Derechos Humanos en México

Columna Plaza Pública/ Migual Angel Granados Chapa

Derechos humanos aquí y allá

Publicado en Reforma, 10 Feb. 2008;

Louise Arbour cumple hoy 61 años de edad. Acababa de cumplir 57 cuando el 20 de febrero de 2004 fue elegida por la Asamblea General de la ONU Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Su antecesor, Sergio Vieira de Mello, había caído en Bagdad en agosto anterior, víctima de la violencia desatada por la ocupación norteamericana, en un atentado con bomba en que además de la suya se perdieron 21 vidas más. La jueza canadiense, integrada a la Suprema Corte de su país desde 1999, había sido fiscal en los tribunales internacionales sobre los crímenes de guerra en Ruanda y en la antigua Yugoslavia. Pero antes de ocupar cargos en la judicatura de Ontario y de Canadá, y en el ámbito internacional, había sido una abogada activista, en la Asociación Canadiense de Derechos Civiles, de que fue vicepresidenta.

Estuvo aquí cuatro días en la semana que termina hoy. Invitada por el gobierno mexicano, firmó el convenio que extiende la permanencia de la delegación en México de su oficina de la ONU, establecida en julio de 2002 y que actuará aquí hasta el 30 de noviembre de 2012.

Del martes al viernes pasados se reunió con el presidente de la República, con el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con comisiones del Congreso, por un lado; y con una vasta red de organizaciones civiles dedicadas a la causa que ella representa en el más elevado nivel internacional. Su visita osciló entre la suavidad y discreción del trato diplomático, y la crudeza con que oyó y juzgó el preocupante estado de los derechos humanos en México.

Ocupó buena parte de su atención el despliegue de tropas dedicadas a combatir la delincuencia organizada, que sin embargo conlleva como cauda hasta ahora inevitable la violación a garantías de las personas. Tan presente estaba esa preocupación en torno a la visita de la funcionaria internacional, que el 6 de febrero el presidente Calderón se sintió obligado a cerrar el discurso con que la recibió en Los Pinos con una referencia al tema. Sus palabras no fueron necesariamente veraces, pues contrastaron con la publicación del Programa Sectorial de Defensa Nacional que consagra la permanencia militar en actividades policiacas hasta el final de este sexenio. En cambio, a la Alta Comisionada dijo Calderón esperar que "el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas en la lucha contra criminalidad sea cada vez menos necesario", que su labor es "subsidiaria", y que en la medida en que avance "la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica".

Antes de marcharse anteayer, la funcionaria de la ONU volvió sobre el asunto al hacer un resumen de su visita a México: "Los militares han cometido violaciones a los derechos humanos en el combate al crimen organizado -violaciones de mujeres y adolescentes, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos y saqueos- que deben ser investigadas por la justicia civil. Los abusos perpetrados por militares tienen que ser atendidos por tribunales civiles y no sólo por... el Ejército". Insistió en que la actuación policiaca de la fuerza castrense "puede generar mayor violencia y provocar que civiles inocentes salgan afectados o pierdan la vida, particularmente cuando los militares utilizan la fuerza para confrontar a grupos fuertemente armados", y conducir a "una escalada, un aumento de las acciones violentas -del Ejército y el crimen organizado-, algunas de las cuales pueden presentarse en áreas pobladas por civiles, en las cuales personas inocentes accidentalmente pueden ser víctimas de confrontaciones armadas tan robustas". Por eso, concluyó que la guerra contra la delincuencia organizada debe "ganarse no en las calles sino en los tribunales".

La Alta Comisionada hizo un llamado "al gobierno y a los legisladores para que aseguren que las normas de derechos humanos adoptadas y firmadas por México en los tratados que ha ratificado el país reciban rango constitucional y sean aplicadas como ley suprema en los procesos que se llevan ante los tribunales". En ese tema, en su reunión de dos días atrás Calderón se había visto obligado a reconocer el retraso en la preparación de su Programa Nacional de Derechos Humanos, demora simulada tras la fórmula "actualmente mi gobierno trabaja" en su elaboración. También usó el eufemismo para explicar otro retardo, al decir que "en días próximos ratificará la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas".

Respecto de otros derechos humanos en cuestión en México, la Alta Comisionada habló de las "crecientes limitaciones a las libertades de expresión y de reunión. La concentración del poder de los medios de comunicación en pocas manos sugiere intensamente la necesidad de un mayor pluralismo y una mayor protección de la diversidad de opiniones, necesaria en una sana sociedad democrática". En ese tema y en dicha sociedad, concluyó, "le toca al gobierno asegurar que haya un campo de juego parejo... No tengo una receta para México, pero claramente tiene que haber una situación igualitaria, un gran espacio para el pluralismo, para la libertad de expresión, y el papel del gobierno es asegurar que haya esto".

De haber viajado a los estados, la Alta Comisionada Arbour hubiera comprobado in situ sus apreciaciones generales sobre la materia que le toca gestionar. En Chiapas, por ejemplo, hubiera conocido la suma de hechos que en menos de un mes evidencian la tendencia hacia la criminalización de la protesta, una de las formas actualmente más socorridas de violar los derechos humanos. El 17 de enero se reformó el Código Penal para tipificar el delito de incitación a la violencia, que se comete "para impedir el ejercicio de un derecho o del servicio público u otros análogos, en contra de cualquier persona, física o moral, privada u oficial".

El 31 de enero se impidió circular a vehículos que llevaban a Tuxtla Gutiérrez a campesinos que en esa ciudad se unirían a la protesta nacional contra el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Policías locales y federales, según refieren los grupos locales de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, detuvieron a Pedro Matusalén Vázquez, de la comunidad llamada Nicolás Ruiz, que horas después fue liberado "bajo la advertencia de no volverse a meter en nada y decirle a sus compañeros que no volvieran a venir porque la próxima vez serían más". Lo mismo hicieron con el profesor Felipe Hernández Yoena, que había sido orador en aquella manifestación, liberado al amanecer siguiente al día de su detención, practicada porque no entiende, según se lo explicaron los agentes que lo capturaron, "que el problema del TLC es federal, y que no tenían por qué manifestarse en Chiapas y que el gobernador no quería manifestaciones ni problemas en el estado". (Quizá para orar porque así sea, además de honrar la memoria del señor Jorge Hurtado Oliver, el gobernador chiapaneco, Juan Sabines, acudió a misa en Campeche el viernes pasado, oficio organizado por el gobernador Jorge Carlos Hurtado ante el deceso de su padre. Como hombre pragmático que es -a Dios rogando y con el mazo dando- Sabines se había reunido la noche anterior con Juan Camilo Mouriño, en la Quinta Gely, sede campechana del secretario de Gobernación, que lo invitó a cenar junto con cuatro gobernadores priistas más, los de México, Nuevo León, Tamaulipas y Colima).

En el ámbito internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, el Estado mexicano tuvo que salir a defenderse en la causa denominada Castañeda versus México. Se trata de la denuncia presentada por el ex canciller Jorge G. Castañeda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a causa de su imposibilidad de ser candidato presidencial en el proceso de 2006, toda vez que pretendía presentarse como independiente y la legislación mexicana concede a los partidos políticos la exclusividad del registro de candidaturas.El proceso ante la Corte, que incluyó la audiencia de alegatos anteayer viernes, continuará el 10 de marzo próximo, cuando las partes deben presentarlos por escrito. Cuando más, una sentencia de ese tribunal internacional demandaría al Estado mexicano adecuar sus normas en materia electoral a la Convención Americana de Derechos Humanos. Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com