Los delitos y la confesión
Jesusa Cervantes, reportera,
Jesusa Cervantes, reportera,
Revista Proceso, No. 1636, 9/03/2008;
De acuerdo con un minucioso análisis jurídico, Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, confesó de hecho haber cometidos diversos delitos, al aceptar públicamente que firmó contratos con Pemex como representante legal de Ivancar, la empresa de su familia, al tiempo que se desempeñaba como servidor público. Por ellos, el hombre más estrechamente ligado al presidente Calderón podría ser sometido a juicio político y después juzgado penalmente.
Juan Camilo Mouriño Terrazo, al reconocer públicamente la veracidad de los contratos que su empresa familiar Ivancar estableció con Pemex-Refinación, aportó indicios suficientes para que sea juzgado por la violación de diversos delitos, entre ellos el “uso indebido de atribuciones y facultades”, pues contrató servicios al gobierno mientras se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Energía (Sener).
Pablo Casas Lías, abogado especialista en derecho penal y administrativo, llegó a esas conclusiones tras analizar los contratos entre Pemex-Refinación y Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V., que el actual secretario de Gobernación firmó como apoderado legal de la empresa de su familia.
Lo importante, aclara, no es determinar si su conducta en los contratos fue “legal y ética”, como aseguró Juan Camilo Mouriño al acudir al noticiario de Joaquín López Dóriga en Televisa la noche del jueves 6, sino que “aceptó la veracidad de los documentos y, además, que quien firmó los contratos como responsable de la empresa es a la vez un servidor público y como tal está impedido. Al hacerlo violó disposiciones administrativas y penales por las cuales debe ser juzgado”.
Consultado aparte, Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal de la Federación, explica que “el reconocimiento de la existencia de los contratos es un indicio o supuesto tal que hace susceptible de análisis político a las cámaras (de Diputados y Senadores) para ver si van a sujetar al funcionario a la justicia federal, es decir, para que un juez determine si hay delito. Pero antes tiene que darse un desafuero”.
Pulcro en su declaración, Reyes Orona precisa: “La responsabilidad de las cámaras es tramitar y desahogar el proceso previsto en el artículo 110 de la Constitución (juicio político), a efecto de verificar si el funcionario contratante involucrado ha incurrido o no en responsabilidad penal o administrativa. El punto es que el requisito previo es quitarle la protección constitucional al funcionario involucrado (Juan Camilo Mouriño). La autoridad judicial es la que tiene que decir si fue indebido o no, y para eso se le debe quitar la protección constitucional”.
El fundador de Casa Lías Abogados fue asesor de la segunda comisión investigadora que se formó en la Cámara de Diputados para investigar el presunto tráfico de influencias de los Bribiesca Sahagún.
En el caso de Mouriño, coincide en que hay indicios suficientes para que las cámaras lo sometan a juicio político.
Aunque puntualiza que es un juez quien debe determinarlo, desde su punto de vista incurrió en varios delitos, como el “ejercicio indebido de atribuciones y facultades”.
Para sustentar su declaración se remite al Código Penal Federal, que en su artículo 217, fracción I, inciso D, establece: “Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor que indebidamente otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económico públicos”.
Además está la fracción II, la cual señala que incurre en el uso indebido de atribuciones “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas”.
De acuerdo con ese mismo artículo, cuando el monto de la operación exceda del equivalente de 500 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, “se impondrá de dos años a 12 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Y en este caso está Mouriño, dice Casas.
Incluso, afirma, el secretario de Gobernación también incurrió en una falta al artículo 220 del mismo código, que define el “ejercicio abusivo de funciones”:
“Mouriño cae en el supuesto de la fracción I, que dice: ‘El servidor público que en el desempeño de su empleo o cargo o comisión, indebidamente… efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades en las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte...”
Servidor público y contratista
El 16 de febrero pasado, Ana Lilia Pérez publicó en la revista Contralínea, que dirige Miguel Badillo, 10 contratos que Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V., firmó con Pemex-Refinación entre diciembre de 2000 y diciembre de 2004.
El domingo 24, Andrés Manuel López Obrador entregó a los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) un expediente con los contratos firmados por Mouriño. Cuatro días después el periódico El Universal publicó con detalles los documentos entregados a los coordinadores legislativos del PRD. Y en una primera declaración, el secretario de Gobernación dijo en Los Cabos, el 29 de febrero, que López Obrador, su acusador, era “mezquino y doloso”.
El pasado jueves 6, el secretario de Gobernación reconoció la existencia de dichos contratos, en los cuales él firma en su calidad de “apoderado legal” de la empresa familiar Ivancar.
De 1997 a 2000 Mouriño fue diputado local en el estado de Campeche, de 2000 a 2003 fue diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y del 16 de octubre de 2003 al 24 de marzo de 2004 fue “director general” en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía; su jefe era el secretario Felipe Calderón Hinojosa. Del 24 de marzo al 30 de septiembre de 2004, Mouriño se desempeñó como subsecretario de Electricidad en la misma dependencia.
Todos estos datos fueron aportados por él en sus declaraciones patrimoniales, que aparecen en la página electrónica de la Secretaría de la Función Pública.
El abogado Casas Lías explica que en el artículo 108 constitucional, título cuarto, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, “se considera como tales a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal”.
Eso significa que desde 1997 Juan Camilo Mouriño Terrazo ha sido funcionario público.
Y como se aprecia en el “convenio de prestación de servicios de transporte terrestre por autotanque para la aplicación de transporte dedicado” número GTT-00142-01/2004 –firmado el 29 de diciembre de 2003 y con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004–, Mouriño era “apoderado general” de Transportes Especializados Ivancar al mismo tiempo que “director general” en una subsecretaría de la Sener.
En todos los convenios firmados entre Ivancar y Pemex-Refinación aparece una declaración donde se establece que Juan Camilo Mouriño acreditó tener la personalidad jurídica desde 1998:
Acredita la personalidad y facultades del Sr. Juan Camilo Mouriño Terrazo, en su carácter de apoderado general, según testimonio de la escritura pública número 51, de fecha 7 de agosto de 1998, otorgada ante la fe Lic. Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero, Notario Público número 18 en Cd. de Campeche, Camp.; este testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a fojas 111 a 113 del tomo L-B libro III, 2 Auxiliar bajo el número 9,791, en Campeche, Camp., el 10 de agosto de 1998, manifestando bajo formal protesta de decir verdad que dicho mandato no le ha sido revocado ni modificado o limitado en forma alguna.
Para el abogado Casas Lías está claro que Camilo Mouriño ocupaba en esa época el cargo de apoderado legal y de servidor público a la vez.
Al firmar los convenios, añade, el funcionario no sólo violó el Código Penal Federal, sino también la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo 47 les impone la obligación de “salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”.
También violentó las fracciones I, XIII, XIV, XVI y XVIII del mismo artículo. La primera de ellas obliga a todo servidor público a “abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo”.
La fracción XIII dice que los servidores “deben excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas formen o hayan formado parte”.
Y la fracción XVI dice que el servidor público debe “desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sea para él o las personas a las que se refiere la fracción XIII”.
Casas Lías se detiene en la fracción XIV y la considera de suma importancia, ya que involucra también a Felipe Calderón, que cuando se firmó el referido convenio era jefe de Mouriño, ya que era titular de la Sener.
Ahí se indica que el involucrado, en este caso Mouriño Terrazo, debe “informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción (XIII) y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos”.
Explica que, al no rechazar el contrato por su condición de servidor público y contratista a la vez, Mouriño debió haberle informado a Felipe Calderón sobre la violación en que incurría. Calderón debió estar al tanto de sus actos. Sin embargo, en la entrevista que dio el jueves 6 a Joaquín López Dóriga, el secretario de Gobernación dijo que Calderón no tuvo conocimiento a detalle de su participación.
Justificación amañada
En los mismos convenios, Juan Camilo Mouriño manifiesta en la cláusula 11.7, “bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
Pero en esto mintió, según Casas Lías. Dicho artículo señala que se abstendrán de celebrar contratos las siguientes personas:
Fracción 1: “Aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas en que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes… o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate”.
Al declarar que no se encuentra en ningún supuesto del artículo 50, dice el abogado, el secretario de Gobernación tenía pleno conocimiento de que no debía participar en forma alguna en la formalización de dichos documentos. No obstante, lo hizo.
La situación se agrava porque todos los contratos entre la empresa familiar de Mouriño y Pemex-Refinación, en los que él firma como apoderado legal de Ivancar, fueron adjudicados de manera directa.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece en su artículo 26 que todas las adjudicaciones serán por “regla general” a través de licitaciones públicas, pero en casos excepcionales se harán de manera directa. Y fija una serie de condiciones para que ello suceda.
En los convenios, la subsidiaria de Pemex justifica la adjudicación directa en el artículo 41, fracción III, que se refiere a casos en que “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados”.
El abogado Casas Lías considera que “sería interesante saber cómo se justificó debidamente que provocaría pérdidas o costos adicionales a Pemex-Refinación si no se suscribieran los convenios con Ivancar, pues existe la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex, Clientes o Empresas Sustitutos A.C., que tienen más de 140 empresas que han dado ese servicio a la paraestatal”.
Adicionalmente, las adjudicaciones directas se justificaron, “según se desprende de la declaración 1.4 correspondiente a Pemex-Refinación, en un supuesto no previsto en la ley, como lo fue: ‘partiendo de la necesidad de Pemex-Refinación de cumplir con los programas normales y extraordinarios de transporte de productos de autotanque, coadyuvando en el abasto de productos en todo el territorio nacional’”.
La ley no marca ese supuesto como justificación para la adjudicación directa, refiere el abogado.
Complicidad
Los delitos penales y administrativos en que según el abogado Pablo Casas incurrió el secretario de Gobernación, involucran también a César Nava, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón.
Nava se desempeñó de octubre de 2001 a octubre de 2003 como abogado general de Pemex. Entre sus funciones estaba la labor de supervisión y por lo tanto “él debió verificar que en los contratos no se violaba ninguna ley”.
En el mismo caso de complicidad incurrió otro integrante del grupo compacto de Calderón: Manuel Minjares, quien durante la época en que se firmó el último convenio, el 29 de diciembre de 2003, era el oficial mayor de la Secretaría de Energía y tenía la responsabilidad de “verificar y realizar toda la contratación de bienes y servicios”, como lo establecen sus funciones, publicadas en la página electrónica de la secretaría.
Al igual que el exprocurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, Casas Lías considera que existen elementos suficientes para presentar una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, a la que el artículo 79 de la Constitución faculta para “investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el egreso, manejo y aplicación de fondos y recursos federales”.
Los convenios como objeto material son legales. Cualquier persona puede celebrar un contrato, el problema es el impedimento: que el contratista y el servidor público sean una misma persona. Entonces el contrato se convierte en indebido, porque quien interviene viola algunos preceptos, resume Casas.******
De acuerdo con un minucioso análisis jurídico, Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, confesó de hecho haber cometidos diversos delitos, al aceptar públicamente que firmó contratos con Pemex como representante legal de Ivancar, la empresa de su familia, al tiempo que se desempeñaba como servidor público. Por ellos, el hombre más estrechamente ligado al presidente Calderón podría ser sometido a juicio político y después juzgado penalmente.
Juan Camilo Mouriño Terrazo, al reconocer públicamente la veracidad de los contratos que su empresa familiar Ivancar estableció con Pemex-Refinación, aportó indicios suficientes para que sea juzgado por la violación de diversos delitos, entre ellos el “uso indebido de atribuciones y facultades”, pues contrató servicios al gobierno mientras se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Energía (Sener).
Pablo Casas Lías, abogado especialista en derecho penal y administrativo, llegó a esas conclusiones tras analizar los contratos entre Pemex-Refinación y Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V., que el actual secretario de Gobernación firmó como apoderado legal de la empresa de su familia.
Lo importante, aclara, no es determinar si su conducta en los contratos fue “legal y ética”, como aseguró Juan Camilo Mouriño al acudir al noticiario de Joaquín López Dóriga en Televisa la noche del jueves 6, sino que “aceptó la veracidad de los documentos y, además, que quien firmó los contratos como responsable de la empresa es a la vez un servidor público y como tal está impedido. Al hacerlo violó disposiciones administrativas y penales por las cuales debe ser juzgado”.
Consultado aparte, Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal de la Federación, explica que “el reconocimiento de la existencia de los contratos es un indicio o supuesto tal que hace susceptible de análisis político a las cámaras (de Diputados y Senadores) para ver si van a sujetar al funcionario a la justicia federal, es decir, para que un juez determine si hay delito. Pero antes tiene que darse un desafuero”.
Pulcro en su declaración, Reyes Orona precisa: “La responsabilidad de las cámaras es tramitar y desahogar el proceso previsto en el artículo 110 de la Constitución (juicio político), a efecto de verificar si el funcionario contratante involucrado ha incurrido o no en responsabilidad penal o administrativa. El punto es que el requisito previo es quitarle la protección constitucional al funcionario involucrado (Juan Camilo Mouriño). La autoridad judicial es la que tiene que decir si fue indebido o no, y para eso se le debe quitar la protección constitucional”.
El fundador de Casa Lías Abogados fue asesor de la segunda comisión investigadora que se formó en la Cámara de Diputados para investigar el presunto tráfico de influencias de los Bribiesca Sahagún.
En el caso de Mouriño, coincide en que hay indicios suficientes para que las cámaras lo sometan a juicio político.
Aunque puntualiza que es un juez quien debe determinarlo, desde su punto de vista incurrió en varios delitos, como el “ejercicio indebido de atribuciones y facultades”.
Para sustentar su declaración se remite al Código Penal Federal, que en su artículo 217, fracción I, inciso D, establece: “Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor que indebidamente otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económico públicos”.
Además está la fracción II, la cual señala que incurre en el uso indebido de atribuciones “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas”.
De acuerdo con ese mismo artículo, cuando el monto de la operación exceda del equivalente de 500 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, “se impondrá de dos años a 12 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Y en este caso está Mouriño, dice Casas.
Incluso, afirma, el secretario de Gobernación también incurrió en una falta al artículo 220 del mismo código, que define el “ejercicio abusivo de funciones”:
“Mouriño cae en el supuesto de la fracción I, que dice: ‘El servidor público que en el desempeño de su empleo o cargo o comisión, indebidamente… efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades en las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte...”
Servidor público y contratista
El 16 de febrero pasado, Ana Lilia Pérez publicó en la revista Contralínea, que dirige Miguel Badillo, 10 contratos que Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V., firmó con Pemex-Refinación entre diciembre de 2000 y diciembre de 2004.
El domingo 24, Andrés Manuel López Obrador entregó a los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) un expediente con los contratos firmados por Mouriño. Cuatro días después el periódico El Universal publicó con detalles los documentos entregados a los coordinadores legislativos del PRD. Y en una primera declaración, el secretario de Gobernación dijo en Los Cabos, el 29 de febrero, que López Obrador, su acusador, era “mezquino y doloso”.
El pasado jueves 6, el secretario de Gobernación reconoció la existencia de dichos contratos, en los cuales él firma en su calidad de “apoderado legal” de la empresa familiar Ivancar.
De 1997 a 2000 Mouriño fue diputado local en el estado de Campeche, de 2000 a 2003 fue diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y del 16 de octubre de 2003 al 24 de marzo de 2004 fue “director general” en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía; su jefe era el secretario Felipe Calderón Hinojosa. Del 24 de marzo al 30 de septiembre de 2004, Mouriño se desempeñó como subsecretario de Electricidad en la misma dependencia.
Todos estos datos fueron aportados por él en sus declaraciones patrimoniales, que aparecen en la página electrónica de la Secretaría de la Función Pública.
El abogado Casas Lías explica que en el artículo 108 constitucional, título cuarto, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, “se considera como tales a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal”.
Eso significa que desde 1997 Juan Camilo Mouriño Terrazo ha sido funcionario público.
Y como se aprecia en el “convenio de prestación de servicios de transporte terrestre por autotanque para la aplicación de transporte dedicado” número GTT-00142-01/2004 –firmado el 29 de diciembre de 2003 y con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004–, Mouriño era “apoderado general” de Transportes Especializados Ivancar al mismo tiempo que “director general” en una subsecretaría de la Sener.
En todos los convenios firmados entre Ivancar y Pemex-Refinación aparece una declaración donde se establece que Juan Camilo Mouriño acreditó tener la personalidad jurídica desde 1998:
Acredita la personalidad y facultades del Sr. Juan Camilo Mouriño Terrazo, en su carácter de apoderado general, según testimonio de la escritura pública número 51, de fecha 7 de agosto de 1998, otorgada ante la fe Lic. Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero, Notario Público número 18 en Cd. de Campeche, Camp.; este testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a fojas 111 a 113 del tomo L-B libro III, 2 Auxiliar bajo el número 9,791, en Campeche, Camp., el 10 de agosto de 1998, manifestando bajo formal protesta de decir verdad que dicho mandato no le ha sido revocado ni modificado o limitado en forma alguna.
Para el abogado Casas Lías está claro que Camilo Mouriño ocupaba en esa época el cargo de apoderado legal y de servidor público a la vez.
Al firmar los convenios, añade, el funcionario no sólo violó el Código Penal Federal, sino también la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo 47 les impone la obligación de “salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”.
También violentó las fracciones I, XIII, XIV, XVI y XVIII del mismo artículo. La primera de ellas obliga a todo servidor público a “abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo”.
La fracción XIII dice que los servidores “deben excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas formen o hayan formado parte”.
Y la fracción XVI dice que el servidor público debe “desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sea para él o las personas a las que se refiere la fracción XIII”.
Casas Lías se detiene en la fracción XIV y la considera de suma importancia, ya que involucra también a Felipe Calderón, que cuando se firmó el referido convenio era jefe de Mouriño, ya que era titular de la Sener.
Ahí se indica que el involucrado, en este caso Mouriño Terrazo, debe “informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción (XIII) y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos”.
Explica que, al no rechazar el contrato por su condición de servidor público y contratista a la vez, Mouriño debió haberle informado a Felipe Calderón sobre la violación en que incurría. Calderón debió estar al tanto de sus actos. Sin embargo, en la entrevista que dio el jueves 6 a Joaquín López Dóriga, el secretario de Gobernación dijo que Calderón no tuvo conocimiento a detalle de su participación.
Justificación amañada
En los mismos convenios, Juan Camilo Mouriño manifiesta en la cláusula 11.7, “bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
Pero en esto mintió, según Casas Lías. Dicho artículo señala que se abstendrán de celebrar contratos las siguientes personas:
Fracción 1: “Aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas en que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes… o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate”.
Al declarar que no se encuentra en ningún supuesto del artículo 50, dice el abogado, el secretario de Gobernación tenía pleno conocimiento de que no debía participar en forma alguna en la formalización de dichos documentos. No obstante, lo hizo.
La situación se agrava porque todos los contratos entre la empresa familiar de Mouriño y Pemex-Refinación, en los que él firma como apoderado legal de Ivancar, fueron adjudicados de manera directa.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece en su artículo 26 que todas las adjudicaciones serán por “regla general” a través de licitaciones públicas, pero en casos excepcionales se harán de manera directa. Y fija una serie de condiciones para que ello suceda.
En los convenios, la subsidiaria de Pemex justifica la adjudicación directa en el artículo 41, fracción III, que se refiere a casos en que “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados”.
El abogado Casas Lías considera que “sería interesante saber cómo se justificó debidamente que provocaría pérdidas o costos adicionales a Pemex-Refinación si no se suscribieran los convenios con Ivancar, pues existe la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex, Clientes o Empresas Sustitutos A.C., que tienen más de 140 empresas que han dado ese servicio a la paraestatal”.
Adicionalmente, las adjudicaciones directas se justificaron, “según se desprende de la declaración 1.4 correspondiente a Pemex-Refinación, en un supuesto no previsto en la ley, como lo fue: ‘partiendo de la necesidad de Pemex-Refinación de cumplir con los programas normales y extraordinarios de transporte de productos de autotanque, coadyuvando en el abasto de productos en todo el territorio nacional’”.
La ley no marca ese supuesto como justificación para la adjudicación directa, refiere el abogado.
Complicidad
Los delitos penales y administrativos en que según el abogado Pablo Casas incurrió el secretario de Gobernación, involucran también a César Nava, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón.
Nava se desempeñó de octubre de 2001 a octubre de 2003 como abogado general de Pemex. Entre sus funciones estaba la labor de supervisión y por lo tanto “él debió verificar que en los contratos no se violaba ninguna ley”.
En el mismo caso de complicidad incurrió otro integrante del grupo compacto de Calderón: Manuel Minjares, quien durante la época en que se firmó el último convenio, el 29 de diciembre de 2003, era el oficial mayor de la Secretaría de Energía y tenía la responsabilidad de “verificar y realizar toda la contratación de bienes y servicios”, como lo establecen sus funciones, publicadas en la página electrónica de la secretaría.
Al igual que el exprocurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, Casas Lías considera que existen elementos suficientes para presentar una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, a la que el artículo 79 de la Constitución faculta para “investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el egreso, manejo y aplicación de fondos y recursos federales”.
Los convenios como objeto material son legales. Cualquier persona puede celebrar un contrato, el problema es el impedimento: que el contratista y el servidor público sean una misma persona. Entonces el contrato se convierte en indebido, porque quien interviene viola algunos preceptos, resume Casas.******
Compraventa de impunidades
Jenaro Villamil, reportero
Jenaro Villamil, reportero
Revista Proceso,
En menos de 48 horas, los coordinadores legislativos del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, y en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, pasaron del amago y la posible alianza con el PRD para formar una comisión investigadora en torno del caso del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, a descartar esa posibilidad con el argumento de que no existen bases legales para tal comisión.
“No somos Ministerio Público ni la procuraduría”, coincidieron en declarar Beltrones, Gamboa Patrón y Santiago Creel –éste último coordinador de la bancada del PAN y presidente del Senado– para rechazar la comisión investigadora el jueves 6 de marzo.
Apenas dos días antes, en entrevista con Carlos Loret de Mola, conductor de Primero noticias, Beltrones advirtió que tanto Mouriño como el presidente de la República debían explicar el escándalo sobre los permisos otorgados por el actual secretario de Gobernación.
“Yo creo que el presidente es su jefe (de Mouriño); el presidente lo nombró; cree en él; le dio toda su confianza. ¿Estos documentos que aparecieron no son creíbles para el presidente? ¿Son de desecharse? Que se desechen, pero que los deseche el presidente”, desafió Beltrones.
–¿Esto puede llevar a la renuncia del secretario de Gobernación? –le cuestionó Loret de Mola.
–Si fuera un asunto grave y fuera cierto lo que se dice, sí. Si no es cierto lo que se dice, pues no tiene ningún objetivo seguir con un falso debate que nos quita mucho tiempo, y mejor debemos dedicarnos a trabajar y a ver si construimos más acuerdos para beneficio del país –respondió Beltrones.
Ese mismo martes 4 de marzo, para sorpresa de los panistas, la fracción del PRI apoyó la propuesta del senador Carlos Navarrete, coordinador del PRD, en el sentido de integrar en el Senado una comisión investigadora, en los términos de los artículos 93 de la Constitución y 41 de la Ley Orgánica del Congreso. La propuesta fue apoyada también por Convergencia y el Partido del Trabajo.
En paralelo, en la Cámara de Diputados el PRD aceptó la condición del PAN para que se formaran dos comisiones investigadoras: una sobre el caso de Mouriño y otra que indagara el presunto desvío de recursos del jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, hacia la campaña de Alejandro Encinas en busca de la dirigencia perredista.
El coordinador de los priistas en San Lázaro, Emilio Gamboa, rechazó sumarse a la propuesta del PRD, pero un grupo de diputados, encabezados por Beatriz Pagés, declararon que Mouriño ya no era un interlocutor válido.
La posición de Beltrones cambió el jueves 6 de marzo, el mismo día que sostuvo una reunión vespertina con Mouriño en sus oficinas de Bucareli, en tanto que Navarrete denunció en tribuna que existía una “maniobra política” de Los Pinos y de la Secretaría de Gobernación para apuntalar al cuestionado funcionario.
Beltrones afirmó antes de que comenzara la sesión ordinaria de ese día que “varios miembros” de la Junta de Coordinación Política, que él preside, consideraban que “no existe fundamento legal” para formar la comisión investigadora.
Inclusive sugirió que si a él le hubiera correspondido interponer una denuncia contra Mouriño, “hubiese acudido a la Procuraduría General de la República o a la Secretaría de la Función Pública y exigido que se hiciera una investigación a profundidad.
“Nosotros no somos el Ministerio Público ni la Procuraduría. Nosotros no somos la Auditoría Superior de la Federación”, señaló Beltrones.
A las 19:00 horas, después de sostener su reunión con Mouriño en Bucareli, Beltrones advirtió que la denuncia contra el titular de Gobernación por tráfico de influencias no sería “moneda de cambio” para aprobar la reforma energética de Calderón, además de que el Congreso necesitaba “evitar linchamientos anticipados o exoneraciones que no caben”.
La comisión investigadora que dos días antes apoyó el PRI en el Senado estaba herida de muerte. Sin los votos de esa fracción, no se alcanza la mayoría necesaria.
Emilio Gamboa Patrón se mofó en la Cámara de Diputados de la propuesta de punto de acuerdo para crear una comisión investigadora: “¿Saben qué representa eso? Que nos lleguen 55 mil cajas de documentos; no vamos a tener capacidad para investigar nada”.
Tranquilo porque el PRI bloqueó la comisión investigadora en el Congreso, Mouriño apareció la noche del jueves en una entrevista extensa en El Noticiero, conducido por Joaquín López Dóriga. Aceptó haber firmado los contratos y descartó renunciar a su cargo. Dos días antes, la oficina de Comunicación de la Secretaría de Gobernación rechazó la invitación para que Mouriño apareciera en una entrevista con Denise Maerker en Canal 2.
Las circunstancias a partir de ese jueves eran diferentes. El PRI ya había negociado su cambio de posición frente al secretario confeso de haber firmado contratos en beneficio de las empresas de su familia mientras cumplía funciones en el servicio público… ****
“No somos Ministerio Público ni la procuraduría”, coincidieron en declarar Beltrones, Gamboa Patrón y Santiago Creel –éste último coordinador de la bancada del PAN y presidente del Senado– para rechazar la comisión investigadora el jueves 6 de marzo.
Apenas dos días antes, en entrevista con Carlos Loret de Mola, conductor de Primero noticias, Beltrones advirtió que tanto Mouriño como el presidente de la República debían explicar el escándalo sobre los permisos otorgados por el actual secretario de Gobernación.
“Yo creo que el presidente es su jefe (de Mouriño); el presidente lo nombró; cree en él; le dio toda su confianza. ¿Estos documentos que aparecieron no son creíbles para el presidente? ¿Son de desecharse? Que se desechen, pero que los deseche el presidente”, desafió Beltrones.
–¿Esto puede llevar a la renuncia del secretario de Gobernación? –le cuestionó Loret de Mola.
–Si fuera un asunto grave y fuera cierto lo que se dice, sí. Si no es cierto lo que se dice, pues no tiene ningún objetivo seguir con un falso debate que nos quita mucho tiempo, y mejor debemos dedicarnos a trabajar y a ver si construimos más acuerdos para beneficio del país –respondió Beltrones.
Ese mismo martes 4 de marzo, para sorpresa de los panistas, la fracción del PRI apoyó la propuesta del senador Carlos Navarrete, coordinador del PRD, en el sentido de integrar en el Senado una comisión investigadora, en los términos de los artículos 93 de la Constitución y 41 de la Ley Orgánica del Congreso. La propuesta fue apoyada también por Convergencia y el Partido del Trabajo.
En paralelo, en la Cámara de Diputados el PRD aceptó la condición del PAN para que se formaran dos comisiones investigadoras: una sobre el caso de Mouriño y otra que indagara el presunto desvío de recursos del jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, hacia la campaña de Alejandro Encinas en busca de la dirigencia perredista.
El coordinador de los priistas en San Lázaro, Emilio Gamboa, rechazó sumarse a la propuesta del PRD, pero un grupo de diputados, encabezados por Beatriz Pagés, declararon que Mouriño ya no era un interlocutor válido.
La posición de Beltrones cambió el jueves 6 de marzo, el mismo día que sostuvo una reunión vespertina con Mouriño en sus oficinas de Bucareli, en tanto que Navarrete denunció en tribuna que existía una “maniobra política” de Los Pinos y de la Secretaría de Gobernación para apuntalar al cuestionado funcionario.
Beltrones afirmó antes de que comenzara la sesión ordinaria de ese día que “varios miembros” de la Junta de Coordinación Política, que él preside, consideraban que “no existe fundamento legal” para formar la comisión investigadora.
Inclusive sugirió que si a él le hubiera correspondido interponer una denuncia contra Mouriño, “hubiese acudido a la Procuraduría General de la República o a la Secretaría de la Función Pública y exigido que se hiciera una investigación a profundidad.
“Nosotros no somos el Ministerio Público ni la Procuraduría. Nosotros no somos la Auditoría Superior de la Federación”, señaló Beltrones.
A las 19:00 horas, después de sostener su reunión con Mouriño en Bucareli, Beltrones advirtió que la denuncia contra el titular de Gobernación por tráfico de influencias no sería “moneda de cambio” para aprobar la reforma energética de Calderón, además de que el Congreso necesitaba “evitar linchamientos anticipados o exoneraciones que no caben”.
La comisión investigadora que dos días antes apoyó el PRI en el Senado estaba herida de muerte. Sin los votos de esa fracción, no se alcanza la mayoría necesaria.
Emilio Gamboa Patrón se mofó en la Cámara de Diputados de la propuesta de punto de acuerdo para crear una comisión investigadora: “¿Saben qué representa eso? Que nos lleguen 55 mil cajas de documentos; no vamos a tener capacidad para investigar nada”.
Tranquilo porque el PRI bloqueó la comisión investigadora en el Congreso, Mouriño apareció la noche del jueves en una entrevista extensa en El Noticiero, conducido por Joaquín López Dóriga. Aceptó haber firmado los contratos y descartó renunciar a su cargo. Dos días antes, la oficina de Comunicación de la Secretaría de Gobernación rechazó la invitación para que Mouriño apareciera en una entrevista con Denise Maerker en Canal 2.
Las circunstancias a partir de ese jueves eran diferentes. El PRI ya había negociado su cambio de posición frente al secretario confeso de haber firmado contratos en beneficio de las empresas de su familia mientras cumplía funciones en el servicio público… ****
Chicos poderosos
Álvaro Delgado, reportero.
La actuación de Juan Camilo Mouriño a lo largo de su corta carrera política acusa un estilo que los panistas consideraban ajeno a ellos: la prebenda, el uso del cargo público con fines mercantilistas, la compra de voluntades... Se trata de un proceder que, por cierto, es ya la marca distintiva del actual secretario de Gobernación, pero también de los chicos poderosos con los que se agrupa.
Pocos días antes de la toma de posesión de Felipe Calderón, del 1 de diciembre de 2006, Juan Camilo Mouriño Terrazo, todavía coordinador del equipo de transición y perfilado ya como el personaje más influyente del nuevo gobierno, le propuso a Manuel Espino un trueque: Dejar la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN) a cambio de una embajada.
La propuesta la formuló Mouriño en una reunión con Espino y con Enrique Navarro, secretario de Fortalecimiento Interno del CEN del PAN, a quienes les advirtió también que el plan de Calderón era tomar el control de su partido. “Vamos por la mayoría del Consejo Nacional y es muy sencillo: A los que no estén con nosotros los vamos a convencer, ofreciéndoles puestos en el gobierno”, les anticipó.
Así fue: Mediante la operación política orquestada por Mouriño, que supuso compra de lealtades con chambas para consejeros nacionales y la integración de un expediente elaborado por Genaro García Luna, Espino optó por ni siquiera inscribirse para la reelección y, candidato único, Germán Martínez fue ungido, en diciembre de 2007, como presidente del PAN.
Uno de los testigos de la operación de Mouriño fue el exsenador y actual diputado federal Jorge Nordhousen, quien aseguró que Calderón “compró conciencias a través de su operador Juan Camilo”, como ocurrió en la casa de éste, en Campeche, el 27 de abril, previo a la celebración del consejo estatal
“Sus palabras textuales fueron: ‘Tengo 40 subdelegaciones, con sueldos de 20 mil a 45 mil pesos mensuales, pero nosotros vamos a ganar el consejo estatal y el consejo nacional”, aseguró Nordhausen, quien acusó: “Mouriño tiene un poder discrecional para repartir del botín, aunque los designados no den el perfil.”
Por eso ahora Martínez, en la defensa que de Mouriño hace desde la dirigencia del PAN, corresponde al favor del secretario de Gobernación confeso de gestionar como servidor público millonarios contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para Ivancar, S.A. de C.V., una de las 80 empresas del Grupo Energético del Sureste (GES), el emporio familiar asentado en Campeche y del que fue director de finanzas y gerente administrativo.
Se trata, sin embargo, de una línea establecida por el propio Calderón, quien encabeza a un grupo que se protege desde que él presidió el PAN (entre 1996 y 1999), coordinó el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados (2000-2003), dirigió Banobras (2003) y encabezó la Secretaría de Energía (hasta junio de 2004), y que se hace llamar la nueva clase política.
Por eso en su abierta defensa de Mouriño –quien sólo hasta después de una reunión con los coordinadores parlamentarios panistas, Santiago Creel y Héctor Larios, y una reunión con el priista Manlio Fabio Beltrones, una semana después reconoció la autenticidad de los documentos exhibidos por el líder opositor Andrés Manuel López Obrador–, Martínez exaltó su estatura moral y lo colocó a nivel de estadista:
“Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad... ¡Eso representa Juan Camilo Mouriño!”
Así, en su breve gestión, Martínez ha sido consecuente con la entrega del PAN a su jefe máximo –“¡este es su partido, presidente Felipe Calderón!”– y ha continuado con el sello que caracterizó su paso –de nueve meses– como secretario de la Función Pública, un trámite para su llegada a la presidencia de su partido: La defensa de la impunidad.
Antes de la toma de posesión de Calderón, cuando se perfilaba para ser el secretario encargado del combate a la corrupción, Martínez declaró al reportero que Vicente Fox era un hombre honesto, como lo fue todo su gobierno.
–¿No hay ningún acto de corrupción que pueda ser sancionado por el gobierno de Calderón?
–¡Metería las manos al fuego por Vicente Fox!
–¿Y por su mujer (Marta Sahagún)?
–Yo sólo meto las manos al fuego por la honestidad de Vicente Fox Quesada.
Con esa acotación, Martínez sugería que Sahagún y sus parientes no gozarían de impunidad, pero como secretario de la Función Pública ocultó inclusive el carpetazo que la Procuraduría General de la República hizo del expediente de los hermanos Bribiesca.
Cuando estalló el escándalo de la riqueza de Fox, con fotografías del lujo en su rancho publicadas en la revista Quién, en agosto de 2007, Martínez recibió la orden de Calderón de apresurar su renuncia para hacerse cargo del PAN, estrategia en la que ya trabajaba Mouriño, también por órdenes del jefe de ambos.
En conversación con el reportero antes de su renuncia, en julio, Martínez aceptó que buscaría presidir el PAN sólo si Calderón lo disponía, una posición idéntica a la de César Nava Vázquez, secretario particular, quien adujo su pertenencia a un equipo para justificar el acatamiento de la instrucción del Ejecutivo.
–Es lo que decían los presidentes priistas y que ustedes, en el PAN, tanto criticaron.
–Se equivocó el panismo.
Grupo compacto
Aunque prevalece una rivalidad en la carrera por la candidatura presidencial del PAN en 2012, Mouriño y Martínez forman parte del rebaño que en ese partido fue integrando Calderón desde que lo presidió –entre 1996 y 1999– y que, en el año 2000, robusteció como coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados.
Los contratos de Pemex a Ivancar, S.A. de C.V., se firmaron y tuvieron vigencia en el período que va de diciembre de 2000 a diciembre de 2004, cuyos montos mínimos son de 3 millones de pesos y máximos de 8 millones 300 mil pesos.
El primer contrato se firma en diciembre de 2000, cuando Mouriño presidía la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, cargo que le encomendó Calderón como coordinador del grupo parlamentario del PAN. Calderón brinca a la Secretaría de Energía y se lo lleva consigo como director general adscrito a la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico, y en ese carácter firma otro contrato el 29 de diciembre de 2003.
Uno de los contratos otorgados por Pemex, vía adjudicación directa, fue firmado por Jesús Villarreal Gallegos, gerente de Transporte Terrestre de Pemex-Refinación, y por José Antonio Prado Carranza, gerente Jurídico de Convenios y Contratos de la oficina central de Pemex.
El entonces jefe de Prado Carranza es un amigo suyo de la misma edad y con quien fue condiscípulo en la carrera de derecho de la Universidad Panamericana, César Nava Vázquez, abogado general de Pemex y quien fue también compañero de Mouriño como diputado federal hasta que –por un problema con una legisladora– fue colocado por Calderón en la Secretaría de Desarrollo Social, como coordinador de asesores de Josefina Vázquez Mota –de junio a octubre de 2001–, y luego en la paraestatal.
Nava Vázquez estuvo como abogado general de Pemex hasta octubre de 2003 y fue jefe de Prado Carranza –quien actualmente está al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que dirige Luis de Pablo– cuando Fox designó a Calderón secretario de Energía. Vázquez lo llamó para hacerse cargo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en cuya secretaría se reencuentra con Mouriño, primero director general y después subsecretario de Electricidad.
Justamente en la Secretaría de Energía se dio cabida al grupo que rodea a Calderón desde que era presidente del PAN: Además de Mouriño, quien lo sedujo por su juventud cuando lo conoció en Campeche –en 1996– y Nava Vázquez, quien fue director jurídico del CEN, estaban Ernesto Cordero Arroyo, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico; Jordi Herrera Flores, actual subsecretario de Planeación, y Manuel Minjares Jiménez, oficial mayor.
Cordero y Minjares estuvieron al lado de Calderón cuando, en 2003, Fox lo designó director general de Banobras y de inmediato se autorizó, ilegalmente, un crédito del que desistió tras el escándalo; quien se quedó con él fue Minjares, actual coordinador de asesores de Agustín Carstens, secretario de Hacienda.
Otros personajes que gravitan en torno de Calderón es el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, expriista michoacano que ha impuesto a su gestión la misma línea de su antecesor, Germán Martínez: La impunidad en la corrupción pública y privada, como es el caso de los contratos de Pemex a Ivancar, la empresa de los Mouriño.
Los millones de Mouriño
La defensa del secretario de Gobernación ante la contundencia de los documentos que apuntan hacia la comisión de diversos delitos de carácter penal, que él niega, ha sido débil: Su primera reacción fue cuatro días después de que López Obrador lo acusó de traficante de influencias, pero sólo hasta que tres contratos fueron publicados por el diario El Universal –los que ya había dado a conocer la revista Contralínea–, emitió una posición.
Según él, hacia finales de 2003, al entrar en la administración pública, en la Secretaría de Energía, decidió tomar la decisión “más importante” de su vida: dedicarse “por completo al servicio público”, y renunció a todas las cerca de 80 empresas” del Grupo Energético del Sureste (GES).
Sus ingresos, entonces, sólo fueron los que obtenía como servidor público, primero asesor y luego subsecretario, que lo fue hasta julio de 2004, cuando Fox corrió a Calderón de la Secretaría de Energía.
En junio de 2003, tres meses antes de que sólo obtuviera los ingresos como servidor público, los bienes de Mouriño ascendían a poco más de 6 millones de pesos, según su primera declaración patrimonial presentada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuando ingresó a la Secretaría de Energía.
Salvo una inversión de 25 mil euros, equivalentes a aproximadamente 400 mil pesos mexicanos, Mouriño no reportó ninguna variación en su fortuna en 2004.
Desde entonces, no existe información oficial de la fortuna del secretario de Gobernación, debido a que “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, según la declaración que presentó ante la SFP primero como coordinador del equipo de transición –en el que cobró 131 mil pesos brutos al mes– y después como jefe de la Oficina de la Presidencia, con un sueldo mensual de 205 mil pesos, el mismo que recibe como secretario de Gobernación.
Sin embargo, de acuerdo con documentos obtenidos por Proceso, en noviembre de 2004, después de que en junio renunció junto con Calderón a su cargo en la Secretaría de Energía, Mouriño se compró un departamento en las Lomas de Chapultepec, a un precio de 6 millones de pesos.
En la firma del contrato con la familia Cababie, que le vendió el departamento A-1102 de la calle Sierra Gorda 15, Mouriño se presentó como “empleado federal”, aunque ya no lo era, y pagó 2.5 millones de pesos en efectivo y 3.5 millones de pesos de un crédito que le otorgó Scotiabank Inverlat.
La fortuna de Mouriño, clasificada como secreta por él mismo y hasta donde es posible saber, está integrada por bienes muebles e inmuebles, automóviles, joyas y obras de arte, según él mismo lo informó a la SFP.
Por ejemplo, en su declaración de 2003, dijo tener joyas y obras de arte por 260 mil pesos, 220 mil de los cuales fueron “regalos recibidos” y el resto pagados por él al “contado, mientras que el costo de los muebles de sus casas ascendieron a 200 mil pesos, 170 mil –declaró– resultado de “regalos recibidos”.
También recibió en donación en el 2003 –no dice de quién, porque la ley no lo obliga– una casa, en Campeche, con valor de 2 millones 124 mil pesos, y otra de 350 mil pesos que pagó de contado, en 1997.
Hasta el 2003, dijo ser propietario de una camioneta Grand Cherokee, modelo 1999, con valor de 230 mil pesos, y en diciembre de ese año se compró un automóvil BMW, modelo 2004, con valor de 655 mil pesos.
Antes y después de dedicarse a la política, a partir de 1997, Mouriño Terrazo obtenía sus principales ingresos del Grupo Energético del Sureste (GES), el negocio familiar instalado en Campeche, del que fue director de finanzas y gerente administrativo, encargado, según describió él mismo, de la “revisión y supervisión de la información financiera” y de “optimizar los recursos monetarios de la empresa”.
Por ejemplo, como servidor público en la Secretaría de Energía dijo tener un sueldo mensual de 86 mil pesos, pero declaró recibir otros 100 mil pesos, también mensualmente, de otras actividades que, junto con los 5 mil pesos de intereses de sus cuentas bancarias, acumuló un ingreso mensual de 191 mil pesos en junio de 2003.
Para esa fecha, su patrimonio en cinco cuentas bancarias ascendía a 3 millones 284 mil pesos, cuyo principal monto –1 millón 679 mil pesos– lo identificó como de “organizaciones privadas”; el resto eran cuentas separadas de diversas cantidades: Dos mil 500, 99 mil 211, 3 mil 376, 276 pesos, y la mayor, que ascendía a 500 mil, todas en pesos mexicanos.
Las deudas que Mouriño tenía para el 2003, según la información que “fue capturada directamente por el servidor público”, eran de risa: apenas 9 mil 850 pesos de su tarjeta de crédito.
En conjunto, Mouriño disponía, todavía hasta el 2004, de una fortuna de 6 millones 178 mil pesos, entre cuentas bancarias, casas, muebles, joyas y obras de arte, y a partir del siguiente año su patrimonio se amplió con la adquisición del departamento de Lomas de Chapultepec, que costó otros 6 millones de pesos.
Si bien contrajo un crédito para adquirir ese bien inmueble, a una tasa variable y a liquidar a 15 años, en el 2006 la suerte le cambió: No sólo porque Calderón fue electo ganador de las elecciones presidenciales por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en septiembre, sino porque dos meses después, el 24 de noviembre –una semana antes de la toma de posesión – el banco le dio una gran noticia:
Scotiabank Inverlat lo invitó a firmar un “convenio modificatorio” para pagar los 3 millones 346 mil pesos que debía en un plazo de 10 años y con una tasa de interés anualizada “del once punto cincuenta y ocho por ciento a partir de la firma del presente instrumento y hasta el pago total del adeudo”…
Menos afortunados en asuntos de negocios, como Mouriño, Germán Martínez y César Nava al menos lo han imitado en algo: Después de las elecciones, y ya con la garantía de seguir devengando altos sueldos, decidieron comprar su respectiva casa.
El presidente del PAN la compró con un crédito que obtuvo el 15 de diciembre de 2006, y Nava lo hizo el 12 de septiembre –una semana después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligió a Calderón como ganador de las elecciones–, aunque su préstamo ascendió a 3 millones 100 mil pesos.
Mouriño inamovible
Miguel Ángel Granados Chapa, columnista.
Revista Proceso,
Álvaro Delgado, reportero.
La actuación de Juan Camilo Mouriño a lo largo de su corta carrera política acusa un estilo que los panistas consideraban ajeno a ellos: la prebenda, el uso del cargo público con fines mercantilistas, la compra de voluntades... Se trata de un proceder que, por cierto, es ya la marca distintiva del actual secretario de Gobernación, pero también de los chicos poderosos con los que se agrupa.
Pocos días antes de la toma de posesión de Felipe Calderón, del 1 de diciembre de 2006, Juan Camilo Mouriño Terrazo, todavía coordinador del equipo de transición y perfilado ya como el personaje más influyente del nuevo gobierno, le propuso a Manuel Espino un trueque: Dejar la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN) a cambio de una embajada.
La propuesta la formuló Mouriño en una reunión con Espino y con Enrique Navarro, secretario de Fortalecimiento Interno del CEN del PAN, a quienes les advirtió también que el plan de Calderón era tomar el control de su partido. “Vamos por la mayoría del Consejo Nacional y es muy sencillo: A los que no estén con nosotros los vamos a convencer, ofreciéndoles puestos en el gobierno”, les anticipó.
Así fue: Mediante la operación política orquestada por Mouriño, que supuso compra de lealtades con chambas para consejeros nacionales y la integración de un expediente elaborado por Genaro García Luna, Espino optó por ni siquiera inscribirse para la reelección y, candidato único, Germán Martínez fue ungido, en diciembre de 2007, como presidente del PAN.
Uno de los testigos de la operación de Mouriño fue el exsenador y actual diputado federal Jorge Nordhousen, quien aseguró que Calderón “compró conciencias a través de su operador Juan Camilo”, como ocurrió en la casa de éste, en Campeche, el 27 de abril, previo a la celebración del consejo estatal
“Sus palabras textuales fueron: ‘Tengo 40 subdelegaciones, con sueldos de 20 mil a 45 mil pesos mensuales, pero nosotros vamos a ganar el consejo estatal y el consejo nacional”, aseguró Nordhausen, quien acusó: “Mouriño tiene un poder discrecional para repartir del botín, aunque los designados no den el perfil.”
Por eso ahora Martínez, en la defensa que de Mouriño hace desde la dirigencia del PAN, corresponde al favor del secretario de Gobernación confeso de gestionar como servidor público millonarios contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para Ivancar, S.A. de C.V., una de las 80 empresas del Grupo Energético del Sureste (GES), el emporio familiar asentado en Campeche y del que fue director de finanzas y gerente administrativo.
Se trata, sin embargo, de una línea establecida por el propio Calderón, quien encabeza a un grupo que se protege desde que él presidió el PAN (entre 1996 y 1999), coordinó el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados (2000-2003), dirigió Banobras (2003) y encabezó la Secretaría de Energía (hasta junio de 2004), y que se hace llamar la nueva clase política.
Por eso en su abierta defensa de Mouriño –quien sólo hasta después de una reunión con los coordinadores parlamentarios panistas, Santiago Creel y Héctor Larios, y una reunión con el priista Manlio Fabio Beltrones, una semana después reconoció la autenticidad de los documentos exhibidos por el líder opositor Andrés Manuel López Obrador–, Martínez exaltó su estatura moral y lo colocó a nivel de estadista:
“Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad... ¡Eso representa Juan Camilo Mouriño!”
Así, en su breve gestión, Martínez ha sido consecuente con la entrega del PAN a su jefe máximo –“¡este es su partido, presidente Felipe Calderón!”– y ha continuado con el sello que caracterizó su paso –de nueve meses– como secretario de la Función Pública, un trámite para su llegada a la presidencia de su partido: La defensa de la impunidad.
Antes de la toma de posesión de Calderón, cuando se perfilaba para ser el secretario encargado del combate a la corrupción, Martínez declaró al reportero que Vicente Fox era un hombre honesto, como lo fue todo su gobierno.
–¿No hay ningún acto de corrupción que pueda ser sancionado por el gobierno de Calderón?
–¡Metería las manos al fuego por Vicente Fox!
–¿Y por su mujer (Marta Sahagún)?
–Yo sólo meto las manos al fuego por la honestidad de Vicente Fox Quesada.
Con esa acotación, Martínez sugería que Sahagún y sus parientes no gozarían de impunidad, pero como secretario de la Función Pública ocultó inclusive el carpetazo que la Procuraduría General de la República hizo del expediente de los hermanos Bribiesca.
Cuando estalló el escándalo de la riqueza de Fox, con fotografías del lujo en su rancho publicadas en la revista Quién, en agosto de 2007, Martínez recibió la orden de Calderón de apresurar su renuncia para hacerse cargo del PAN, estrategia en la que ya trabajaba Mouriño, también por órdenes del jefe de ambos.
En conversación con el reportero antes de su renuncia, en julio, Martínez aceptó que buscaría presidir el PAN sólo si Calderón lo disponía, una posición idéntica a la de César Nava Vázquez, secretario particular, quien adujo su pertenencia a un equipo para justificar el acatamiento de la instrucción del Ejecutivo.
–Es lo que decían los presidentes priistas y que ustedes, en el PAN, tanto criticaron.
–Se equivocó el panismo.
Grupo compacto
Aunque prevalece una rivalidad en la carrera por la candidatura presidencial del PAN en 2012, Mouriño y Martínez forman parte del rebaño que en ese partido fue integrando Calderón desde que lo presidió –entre 1996 y 1999– y que, en el año 2000, robusteció como coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados.
Los contratos de Pemex a Ivancar, S.A. de C.V., se firmaron y tuvieron vigencia en el período que va de diciembre de 2000 a diciembre de 2004, cuyos montos mínimos son de 3 millones de pesos y máximos de 8 millones 300 mil pesos.
El primer contrato se firma en diciembre de 2000, cuando Mouriño presidía la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, cargo que le encomendó Calderón como coordinador del grupo parlamentario del PAN. Calderón brinca a la Secretaría de Energía y se lo lleva consigo como director general adscrito a la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico, y en ese carácter firma otro contrato el 29 de diciembre de 2003.
Uno de los contratos otorgados por Pemex, vía adjudicación directa, fue firmado por Jesús Villarreal Gallegos, gerente de Transporte Terrestre de Pemex-Refinación, y por José Antonio Prado Carranza, gerente Jurídico de Convenios y Contratos de la oficina central de Pemex.
El entonces jefe de Prado Carranza es un amigo suyo de la misma edad y con quien fue condiscípulo en la carrera de derecho de la Universidad Panamericana, César Nava Vázquez, abogado general de Pemex y quien fue también compañero de Mouriño como diputado federal hasta que –por un problema con una legisladora– fue colocado por Calderón en la Secretaría de Desarrollo Social, como coordinador de asesores de Josefina Vázquez Mota –de junio a octubre de 2001–, y luego en la paraestatal.
Nava Vázquez estuvo como abogado general de Pemex hasta octubre de 2003 y fue jefe de Prado Carranza –quien actualmente está al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que dirige Luis de Pablo– cuando Fox designó a Calderón secretario de Energía. Vázquez lo llamó para hacerse cargo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en cuya secretaría se reencuentra con Mouriño, primero director general y después subsecretario de Electricidad.
Justamente en la Secretaría de Energía se dio cabida al grupo que rodea a Calderón desde que era presidente del PAN: Además de Mouriño, quien lo sedujo por su juventud cuando lo conoció en Campeche –en 1996– y Nava Vázquez, quien fue director jurídico del CEN, estaban Ernesto Cordero Arroyo, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico; Jordi Herrera Flores, actual subsecretario de Planeación, y Manuel Minjares Jiménez, oficial mayor.
Cordero y Minjares estuvieron al lado de Calderón cuando, en 2003, Fox lo designó director general de Banobras y de inmediato se autorizó, ilegalmente, un crédito del que desistió tras el escándalo; quien se quedó con él fue Minjares, actual coordinador de asesores de Agustín Carstens, secretario de Hacienda.
Otros personajes que gravitan en torno de Calderón es el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, expriista michoacano que ha impuesto a su gestión la misma línea de su antecesor, Germán Martínez: La impunidad en la corrupción pública y privada, como es el caso de los contratos de Pemex a Ivancar, la empresa de los Mouriño.
Los millones de Mouriño
La defensa del secretario de Gobernación ante la contundencia de los documentos que apuntan hacia la comisión de diversos delitos de carácter penal, que él niega, ha sido débil: Su primera reacción fue cuatro días después de que López Obrador lo acusó de traficante de influencias, pero sólo hasta que tres contratos fueron publicados por el diario El Universal –los que ya había dado a conocer la revista Contralínea–, emitió una posición.
Según él, hacia finales de 2003, al entrar en la administración pública, en la Secretaría de Energía, decidió tomar la decisión “más importante” de su vida: dedicarse “por completo al servicio público”, y renunció a todas las cerca de 80 empresas” del Grupo Energético del Sureste (GES).
Sus ingresos, entonces, sólo fueron los que obtenía como servidor público, primero asesor y luego subsecretario, que lo fue hasta julio de 2004, cuando Fox corrió a Calderón de la Secretaría de Energía.
En junio de 2003, tres meses antes de que sólo obtuviera los ingresos como servidor público, los bienes de Mouriño ascendían a poco más de 6 millones de pesos, según su primera declaración patrimonial presentada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuando ingresó a la Secretaría de Energía.
Salvo una inversión de 25 mil euros, equivalentes a aproximadamente 400 mil pesos mexicanos, Mouriño no reportó ninguna variación en su fortuna en 2004.
Desde entonces, no existe información oficial de la fortuna del secretario de Gobernación, debido a que “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, según la declaración que presentó ante la SFP primero como coordinador del equipo de transición –en el que cobró 131 mil pesos brutos al mes– y después como jefe de la Oficina de la Presidencia, con un sueldo mensual de 205 mil pesos, el mismo que recibe como secretario de Gobernación.
Sin embargo, de acuerdo con documentos obtenidos por Proceso, en noviembre de 2004, después de que en junio renunció junto con Calderón a su cargo en la Secretaría de Energía, Mouriño se compró un departamento en las Lomas de Chapultepec, a un precio de 6 millones de pesos.
En la firma del contrato con la familia Cababie, que le vendió el departamento A-1102 de la calle Sierra Gorda 15, Mouriño se presentó como “empleado federal”, aunque ya no lo era, y pagó 2.5 millones de pesos en efectivo y 3.5 millones de pesos de un crédito que le otorgó Scotiabank Inverlat.
La fortuna de Mouriño, clasificada como secreta por él mismo y hasta donde es posible saber, está integrada por bienes muebles e inmuebles, automóviles, joyas y obras de arte, según él mismo lo informó a la SFP.
Por ejemplo, en su declaración de 2003, dijo tener joyas y obras de arte por 260 mil pesos, 220 mil de los cuales fueron “regalos recibidos” y el resto pagados por él al “contado, mientras que el costo de los muebles de sus casas ascendieron a 200 mil pesos, 170 mil –declaró– resultado de “regalos recibidos”.
También recibió en donación en el 2003 –no dice de quién, porque la ley no lo obliga– una casa, en Campeche, con valor de 2 millones 124 mil pesos, y otra de 350 mil pesos que pagó de contado, en 1997.
Hasta el 2003, dijo ser propietario de una camioneta Grand Cherokee, modelo 1999, con valor de 230 mil pesos, y en diciembre de ese año se compró un automóvil BMW, modelo 2004, con valor de 655 mil pesos.
Antes y después de dedicarse a la política, a partir de 1997, Mouriño Terrazo obtenía sus principales ingresos del Grupo Energético del Sureste (GES), el negocio familiar instalado en Campeche, del que fue director de finanzas y gerente administrativo, encargado, según describió él mismo, de la “revisión y supervisión de la información financiera” y de “optimizar los recursos monetarios de la empresa”.
Por ejemplo, como servidor público en la Secretaría de Energía dijo tener un sueldo mensual de 86 mil pesos, pero declaró recibir otros 100 mil pesos, también mensualmente, de otras actividades que, junto con los 5 mil pesos de intereses de sus cuentas bancarias, acumuló un ingreso mensual de 191 mil pesos en junio de 2003.
Para esa fecha, su patrimonio en cinco cuentas bancarias ascendía a 3 millones 284 mil pesos, cuyo principal monto –1 millón 679 mil pesos– lo identificó como de “organizaciones privadas”; el resto eran cuentas separadas de diversas cantidades: Dos mil 500, 99 mil 211, 3 mil 376, 276 pesos, y la mayor, que ascendía a 500 mil, todas en pesos mexicanos.
Las deudas que Mouriño tenía para el 2003, según la información que “fue capturada directamente por el servidor público”, eran de risa: apenas 9 mil 850 pesos de su tarjeta de crédito.
En conjunto, Mouriño disponía, todavía hasta el 2004, de una fortuna de 6 millones 178 mil pesos, entre cuentas bancarias, casas, muebles, joyas y obras de arte, y a partir del siguiente año su patrimonio se amplió con la adquisición del departamento de Lomas de Chapultepec, que costó otros 6 millones de pesos.
Si bien contrajo un crédito para adquirir ese bien inmueble, a una tasa variable y a liquidar a 15 años, en el 2006 la suerte le cambió: No sólo porque Calderón fue electo ganador de las elecciones presidenciales por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en septiembre, sino porque dos meses después, el 24 de noviembre –una semana antes de la toma de posesión – el banco le dio una gran noticia:
Scotiabank Inverlat lo invitó a firmar un “convenio modificatorio” para pagar los 3 millones 346 mil pesos que debía en un plazo de 10 años y con una tasa de interés anualizada “del once punto cincuenta y ocho por ciento a partir de la firma del presente instrumento y hasta el pago total del adeudo”…
Menos afortunados en asuntos de negocios, como Mouriño, Germán Martínez y César Nava al menos lo han imitado en algo: Después de las elecciones, y ya con la garantía de seguir devengando altos sueldos, decidieron comprar su respectiva casa.
El presidente del PAN la compró con un crédito que obtuvo el 15 de diciembre de 2006, y Nava lo hizo el 12 de septiembre –una semana después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligió a Calderón como ganador de las elecciones–, aunque su préstamo ascendió a 3 millones 100 mil pesos.
Mouriño inamovible
Miguel Ángel Granados Chapa, columnista.
Revista Proceso,
Se apresuran quienes ven fuera de Gobernación a Juan Camilo Mouriño. Si fuera por él mismo, y por su amigo Felipe Calderón, aquel tendría que haberse marchado tan pronto se hizo pública la dual personalidad con que vivió al menos en 2002 y 2003, como apoderado general de los negocios familiares, por un lado, y como legislador, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y como asesor del secretario del ramo, por el otro. Pero Calderón y Mouriño cuentan con aliados poderosos, que esta semana los pusieron a salvo. El secretario de Gobernación debe su vida política, a partir de ahora, a Manlio Fabio Beltrones, que se apersonó directamente en Bucareli el jueves 5, para hacerle saber la buena nueva. Esa misma noche, Mouriño apareció en el programa de noticias más visto de la televisión, el conducido por Joaquín López Dóriga, para sincerarse con la república. En efecto, dijo al periodista, firmó los contratos de que habla Andrés Manuel López Obrador. Pero en haberlo hecho no hubo nada contrario a la ley o la ética. Por lo tanto, no renunciará, aseguró.
En efecto, está firme. Hablaría muy mal de Calderón el que en menos de dos meses tuviera que reemplazar a dos secretarios de Gobernación. Habiendo echado a Francisco Ramírez Acuña, no puede admitir que se equivocó al sustituirlo con Mouriño, ni aceptar que ignoraba la tacha que ahora ha brotado o que la conocía y eso no obstante, o por eso, lo nombró. Tampoco puede despedirlo a partir de una revelación hecha por su fiero antagonista en la contienda presidencial, que no reconoció su triunfo. Ceder en este punto a la presión de López Obrador y los partidos que lo postularon sería admitir en la práctica que es aquél quien ostenta el poder legítimo. Ya tuvo que resignarse Calderón al despido de Luis Carlos Ugalde, que fue el primero en proclamarlo presidente, en una maniobra destinada a hacer pasar una amañada imagen política como una verdad legal. Agregar ahora la renuncia de Mouriño reforzaría la creencia de que carece de la firmeza que ha de caracterizar al titular del Poder Ejecutivo.
Pero esas razones de lógica política serían insuficientes para mantener en su sitio al secretario de Gobernación, de no contar con el PRI y con Televisa. El martes 4 de marzo aquel apoyo parecía faltar. En el Senado se habían reunido las 64 firmas necesarias –la mitad del total– para integrar una comisión que, conforme el párrafo final del artículo 93 constitucional indagara no en general “el funcionamiento de (los) organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria” sino más específicamente aunque con el mismo fundamento los contratos firmados por Mouriño como particular cuando ya ostentaba investidura pública. En San Lázaro se había superado el número de 125 diputados requerido –la cuarta parte del total– con el mismo propósito. Y en ambos casos se había contado con la aquiescencia de los coordinadores priistas.
Pero 48 horas más tarde Beltrones y Gamboa recularon. El primero soltó para explicar su mudanza una perla. Dijo que no había que dar ocasión al “linchamiento anticipado”, lo que implica avalar el que se produzca cuando sea pertinente, pues no rechazó el linchamiento sino su oportunidad. Y dijo también que ese género de comisiones son ineficientes, pues el Congreso no es agencia del ministerio público. En efecto no lo es, pero los coordinadores del Frente Amplio Progresista que creían haber contado con el apoyo priista y luego quedaron chasqueados, veían la integración de esas comisiones como corresponde a un espacio legislativo, como escenario político que complete o supla la indagación ministerial que se proponían echar a andar con una denuncia ante la PGR.
Beltrones no se contentó con dar marcha atrás, sino que fue a Bucareli a vender el favor directamente al beneficiario. Ya había actuado en forma semejante a finales de noviembre de 2006 cuando se asumió garante de la toma de posesión de Calderón. Gamboa, por su parte, justificó su cambio de parecer criticando el planteamiento del FAP, que demandaba exceso de información pues quería averiguar si también en el sector eléctrico Mouriño hizo de las suyas.
Ya tranquilo con las seguridades que le dio Beltrones, Mouriño fue esa noche a Televisa, a practicar su cada vez más conocido arte de decir verdades a medias, o francamente a incurrir en contradicciones. En vez de ofrecer una conferencia de prensa, como hizo una semana atrás en su primera aproximación al asunto que lo afecta, eligió un espacio mayor y más amable, para asegurarse de que sus palabras llegarían por doquier.
Como tiene dificultades al manejar su biografía, fechó en momento diverso su tránsito del ámbito privado al poder público. Había dicho la primera vez que lo hizo “hacia finales de 2003”. Dijo ahora en cambio, que la decisión se cumplió el 16 de octubre (mes que sólo forzando mucho los tiempos puede entenderse como incluido en “los finales” de año), cuando ingresó en la Secretaría de Energía, como coordinador de asesores del secretario. En uno y otro caso, queda claro que ya era funcionario y siguió siendo apoderado general de uno de los negocios familiares, en cuyo papel firmó un contrato con Pemex el 29 de diciembre de 2003.
Importa aclarar, para identificar el contorno jurídico del tema, que los contratos firmados por Mouriño, ese año y el anterior, fueron adjudicados por asignación directa, no mediante las otras fórmulas administrativas (invitación a unos pocos y convocatoria a licitación, para todo interesado). Ese sería uno de los aspectos a averiguar en una indagación penal. En una de carácter político hay que reparar en el hecho de que la familia Mouriño hubiera podido contratar a un profesional que la representara, en vez de mantener al menor de sus miembros como apoderado general, ante una empresa donde era claro el papel que desempeñaba en la vida pública. Ninguna de las vías que explore el FAP, sin embargo, parece destinada a tener buen desenlace. La averiguación previa tiene que desarrollarse ante una procuraduría que para todo efecto práctico depende de la Presidencia. Y las comisiones legislativas que pese a todo llegaran a formar, deben hacer “del conocimiento del Ejecutivo” el resultado de sus pesquisas, sin que se prevea en el 93 constitucional un curso ulterior a ese momento.
No. Mouriño no se va. Como lo afirmó ante López Dóriga se queda en su cargo. Y no permanecerá allí, agrego por mi parte, en calidad de bulto, desierta su antesala, inhabilitado para negociar. Ya lo reinstaló en su original posición de interlocutor válido el senador Beltrones, dispuesto a hablar con un Mouriño que le debe el cargo de todo cuando concierna a la reforma de Pemex, incluidas las alianzas con quienes tienen dinero y experiencia para perforar y extraer crudo de aguas profundas. ****
En efecto, está firme. Hablaría muy mal de Calderón el que en menos de dos meses tuviera que reemplazar a dos secretarios de Gobernación. Habiendo echado a Francisco Ramírez Acuña, no puede admitir que se equivocó al sustituirlo con Mouriño, ni aceptar que ignoraba la tacha que ahora ha brotado o que la conocía y eso no obstante, o por eso, lo nombró. Tampoco puede despedirlo a partir de una revelación hecha por su fiero antagonista en la contienda presidencial, que no reconoció su triunfo. Ceder en este punto a la presión de López Obrador y los partidos que lo postularon sería admitir en la práctica que es aquél quien ostenta el poder legítimo. Ya tuvo que resignarse Calderón al despido de Luis Carlos Ugalde, que fue el primero en proclamarlo presidente, en una maniobra destinada a hacer pasar una amañada imagen política como una verdad legal. Agregar ahora la renuncia de Mouriño reforzaría la creencia de que carece de la firmeza que ha de caracterizar al titular del Poder Ejecutivo.
Pero esas razones de lógica política serían insuficientes para mantener en su sitio al secretario de Gobernación, de no contar con el PRI y con Televisa. El martes 4 de marzo aquel apoyo parecía faltar. En el Senado se habían reunido las 64 firmas necesarias –la mitad del total– para integrar una comisión que, conforme el párrafo final del artículo 93 constitucional indagara no en general “el funcionamiento de (los) organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria” sino más específicamente aunque con el mismo fundamento los contratos firmados por Mouriño como particular cuando ya ostentaba investidura pública. En San Lázaro se había superado el número de 125 diputados requerido –la cuarta parte del total– con el mismo propósito. Y en ambos casos se había contado con la aquiescencia de los coordinadores priistas.
Pero 48 horas más tarde Beltrones y Gamboa recularon. El primero soltó para explicar su mudanza una perla. Dijo que no había que dar ocasión al “linchamiento anticipado”, lo que implica avalar el que se produzca cuando sea pertinente, pues no rechazó el linchamiento sino su oportunidad. Y dijo también que ese género de comisiones son ineficientes, pues el Congreso no es agencia del ministerio público. En efecto no lo es, pero los coordinadores del Frente Amplio Progresista que creían haber contado con el apoyo priista y luego quedaron chasqueados, veían la integración de esas comisiones como corresponde a un espacio legislativo, como escenario político que complete o supla la indagación ministerial que se proponían echar a andar con una denuncia ante la PGR.
Beltrones no se contentó con dar marcha atrás, sino que fue a Bucareli a vender el favor directamente al beneficiario. Ya había actuado en forma semejante a finales de noviembre de 2006 cuando se asumió garante de la toma de posesión de Calderón. Gamboa, por su parte, justificó su cambio de parecer criticando el planteamiento del FAP, que demandaba exceso de información pues quería averiguar si también en el sector eléctrico Mouriño hizo de las suyas.
Ya tranquilo con las seguridades que le dio Beltrones, Mouriño fue esa noche a Televisa, a practicar su cada vez más conocido arte de decir verdades a medias, o francamente a incurrir en contradicciones. En vez de ofrecer una conferencia de prensa, como hizo una semana atrás en su primera aproximación al asunto que lo afecta, eligió un espacio mayor y más amable, para asegurarse de que sus palabras llegarían por doquier.
Como tiene dificultades al manejar su biografía, fechó en momento diverso su tránsito del ámbito privado al poder público. Había dicho la primera vez que lo hizo “hacia finales de 2003”. Dijo ahora en cambio, que la decisión se cumplió el 16 de octubre (mes que sólo forzando mucho los tiempos puede entenderse como incluido en “los finales” de año), cuando ingresó en la Secretaría de Energía, como coordinador de asesores del secretario. En uno y otro caso, queda claro que ya era funcionario y siguió siendo apoderado general de uno de los negocios familiares, en cuyo papel firmó un contrato con Pemex el 29 de diciembre de 2003.
Importa aclarar, para identificar el contorno jurídico del tema, que los contratos firmados por Mouriño, ese año y el anterior, fueron adjudicados por asignación directa, no mediante las otras fórmulas administrativas (invitación a unos pocos y convocatoria a licitación, para todo interesado). Ese sería uno de los aspectos a averiguar en una indagación penal. En una de carácter político hay que reparar en el hecho de que la familia Mouriño hubiera podido contratar a un profesional que la representara, en vez de mantener al menor de sus miembros como apoderado general, ante una empresa donde era claro el papel que desempeñaba en la vida pública. Ninguna de las vías que explore el FAP, sin embargo, parece destinada a tener buen desenlace. La averiguación previa tiene que desarrollarse ante una procuraduría que para todo efecto práctico depende de la Presidencia. Y las comisiones legislativas que pese a todo llegaran a formar, deben hacer “del conocimiento del Ejecutivo” el resultado de sus pesquisas, sin que se prevea en el 93 constitucional un curso ulterior a ese momento.
No. Mouriño no se va. Como lo afirmó ante López Dóriga se queda en su cargo. Y no permanecerá allí, agrego por mi parte, en calidad de bulto, desierta su antesala, inhabilitado para negociar. Ya lo reinstaló en su original posición de interlocutor válido el senador Beltrones, dispuesto a hablar con un Mouriño que le debe el cargo de todo cuando concierna a la reforma de Pemex, incluidas las alianzas con quienes tienen dinero y experiencia para perforar y extraer crudo de aguas profundas. ****
Opacidad transexenal
Daniel Lizárraga, reportero
Daniel Lizárraga, reportero
Revista Proceso,
Aunque el gobierno de Felipe Calderón ha accedido a proporcionar, a solicitud de Proceso, información que confirma los derroches de Marta Sahagún que la presidencia de Fox mantuvo en el ocultamiento, las solicitudes de transparencia que otros medios han hecho a la actual administración panista –como en el caso de los gastos e invitados a la fiesta de cumpleaños del actual ocupante de Los Pinos– se han topado con resistencias similares, aun frente a resoluciones adversas del IFAI…
Cuando apenas tenía dos días en el poder –el 3 de diciembre del 2006–, Felipe Calderón le puso a su gobierno el sello de la rendición de cuentas al emitir un decreto de austeridad y ordenar a su equipo sujetarse a las reglas de la transparencia. No obstante, a poco más de un año de distancia, ha tratado con desdén al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) cuando sus comisionados emiten resoluciones que incomodan.
Desde hace tres meses, el IFAI abrió una investigación dirigida al gobierno del expresidente Vicente Fox, toda vez que en la residencia oficial de Los Pinos se ocultaron los archivos y las corridas financieras en las cuales consta que, para montar la Oficina de la Primera Dama al gusto de Marta Sahagún, se derrocharon por lo menos 26 millones de pesos provenientes del erario.
Durante todo este lapso –más de 90 días–, el presidente Calderón desoyó las pesquisas. No hubo un solo oficio de apoyo al IFAI. Tampoco sus colaboradores redactaron uno de esos comunicados en los cuales suelen expresar el respeto y la cooperación con el organismo. Esta vez no ha habido nada.
Ello a pesar de que Proceso había hecho público el inicio de la indagatoria desde el 25 de noviembre de 2006.
El desinterés por el ocultamiento de información para proteger a Marta Sahagún ha llegado al punto de que, el pasado 28 de febrero, el IFAI tuvo que dar un segundo paso al solicitar al Órgano Interno de Control (OIC) de la Presidencia de la República abrir una investigación oficial contra quien resulte responsable.
“Lo anterior, con el objeto de que, en caso de resultar procedente, en uso de las facultades conferidas a su cargo (de la responsable de la OIC, Karla Samperio Flores) se inicie la investigación a que haya lugar para todos los efectos legales conducentes”, concluye el oficio firmado por José Luis Marzal Ruiz, director general de Coordinación y Vigilancia.
Junto con esta circular (IFAI-SA-DGC V/266/08), el IFAI puso a disposición de Samperio Flores un disco compacto con miles de facturas digitalizadas correspondientes a los gastos de Marta Sahagún que presuntamente fueron ocultadas ilegalmente durante el gobierno de Fox, el análisis oficial del caso y un escrito presentado por este reportero en el que se narra lo sucedido a lo largo de una investigación periodística que arrancó el 7 de enero de 2005.
La historia comenzó cuando, en dicha fecha, este reportero envió una solicitud de acceso a la información a la Presidencia de la República, requiriendo los gastos de Marta Sahagún endosados a la partida “Investidura Presidencial”, así como las erogaciones de dinero público en materia de comunicación, transporte, pago de sueldos a colaboradores y protocolo.
En los medios de comunicación y entre los analistas políticos circulaba la pregunta de cuánto costaba mantener la Oficina de Apoyo a la Primera Dama, y se tenían ya algunas pistas: 386 mil pesos en guardarropa y l11 millones 149 mil pesos dilapidados en 155 giras nacionales e internacionales. Pero esas eran apenas dos hebras de un enredo contable.
Para el 7 de febrero de 2005, la Presidencia respondió que durante todo el año anterior ya no se había tocado la partida “Investidura Presidencial” y que los gastos por “invitados especiales” eran de 11 mil 321 pesos, además de cinco facturas de restaurantes y hoteles.
Eso fue todo lo encontrado en los expedientes oficiales correspondientes a 2004, según la Unidad de Enlace y el Comité de Información del sexenio pasado. No obstante, estaban ocultando la mayor parte de los datos, como lo comprobó Proceso tres años más tarde.
Ya con Felipe Calderón como presidente, Proceso tramitó una solicitud de acceso a la información para obtener los gastos totales de la ahora desaparecida Oficina de Apoyo a la Primera Dama. Sin demora, se pusieron a disposición de este semanario 17 expedientes, cada uno con más de 800 facturas. De éstos, cuatro correspondían al año 2004, por un monto total de 3 millones 956 mil pesos con 31 centavos.
Se evidenció que, en la Presidencia, durante el sexenio foxista se había entregado muy poca información. Un ejemplo: En 2004 se requirieron los desembolsos de Sahagún en asesorías para manejo de medios de comunicación, pero en Los Pinos declararon la inexistencia de tales desembolsos. Pero ahora, más de tres años después, pudo saberse que ocultaron una factura por 458 mil pesos a nombre de la empresa Medialog.
En 2004, la Presidencia de Fox reportó que los gastos por “invitados especiales” fueron de 11 mil 371 pesos con 90 centavos, aunque la sangría al erario por estos viajes fue en realidad de 973 mil 226 pesos, conforme a la base de datos elaborada por Proceso.
En el disco entregado por la Presidencia de Fox se incluyó una sola factura del sistema turístico oficial Turissste, para un viaje a Nueva York, pero en los nuevos archivos existen al menos 35 facturas emitidas también por Turissste correspondientes a 2004.
Del análisis de cientos de registros contables analizados por este semanario se desprende que los viáticos a nombre de las colaboradoras más cercanas de Sahagún, como su inseparable asistente Claudia Calvin y su operadora logística Rebeca Moreno, se cargaron a un subfondo vinculado a la Secretaría Particular de la Presidencia, encabezada por Emilio Goicoechea Luna.
La manutención de la oficina, por otro lado, se cubrió con un fondo rotatorio asignado a la Dirección de Programación y Presupuesto de la Presidencia, por medio del cual se pagaron cientos de facturas de restaurantes, teléfonos celulares, televisión de paga, electricidad, material de oficina y estacionamientos.
El 7 de noviembre de 2007, Proceso publicó un reportaje en el cual se reveló que Sahagún contó con una clave presupuestal, la 112-2, para acondicionar su oficina con pisos de mármol, accesorios de plata y arreglos florales.
Se supo entonces que la consorte de Fox tiene un gusto especial por la plata y que, entre 2003 y 2005, desembolsó alrededor de 50 mil pesos para decorar su despacho, según facturas de la firma TANE.
El 18 de septiembre de 2004, por ejemplo, pagó 7 mil 360 pesos por una caja modelo ByBlós de 15 por 15 centímetros grabada con texto, una placa con tornillos y unas conchas. Este tipo de compras se ocultaron ante la primera solicitud de acceso a la información aun cuando estaban incluidas en “gastos de protocolo” y “gastos de orden social”.
Entre 2003 y 2006, la oficina de Sahagún ordenó así mismo la adquisición de arreglos florales con un costo de 353 mil pesos. Según las facturas, su despacho estaba adornado con alcatraces, mientras que en la sala de juntas había rosas.
Tras su análisis del ocultamiento de información por parte de la Presidencia de Fox, el IFAI decidió transferir el asunto al OIC de Los Pinos, bajo al administración de Felipe Calderón, con el argumento de que corresponde al OIC verificar si en realidad la Presidencia entregó en su momento todo el material del que disponía.
El OIC –antes conocido como Contraloría Interna– pertenece a la Secretaría de la Función Pública (SFP). En teoría, la responsable de esta área, Karla Samperio Flores, responde a las órdenes del secretario, Salvador Vega Casillas, y no a las del presidente Calderón. Sin embargo, ella también forma parte de la cofradía calderonista.
Información recopilada por el corresponsal de Proceso en Coahuila, Arturo Rodríguez, revela que Karla Samperio ha tenido una vertiginosa carrera de la mano de Calderón. Primero trabajó en su oficina cuando Calderón era dirigente nacional del PAN, y luego se convirtió en su secretaria particular cuando el ahora mandatario era el coordinador de la bancada panista en la LVIII Legislatura. De hecho, ella acostumbra llamarlo “maestro”. En la actualidad, al mismo tiempo que funge como contralora en Los Pinos, es la titular de la Notaría Pública 71, con sede en Ramos Arizpe, Coahuila.
En sus manos se halla la investigación.
Los responsables del ocultamiento de información –sin importar el nivel jerárquico de quienes incurran en esa práctica– pueden ser inhabilitados para volver a ejercer cargos públicos o sufrir una pena de dos a seis años de prisión, de acuerdo con el marco legal.
En las miles de facturas ocultadas a Proceso en 2004, aparece una leyenda: “documento registrado por Édgar Cruz López”.
Durante el sexenio pasado, la Coordinación General de Administración de la Presidencia fue encabezada por Hugo Nicolás Pérez, quien, de acuerdo con el organigrama, rendía cuentas ante Vicente Fox.
Continuismo
La noche del pasado 25 de febrero, Calderón envió un comunicado a la prensa para informar que, “de manera libre, voluntaria y espontánea”, puso a disposición del IFAI la lista de familiares, amigos y servidores públicos que asistieron a su fiesta de cumpleaños organizada el 17 de agosto de 2007 en Los Pinos.
El boletín se acompañó de una carta dirigida al presidente del IFAI, Alonso Lujambio, en la cual enfatizó que se trató “de un evento privado” aunque por ahora viva en Los Pinos.
Según el comunicado, Calderón entregó esta lista de invitados como una concesión personal y no a consecuencia de una resolución del IFAI emitida desde enero. En esa resolución, los cinco comisionados del IFAI, encabezados por Lujambio, habían ordenado a la Presidencia entregar una relación de los gastos que en aquella fiesta pudieron hacerse con recursos públicos, así como divulgar la lista de invitados, toda vez que se trató de instalaciones del gobierno, en este caso Los Pinos, independientemente de que fuera un evento privado, según consta en la versión estenográfica de la sesión pública del IFAI celebrada el 23 de enero.
El presidente de la República y el resto de los servidores públicos del gobierno federal están obligados a cumplir con la Ley Federal de Transparencia. Sin importar su jerarquía, tienen que acatar las resoluciones del IFAI, a menos que alguno opte por recurrir al juicio de amparo.
En el caso de la fiesta de cumpleaños de Calderón, fue la reportera de El Universal Lilia Saúl quien presentó la solicitud de acceso a la información, pero la Presidencia de la República declaró que dicha información era inexistente.
La comunicadora interpuso entonces un recurso de revisión ante el IFAI, donde se quejó de la postura de la Presidencia y, al mismo tiempo, demandó que el presidente del organismo, Alonso Lujambio, no participara en la votación, toda vez que fue uno de los invitados a la fiesta presidencial.
Al debatirse el asunto en el pleno, por unanimidad, los comisionados ordenaron a la Presidencia informar cuánto dinero proveniente del erario se gastó y buscar la lista de invitados, algo que el Comité de Información y la Unidad de Enlace debieron hacer desde el mismo momento en que recibieron la solicitud.
De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, ambas instancias tenían la obligación de preguntar al área que pudiera tener la información –en este caso el despacho de Calderón o su Secretaría Particular– si contaba con los datos requeridos.
Según el comunicado de Calderón, dichas áreas administrativas no disponían de la lista de invitados que decidió transparentar, y a él no se le había consultado.
La resolución del IFAI contra la Presidencia no tiene antecedentes desde la creación de la Ley de Transparencia, hace cuatro años. En su análisis, los comisionados valoraron que no había manera de sostener la inexistencia de comprobantes, toda vez que fue del dominio público que para el cumpleaños número 45 de Calderón hubo diversos servicios, como música de mariachis y de las bandas de Marina y la Defensa Nacional, así como la actuación de David Filio, quien amenizó la fiesta. El menú consistió en sopa de tortilla, chiles en nogada, vino de mesa y mouse de mango.
A la hora de votar, el comisionado Juan Pablo Guerrero respaldó la solicitud de la comunicadora de El Universal y, en plena sesión pública, pidió que Lujambio no participara en este caso. En respuesta, Lujambio dijo que no había conflicto de interés en el tema toda vez que su amistad con Calderón no puede considerarse íntima.
“No basta la simple amistad (para excusarse de intervenir), sino que haya vínculos, y éstos deben ser superlativos. De las notas periodísticas que dan a conocer mi asistencia al evento, no comprueban la amistad, sino la asistencia”, dijo Lujambio.
Guerrero insistió en que, al concurrir a un festejo, puede asomar un interés en el asunto. E inclusive, como Lujambio podría contar con información privilegiada, “sería bueno que esta persona aportara elementos… por ello considero que hay una situación anómala”, dijo.
La propuesta de Guerrero no fue aprobada por el resto de sus compañeros, debido a lo cual Lujambio se quedó en la votación.
Proceso intentó entrevistar a los cinco comisionados en torno a la postura de Presidencia de la República al pretender que era una concesión personal del mandatario el cumplimiento de una resolución del IFAI, pero en Comunicación Social del instituto aseguraron al reportero que, en ese momento, los cinco integrantes –Lujambio, Guerrero, María Marván, Jacqueline Peschard y Alonso Gómez-Robledo– se hallaban ocupados en eventos realizados en el extranjero…
Enredos de Mouriño
Jesús Cantú, analista.
Cuando apenas tenía dos días en el poder –el 3 de diciembre del 2006–, Felipe Calderón le puso a su gobierno el sello de la rendición de cuentas al emitir un decreto de austeridad y ordenar a su equipo sujetarse a las reglas de la transparencia. No obstante, a poco más de un año de distancia, ha tratado con desdén al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) cuando sus comisionados emiten resoluciones que incomodan.
Desde hace tres meses, el IFAI abrió una investigación dirigida al gobierno del expresidente Vicente Fox, toda vez que en la residencia oficial de Los Pinos se ocultaron los archivos y las corridas financieras en las cuales consta que, para montar la Oficina de la Primera Dama al gusto de Marta Sahagún, se derrocharon por lo menos 26 millones de pesos provenientes del erario.
Durante todo este lapso –más de 90 días–, el presidente Calderón desoyó las pesquisas. No hubo un solo oficio de apoyo al IFAI. Tampoco sus colaboradores redactaron uno de esos comunicados en los cuales suelen expresar el respeto y la cooperación con el organismo. Esta vez no ha habido nada.
Ello a pesar de que Proceso había hecho público el inicio de la indagatoria desde el 25 de noviembre de 2006.
El desinterés por el ocultamiento de información para proteger a Marta Sahagún ha llegado al punto de que, el pasado 28 de febrero, el IFAI tuvo que dar un segundo paso al solicitar al Órgano Interno de Control (OIC) de la Presidencia de la República abrir una investigación oficial contra quien resulte responsable.
“Lo anterior, con el objeto de que, en caso de resultar procedente, en uso de las facultades conferidas a su cargo (de la responsable de la OIC, Karla Samperio Flores) se inicie la investigación a que haya lugar para todos los efectos legales conducentes”, concluye el oficio firmado por José Luis Marzal Ruiz, director general de Coordinación y Vigilancia.
Junto con esta circular (IFAI-SA-DGC V/266/08), el IFAI puso a disposición de Samperio Flores un disco compacto con miles de facturas digitalizadas correspondientes a los gastos de Marta Sahagún que presuntamente fueron ocultadas ilegalmente durante el gobierno de Fox, el análisis oficial del caso y un escrito presentado por este reportero en el que se narra lo sucedido a lo largo de una investigación periodística que arrancó el 7 de enero de 2005.
La historia comenzó cuando, en dicha fecha, este reportero envió una solicitud de acceso a la información a la Presidencia de la República, requiriendo los gastos de Marta Sahagún endosados a la partida “Investidura Presidencial”, así como las erogaciones de dinero público en materia de comunicación, transporte, pago de sueldos a colaboradores y protocolo.
En los medios de comunicación y entre los analistas políticos circulaba la pregunta de cuánto costaba mantener la Oficina de Apoyo a la Primera Dama, y se tenían ya algunas pistas: 386 mil pesos en guardarropa y l11 millones 149 mil pesos dilapidados en 155 giras nacionales e internacionales. Pero esas eran apenas dos hebras de un enredo contable.
Para el 7 de febrero de 2005, la Presidencia respondió que durante todo el año anterior ya no se había tocado la partida “Investidura Presidencial” y que los gastos por “invitados especiales” eran de 11 mil 321 pesos, además de cinco facturas de restaurantes y hoteles.
Eso fue todo lo encontrado en los expedientes oficiales correspondientes a 2004, según la Unidad de Enlace y el Comité de Información del sexenio pasado. No obstante, estaban ocultando la mayor parte de los datos, como lo comprobó Proceso tres años más tarde.
Ya con Felipe Calderón como presidente, Proceso tramitó una solicitud de acceso a la información para obtener los gastos totales de la ahora desaparecida Oficina de Apoyo a la Primera Dama. Sin demora, se pusieron a disposición de este semanario 17 expedientes, cada uno con más de 800 facturas. De éstos, cuatro correspondían al año 2004, por un monto total de 3 millones 956 mil pesos con 31 centavos.
Se evidenció que, en la Presidencia, durante el sexenio foxista se había entregado muy poca información. Un ejemplo: En 2004 se requirieron los desembolsos de Sahagún en asesorías para manejo de medios de comunicación, pero en Los Pinos declararon la inexistencia de tales desembolsos. Pero ahora, más de tres años después, pudo saberse que ocultaron una factura por 458 mil pesos a nombre de la empresa Medialog.
En 2004, la Presidencia de Fox reportó que los gastos por “invitados especiales” fueron de 11 mil 371 pesos con 90 centavos, aunque la sangría al erario por estos viajes fue en realidad de 973 mil 226 pesos, conforme a la base de datos elaborada por Proceso.
En el disco entregado por la Presidencia de Fox se incluyó una sola factura del sistema turístico oficial Turissste, para un viaje a Nueva York, pero en los nuevos archivos existen al menos 35 facturas emitidas también por Turissste correspondientes a 2004.
Del análisis de cientos de registros contables analizados por este semanario se desprende que los viáticos a nombre de las colaboradoras más cercanas de Sahagún, como su inseparable asistente Claudia Calvin y su operadora logística Rebeca Moreno, se cargaron a un subfondo vinculado a la Secretaría Particular de la Presidencia, encabezada por Emilio Goicoechea Luna.
La manutención de la oficina, por otro lado, se cubrió con un fondo rotatorio asignado a la Dirección de Programación y Presupuesto de la Presidencia, por medio del cual se pagaron cientos de facturas de restaurantes, teléfonos celulares, televisión de paga, electricidad, material de oficina y estacionamientos.
El 7 de noviembre de 2007, Proceso publicó un reportaje en el cual se reveló que Sahagún contó con una clave presupuestal, la 112-2, para acondicionar su oficina con pisos de mármol, accesorios de plata y arreglos florales.
Se supo entonces que la consorte de Fox tiene un gusto especial por la plata y que, entre 2003 y 2005, desembolsó alrededor de 50 mil pesos para decorar su despacho, según facturas de la firma TANE.
El 18 de septiembre de 2004, por ejemplo, pagó 7 mil 360 pesos por una caja modelo ByBlós de 15 por 15 centímetros grabada con texto, una placa con tornillos y unas conchas. Este tipo de compras se ocultaron ante la primera solicitud de acceso a la información aun cuando estaban incluidas en “gastos de protocolo” y “gastos de orden social”.
Entre 2003 y 2006, la oficina de Sahagún ordenó así mismo la adquisición de arreglos florales con un costo de 353 mil pesos. Según las facturas, su despacho estaba adornado con alcatraces, mientras que en la sala de juntas había rosas.
Tras su análisis del ocultamiento de información por parte de la Presidencia de Fox, el IFAI decidió transferir el asunto al OIC de Los Pinos, bajo al administración de Felipe Calderón, con el argumento de que corresponde al OIC verificar si en realidad la Presidencia entregó en su momento todo el material del que disponía.
El OIC –antes conocido como Contraloría Interna– pertenece a la Secretaría de la Función Pública (SFP). En teoría, la responsable de esta área, Karla Samperio Flores, responde a las órdenes del secretario, Salvador Vega Casillas, y no a las del presidente Calderón. Sin embargo, ella también forma parte de la cofradía calderonista.
Información recopilada por el corresponsal de Proceso en Coahuila, Arturo Rodríguez, revela que Karla Samperio ha tenido una vertiginosa carrera de la mano de Calderón. Primero trabajó en su oficina cuando Calderón era dirigente nacional del PAN, y luego se convirtió en su secretaria particular cuando el ahora mandatario era el coordinador de la bancada panista en la LVIII Legislatura. De hecho, ella acostumbra llamarlo “maestro”. En la actualidad, al mismo tiempo que funge como contralora en Los Pinos, es la titular de la Notaría Pública 71, con sede en Ramos Arizpe, Coahuila.
En sus manos se halla la investigación.
Los responsables del ocultamiento de información –sin importar el nivel jerárquico de quienes incurran en esa práctica– pueden ser inhabilitados para volver a ejercer cargos públicos o sufrir una pena de dos a seis años de prisión, de acuerdo con el marco legal.
En las miles de facturas ocultadas a Proceso en 2004, aparece una leyenda: “documento registrado por Édgar Cruz López”.
Durante el sexenio pasado, la Coordinación General de Administración de la Presidencia fue encabezada por Hugo Nicolás Pérez, quien, de acuerdo con el organigrama, rendía cuentas ante Vicente Fox.
Continuismo
La noche del pasado 25 de febrero, Calderón envió un comunicado a la prensa para informar que, “de manera libre, voluntaria y espontánea”, puso a disposición del IFAI la lista de familiares, amigos y servidores públicos que asistieron a su fiesta de cumpleaños organizada el 17 de agosto de 2007 en Los Pinos.
El boletín se acompañó de una carta dirigida al presidente del IFAI, Alonso Lujambio, en la cual enfatizó que se trató “de un evento privado” aunque por ahora viva en Los Pinos.
Según el comunicado, Calderón entregó esta lista de invitados como una concesión personal y no a consecuencia de una resolución del IFAI emitida desde enero. En esa resolución, los cinco comisionados del IFAI, encabezados por Lujambio, habían ordenado a la Presidencia entregar una relación de los gastos que en aquella fiesta pudieron hacerse con recursos públicos, así como divulgar la lista de invitados, toda vez que se trató de instalaciones del gobierno, en este caso Los Pinos, independientemente de que fuera un evento privado, según consta en la versión estenográfica de la sesión pública del IFAI celebrada el 23 de enero.
El presidente de la República y el resto de los servidores públicos del gobierno federal están obligados a cumplir con la Ley Federal de Transparencia. Sin importar su jerarquía, tienen que acatar las resoluciones del IFAI, a menos que alguno opte por recurrir al juicio de amparo.
En el caso de la fiesta de cumpleaños de Calderón, fue la reportera de El Universal Lilia Saúl quien presentó la solicitud de acceso a la información, pero la Presidencia de la República declaró que dicha información era inexistente.
La comunicadora interpuso entonces un recurso de revisión ante el IFAI, donde se quejó de la postura de la Presidencia y, al mismo tiempo, demandó que el presidente del organismo, Alonso Lujambio, no participara en la votación, toda vez que fue uno de los invitados a la fiesta presidencial.
Al debatirse el asunto en el pleno, por unanimidad, los comisionados ordenaron a la Presidencia informar cuánto dinero proveniente del erario se gastó y buscar la lista de invitados, algo que el Comité de Información y la Unidad de Enlace debieron hacer desde el mismo momento en que recibieron la solicitud.
De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, ambas instancias tenían la obligación de preguntar al área que pudiera tener la información –en este caso el despacho de Calderón o su Secretaría Particular– si contaba con los datos requeridos.
Según el comunicado de Calderón, dichas áreas administrativas no disponían de la lista de invitados que decidió transparentar, y a él no se le había consultado.
La resolución del IFAI contra la Presidencia no tiene antecedentes desde la creación de la Ley de Transparencia, hace cuatro años. En su análisis, los comisionados valoraron que no había manera de sostener la inexistencia de comprobantes, toda vez que fue del dominio público que para el cumpleaños número 45 de Calderón hubo diversos servicios, como música de mariachis y de las bandas de Marina y la Defensa Nacional, así como la actuación de David Filio, quien amenizó la fiesta. El menú consistió en sopa de tortilla, chiles en nogada, vino de mesa y mouse de mango.
A la hora de votar, el comisionado Juan Pablo Guerrero respaldó la solicitud de la comunicadora de El Universal y, en plena sesión pública, pidió que Lujambio no participara en este caso. En respuesta, Lujambio dijo que no había conflicto de interés en el tema toda vez que su amistad con Calderón no puede considerarse íntima.
“No basta la simple amistad (para excusarse de intervenir), sino que haya vínculos, y éstos deben ser superlativos. De las notas periodísticas que dan a conocer mi asistencia al evento, no comprueban la amistad, sino la asistencia”, dijo Lujambio.
Guerrero insistió en que, al concurrir a un festejo, puede asomar un interés en el asunto. E inclusive, como Lujambio podría contar con información privilegiada, “sería bueno que esta persona aportara elementos… por ello considero que hay una situación anómala”, dijo.
La propuesta de Guerrero no fue aprobada por el resto de sus compañeros, debido a lo cual Lujambio se quedó en la votación.
Proceso intentó entrevistar a los cinco comisionados en torno a la postura de Presidencia de la República al pretender que era una concesión personal del mandatario el cumplimiento de una resolución del IFAI, pero en Comunicación Social del instituto aseguraron al reportero que, en ese momento, los cinco integrantes –Lujambio, Guerrero, María Marván, Jacqueline Peschard y Alonso Gómez-Robledo– se hallaban ocupados en eventos realizados en el extranjero…
Enredos de Mouriño
Jesús Cantú, analista.
Revista Proceso...,
Más allá del aspecto legal y de su permanencia al frente de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño perdió su utilidad política para el gobierno de Felipe Calderón. Su nombramiento en esa dependencia, protegido del escrutinio público, tenía un propósito clave en las negociaciones y acuerdos que permitían al mandatario avanzar en la consolidación de su gestión sexenal. Pero ya no es así.
Desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le entregó su constancia de presidente electo, Calderón centró su estrategia en tratar de mostrar ante la opinión pública firmeza para alcanzar sus propósitos y capacidad de operación política. Así consiguió realizar la transmisión de la banda presidencial en la tribuna de San Lázaro, sacó al Ejército para combatir a los narcotraficantes y logró la aprobación de varias reformas legislativas que, en conjunto, permitieron a su gobierno ganar legitimidad y modificar la percepción de la ciudadanía sobre la parálisis gubernamental.
Más allá de los beneficios reales y tangibles de su actuación, lo cierto es que a pesar de su cuestionado inicio de sexenio, Calderón tomó las riendas del poder y marcó su estilo personal de gobernar. Como lo importante es el impacto que tienen en la percepción de la opinión pública, las consecuencias de las acciones y decisiones pasan a un segundo lugar. Hasta la semana pasada parecía que la consecución de dicho propósito caminaba exitosamente. Sin embargo, los enredos de Mouriño significan el primer tropiezo serio del sexenio en esta materia.
Calderón pasó por alto que los negocios de Mouriño y su familia están en el ramo petrolero y que una de las primeras reformas importantes que su secretario de Gobernación tenía que impulsar era precisamente la energética. Y, seguramente, ignoraba que Mouriño firmó como apoderado legal de Ivancar contratos con Pemex, a pesar de que ya trabajaba en la Secretaría de Energía.
En el ámbito político, todo acto tiene consecuencias tanto legales, como políticas y ante la opinión pública. La mayor parte de las veces, estas dos últimas se convierten en una sola, pero en otras no, como en este caso, en el que ya hay daños evidentes. De esto se desprende que los legisladores perredistas insistan en integrar una comisión legislativa que investigue a Mouriño, puesto que ven difícil tener éxito si lo hacen por la vía penal.
Por lo que atañe al ámbito legal, el único camino por el que se puede proceder es precisamente el penal, pues por la vía de las responsabilidades de los servidores públicos Mouriño tiene una coartada: cuando ocupó el cargo en la Secretaría de Energía, arguye, “no tenía nada absolutamente que ver con el tema de los hidrocarburos o con Pemex”.
Sin embargo, debe decirse que la sola presencia de Mouriño en la Administración Pública Federal lo vuelven sospechoso de tráfico de influencias, tanto desde el punto de vista conceptual como legal, en particular por su cercanía con el secretario del ramo energético.
En este último aspecto, el artículo 428 del Código Penal Federal señala claramente: “El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero…”
En este caso, a Mouriño se le puede configurar el delito desde que fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Pero esto, como señalan los panistas, tendría que resolverse en las instancias correspondientes y no será fácil demostrar jurídicamente que hubo tráfico de influencias.
Pero donde los impactos negativos son evidentes es en los otros dos ámbitos. En la opinión pública, el asunto aparentemente pasó desapercibido cuando el excandidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador hizo la denuncia pública; pero se posicionó en todos los medios de comunicación cuando el 28 de febrero pasado El Universal publicó en su primera plana copias de los documentos con la firma del actual secretario de Gobernación.
Las opciones
Ante esas evidencias irrefutables, el jueves 6 Juan Camilo Mouriño admitió en una entrevista en el Noticiero de Joaquín López Dóriga que aquel documento sí es auténtico. Y explicó: “Fue firmado y es absolutamente legal, y no hay ninguna actuación indebida de mi parte en él. Ser apoderado legal no es de ninguna manera ningún delito. Yo ya no era apoderado de la empresa, y antes de firmar ese contrato también verifiqué que pudiera, como servidor público, firmarlo y que no tuviese ningún problema de legalidad.”
Pero Juan Camilo olvida una cosa: que como en el caso de Pompeya, la mujer de Julio César, no basta ser honesto, “también hay que parecerlo”. Y en esta ocasión las evidencias obran en su contra, especialmente en un país como el nuestro, donde el tráfico de influencias es una práctica común y extendida. Aquí, por ejemplo, empresarios como Kamel Nacif hacen gala de su poder económico e influyen en las decisiones del gobernador poblano, Mario Marín, para que éste persiga a la periodista Lydia Cacho; los hijos de Marta Sahagún, Arturo Montiel y tantos otros políticos aprovechan sus posiciones privilegiadas para enriquecerse económicamente.
En estos casos como en el que ahora envuelve a Mouriño, no es que los personajes mencionados tuvieran una posición privilegiada desde la que tomaban decisiones que los beneficiaban directamente, el asunto es que desde Los Pinos se podía influir para que esas decisiones tuvieran éxito. Y a pesar de que esto lo sabe la ciudadanía, el daño ya está hecho. La mejor prueba de ello es la presencia de Mouriño en el noticiario nocturno de Televisa el jueves 6. Seguramente acudió ahí cuando se percató de que, más allá de los espacios que el tema ocupa en los medios de comunicación masiva, el hecho impactaba negativamente en la opinión pública.
Sin embargo, el mayor daño para Mouriño es de índole política, pues en este ámbito el funcionario ya hipotecó su capital con los líderes de las fracciones parlamentarias priistas: Manlio Fabio Beltrones, en el Senado, y Emilio Gamboa, en la Cámara de Diputados. Al ver el caso, ambos olieron la sangre y de inmediato se aprestaron a apoyar la demanda de los perredistas de instalar una comisión investigadora para dilucidar si se cometió algún tipo de delito o irregularidad administrativa. Además, se percataron de que podían sacar una mejor tajada política al asunto si lo negociaban con el presunto indiciado y de inmediato retiraron su apoyo.
Los dos líderes priistas han aprovechado hasta hoy la inexperiencia de sus interlocutores y la debilidad política de Calderón para sacar la mejor parte en las negociaciones en el Congreso: integración de comisiones, reforma electoral, reforma fiscal y hasta reforma judicial. Y esto antes de venderle este favor al negociador oficial del Ejecutivo; a partir de hoy los líderes parlamentarios del PRI tienen una posición más ventajosa.
Así, Calderón quemó a quien consideraba su mejor operador político, al colocarlo prematura e inoportunamente en la Secretaría de Gobernación. Hoy, lo único que el mandatario puede hacer es tratar de minimizar los daños. Dejar a Mouriño en Gobernación implica debilitar la posición negociadora del Ejecutivo; sacarlo del gabinete y mandarlo a hacerle compañía a su antecesor Francisco Ramírez Acuña puede ser la posición más conveniente para el gobierno de Calderón, pues incluso puede posicionarse como un político sensible y decidido frente a cualquier acto cuestionable de sus colaboradores, pero desde luego implica perder definitivamente a Mouriño y dañar seriamente cualquier aspiración política futura; y, finalmente, moverlo a otra posición política parecería más bien que cede ante las presiones, pero protege a su amigo.
Lo cierto es que un mal cálculo político de Calderón, que sobrevaloró las cualidades de su colaborador y menospreció las dificultades de la negociación de la reforma energética, y los errores de Mouriño, se conjugaron para propinar al gobierno su primer tropezón político importante. l
Más allá del aspecto legal y de su permanencia al frente de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño perdió su utilidad política para el gobierno de Felipe Calderón. Su nombramiento en esa dependencia, protegido del escrutinio público, tenía un propósito clave en las negociaciones y acuerdos que permitían al mandatario avanzar en la consolidación de su gestión sexenal. Pero ya no es así.
Desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le entregó su constancia de presidente electo, Calderón centró su estrategia en tratar de mostrar ante la opinión pública firmeza para alcanzar sus propósitos y capacidad de operación política. Así consiguió realizar la transmisión de la banda presidencial en la tribuna de San Lázaro, sacó al Ejército para combatir a los narcotraficantes y logró la aprobación de varias reformas legislativas que, en conjunto, permitieron a su gobierno ganar legitimidad y modificar la percepción de la ciudadanía sobre la parálisis gubernamental.
Más allá de los beneficios reales y tangibles de su actuación, lo cierto es que a pesar de su cuestionado inicio de sexenio, Calderón tomó las riendas del poder y marcó su estilo personal de gobernar. Como lo importante es el impacto que tienen en la percepción de la opinión pública, las consecuencias de las acciones y decisiones pasan a un segundo lugar. Hasta la semana pasada parecía que la consecución de dicho propósito caminaba exitosamente. Sin embargo, los enredos de Mouriño significan el primer tropiezo serio del sexenio en esta materia.
Calderón pasó por alto que los negocios de Mouriño y su familia están en el ramo petrolero y que una de las primeras reformas importantes que su secretario de Gobernación tenía que impulsar era precisamente la energética. Y, seguramente, ignoraba que Mouriño firmó como apoderado legal de Ivancar contratos con Pemex, a pesar de que ya trabajaba en la Secretaría de Energía.
En el ámbito político, todo acto tiene consecuencias tanto legales, como políticas y ante la opinión pública. La mayor parte de las veces, estas dos últimas se convierten en una sola, pero en otras no, como en este caso, en el que ya hay daños evidentes. De esto se desprende que los legisladores perredistas insistan en integrar una comisión legislativa que investigue a Mouriño, puesto que ven difícil tener éxito si lo hacen por la vía penal.
Por lo que atañe al ámbito legal, el único camino por el que se puede proceder es precisamente el penal, pues por la vía de las responsabilidades de los servidores públicos Mouriño tiene una coartada: cuando ocupó el cargo en la Secretaría de Energía, arguye, “no tenía nada absolutamente que ver con el tema de los hidrocarburos o con Pemex”.
Sin embargo, debe decirse que la sola presencia de Mouriño en la Administración Pública Federal lo vuelven sospechoso de tráfico de influencias, tanto desde el punto de vista conceptual como legal, en particular por su cercanía con el secretario del ramo energético.
En este último aspecto, el artículo 428 del Código Penal Federal señala claramente: “El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero…”
En este caso, a Mouriño se le puede configurar el delito desde que fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Pero esto, como señalan los panistas, tendría que resolverse en las instancias correspondientes y no será fácil demostrar jurídicamente que hubo tráfico de influencias.
Pero donde los impactos negativos son evidentes es en los otros dos ámbitos. En la opinión pública, el asunto aparentemente pasó desapercibido cuando el excandidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador hizo la denuncia pública; pero se posicionó en todos los medios de comunicación cuando el 28 de febrero pasado El Universal publicó en su primera plana copias de los documentos con la firma del actual secretario de Gobernación.
Las opciones
Ante esas evidencias irrefutables, el jueves 6 Juan Camilo Mouriño admitió en una entrevista en el Noticiero de Joaquín López Dóriga que aquel documento sí es auténtico. Y explicó: “Fue firmado y es absolutamente legal, y no hay ninguna actuación indebida de mi parte en él. Ser apoderado legal no es de ninguna manera ningún delito. Yo ya no era apoderado de la empresa, y antes de firmar ese contrato también verifiqué que pudiera, como servidor público, firmarlo y que no tuviese ningún problema de legalidad.”
Pero Juan Camilo olvida una cosa: que como en el caso de Pompeya, la mujer de Julio César, no basta ser honesto, “también hay que parecerlo”. Y en esta ocasión las evidencias obran en su contra, especialmente en un país como el nuestro, donde el tráfico de influencias es una práctica común y extendida. Aquí, por ejemplo, empresarios como Kamel Nacif hacen gala de su poder económico e influyen en las decisiones del gobernador poblano, Mario Marín, para que éste persiga a la periodista Lydia Cacho; los hijos de Marta Sahagún, Arturo Montiel y tantos otros políticos aprovechan sus posiciones privilegiadas para enriquecerse económicamente.
En estos casos como en el que ahora envuelve a Mouriño, no es que los personajes mencionados tuvieran una posición privilegiada desde la que tomaban decisiones que los beneficiaban directamente, el asunto es que desde Los Pinos se podía influir para que esas decisiones tuvieran éxito. Y a pesar de que esto lo sabe la ciudadanía, el daño ya está hecho. La mejor prueba de ello es la presencia de Mouriño en el noticiario nocturno de Televisa el jueves 6. Seguramente acudió ahí cuando se percató de que, más allá de los espacios que el tema ocupa en los medios de comunicación masiva, el hecho impactaba negativamente en la opinión pública.
Sin embargo, el mayor daño para Mouriño es de índole política, pues en este ámbito el funcionario ya hipotecó su capital con los líderes de las fracciones parlamentarias priistas: Manlio Fabio Beltrones, en el Senado, y Emilio Gamboa, en la Cámara de Diputados. Al ver el caso, ambos olieron la sangre y de inmediato se aprestaron a apoyar la demanda de los perredistas de instalar una comisión investigadora para dilucidar si se cometió algún tipo de delito o irregularidad administrativa. Además, se percataron de que podían sacar una mejor tajada política al asunto si lo negociaban con el presunto indiciado y de inmediato retiraron su apoyo.
Los dos líderes priistas han aprovechado hasta hoy la inexperiencia de sus interlocutores y la debilidad política de Calderón para sacar la mejor parte en las negociaciones en el Congreso: integración de comisiones, reforma electoral, reforma fiscal y hasta reforma judicial. Y esto antes de venderle este favor al negociador oficial del Ejecutivo; a partir de hoy los líderes parlamentarios del PRI tienen una posición más ventajosa.
Así, Calderón quemó a quien consideraba su mejor operador político, al colocarlo prematura e inoportunamente en la Secretaría de Gobernación. Hoy, lo único que el mandatario puede hacer es tratar de minimizar los daños. Dejar a Mouriño en Gobernación implica debilitar la posición negociadora del Ejecutivo; sacarlo del gabinete y mandarlo a hacerle compañía a su antecesor Francisco Ramírez Acuña puede ser la posición más conveniente para el gobierno de Calderón, pues incluso puede posicionarse como un político sensible y decidido frente a cualquier acto cuestionable de sus colaboradores, pero desde luego implica perder definitivamente a Mouriño y dañar seriamente cualquier aspiración política futura; y, finalmente, moverlo a otra posición política parecería más bien que cede ante las presiones, pero protege a su amigo.
Lo cierto es que un mal cálculo político de Calderón, que sobrevaloró las cualidades de su colaborador y menospreció las dificultades de la negociación de la reforma energética, y los errores de Mouriño, se conjugaron para propinar al gobierno su primer tropezón político importante. l
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