANCES
Con la presencia de la Comisión Nacional en la ciudad de Oaxaca, la población ha tenido la posibilidad de presentar directamente sus quejas sobre hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, se le ha brindado asesoría, se han solicitado informes inmediatamente a las autoridades señaladas como presuntas responsables, y se ha trabajado para evitar la consumación de violaciones a los derechos humanos.
Hasta el momento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recabado todas las evidencias posibles respecto de los hechos, especialmente por medio del equipo de visitadores enviados a la ciudad de Oaxaca y a los penales federales citados, cuyos miembros han desplegado su actividad para conocer directamente de los mismos y obtener las evidencias procedentes en el lugar en que suceden, para, oportunamente, emitir un informe definitivo a la opinión pública y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Con las medidas preventivas solicitadas se han protegido los derechos de las personas involucradas impidiendo la realización de hechos violatorios y la repetición de otros acontecidos. Por otra parte, el participar como observadores en la Mesa de Incidencias que integran miembros de la Secretaría de Gobernación, de la APPO, de la Sección XXII del SNTE, y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Asuntos Magisteriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ha permitido a esta Comisión Nacional tomar conocimiento inmediato de los hechos y dar una respuesta eficiente en las labores encomendadas.
Los anteriores avances permitirán que una vez que se hayan recibido todos los informes solicitados a las autoridades, recabado las evidencias conducentes, y concluido los procesos de investigación de las quejas recibidas, esta Comisión Nacional emita el pronunciamiento correspondiente.
Asimismo, sin soslayar la persistencia del problema, se observan avances hacia la solución del conflicto en acciones como la reintegración de las estaciones radiodifusoras en posesión de la APPO hacia sus concesionarios, el retiro de las barricadas que obstruían el acceso a la ciudad de Oaxaca a los vehículos provenientes de la ciudad de México, del Istmo y demás accesos.
En los últimos días se han verificado los siguientes avances: el retiro de la totalidad de barricadas en el interior de la ciudad, así como del plantón en el zócalo de la ciudad, el avance en la normalización de la actividad comercial de la zona y la reanudación de las clases en la mayoría de los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria oficial del estado. Asimismo, ha continuado la entrega de planteles de educación primaria y jardines de niños que estaban en poder de padres de familia a las autoridades del Instituto Estatal de Educación Primaria de Oaxaca, para que se proceda posteriormente a normalizar las actividades; se observó el reinicio de actividades docentes en las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma Benito Juárez, así como el retiro de las barricadas que obstruían el paso a Ciudad Universitaria.
VI. CONCLUSIONES
Las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos permiten concluir que en el estado de Oaxaca y principalmente en la ciudad capital, se mantiene la situación de conflicto, sin llegarse aún a una solución que restablezca el pleno goce de los derechos fundamentales. En esos acontecimientos, las partes y la Policía Federal Preventiva, que intervino a fin de restablecer el orden público, han utilizado la violencia reiterada y excesivamente. Como consecuencia, la vida institucional, social, económica y cultural del estado se ha visto dañada.
Esta Comisión Nacional observa también evidencias respecto de las quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de la población en general que no interviene en el conflicto, pero que ha padecido sus consecuencias, especialmente al vulnerarse los derechos a la vida, a la educación y a la seguridad pública, a la paz y a la libertad de tránsito, alterados por la omisión de la prestación de la función pública correspondiente por parte de la autoridad, en un medio social caracterizado por la actitud no apegada a derecho y desobediencia a la ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades, por parte de particulares que intervienen.
Por todo lo anterior, Oaxaca sigue siendo una zona en la que no existen todavía las condiciones necesarias y suficientes para la vigencia y observancia de los derechos fundamentales.
La CNDH continuará atendiendo las tareas que en esta situación le corresponden.
18 DE DICIEMBRE DE 2006
I. CONSIDERACIONES
Con fundamento en las atribuciones que la Constitución otorga a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde el 14 de junio próximo pasado, visitadores de la propia Comisión han estado presentes en la ciudad de Oaxaca para recibir y atender quejas, recabar información, investigar y vigilar probables afectaciones a derechos fundamentales de las personas.
Las actuaciones que dan sustento a este informe preliminar están comprendidas en un expediente que, hasta el momento, es de 14 mil 360 hojas, y al que se dio inicio el 2 de junio y hoy se encuentra en proceso de integración.
Por la magnitud, gravedad y complejidad de los hechos que le dan origen, este informe preliminar pretende también ser una aportación en favor de una amplia reflexión sobre los riesgos de la violencia como expresión de conflictos sociales y políticos exacerbados, en los que inciden factores tales como la acumulación de demandas sociales de sectores de la población, así como fenómenos coyunturales propios de las pugnas político electorales, y un progresivo endurecimiento de actitudes que convierte un problema complejo en una situación incontrolable y en la que, a final de cuentas, todos pierden y resultan rebasados por los saldos lamentables de la violencia.
Es oportuno que, desde la sociedad civil o desde las posiciones de responsabilidad que corresponde asumir a toda autoridad, se abra paso una discusión racional lo más amplia posible sobre la violencia y el valor de la legalidad, en la que participen legisladores, académicos, partidos y medios de comunicación. Es necesario que, como sociedad nacional, aprendamos a identificar y agrupar los fenómenos disruptivos para ventilarlos y saber exactamente a qué riesgos nos enfrentamos y cómo, y con qué instrumentos vamos a prevenirlos y a hacerles frente.
La solución a las graves carencias que se concentran en varias regiones del país exige la reafirmación del respeto a la legalidad como norma indispensable de vida, el encauzamiento institucional de los conflictos, el compromiso de las autoridades con la justicia y con la atención de las demandas ciudadanas. La crítica de la violencia exige no partidizarla ni hacerla instrumento de grupo alguno Debemos impedir, de manera consciente y comprometida, que la violencia surja y se instale en nuestras vidas como si fuera natural o como si se tratara del resultado de un designio inevitable contra el cual nada o muy poco puede hacerse.
Al momento de este informe preliminar son 1,211 las quejas recibidas, por presuntas violaciones a derechos humanos, a consecuencia del supuesto uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales.
La investigación de cada una de las denuncias en las que se señalan esas presuntas violaciones seguirá reclamando esfuerzos importantes de la CNDH. Una vez concluido el proceso de investigación de cada una de ellas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitirá públicamente la conclusión correspondiente.
Recabamos a la fecha 265 declaraciones de quejosos detenidos, 257 de quejosos lesionados y más de 2 mil 700 testimonios. Efectuamos 280 peritajes en medicina forense, psicología y criminalística, 198 inspecciones oculares y realizamos 45 gestiones para localizar a personas señaladas como desaparecidas. Contamos ya con mil 857 fotografías y 18 video filmaciones relativas a estos hechos.
Desde el inicio del conflicto, la CNDH ha ofrecido asesoría jurídica a quienes la han solicitado. Estar en el lugar de los hechos permitió también inhibir la consumación de violaciones a los derechos humanos.
El equipo de servidores públicos desplegado en Oaxaca está compuesto por un visitador general, un director general, tres directores de área, 48 visitadores adjuntos, cuatro peritos médicos, un psicólogo, un criminalista y dos asistentes en derechos humanos. Enviamos dos unidades móviles. Actualmente mantenemos la presencia de visitadores adjuntos y peritos en medicina y psicología en los penales federales ubicados en Tepic, Matamoros y Almoloya de Juárez, a donde han sido trasladados algunos detenidos.
Este Organismo nacional señala que uno los obstáculos para el desarrollo de nuestras actividades fue la falta de ubicación fija de las autoridades del gobierno estatal y la dificultad de acceso a sus oficinas provisionales.
También encontramos reticencia de algunas autoridades federales para atender a los representantes de este organismo nacional. Hubo agresiones físicas contra visitadores por parte de algunos miembros y simpatizantes de la APPO los días 3 de octubre, así como los 2, 3, 4, 5 y 6 de noviembre pasados.
Fuimos testigos de cómo la violencia afectó las actividades de los periodistas, reporteros y camarógrafos nacionales e internacionales, Lamentamos el fallecimiento del comunicador Brad Will como consecuencia de un disparo de arma de fuego en condiciones que están pendientes de ser esclarecidas por la autoridad.
Esta Comisión Nacional tiene registro de 20 personas fallecidas, de las cuales 11 perdieron la vida en situaciones directamente relacionadas con los hechos. Además, tenemos los registros de 349 detenidos y de 370 lesionados.
En los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía federal Preventiva del día 29 de octubre falleció una persona.
La fuerza pública debe ser considerada como el último recurso que tienen las autoridades para restablecer las condiciones de seguridad y tranquilidad. Sin embargo, una vez que los cuerpos de seguridad actúan deben utilizar la fuerza mínima indispensable y limitarse a los principios de excepcionalidad y proporcionalidad establecidos en sus propios reglamentos.
Urge recuperar el ejercicio de la política para evitar la violencia. Es hora de que en Oaxaca, y en todo el país, se reconstruyan la capacidad de diálogo, entendimiento y convivencia. Es indispensable apostar, desde las instituciones, por los procedimientos democráticos.
Por ello, hacemos un llamado a las partes involucradas a encontrar vías de solución. A pesar de avances, en Oaxaca sigue siendo asunto pendiente una resolución del conflicto, a fin de lograr que se recupere el Estado de derecho, se restablezcan las condiciones de seguridad y tranquilidad y se dé un efectivo cumplimiento de los derechos humanos. Sólo así podrán atenderse viejos rezagos sociales que son factor innegable que influye en los conflictos en ese estado.
La gran mayoría de los acontecimientos violentos en Oaxaca se suscitaron en la pasada administración federal, sin embargo, de comprobarse violaciones a los derechos humanos, corresponderá a las actuales autoridades atender con diligencia sus consecuencias.
II. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 3o., 6o., fracciones I y II; 15, fracción VIII; de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 174 de su Reglamento Interno, se encuentra examinando los elementos contenidos en el expediente 2006/2869/4/Q, y sus acumulados, iniciado el 2 de junio de 2006 con motivo de los hechos que se generaron y que continúan desarrollándose en la ciudad capital, hasta la fecha, relacionados con las peticiones de los integrantes de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como los reclamos y protestas de los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de la sociedad en general relativos a los mismos, y considerando su importancia, gravedad y trascendencia, se emite el presente informe preliminar.
Dado que la naturaleza de los hechos mencionados trascendió el interés de la entidad federativa e incidió en la opinión pública nacional, esta Comisión Nacional acordó ejercer la facultad de atracción.
A raíz del conflicto existente entre la APPO, de la que forma parte la Sección XXII del SNTE, con el ejecutivo del estado, en el cual, la primera expresó su desconocimiento al citado ejecutivo, y para lograr sus objetivos, entre otras acciones, fueron bloqueadas vialidades urbanas, carreteras, plazas comerciales y sucursales bancarias, impidiendo su funcionamiento normal, así como el de edificios y oficinas públicas, con la consecuente suspensión de los servicios; asimismo, se erigieron barricadas en calles de la ciudad y en vialidades importantes.
Los servicios educativos en las escuelas de los niveles básicos de preescolar, primaria y secundaria del estado, principalmente las de la ciudad capital, dejaron de prestarse durante el anterior y el actual periodo escolar que debió iniciar el 28 de agosto de 2006, no reanudándose sino hasta los últimos días de noviembre.
El gobierno del estado en un principio utilizó la fuerza pública para disolver el “plantón” instalado por los trabajadores de la Sección XXII del SNTE en el centro de Oaxaca, y posteriormente ante las acciones realizadas por los integrantes de la APPO, dejó de prestar diversos servicios y de ejercer funciones que le son propias, como la de educación, la de dar garantías a la libertad de tránsito, la protección de la salud, la seguridad publica en sus aspectos de prevención, de procuración y de administración de justicia, entre otras.
En esas circunstancias de inactividad y vacío en el ejercicio de funciones públicas, se generaron graves hechos de violencia relacionados directa o indirectamente con el conflicto, como la muerte de 20 personas entre las que se encuentran varios maestros y un periodista estadounidense.
El gobierno estatal procedió a la aprehensión de diversos lideres de organizaciones sociales inconformes, varios de los cuales ya han sido liberados en este momento; asimismo, solicitó apoyo a la Federación en materia de seguridad pública. El gobierno federal determinó que el 29 de octubre del presente año, la Policía Federal Preventiva tomara el control de la ciudad capital, a la que ingresó por medio del uso de la fuerza, utilizando tanquetas equipadas para lanzar agua a presión, grúas, y contingentes de policía portando equipo antimotín, protegidos con escudos, toletes y equipos lanza gases lacrimógenos.
Durante el periodo que se informa se han presentado agresiones con armas de fuego a integrantes de la APPO por parte de sujetos no identificados a los que los primeros señalan como integrantes de la policía local, vestidos de civil, que han ocasionado lesiones a diversas personas, suscitándose agresiones contra ocupantes de instalaciones de Radio Universidad, en poder de la APPO durante varias semanas.
En estas condiciones, en la ciudad de Oaxaca se ha presentado una situación de incumplimiento de los ordenamientos jurídicos, tanto por la actuación de particulares cuanto por los actos y omisiones de las autoridades involucradas, que impide a la población en general disfrutar de sus derechos humanos como corresponde y ha generado afectaciones a los mismos.
Este organismo nacional protector de los derechos humanos consciente de la necesidad de adoptar, en términos de la normatividad que la rige, medidas de carácter preventivo, incluso antes de que la citada investigación concluya, solicitó medidas cautelares necesarias a las autoridades señaladas como responsables de las violaciones mencionadas, tendentes a evitar su consumación y, en su caso, la repetición de los actos referidos en las quejas.
Asimismo, y toda vez que la situación que motivó los hechos citados persiste en la ciudad de Oaxaca, esta Comisión Nacional mantiene un equipo de visitadores adjuntos y peritos in situ, para su permanente observación, recepción de quejas, atención y orientación a quejosos, y obtención de evidencias.
III. OBSTÁCULOS
Durante su intervención, esta Comisión Nacional ha enfrentado algunos obstáculos, entre los cuales debe destacarse: a) La falta de ubicación definida de las autoridades del gobierno del estado de Oaxaca y de la dificultad de acceso a sus oficinas, en virtud de que no despachan en los lugares destinados para tal fin, sino en oficinas improvisadas lo que ha retrasado la respuesta a este organismo nacional de las solicitudes de información y datos relacionados con los hechos, por parte de las autoridades responsables de proporcionarla.
b) Las agresiones físicas que miembros y simpatizantes de la APPO realizaron en contra de servidores públicos de esta Comisión Nacional los días 3 de octubre, 2, 3, 4, 5 y 6 de noviembre del presente año.
c) La propia naturaleza de los hechos, en virtud de que los acontecimientos que se analizan suceden de manera casi constante desde el 14 de junio del presente año.
IV. ACCIONES REALIZADAS A ESTA FECHA
A. Para elaborar un diagnóstico claro y documentado de las quejas iniciadas con motivo de las presuntas violaciones a los derechos humanos derivadas de los hechos a que se refiere este documento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde el 14 de junio de 2006, ha tenido presencia permanente en la ciudad de Oaxaca por medio de un equipo de servidores públicos en el que han participado: un Visitador General, un Director General, tres directores de área; cuarenta y ocho visitadores adjuntos; cuatro peritos médicos, un psicólogo, un criminalista y dos asistentes en derechos humanos.
Asimismo, se enviaron dos unidades móviles con capacidad para recibir y procesar quejas por presuntas violaciones a derechos humanos y brindar asesoría en la materia en el lugar donde ocurren.
Adicionalmente, se hicieron presentes visitadores adjuntos y peritos en medicina y psicología, en los Penales Federales ubicados en Tepic, Nayarit; Matamoros, Tamaulipas, y Almoloya de Juárez, Estado de México, quienes recabaron las declaraciones, certificaron la integridad física y psicológica, y conocieron la situación jurídica de los detenidos con motivo del conflicto de Oaxaca, recluidos en esos Centros de Readaptación Social.
