Un caso de la CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano a pagar 7,8 millones de dólares a los familiares de 12 funcionarios judiciales asesinados en 1989.
Se trata de la mayor condena que dicho tribunal ha impuesto a Colombia.
La CIDH, determinó el pasado viernes 8 de junio que en el asesinato de 12 de los 15 miembros de una comisión judicial que investigaba la matanza de 19 comerciantes intervino un grupo paramilitar de ultraderecha apoyado por miembros del Ejército. El crimen se perpetró durante la presidencia de Virgilio Barco Vargas (1986-1990).
La comisión judicial había emprendido la investigación del asesinato de 19 comerciantes en el poblado de Puerto Boyacá, Colombia, perpetrado en octubre de 1987. Los 15 miembros de la comisión, de los que tres sobrevivieron, fueron interceptados en el municipio de Simacota, a unos 320 kilómetros al noroeste de la capital colombiana, en enero de 1989.
El fallo de la Corte es de obligado cumplimiento.
El Estado colombiano reconoció su responsabilidad, como ha sucedido en otras ocasiones, pero aún debe completar la investigación sobre esa matanza para juzgar a los autores. El Estado deberá pagar la indemnización a los familiares de las víctimas y pedirles perdón en un acto público.
Los funcionarios judiciales asesinados fueron los jueces Pablo Beltrán Palomino y Mariela Morales Caro y 10 funcionarios del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial.