Español o mexicano, según convenga
Reportaje de Alejandro Gutiérrez Y Rosa Santana.
Revista Proceso, No. 1632, 10/02/2008;
Desde 1997, cuando Juan Camilo Mouriño decidió competir por una diputación local en Campeche, se ostentó como mexicano por nacimiento. Para ello recurrió a la certificación notarial de documentos y a la difusión de simples mentiras, pero no pudo acabar con las razonables dudas sobre su nacionalidad. Incluso, con base en las leyes de España, dos juristas de ese país aseguran que el secretario de Gobernación es “español de hecho”. En todo caso, el hombre más cercano al presidente Felipe Calderón usa sus dos nacionalidades, indistintamente, según convenga a sus aspiraciones académicas o políticas.
MADRID.- Pese a que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ha insistido en su nacionalidad mexicana, el uso de sus documentos de identidad y los criterios de la Constitución y el Código Civil de España indican que sigue siendo un “español de origen”.
No existe evidencia de que haya renunciado expresamente a tal nacionalidad. Lo pone en duda el hecho de que siguió utilizando su pasaporte español por lo menos siete años después de haber obtenido la nacionalidad mexicana en 1989.
Así mismo, el funcionario sigue siendo “español de origen” de acuerdo con el artículo 17 del mencionado Código Civil, por ser “hijo de padre o madre españoles”, ya que se ha acreditado fehacientemente el origen español del padre, Manuel Carlos Mouriño Atanes, nacido en Vigo, Pontevedra, el 4 de marzo de 1943. El mismo artículo 17 robustece la interpretación de que Mouriño Terrazo sea “español de origen”: su nacimiento el 1 de agosto de 1971 en Madrid, donde fue inscrito en el Registro Civil de Chamberí.
Aunque el Ministerio de Exteriores de España confirmó a Proceso que ese país no tiene con México un tratado de doble nacionalidad, ésta se da en los hechos porque lo permite la ley española. El artículo 24 del Código Civil establece que no pierden su calidad de españoles de origen aquellos que obtengan la nacionalidad de países “iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal”, es decir, se incluye a México.
En lenguaje jurídico, esta legislación española es una ley “pasiva” que permite la doble nacionalidad de facto, sostienen dos abogados españoles que declinaron ofrecer su comentario como declaración sobre el caso de un funcionario mexicano, ya que ellos trabajan para dependencias del gobierno español. Las bases de la nacionalidad española están definidas en el artículo 11 de la Constitución, que en su numeral 2 señala: “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”.
Y el siguiente punto abunda: “El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos últimos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen”.
A decir de uno de los abogados consultados, Mouriño no perdió su nacionalidad española, aunque se haya nacionalizado mexicano. En su opinión, “es 100% español”.
Mentiras para tapar mentiras
Desde el inicio de su actividad política en Campeche hasta encumbrarse en el gobierno de Felipe Calderón, Mouriño Terrazo ha dado traspiés para sostener que es mexicano. Incluso llegó a negar su origen español.
En 1997 Mouriño aceptó la candidatura del PAN a la diputación local por el V Distrito de Campeche. Ocho años antes, el 2 de octubre de 1989 –cuando ya tenía 18 años de edad cumplidos–, había recibido su certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, con el folio 5419 y firmado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Raúl Solórzano Díaz. El documento se expidió “en atención a que comprobó haber nacido en Madrid, España, el 1 de agosto de 1971, hijo de madre mexicana”. En el certificado se hace constar que desde ese día renunció “expresamente a todo derecho inherente a cualquier otra nacionalidad, así como a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier gobierno extranjero, especialmente a aquellos que le han reconocido como su nacional”.
Para apuntalar sus aspiraciones políticas, el 7 de abril de 1997 Mouriño hizo validar el certificado por la notaría pública del exdiputado federal Óscar Rodríguez Cabrera, hijo del exgobernador campechano Rafael Rodríguez Barrera.
El 11 de junio, dos meses después de realizar ese “blindaje” notarial y uno antes de las elecciones, estalló el primer escándalo mediático sobre la nacionalidad de Mouriño. El periódico El Sur de Campeche, propiedad de Carlos Azar García, hermano del entonces gobernador Jorge Salomón Azar, exhibió dos pasaportes vigentes del panista: uno, expedido por el gobierno de España; el otro, por la SRE de México. En ambos documentos se consigna el lugar de nacimiento: Madrid.
El pasaporte español, cuya copia publicó el matutino campechano, tiene el número 8800581 y fue expedido por el Consulado General de España en Miami; presenta como guía calada en sus 32 hojas útiles el folio Z953692 y tenía la firma del canciller Jesús A. Marinas. Mouriño tenía 23 años y 8 meses de edad el 20 de abril de 1994, fecha de expedición del pasaporte, que vencía el 13 de junio de 1998. Es decir, obtuvo el pasaporte español cinco años después de haber recibido el certificado de nacionalidad mexicana, donde él renuncia a “todo derecho inherente a cualquier otra nacionalidad”...Cuando aún estaba vigente su pasaporte español, Juan Camilo Mouriño tramitó el pasaporte mexicano número 97310000803, que le fue expedido por la SRE en Mérida, Yucatán, con vigencia desde el 20 de enero de 1997 hasta el 20 de enero de 2007. El 12 de junio de 1997 El Sur de Campeche informó que en agosto de 1996 Juan Camilo Mouriño había ingresado a México desde Tampa, Florida, utilizando el pasaporte español 8800581, luego de haber cursado una licenciatura en economía en la Universidad de Tampa. En esta insitución se había registrado con la nacionalidad española, aunque ya tenía la documentación que lo acreditaba como mexicano.
El jurista Elisur Arteaga Nava, doctor en derecho constitucional y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaró en entrevista al diario La Jornada (18 enero de 2008) que Mouriño perdió la nacionalidad mexicana al ingresar al país con pasaporte español.Arteaga se refirió al artículo 37, inciso b, fracción primera de la Constitución, relativo a los supuestos en que se pierde la nacionalidad mexicana: “por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero”.
Como este semanario ha informado reiteradamente, en su afán por ocultar el engaño, Mouriño Terrazo dio una entrevista radiofónica al Núcleo Comunicación del Sureste, con la periodista Amira Acero –cuyo esposo, Rafael Alcalá, es actualmente colaborador de Mouriño–; ahí aseguró que nació en México y hasta mencionó el hospital San Martín, de Campeche, como lugar de su alumbramiento.
El actual secretario de Gobernación contradijo así, en aquella entrevista, los datos de su acta de nacimiento del Registro Civil de Chamberí, fechada el 7 de agosto de 1971, que registra como lugar de alumbramiento el sanatorio de la calle Modesto Lafuente 14 en Madrid, donde actualmente se encuentra la clínica La Milagrosa, de gran tradición en la capital española.
Ante los micrófonos de la radiodifusora, Mouriño afirmó que sus abuelos son mexicanos, y que María de los Ángeles Terrazo Blanco, su madre, nació en la Ciudad de México el 3 de mayo de 1950, versión que sigue sosteniendo. El ya fallecido Ovidio Cárdenas, a la sazón encargado jurídico del gobierno del estado, hizo la siguiente observación ante la prensa local: “De comprobársele su doble nacionalidad se le podría aplicar el artículo 33 constitucional”. Añadió que “en fechas recientes se reformó la Constitución Política, aceptando la doble nacionalidad, pero la reforma entra en vigor en 1998, previa expedición de la ley reglamentaria”.No obstante, en esa ocasión las autoridades determinaron que no había delito y el asunto se diluyó. De esa forma, el recién estrenado secretario de Gobernación se convirtió en diputado por el V Distrito Electoral en la LVI Legislatura de Campeche.
El 25 de enero, Granados Chapa planteó en su columna Plaza Pública, en el diario Reforma: “Aunque no es de esperar que Mouriño, como ocurrió con la comprobación de la nacionalidad materna, atienda los reclamos públicos sobre su condición jurídica, es de solicitarle que aclare la obtención y uso del pasaporte español número 8800581, que según un diario campechano utilizó para ingresar a México en 1989, siete años después de que había optado por la nacionalidad mexicana. La portación de ese documento obliga a suponer que su opción por la nacionalidad mexicana no excluyó que gozara también de la de su padre”.
Y remata: “Esa circunstancia acaso lo coloca en la hipótesis del artículo 32, cuyo segundo párrafo podría serle aplicable: ‘El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.’”Español “de hecho”
La legislación española deja abierta la posibilidad de que los españoles renuncien a su nacionalidad, pero no se encontró evidencia de que el secretario de Gobernación mexicano haya recurrido a esa opción. El artículo 24 del Código Civil de España establece que “pierden” la nacionalidad española “los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del registro civil”.
Mouriño Terrazo obtuvo la nacionalidad mexicana en 1989 y cinco años después obtuvo el pasaporte español con vigencia hasta 1998, el cual utilizó al menos en una ocasión, en agosto de 1996. Uno de los juristas consultados advierte que la evolución del actual funcionario muestra que ya se encontraba emancipado cuando regresó de Estados Unidos haciendo uso del pasaporte español, que tuvo vigencia cuando Mouriño participó en la elección de 1997 en Campeche.
Añade que el numeral 2 del propio artículo 24 del código español, abunda: “En todo caso, pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero”.
El 11 de julio de 2007, la Presidencia de México respondió a un requerimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que Mouriño tiene nacionalidad mexicana y que, si bien nació en Madrid, no estaba impedido para desarrollar sus funciones de entonces, como jefe de la Oficina de la Presidencia, cargo que ostentó antes de llegar a Gobernación.
Esto lo hizo en respuesta a una petición hecha por un ciudadano –la cual no fue respondida– quien pedía se le informara si Mouriño había renunciado a la nacionalidad española.
El tema provocó un fuerte debate entre los comisionados del IFAI, Alonso Lujambio –quien como ponente pretendía que se clasificara la nacionalidad del funcionario– y Juan Pablo Guerrero, quien argumentó que no era posible ocultar información sobre la nacionalidad de un funcionario público. “Camilo Mouriño nació en España, pero sabemos que es mexicano, porque fue diputado local (por Campeche) y federal. Sin embargo, tuvo que renunciar a la nacionalidad española para acceder al cargo de legislador federal”, adujo Guerrero (Proceso 1629).
El propio Mouriño tuvo que hablar del tema al presentarse ante los medios como secretario de Gobernación. Alegó: “Soy, según el artículo 30 Constitucional, mexicano por nacimiento y este es el requisito específico al que hace referencia el artículo 82 respecto a los secretarios de despacho”. No aclaró si había renunciado a la nacionalidad española.
A través de los gabinetes de prensa del Ministerio del Interior y del Cuerpo Nacional de Policía, responsable del control de los pasaportes españoles, Proceso solicitó conocer si Mouriño renovó su pasaporte español o si había renunciado formalmente a esa nacionalidad, pero esas dependencias adujeron que no podían responder esas preguntas, ya que se refieren a información amparada por la Ley de Protección de Datos.
A decir de uno de los abogados consultados, “no es para nada habitual” que los españoles en el extranjero renuncien expresamente a la nacionalidad española, aunque la ley deja esa rendija. Realmente “es, por decirlo así, irrenunciable. Se me hace hasta raro que pregunte eso. No es común que se renuncie”.
Luego de revisar las copias fotostáticas de los documentos y datos disponibles del caso de Mouriño, el otro jurista consultado, directivo en una institución dedicada a los estudios constitucionales, refirió que es prácticamente un hecho que Mouriño sigue siendo español, sobre todo por “la expedición y el uso del pasaporte español”.
La Universidad de Tampa, silenciada/
Nota de J. Jesús Esquivel, Proceso 1632.
TAMPA, FLORIDA.- Juan Camilo Mouriño está registrado en los archivos de la Universidad de Tampa “como estudiante extranjero de nacionalidad española”.
A petición de este corresponsal, una empleada de la institución mostró el expediente en el que se menciona este dato, aunque “por respeto” a la privacidad del estudiante se negó a proporcionar una copia del documento.
No obstante, en la biblioteca Merl Kelce hay pruebas que corroboran que el actual secretario de Gobernación estudió economía en esta universidad entre 1989 y 1993. Sin embargo, en el anuario correspondiente a la generación 1993 –a la que perteneció Mouriño– no aparece su foto. Según la empleada, cuyo nombre se omite a petición expresa, ello se debe a “una decisión personal del estudiante”, pues no es obligatorio que se tome la foto del recuerdo con sus compañeros. Pero en el anuario de la generación 1992 hay un apartado correspondiente a los estudiantes que terminarían su licenciatura al siguiente año; ahí sí aparece la foto de Mouriño. En ese anuario, titulado Moroccan University of Tampa, incluso se enumeran las 10 razones por las cuales los estudiantes no se quieren tomar la fotografía de fin de cursos. Entre éstas destacan que no son fotogénicos, que el flash de la cámara les lastima la retina o simplemente porque no pueden evitar su temor a la lente.
Cuando Proceso pidió autorización para revisar el expediente académico del secretario de Gobernación del gobierno calderonista, los responsables del Departamento de Administración de Estudiantes respondieron que “a petición personal del señor Mouriño su expediente académico quedará sellado”.
La negativa
El 17 de enero pasado, este semanario solicitó por teléfono la información a la Universidad de Tampa, cuyos directivos fueron tajantes: “El señor Juan Camilo Mouriño pidió a las autoridades universitarias que no den a conocer su historial académico ni ningún otro dato relacionado a sus años de estudio con base en las reglas de confidencialidad”.
–¿Será porque sus calificaciones no son tan buenas o porque tiene algo que esconder? –insiste el reportero a Eric Cárdenas, encargado de la Oficina de Relaciones Públicas del centro de estudios.
–No lo sé –dice risueño.
Antes de que sus jefes le informaran de la solicitud de Mouriño a la institución, Cárdenas dijo a este corresponsal que “en la Universidad no hay inconveniente para dar a conocer el historial académico de los exalumnos”.
Sin embargo, en la entrevista realizada el 18 de enero Cárdenas aclara: “Lamentablemente ya no podemos dar a conocer el historial del señor Mouriño porque anoche me informaron mis jefes que él solicitó que no se hiciera público, en cumplimiento a sus derechos de confidencialidad. Ni siquiera yo tengo acceso a los documentos sobre el historial académico del señor Mouriño”.
El funcionario de la Oficina de Relaciones Públicas de la Universidad de Tampa asegura que desconoce si fue directamente Mouriño el que llamó a las autoridades universitarias para evitar que Proceso tuviera acceso a su historial académico, o alguien lo hizo a nombre suyo.
Pese a la solicitud del funcionario mexicano, la Universidad de Tampa tenía en la sección de noticias de su página web un despacho de la agencia estadunidense Associated Press (AP) del pasado 16 de enero.
Bajo el título “Alumno de la UT (Universidad de Tampa) es elegido Ministro del Interior de México”, en pocas líneas informa sobre el nombramiento hecho por el presidente Felipe Calderón: “El alumno de la Universidad de Tampa Juan Camilo Mouriño fue destacado de manera prominente en numerosos medios noticiosos después de que fuera nombrado por el presidente Felipe Calderón como ministro del Interior (Secretario de Gobernación) del gobierno de México. Mouriño, previamente, fungió como jefe de la oficina presidencial de Calderón y lideró la campaña presidencial de Calderón en 2006”. La noticia también fue publicada en los periódicos Los Angeles Times, The Washington Post y por las agencias Reuters y Bloomberg.
Hasta el 17 de enero, el despacho de la AP incluía el dato de que Mouriño es miembro de la generación de estudiantes correspondiente a los años 1989-1993. Pero al día siguiente, a petición del secretario de Gobernación, se eliminó esta frase.
–¿Con qué nacionalidad fue registrado el ingreso del señor Mouriño a la Universidad? –pregunta Proceso al funcionario de la Oficina de Relaciones Públicas de la Universidad de Tampa.
–No lo puedo decir. Esto también forma parte del pedido de confidencialidad que hizo el señor Mouriño.Sin embargo, admitió que entre las autoridades universitarias es bien conocido el hecho de que el ahora funcionario mexicano ingresó a esa casa de estudios contando con una doble nacionalidad: la española y la mexicana.
Una de las compañeras de la generación de Mouriño en la categoría de estudiantes extranjeros, Ruth Mukoko-Mokeva, hizo un comentario que fue reproducido en el libro de recuerdos estudiantiles: “Esta generación se destacará por no tener hombres tan inteligentes y brillantes”.
La Universidad de Tampa es la institución del sur de Estados Unidos que otorga más becas a estudiantes extranjeros y está considerada entre las mejores 100 universidades del país; así mismo, es una de las más antiguas de Florida. Sus instalaciones se ubican en el centro de la ciudad de Tampa y es considerada una institución conservadora; incluso se le vincula con el Partido Republicano. l
Un “Vamos México” estilo Mouriño/
Nota de Rosa Santana, Proceso 1632.
CAMPECHE, CAMP.- El 1 de enero de 2007, justo un mes después de que Juan Camilo Mouriño Terrazo asumió la jefatura de la Oficina de la Presidencia, su corporativo familiar, el Grupo Energético del Sureste, se inició en una nueva actividad: la asistencia social mediante la Fundación GES, A.C., que ya se apresta a tramitar recursos federales “para apoyar a la gente más vulnerable”.
El consorcio empresarial, creado a mediados de los ochenta por el prominente empresario español Carlos Mouriño Atanes, padre de Mouriño Terrazo y amigo del expresidente Vicente Fox, anuncia en su página web que la fundación surgió “como una forma de devolver a la sociedad lo que de ella recibimos”. Y explica que a través de ésta el Corporativo GES “realiza donaciones en especie y monetarias a escuelas, asociaciones, patronatos, casas hogar, etcétera. De esta manera, el Corporativo GES refuerza su compromiso con la sociedad mexicana.”
El pasado enero, este conglomerado sumó dos establecimientos más –uno en Yucatán y otra en Quintana Roo– a su red de gasolinerías, con lo que cuenta ahora con 38 de éstas en el sur-sureste del país, además de un nuevo local de Burger King en Salina Cruz, Oaxaca.
En entrevista con esta corresponsal, Pedro Uc Dzul, contador del Corporativo GES y director de la fundación, detalla que formal y jurídicamente ésta se formó el 1 de diciembre de 2006, aunque aclara que desde antes el corporativo inició sus acciones altruistas. “Lo estábamos haciendo de una manera un tanto informal, pero ya estaba destinado que en 2007 arrancáramos bajo el nombre de Fundación GES, A.C.”
Así mismo, comenta que el propósito primordial es apoyar a instituciones de atención a niños con capacidades diferentes y a escuelas federales de nivel preescolar y primaria: de igual forma, precisa, esta asociación civil “se preocupa por el medio ambiente”, puesto que el giro principal del corporativo empresarial es la venta de combustibles.Hasta ahora, dice, los apoyos han salido de las empresas que forman el corporativo, pero en el futuro la Fundación GES, A.C. podrá recibir fondos del gobierno federal. Sólo “es cuestión de tramitarlos”, puntualiza, y adelanta que “hay un programa de Desarrollo Social para poder acceder a más recursos y poder ayudar más que nada a las clases vulnerables, dado que la cultura de donar aquí en Campeche es bastante difícil todavía”.
De acuerdo con Uc Dzul, “hay un programa en el que uno se inscribe… no recuerdo el nombre… pero uno se inscribe y plantea la necesidad de apoyar a más grupos vulnerables”.
El programa al que alude el directivo es el del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), aunque el delegado de la Sedesol en la entidad, Mario Ávila Lizárraga –hombre de confianza del nuevo secretario de Gobernación, quien fungió el año pasado como “asesor” de la delegación de esa dependencia en Guerrero–, asegura que hasta el momento la Fundación GES no ha hecho ningún trámite ante la secretaría para obtener fondos.
Sin embargo, para la fundación la Sedesol es sólo el comienzo. Uc Dzul adelanta que por ahora el trabajo filantrópico se limita a la capital campechana, pero la intención es atender a todos los municipios donde el corporativo empresarial tiene negocios, es decir, el sur-sureste del país, que comprende los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca.
Sobre la incursión del clan Mouriño en el ámbito de la asistencia social, el líder estatal del Partido Convergencia, Aníbal Ostoa Ortega, opina que “como institución filantrópica es plausible, pero desafortunadamente tenemos la experiencia de Marta Sahagún y su Vamos México, que tuvo un actuar político y proselitista y que financió sus acciones con recursos de programas e instituciones federales”.
Por ello, exhorta a la sociedad y a los partidos a mantenerse vigilantes para impedir que esta fundación se convierta en una estrategia política. Existe el riesgo, dice, “de que (la Fundación GES) se convierta en un canal a través del cual se canalicen de manera ilícita recursos públicos que provengan del gobierno federal, tal como sucedió con Vamos México en el sexenio pasado, que más que agrupación filantrópica y social pretendió controlar la mente y el voto de la gente”.
Fundación “apolítica”Ostoa Ortega insiste: “Hay que evitar que tras la asistencia social, hipócritamente se oculten sus fines perversos y que esa fundación se convierta en una réplica mal hecha de Vamos México”. Incluso demanda a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública vigilarla de cerca “para desenmascarar el verdadero trasfondo político y corrupto que sin duda alentará la creación de este tipo de instituciones asistenciales”.
Y advierte que “hay que tener los ojos muy abiertos” pues por lo general este tipo de fundaciones “filantrópicas” tienen tres propósitos fundamentales: “obtener recursos federales y electorales de manera ilegal, así como evadir al fisco, como lo hacen Televisa, Tv Azteca y la empresa Bimbo”.
No obstante, el director de la Fundación GES, A.C., se defiende. “Esta –asegura– es una fundación transparente, congruente y apolítica; no nacemos con fines políticos, bajo ninguna circunstancia. Ni tenemos fines electorales ni tintes políticos ni nada por el estilo”.Y se deslinda de la fundación de Marta Sahagún: “la Fundación GES no tiene semejanza con Vamos México. Definitivamente no. Eso se va a cuidar. Está perfectamente definido: lo político a lo político; nosotros a nuestra fundación, a apoyar a la gente”.
–Las exenciones de impuestos son un beneficio para este tipo de fundaciones –se le comenta.
–Pues es un beneficio que, en lugar de dárselo a Hacienda mejor se lo damos a la población, que es la que más lo requiere.
Las fiestas de carnestolendas celebradas en febrero de 2007 fueron aprovechadas para el lanzamiento publicitario de la Fundación GES. Sendos spots de audio y video se difundieron en las estaciones radiofónicas y de televisión de la entidad. Incluso el video se hizo llegar a los celulares de quienes acudieron al carnaval.Y aunque el director de la fundación asegura que ésta no tiene tintes políticos, el video de 20 segundos de duración presentaba la silla presidencial, mientras una voz en off decía: “Esta silla representa esperanza”. A continuación se mostraba una silla de ruedas, y la misma voz añadía: “Esta también”… En la primera muchos quieren estar; en la segunda muchos ya están. Aun así, ellos pueden llegar lejos si cuentan con tu apoyo… El corazón nos mueve. Fundación GES”.
La Fundación GES, cuya página web se actualiza cada mes y que tiene como logotipo un corazón, inició sus acciones el 16 de diciembre de 2006, apenas dos semanas después de que Felipe Calderón asumió la presidencia. En su primera acción entregó 20 mil pesos a una menor inscrita en el programa de la Asociación Mexicana de Niños con Cáncer de Campeche (AMANC-Campeche IAP).
Así mismo, entregó el 29 de diciembre de ese mismo año 3 mil pesos a la Asociación Civil Vida y Familia de Campeche, presidida por Silvia Guerrero Sasía. Esta organización maneja un albergue para adolescentes embarazadas que son rechazadas por sus familias. Guerrero Sasía es concuña de Mouriño Terrazo, pues está casada con el presidente del equipo de beisbol profesional Piratas de Campeche, Gabriel Escalante Castillo, quien es hermano de María de los Ángeles Escalante Castillo, esposa del secretario de Gobernación.
Ese mismo día, Fundación GES entregó 5 mil pesos más –“correspondientes al mes de diciembre”– a la AMANC, según el convenio previamente firmado con dicha institución, mediante el cual se brindará apoyo a los pequeños que sufren de cáncer, así como a sus familias.Una semana más tarde, el 6 de enero de 2007, integrantes de la fundación visitaron las instalaciones SOS Aldeas Infantiles de Hampolol, para alegrar a los niños con motivo del Día de Reyes. Ahí entregaron 50 juguetes a menores de 10 años. El encargado de recibir la donación fue el director Armando Huitz Ehuán.
Según la información que presenta la página web de la fundación del consorcio de la familia Mouriño, el 28 de abril de 2007 la fundación conmemoró el Día del Niño en Church’s Chicken, una de las franquicias pertenecientes al corporativo GES. En aquella ocasión, “contamos con la asistencia de niños con capacidades diferentes, quienes pasaron momentos muy agradables gracias a las personas encargadas del show preparado especialmente para ellos. Además recibieron regalos y muchas sorpresas por parte de la Fundación GES”, precisa la información.
Dos días después realizó otro evento especial con motivo del Día del Niño en el Centro Social de la Colonia Minas, “en el que niños de escasos recursos pudieron celebrar este día como se lo merecen. Contamos con la asistencia de cerca de 200 niños, quienes recibieron regalos y muchas sorpresas”, según el sitio electrónico de la fundación.
Para continuar con los festejos, el 2 de mayo agasajó a los niños y jóvenes del Centro de Atención Múltiple No. 1, “quienes gracias a Fundación GES y a la empresa Burger King pasaron un Día del Niño inolvidable”.Y el pasado 25 de junio el organismo continuó “proporcionando, de acuerdo al convenio firmado, donaciones mensuales a asociaciones como “Vida y Familia de Campeche” (Vicac) y la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC). Ese es el reporte más reciente de la fundación en su página web. l
galán del gabinete
Nota de Proceso, 1632.Espejo fiel de la clase pudiente y de los políticos que a ella le encantan –cuando no los engendra, los impone o financia–, la revista Quién tiene el buen gusto de hacernos, en su más reciente portada, una suculenta oferta: “Juan Camilo Mouriño. El chico súper poderoso. La esposa, los hijos, los hábitos y los placeres del galán del gabinete.”
Bajo la firma de Alberto Tavira Álvarez, editor de Política y Cultura, la nota que se despliega en ocho planas, aderezada de fotografías para el álbum –destaca una donde “el niño bien” aparece cabeza con cabeza con Felipe Calderón– emite una aseveración que no necesita de fuentes:“Todo mundo” está enterado de que Mouriño “es el segundo hombre más poderoso de la escena política mexicana…” Una advertencia: “Ya se ha hablado mucho” del secuestro de Mouriño “a mediados de los noventas”.Y una sentencia: La nacionalidad de Juan Camilo “es un tema agotado”. Una vez sentadas estas irrefutables premisas, Tavira entra de lleno a la verdadera sustancia: Antes de ser secretario de Gobernación, Mouriño era cliente frecuente del Love, “el antro de moda en el DF”; acudía a restaurantes de comida española, disfrutaba de buenas veladas con sus amigos y, “cuando la agenda de Felipe Calderón lo permitía, jugaba futbol con él y otros miembros del gabinete en los jardines de Los Pinos”.
Claro, en esa época Mouriño vivía como soltero en el DF de lunes a viernes, y los fines de semana viajaba a Campeche, “donde se reunía con su esposa María de los Ángeles Escalante Castillo –hija del prominente constructor Eduardo Escalante Escalante–, a quien llaman de cariño Mari Gely, y sus tres hijos, María de los Ángeles, Juan Camilo y el pequeño Iván”.
Tapándose la cadera
Como para garantizar que no está presentando ningún producto pirata, el reportero se apresura a contar una de “tantas anécdotas”:
“Eran casi las 12 de la noche” de “un frío jueves de noviembre del año pasado” cuando Juan Camilo, “acompañado por otros seis hombres impecablemente trajeados, se bajó de una camioneta blindada en la puerta del Love, antro enclavado en una vieja casona estilo porfiriano de la colonia Roma. En el grupo estaba su contemporáneo Olegario Vázquez Aldir, director general corporativo de Grupo Empresarial Ángeles e hijo de Olegario Vázquez Raña, dueño de los hospitales Ángeles, los hoteles Camino Real, el periódico Excélsior y Grupo Imagen, entre otros importantes negocios”.
Los “jóvenes poderosos” entraron al bar y tomaron posesión de su mesa, “la misma que suele ocupar cuando va al Love Carlos Slim Domit, El Charal, primogénito del hombre más rico del mundo (…) Mouriño Terrazo pidió ron, como acostumbra. Sus allegados dicen que a veces prefiere Appleton Special y que en ocasiones opta por el Matusalem. La música en inglés de los ochentas (…) permitió que el grupo de amigos se la pasara platicando de pie frente a la mesa, con sus respectivos vasos en la mano, y de vez en cuando entonando alguna estrofa de las canciones del ayer. Movimiento de cabeza incluido, obvio”.
Cualquier ciudadano con un poco de deducción podría comprender que, para celebrar el primer aniversario del triunfo de Calderón tras la campaña del miedo, Juan Camilo eligiera, en lugar del Love, otro bar que, “ubicado en el corazón de Polanco”, se llama La Lune. El 2 de julio de 2007, consigna la nota, “Mouriño y sus colaboradores alquilaron todo el lugar para festejar el triunfo de Felipe Calderón. La lista de invitados incluyó al equipo cercano del Presidente y a quienes contribuyeron durante su campaña. Juan Camilo se divirtió como nunca. No cabía de la felicidad”.
Entonces Mouriño se puso a bailar, salsa y cumbia, que “son lo suyo”, y aunque lo hacía a buen ritmo y no paraba, hete aquí que “misteriosamente jamás se quitó el saco”. Tavira tuvo que recurrir a la declaración de “alguien que lo conoce muy bien y que optó por el anonimato” para esclarecer el misterio.
Esa fuente le confesó: “Así esté bañado en sudor, Juan Camilo siempre tiene algo que le cubra la cadera o lo suficientemente holgado para que la disimule (…) Es que esa parte de su anatomía es un poco anchita y no le gusta.”
Adiós a la soltería
No es todo. Un auténtico rosario de revelaciones se registran después. En sus tiempos de soltero en el Distrito Federal, cuando sólo era jefe de la Oficina de la Presidencia y tenía mucho tiempo libre, Juan Camilo organizaba con “cierta frecuencia” cenas en su departamento de Lomas de Chapultepec. “Para ello solía pedir con anticipación el menú de banquetes del restaurante El Lago. Desde su oficina en Los Pinos palomeaba lo que deseaba ofrecer a sus invitados y solicitaba los servicios del chef español Juan Antonio Sánchez Fernández, mejor conocido como Juancho, quien personalmente acudía el domicilio de Mouriño para preparar y supervisar los platillos de la cena.”Y al empezar los rumores de que Mouriño sería el nuevo secretario de Gobernación, su esposa “decidió dejar su confortable vida en Campeche para mudarse a la Ciudad de México. Ella llevaba alrededor de siete años de resistirse a cambiar de domicilio, pues consideraba que el Distrito Federal era demasiado peligroso para sus hijos (…) A mediados del año pasado los tacones comenzaron a sonar en los pisos del departamento de Juan Camilo y las risas de los niños se convirtieron en un sonido constante en la casa. Mari Gely inscribió a sus hijos en colegios dirigidos por Legionarios de Cristo”.
Hasta hace poco, prosigue Tavira, “el chico súper poderoso se daba tiempo para dejar de vez en cuando a sus hijos en la escuela. Ella, por su parte, trata en la medida de lo posible de evitar cualquier acercamiento con el mundo de la política, que entiende y respeta, pero en el cual no se siente cómoda. Prefiere mantenerse al margen y contribuir para que en su casa reinen los aires de familia”.
En un recuadro, Quién aporta datos duros sobre Mouriño: es católico, le dicen Iván, pesa 70 kilos, tiene los ojos azules, su marca preferida es Hermenegildo Zegna, el whisky es su segunda bebida (después del ron), tiene el hábito de taparse la cadera, es del signo Leo (1 de agosto 1971) y su nacionalidad favorita es la mexicana –por ahora, se entiende.
El catolicismo de Juan Camilo se demuestra con una fotografía donde aparece en la fiesta del 70 aniversario de Onésimo Cepeda. Ahí se le ve con el obispo de Ecatepec y sus similares Norberto Rivera y Antonio Chedraoui, quienes con él comparten, sin duda, su opción preferencial por los ricos… (AJ). l
Complacencias mutuasJesusa CervantesNota de Proceso 1632.
El gobierno de Felipe Calderón ha demostrado que, pese a su exaltación de la transparencia y la rendición de cuentas, en los hechos elude la fiscalización. Así lo prueban las controversias que interpuso ante la Suprema Corte para que la Auditoría Superior de la Federación deje de investigar la forma en que la administración de Vicente Fox y la actual otorgaron permisos en materia energética y de juegos. De esta manera, al proteger a su predecesor, Calderón cuida sus propias espaldas.
El presidente Felipe Calderón inició su segundo año de gobierno pactando “un intercambio de complacencias” con Vicente Fox, para protegerlo y protegerse de una posible acción penal solicitada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza Arturo González de Aragón.
A partir de noviembre de 2007, el presidente inició una ofensiva contra la ASF: ordenó que se interpusieran seis controversias constitucionales para detener las indagaciones sobre las posibles irregularidades en los 439 permisos de juegos y sorteos que otorgó el gobierno foxista, en los gastos de su último año en la Presidencia y en los 23 permisos para instalar casas de apuestas.
De esta manera, Calderón no sólo protege a su predecesor, sino que también pretende evitar que se revise la legalidad de las decenas de permisos que ha entregado en el primer año de su propio gobierno, para que inversionistas privados participen en el sector energético, lo cual está prohibido en la Constitución.El pasado 18 de diciembre, Calderón ordenó a la secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, que interpusiera una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la ASF para detener las investigaciones de González de Aragón acerca de los permisos de estaciones para carburación de gas LP. El 8 de enero pasado, la Secretaría de Energía (Sener) presentó ante el máximo tribunal otra controversia para que no continúen las indagaciones sobre permisos otorgados por el gobierno para la exploración y explotación de hidrocarburos.
Así lo confirma el documento que Calderón le envió a Kessel Martínez:“He determinado que usted represente al titular del Ejecutivo Federal ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional que el Poder Ejecutivo de la Unión promoverá a fin de demandar la invalidez del oficio número AED/DFAE/549/07 en el que se contiene la orden para realizar la auditoría número 12, denominada ‘Evaluación del proceso para el otorgamiento de permisos de estaciones de carburación de gas LP’, así como los demás actos relacionados con el mismo, en contra del auditor superior de la Federación y de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Atentamente. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.”
Intocables
El diputado por el PRD y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Antonio Ortega, asegura en entrevista que estas controversias constituyen “una acción concertada de un grupo político. Tengo la impresión de que sí hay un interés concertado, de funcionarios públicos y particulares beneficiados con todos estos permisos entregados por la Secretaría de Gobernación, (en el gobierno de Vicente Fox) y por la Secretaría de Energía (ahora con Calderón)”.
Al legislador se le recuerda que en 2004, cuando Calderón estaba al frente de la Sener, tenía a Juan Camilo Mouriño como subsecretario de Electricidad y a César Nava como director Jurídico. Los dos últimos promovieron una controversia para que las investigaciones del auditor sobre las irregularidades detectadas en los permisos para la generación de energía eléctrica, entregados principalmente a extranjeros, no tuvieran efectos jurídicos contra los funcionarios que los avalaron, es decir, Mouriño y Nava.
El legislador perredista comenta que en esta ocasión los mismos personajes tratan de evitar que se investiguen los permisos que en el sector energético autorizó Calderón, ya como titular del Ejecutivo Federal. “Lo único que hacemos con la auditoría es que se transparente si se cumplió el procedimiento para la asignación de los permisos, porque supongo que éstos no se asignan a título personal de un funcionario, ni se regalan. Hay un procedimiento y queremos revisar si el programa de asignación cumplió con éste”, y si hubo o no daño al erario federal, agrega.
Explica que la Cámara de Diputados solicitó a su órgano auxiliar, la ASF, que realizara diversas auditorías sobre los permisos en materia energética entregados en el actual sexenio y los permisos de apuestas que se otorgaron durante el sexenio foxista.Sobre estos últimos permisos, autorizados por la Secretaría de Gobernación, entonces a cargo de Santiago Creel, el presidente de la comisión de Vigilancia de la ASF comenta: “Hay suspicacias sobre qué se hizo con el dinero de comunicación social del último año de Fox, si fue usado para beneficiar a un candidato. Pero, como todo es especulación, pedimos una revisión para exhibir cuál fue la realidad, y también sobre la irregularidad o no de los permisos en juegos y sorteos”.
El diputado Ortega refiere que hace dos meses, justo cuando Fox hacía declaraciones que ponían en aprietos al gobierno calderonista, un representante de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se reunió con el expresidente para establecer una especie de pacto, a fin de que el expresidente se comportara con mayor discreción.
En la segunda mitad de diciembre y la primera quincena de enero, la ASF fue notificada de las seis controversias en su contra promovidas por el gobierno federal con el argumento de que se extralimitaba en sus funciones. Mediante estos recursos solicita que se suspendan las investigaciones y que éstas no tengan efectos vinculantes, como sanciones en contra de quienes autorizaron los permisos.
A su vez, el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, se dijo sorprendido por las referidas controversias, así como por los argumentos en contra de su actuación: aseguró que son los mismos que utilizaron en 2004 Calderón y su equipo desde la Sener.A fin de respaldar la legalidad de las revisiones que efectúa la ASF, el pasado 17 de enero González de Aragón emitió un comunicado en el que planteó: “Pareciera que existe una estrategia para que, a través de mecanismos jurídicos, con argumentos legaloides se cuestionen sus logros (los de la ASF) y se obstruya su trabajo”.Y señaló que se advierte “una intención regresiva de ciertos actores políticos responsables de algunas áreas de los poderes Judicial (ya que la Judicatura interpuso una controversia similar en sus cuestionamientos) y Ejecutivo que buscan poner obstáculos a las acciones de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización superior, negando en los hechos los discursos que se pronuncian a favor de dichas acciones, que son imperativas en cualquier régimen democrático y responsabilidad insoslayable de todo servidor público”.
El diputado Ortega se refiere a este punto y critica al presidente del PAN, Germán Martínez Cázares, que cuando era titular de la SFP firmó un convenio de colaboración con la ASF. En aquella ocasión, el 27 de marzo de 2007, el panista dijo: “La eficacia de la fiscalización depende de la coordinación entre los órganos de control… la eficacia aumenta si compartimos información… No habrá pretexto o reparo para atender los llamados del auditor”.
Y remató: “El presidente Calderón señaló, desde el primer día de su gestión, que ‘el gobierno de México debe mostrar con acciones que realiza un esfuerzo para usar de manera eficiente y transparente los recursos de los ciudadanos’”. Una semana después, Calderón dijo al respecto: “La Cámara de Diputados y la ASF encontrarán seguimiento puntual a sus requerimientos de información, en relación con el desempeño de la administración federal”. Pero no cumplió su compromiso. Antes de que concluyera el año, el mandatario echó tierra a sus palabras al negarle a la ASF toda la información relacionada con los permisos que su gobierno otorgó en materia de energéticos.
Sanciones, jamás
El gobierno calderonista impugna la revisión de la cuenta pública que tiene que ver con los permisos de juegos y sorteos, casas de apuestas y gastos de comunicación social de 2006, del gobierno de Vicente Fox. También se opone a la revisión en el Avance de Gestión Financiera de 2007 que tiene que ver con los permisos de gas LP y los que autorizan la explotación y exploración de hidrocarburos, así como los permisos fitosanitarios que entregó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Así mismo, el Ejecutivo Federal rechaza los oficios emitidos por la ASF a partir de octubre de 2007, en los que este organismo notifica a Sener, Gobernación y Semarnat que les practicará auditorías y les solicita información sobre los permisos otorgados.Las controversias son documentos de 60 cuartillas, muy similares entre sí, en los que se argumenta que la ASF “violenta la separación de poderes”, “viola principios de anualidad” y pretende revisar acciones no concluidas (por el avance de gestión financiera de 2007 que va de enero a junio). Así mismo, señalan que “la legalidad de los permisos sólo la determina el Ejecutivo” y que el órgano de fiscalización viola los artículos 14, 16, 49, 74 fracción IV, 79, 89 fracción I, 90 y 133, de la Constitución.
En las controversias del Ejecutivo, de las cuales tiene copia este semanario, se pide invalidar los oficios del auditor y todas las consecuencias que pudieran derivarse de las indagaciones, como la sanción a los funcionarios que avalaron los permisos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a cada uno de los recursos, pero no prohibió que el auditor continuara con sus investigaciones; sólo estableció que no podrá hacerlas públicas mientras el Poder Judicial no emita su fallo, lo cual podría demorar algunos años. Hay que recordar que en la controversia elaborada por Calderón en 2004, como titular de la Sener, por los permisos para generar electricidad que el auditor encontró inconstitucionales, la SCJN cerró el caso apenas el pasado 15 de enero. Además de demandar la “invalidez de todos los efectos y consecuencias de los actos impugnados” de la ASF, en las recientes controversias el gobierno de Calderón acusa al auditor de haber tomado “resoluciones unilaterales, imparciales y coercitivas. Se trata de actos que pertenecen administrativamente al Ejecutivo”.
Según el gobierno federal, el Poder Legislativo –del que forma parte la ASF– “invade esferas de competencia de las autoridades federales”. “El auditor no puede erigirse como revisor ni calificador sobre la legalidad”, argumenta.
Desde el punto de vista del Ejecutivo, sólo él puede determinar la legalidad de “contratos, concesiones o permisos”, mientras que a la ASF le corresponde únicamente revisar “la cuenta pública”.Otro de los argumentos del gobierno para rechazar la fiscalización de la ASF es que para llevar a cabo “la auditoría inconstitucional”, el auditor tendría que consultar documentos que se requieren al expedir un permiso (plazos, contenido, cuándo sí y cuándo no se otorgan, cuándo se sanciona) “y nada de eso tiene que ver con el manejo del presupuesto”.Continúa el Ejecutivo: “Se debe declarar la invalidez, si no… le daría origen a un poder superior que se colocaría como un gran revisor de todos los actos del gobierno federal… dejaría en la ASF poder para interpretar la Constitución o las leyes que le corresponde a la SCJN”.De igual forma, los actos del auditor “son verdaderas órdenes” y realiza sus revisiones “en términos arbitrarios y caprichosos, impuestos por los auditores verificadores, en los que se requirió la entrega indiscriminada de papeles e información”.
Los calderonistas afirman que la ASF “carece de facultades para revisar el otorgamiento de permisos” y que “pretende hacer revisiones de manera extemporánea”, por la revisión de los permisos en el gobierno foxista.El gobierno le advierte a la SCJN que, de no concederse la suspensión solicitada, se consumaría “la invasión a la esfera de competencia de la entidad”.El 23 de enero, una semana después de que el auditor superior elaboró el comunicado en que defiende jurídicamente su actuación, la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados le dio su respaldo. Cinco días más tarde, el 28, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se reunió con la presidenta de la Mesa Directiva de la cámara, Ruth Zavaleta, para hablar de las controversias.
El funcionario ofreció que las revisaría, pero no se comprometió a retirarlas. Y es que si se revisan los permisos de explotación y exploración de hidrocarburos, las consecuencias podrían alcanzarlo a él e incluso a Calderón, pues ellos autorizaron los Contratos de Servicios Múltiples, que implican exploración de hidrocarburos, derecho que la Constitución les prohíbe a los particulares. l
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