B. Hasta el momento se han practicado 6,964 actuaciones consistentes en:
1. Recepción de 1,211 quejas relativas a presuntas violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad física y psicológica, libertad personal, propiedad, legalidad y seguridad jurídica, libre tránsito, derecho al trabajo y comercio, educación, protección de la salud, seguridad pública, de manifestación y reunión, y derecho a la información.
2. 73 solicitudes de información y documentación sobre la materia de las quejas a las autoridades señaladas como responsables de los tres órdenes de gobierno:
Federales.- A las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública, de Marina, de Educación Pública, a la Policía Federal Preventiva, Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia Militar.
Estatales.- Al Gobernador del Estado, a las Secretarías: General de Gobierno, de Protección Ciudadana, de Salud, de Educación, así como a la Procuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia, al H. Congreso del Estado y al Registro Público de la Propiedad.
Municipales.- Al H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez.
3. 20 solicitudes para la adopción de medidas cautelares, dirigidas al Secretario de la Defensa Nacional, al Secretario de Seguridad Pública, al Comisionado de la Policía Federal Preventiva, al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, al Gobernador del Estado de Oaxaca, al Secretario de Protección Ciudadana, y a la Procuradora General de Justicia, tendentes a preservar los derechos a la vida, libertad, integridad física y psicológica, legalidad y seguridad jurídica, libre expresión e información, de los detenidos, de los manifestantes integrantes de la Sección XXII del SNTE y de la APPO, así como para algunos abogados de esta última, y de periodistas, reporteros y camarógrafos nacionales e internacionales.
4. Se han recabado 265 declaraciones de quejosos detenidos, 257 de quejosos lesionados, y 2,719 testimonios relacionados con los hechos a que se refieren las quejas.
5. Se han realizado 280 peritajes, de los cuales 256 son en medicina forense, 22 en psicología y 2 en criminalística.
6. Se han practicado 198 inspecciones oculares, en:
• Oficinas Públicas como: el Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, los Juzgados Civiles, Penales y Familiares, la Procuraduría General de Justicia, diversas Agencias del Ministerio Público, el Registro Público de la Propiedad, el Palacio de Gobierno Estatal y Municipal y el Teatro Juárez, las cuales se encontraban cerradas y sin funcionar.
• Establecimientos comerciales y oficinas privadas cerradas y sin funcionar.
• Escuelas oficiales cerradas y sin funcionar.
• Calles y accesos a la ciudad, que se encontraban obstaculizadas por barricadas formadas por piedras, palos y vehículos.
• Inmuebles dañados y vehículos quemados.
• Marchas y manifestaciones en favor de la APPO y otras en favor de las autoridades estatales.
7. Se han realizado 45 gestiones consistentes en localizar a las personas señaladas como desaparecidas, asimismo, se intervino de manera directa en la localización del cadáver del señor Alberto Jorge López Bernal, fallecido el 29 de octubre del presente año, y se conminó al Ministerio Público del fuero común para que practicara el levantamiento correspondiente.
8. Se han llevado a cabo 20 reuniones de trabajo con integrantes de la Sección XXII del SNTE, de la APPO, y con otras organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales; asimismo, se participa como observador en la Mesa de Incidencias.
Además, en reunión de trabajo, celebrada el 23 de agosto del presente año, los representantes de la Sección XXII del SNTE y de la APPO, fueron recibidos por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se integró una brigada de seguimiento a los hechos de Oaxaca.
9. Se tiene una memoria hemerográfica consistente en 2,340 notas periodísticas publicadas en 3 diarios locales y 10 nacionales.
10. Hasta la fecha se cuenta con 1,857 fotografías, con 18 video filmaciones y con 6 DVD relativos a los hechos.
C. En total el expediente que se integra consta hasta este momento de 14,360 fojas.
D. Asimismo, se tiene el registro de 20 personas fallecidas, de las cuales 11 han perdido la vida en situaciones directamente relacionadas con los hechos que se investigan y 9 de manera indirecta.
