El Universal y La Jornada
Cisen, ayuno de inteligencia/Editorial
El Universal, 15 de julio de 2008;
Al gobierno, urgido de funcionarios que le resuelvan problemas, le sobran colaboradores que se los crean en cadena, como el conspicuo director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés.
Cuando sobre el Cisen llueven cargos de sospecha de espionaje contra legisladores, de contratar para hacerlo a empresas privadas creadas sobre la marcha por favoritos del PAN en el Distrito Federal, y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pide al Presidente de la República la destitución de su director, éste reaparece en una entrevista con el Financial Times en la que afirma: “No descartamos la posibilidad de que el dinero de las drogas se haya infiltrado en las campañas (de algunos legisladores)”.
En un país donde las declaraciones son la forma de hacer política, la afirmación de Valdés causó el consecuente coro de protestas en el Congreso, que ciertamente tiene el poder de limitar si no denegar del todo el presupuesto del que depende el propio Cisen.
El Congreso de la Unión está formado por 500 diputados y 128 senadores muy diferentes entre sí en educación, rango social, trayectoria y personalidad, y por los dichos y hechos de algunos de ellos pocas cosas nos sorprenderían, sobre todo si se considera la capacidad de sometimiento, por el dinero y el terror, que tiene el crimen organizado. Pero la entidad responsable de documentar las acciones de seguridad nacional tiene que ser más responsable de sus palabras..
El diputado perredista, líder de su bancada, Javier González Garza, dijo estar “absolutamente seguro de que en las campañas políticas hay dinero de más”, y el líder del grupo parlamentario del PAN, Héctor Larios, admitió que “existe esa posibilidad, pero no hay ningún indicio concreto que involucre a alguno de los diputados o senadores en esta circunstancia”. La Constitución exime a los legisladores de responsabilidad por sus palabras.
Pero ese no es el caso de los colaboradores del Poder Ejecutivo. El señor Valdés pareció olvidar que la regla básica de los organismos de inteligencia es la discreción, no ser parte de un debate político que transcurre en entrevistas de radio y declaraciones en prensa extranjera contra un Poder Legislativo con el cual vive hoy una confrontación y ante el que debe por ley ofrecer aclaraciones.
Centroamericanas agredidas en México
Durante la décima reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala surgió un duro y vergonzoso dato: de acuerdo con un informe de la organización no gubernamental Foro de Migraciones, ocho de cada 10 mujeres centroamericanas que ingresan ilegalmente a territorio mexicano son violadas por traficantes de personas, autoridades corruptas o asaltantes.
Aunque la cifra podría resultar exagerada o sería posible cuestionar la veracidad del estudio realizado por la ONG, lo cierto es que a lo largo del año hemos sabido de numerosos episodios en los que los migrantes que vienen del sur han sufrido agresiones por parte funcionarios mexicanos, ya sea del Instituto Nacional de Migración, la Armada o las policías municipales.
En ese sentido, es deseable que en el encuentro que hoy llega a su fin los mandatarios de ambos países puedan avanzar no sólo en materia de seguridad en la frontera común y en acuerdos laborales, sino, en particular, en el tema de la protección de los derechos humanos de los migrantes. Si México exige respeto a sus connacionales en el exterior, es lo mínimo que debe ofrecer a quienes llegan aquí.
Cuando sobre el Cisen llueven cargos de sospecha de espionaje contra legisladores, de contratar para hacerlo a empresas privadas creadas sobre la marcha por favoritos del PAN en el Distrito Federal, y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pide al Presidente de la República la destitución de su director, éste reaparece en una entrevista con el Financial Times en la que afirma: “No descartamos la posibilidad de que el dinero de las drogas se haya infiltrado en las campañas (de algunos legisladores)”.
En un país donde las declaraciones son la forma de hacer política, la afirmación de Valdés causó el consecuente coro de protestas en el Congreso, que ciertamente tiene el poder de limitar si no denegar del todo el presupuesto del que depende el propio Cisen.
El Congreso de la Unión está formado por 500 diputados y 128 senadores muy diferentes entre sí en educación, rango social, trayectoria y personalidad, y por los dichos y hechos de algunos de ellos pocas cosas nos sorprenderían, sobre todo si se considera la capacidad de sometimiento, por el dinero y el terror, que tiene el crimen organizado. Pero la entidad responsable de documentar las acciones de seguridad nacional tiene que ser más responsable de sus palabras..
El diputado perredista, líder de su bancada, Javier González Garza, dijo estar “absolutamente seguro de que en las campañas políticas hay dinero de más”, y el líder del grupo parlamentario del PAN, Héctor Larios, admitió que “existe esa posibilidad, pero no hay ningún indicio concreto que involucre a alguno de los diputados o senadores en esta circunstancia”. La Constitución exime a los legisladores de responsabilidad por sus palabras.
Pero ese no es el caso de los colaboradores del Poder Ejecutivo. El señor Valdés pareció olvidar que la regla básica de los organismos de inteligencia es la discreción, no ser parte de un debate político que transcurre en entrevistas de radio y declaraciones en prensa extranjera contra un Poder Legislativo con el cual vive hoy una confrontación y ante el que debe por ley ofrecer aclaraciones.
Centroamericanas agredidas en México
Durante la décima reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala surgió un duro y vergonzoso dato: de acuerdo con un informe de la organización no gubernamental Foro de Migraciones, ocho de cada 10 mujeres centroamericanas que ingresan ilegalmente a territorio mexicano son violadas por traficantes de personas, autoridades corruptas o asaltantes.
Aunque la cifra podría resultar exagerada o sería posible cuestionar la veracidad del estudio realizado por la ONG, lo cierto es que a lo largo del año hemos sabido de numerosos episodios en los que los migrantes que vienen del sur han sufrido agresiones por parte funcionarios mexicanos, ya sea del Instituto Nacional de Migración, la Armada o las policías municipales.
En ese sentido, es deseable que en el encuentro que hoy llega a su fin los mandatarios de ambos países puedan avanzar no sólo en materia de seguridad en la frontera común y en acuerdos laborales, sino, en particular, en el tema de la protección de los derechos humanos de los migrantes. Si México exige respeto a sus connacionales en el exterior, es lo mínimo que debe ofrecer a quienes llegan aquí.
Cisen: fuego cruzado y campañas sucias/Editorial
La Jornada, 15/07/2008;
El director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, en entrevista publicada por el diario británico Financial Times, aseguró que las organizaciones criminales “intentan hacerse cargo del poder del Estado”, que han logrado cooptar a miembros de la policía, del Poder Judicial y de las entidades del gobierno, e incluso insinuó que pueden haber infiltrado el Congreso, al no descartar “la posibilidad de que haya dinero del narcotráfico involucrado en las campañas de algunos legisladores”. Antes de ponderar semejante declaración, es pertinente recordar el contexto en que ocurre, caracterizado por las acusaciones contra los servicios de inteligencia del Estado, formuladas por diversos diputados y senadores y por el ex presidente del Partido Acción Nacional Manuel Espino.
Es necesario tener en cuenta que los ataques cruzados entre los propios panistas, de Espino al coordinador de la fracción senatorial tricolor, Manlio Fabio Beltrones, y de éste al CISEN, son indicativos de la creciente fractura en la coalición de facto que cogobierna. A su vez, la creciente distancia y hasta la hostilidad entre el gobierno federal y los jefes priístas se ha desarrollado en el contexto de la disputa política nacional provocada por la iniciativa de reformas legales enviada en abril al Senado por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, por medio de la cual se pretende privatizar los segmentos principales de la industria petrolera. Respaldada en principio por Beltrones y otros priístas prominentes, tal propuesta se ha ido desgastando por efecto de las movilizaciones ciudadanas de rechazo a la desnacionalización –así sea embozada– del petróleo mexicano y por la improcedencia de los cambios, evidenciada en el curso de los debates convocados por el propio Senado.
Resulta imposible, en la circunstancia actual, deslindar cuánto de la creciente oposición verbal de los priístas a la privatización responde a convicciones y principios y cuánto a un regateo político orientado a abultar las facturas que las cúpulas tricolores pretenden cobrar a Calderón por el respaldo que le brindaron para que tomara posesión con base en unos resultados electorales impugnados y manoseados. Asimismo, es lógico suponer que en este nuevo pleito hay una fuerte dosis de cálculo político de ambos bandos, los cuales buscan posicionarse de manera favorable de cara a las elecciones legislativas del año entrante.
Así, en medio de esta espiral de confrontaciones electoreras no puede saberse a ciencia cierta si las acusaciones en contra del titular del Cisen son fundadas; por el contrario, los jaloneos en el seno de la alianza cogobernante han enturbiado el panorama político de modo que ni siquiera es posible discernir si los señalamientos de ambas partes son ciertos, o si forman parte de campañas de propaganda sucia.
Independientemente de ello, resulta cuestionable –por decir lo menos– que el encargado de la inteligencia del Estado se dedique a sostener acusaciones tan graves como las publicadas en el rotativo británico, que desprestigian al Legislativo en su conjunto y que, al no ser acompañadas de los nombres y las pruebas correspondientes, enrarecen y ensucian el de por sí confuso y turbio panorama político.
En suma, la polémica desencadenada por las acusaciones de espionaje en contra del gobierno calderonista y la evidente fisura de su alianza con el PRI plantean un escollo adicional para una administración en sí misma debilitada por los cuestionamientos de origen a su legitimidad, por las severas críticas que ha recibido por su política de seguridad, su proyecto económico antipopular, su falta de sentido de nación y, en general, por su ausencia de rumbo y de claridad para gobernar. Por lo que puede verse, las cúpulas del tricolor han decidido sacar ventaja de tales debilidades e inconsecuencias, y la candidez y el descuido de que hacen gala altos funcionarios federales –como el titular del Cisen– abonan y facilitan ese empeño.
Es necesario tener en cuenta que los ataques cruzados entre los propios panistas, de Espino al coordinador de la fracción senatorial tricolor, Manlio Fabio Beltrones, y de éste al CISEN, son indicativos de la creciente fractura en la coalición de facto que cogobierna. A su vez, la creciente distancia y hasta la hostilidad entre el gobierno federal y los jefes priístas se ha desarrollado en el contexto de la disputa política nacional provocada por la iniciativa de reformas legales enviada en abril al Senado por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, por medio de la cual se pretende privatizar los segmentos principales de la industria petrolera. Respaldada en principio por Beltrones y otros priístas prominentes, tal propuesta se ha ido desgastando por efecto de las movilizaciones ciudadanas de rechazo a la desnacionalización –así sea embozada– del petróleo mexicano y por la improcedencia de los cambios, evidenciada en el curso de los debates convocados por el propio Senado.
Resulta imposible, en la circunstancia actual, deslindar cuánto de la creciente oposición verbal de los priístas a la privatización responde a convicciones y principios y cuánto a un regateo político orientado a abultar las facturas que las cúpulas tricolores pretenden cobrar a Calderón por el respaldo que le brindaron para que tomara posesión con base en unos resultados electorales impugnados y manoseados. Asimismo, es lógico suponer que en este nuevo pleito hay una fuerte dosis de cálculo político de ambos bandos, los cuales buscan posicionarse de manera favorable de cara a las elecciones legislativas del año entrante.
Así, en medio de esta espiral de confrontaciones electoreras no puede saberse a ciencia cierta si las acusaciones en contra del titular del Cisen son fundadas; por el contrario, los jaloneos en el seno de la alianza cogobernante han enturbiado el panorama político de modo que ni siquiera es posible discernir si los señalamientos de ambas partes son ciertos, o si forman parte de campañas de propaganda sucia.
Independientemente de ello, resulta cuestionable –por decir lo menos– que el encargado de la inteligencia del Estado se dedique a sostener acusaciones tan graves como las publicadas en el rotativo británico, que desprestigian al Legislativo en su conjunto y que, al no ser acompañadas de los nombres y las pruebas correspondientes, enrarecen y ensucian el de por sí confuso y turbio panorama político.
En suma, la polémica desencadenada por las acusaciones de espionaje en contra del gobierno calderonista y la evidente fisura de su alianza con el PRI plantean un escollo adicional para una administración en sí misma debilitada por los cuestionamientos de origen a su legitimidad, por las severas críticas que ha recibido por su política de seguridad, su proyecto económico antipopular, su falta de sentido de nación y, en general, por su ausencia de rumbo y de claridad para gobernar. Por lo que puede verse, las cúpulas del tricolor han decidido sacar ventaja de tales debilidades e inconsecuencias, y la candidez y el descuido de que hacen gala altos funcionarios federales –como el titular del Cisen– abonan y facilitan ese empeño.
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