En este sentido, se da seguimiento a la actuación de las autoridades encargadas de la investigación de las muertes, mediante el análisis de las averiguaciones previas correspondientes y la obtención de evidencias relativas.
V. AVANCES
Con la presencia de la Comisión Nacional en la ciudad de Oaxaca, la población ha tenido la posibilidad de presentar directamente sus quejas sobre hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, se le ha brindado asesoría, se han solicitado informes inmediatamente a las autoridades señaladas como presuntas responsables, y se ha trabajado para evitar la consumación de violaciones a los derechos humanos.
Hasta el momento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recabado todas las evidencias posibles respecto de los hechos, especialmente por medio del equipo de visitadores enviados a la ciudad de Oaxaca y a los penales federales citados, cuyos miembros han desplegado su actividad para conocer directamente de los mismos y obtener las evidencias procedentes en el lugar en que suceden, para, oportunamente, emitir un informe definitivo a la opinión pública y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Con las medidas preventivas solicitadas se han protegido los derechos de las personas involucradas impidiendo la realización de hechos violatorios y la repetición de otros acontecidos. Por otra parte, el participar como observadores en la Mesa de Incidencias que integran miembros de la Secretaría de Gobernación, de la APPO, de la Sección XXII del SNTE, y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Asuntos Magisteriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ha permitido a esta Comisión Nacional tomar conocimiento inmediato de los hechos y dar una respuesta eficiente en las labores encomendadas.
Los anteriores avances permitirán que una vez que se hayan recibido todos los informes solicitados a las autoridades, recabado las evidencias conducentes, y concluido los procesos de investigación de las quejas recibidas, esta Comisión Nacional emita el pronunciamiento correspondiente.
Asimismo, sin soslayar la persistencia del problema, se observan avances hacia la solución del conflicto en acciones como la reintegración de las estaciones radiodifusoras en posesión de la APPO hacia sus concesionarios, el retiro de las barricadas que obstruían el acceso a la ciudad de Oaxaca a los vehículos provenientes de la ciudad de México, del Istmo y demás accesos.
En los últimos días se han verificado los siguientes avances: el retiro de la totalidad de barricadas en el interior de la ciudad, así como del plantón en el zócalo de la ciudad, el avance en la normalización de la actividad comercial de la zona y la reanudación de las clases en la mayoría de los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria oficial del estado. Asimismo, ha continuado la entrega de planteles de educación primaria y jardines de niños que estaban en poder de padres de familia a las autoridades del Instituto Estatal de Educación Primaria de Oaxaca, para que se proceda posteriormente a normalizar las actividades; se observó el reinicio de actividades docentes en las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma Benito Juárez, así como el retiro de las barricadas que obstruían el paso a Ciudad Universitaria.
VI. CONCLUSIONES
Las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos permiten concluir que en el estado de Oaxaca y principalmente en la ciudad capital, se mantiene la situación de conflicto, sin llegarse aún a una solución que restablezca el pleno goce de los derechos fundamentales. En esos acontecimientos, las partes y la Policía Federal Preventiva, que intervino a fin de restablecer el orden público, han utilizado la violencia reiterada y excesivamente. Como consecuencia, la vida institucional, social, económica y cultural del estado se ha visto dañada.
Esta Comisión Nacional observa también evidencias respecto de las quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de la población en general que no interviene en el conflicto, pero que ha padecido sus consecuencias, especialmente al vulnerarse los derechos a la vida, a la educación y a la seguridad pública, a la paz y a la libertad de tránsito, alterados por la omisión de la prestación de la función pública correspondiente por parte de la autoridad, en un medio social caracterizado por la actitud no apegada a derecho y desobediencia a la ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades, por parte de particulares que intervienen.
Por todo lo anterior, Oaxaca sigue siendo una zona en la que no existen todavía las condiciones necesarias y suficientes para la vigencia y observancia de los derechos fundamentales.
La CNDH continuará atendiendo las tareas que en esta situación le corresponden.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario