Luis Rubio y Juan E. Pardinas en Reforma, coinciden; el presidente debe sacrificar a su amigo: "El dilema de Calderón es ser un amigo leal o un buen presidente de la República".
Mal manejo/Luis Rubio
Publicado en Reforma, 16/03/2008;
Publicado en Reforma, 16/03/2008;
Cuando un barco se está quemando, la primera prioridad tiene que ser salvar a la nave y a los pasajeros y no a miembros individuales de la tripulación. En el caso de Juan Camilo Mouriño, el gobierno del presidente Calderón enfrenta la prueba más dura de su mandato y, al menos hasta ahora, no ha logrado siquiera definir la naturaleza del problema ni sus implicaciones. Independientemente de la veracidad de la información en contra del Secretario de Gobernación o de si éste haya cometido un delito es evidente que se trata de un embate político y no legal. El ex candidato opositor ha logrado asestar un duro golpe político al gobierno, mientras que éste intenta manejarlo como si se tratara de un mero asunto de trámite legal. No son fáciles las opciones para el Presidente, pero a menos de que pronto logre cambiar los términos de referencia en la vida política del país puede aquí acabar experimentando su Atenco.
El primer error del gobierno ha consistido en tratar el asunto como legal, cuando es político (misma posición de Jorge Fernández); el segundo ha sido montar una defensa a ultranza, así se implique al propio Presidente en el camino; finalmente, en lugar de buscar opciones, se ha atrincherado. Ésta no es una manera seria y responsable de administrar una crisis.
El objetivo principal del gobierno tiene que ser el de mantener su viabilidad como entidad gobernante y eso implica control de sus procesos, capacidad de interlocución, probidad frente a la opinión pública y habilidad para administrar las situaciones de crisis que inevitablemente se presentan en toda sociedad. En lugar de afianzar estas capacidades, el gobierno se ha empecinado en defender a un funcionario sin reparar en los costos de sus acciones.
Lo anterior no quiere decir que un gobierno tenga que entregar la cabeza de un funcionario cada que éste sea desafiado en los medios por fuentes de oposición. Seguir una línea de esa naturaleza implicaría entregar el gobierno a sus rivales. Sin embargo, una estrategia que privilegia la defensa de un funcionario por encima de la viabilidad del gobierno no parece muy inteligente o lógica. Esto podría ser particularmente delicado si la población y la opinión pública acaban concluyendo que se toleran bajos estándares éticos, pues eso transferiría el problema al propio presidente de la República.
El país enfrenta una potencial crisis política, no por lo que haya firmado o no el actual funcionario, sino por la torpeza con que se están administrando los procesos y circunstancias. Al día de hoy, el Presidente tiene tres opciones, al menos en concepto: seguir defendiendo al funcionario, capitular ante sus contrincantes o cambiar los términos de la discusión pública.
La defensa que hace el gobierno del Secretario de Gobernación es comprensible y lógica. Primero y ante todo, no se ha demostrado ilegalidad alguna en los actos que se le imputan. Segundo, existe una larga relación personal entre el Presidente y el funcionario. Finalmente, un gobierno tiene que actuar frente a su oposición. Todo esto hace comprensible y explicable el actuar gubernamental, pero no lo hace lógico. Peor, le está llevando al gobierno en su conjunto a convertirse en parte de la crítica situación, con lo que corre el riesgo de acabar siendo el problema.
Valdría la pena traer a colación una anécdota que tuve la oportunidad de observar con relativa cercanía en su momento. El presidente Zedillo enfrentó varias situaciones críticas de una naturaleza similar a la que actualmente padece el presidente Calderón al inicio de su sexenio. Primero, literalmente unos días después de iniciado su mandato, experimentó el embate relacionado con las credenciales académicas de su entonces Secretario de Educación. Dos semanas después, en medio de la peor crisis financiera que jamás haya enfrentado el país, le renunció su Secretario de Hacienda. Finalmente, no pasó un semestre antes de que su Secretario de Gobernación se tornara insostenible. Un común denominador de los tres funcionarios era que se trataba de personas cercanas al Presidente y, al menos uno de ellos, amigo cercanísimo. Lo interesante para mí como observador externo fue la forma en que el entonces presidente Zedillo cambió frente a esa situación. En lugar de lamentarse y defender a capa y espada a sus funcionarios, se sintió liberado. Al ya no tener amigos cercanos y personales obtuvo la distancia necesaria para poder funcionar con subordinados profesionales que, a partir de ese momento, podrían ser removidos sin contemplación. Ése no acabó siendo un gran sexenio, pero ilustra la necesidad de un Presidente de preocuparse por su responsabilidad y no por la de cada uno de sus funcionarios en lo individual.
Desde esta perspectiva, puede ser injusto sacrificar a un funcionario cercano, máxime la calidad moral del acusador que, como ilustra su paso por el DF, no fue pulcro e impecable, pero ése no es el tema. La situación ha escalado hasta tornarse crítica, al grado que el Secretario de Gobernación ha perdido toda capacidad para ejercer sus funciones. Sin embargo, capitular y entregar su cabeza a la oposición en este momento implicaría un suicidio. Es quizá ésa la razón que ha orillado al Presidente a buscar caminos intermedios y negociaciones laterales con otros partidos, pero nada de eso constituye una solución duradera.
En el fondo, el problema actual reside en la debilidad del equipo que acompaña al Presidente, donde hay muy pocos verdaderos políticos experimentados y profesionales en el gabinete, es decir, políticos con probada capacidad de interlocución y operación con todas las fuerzas políticas. Esta realidad ha fortalecido a su oposición dentro del PRD, debilitado a sus aliados potenciales y lo ha hecho totalmente dependiente del PRI.
En un escenario ideal, el Presidente debería renovar a la parte de su equipo que no tiene las características políticas necesarias para desempeñar sus funciones, aceptar las pérdidas que ha sufrido en aras del futuro y encontrar oportunidades que le permitan cambiar los términos de referencia de la discusión actual. Y ése es el tema nodal: la crisis actual no tiene solución a menos de que todo el país comience a enfocarse en una dirección distinta a la actual, porque lo existente está viciado y no permite soluciones convincentes.
En condiciones similares, De Gaulle firmó la paz con Argelia, Sadat fue a Jerusalén y Salinas metió a La Quina al tambo. Es tiempo de que el presidente Calderón haga valer las prerrogativas de su función y le dé nuevos bríos a su gobierno y al país.
Página de internet: www.cidac.org
El primer error del gobierno ha consistido en tratar el asunto como legal, cuando es político (misma posición de Jorge Fernández); el segundo ha sido montar una defensa a ultranza, así se implique al propio Presidente en el camino; finalmente, en lugar de buscar opciones, se ha atrincherado. Ésta no es una manera seria y responsable de administrar una crisis.
El objetivo principal del gobierno tiene que ser el de mantener su viabilidad como entidad gobernante y eso implica control de sus procesos, capacidad de interlocución, probidad frente a la opinión pública y habilidad para administrar las situaciones de crisis que inevitablemente se presentan en toda sociedad. En lugar de afianzar estas capacidades, el gobierno se ha empecinado en defender a un funcionario sin reparar en los costos de sus acciones.
Lo anterior no quiere decir que un gobierno tenga que entregar la cabeza de un funcionario cada que éste sea desafiado en los medios por fuentes de oposición. Seguir una línea de esa naturaleza implicaría entregar el gobierno a sus rivales. Sin embargo, una estrategia que privilegia la defensa de un funcionario por encima de la viabilidad del gobierno no parece muy inteligente o lógica. Esto podría ser particularmente delicado si la población y la opinión pública acaban concluyendo que se toleran bajos estándares éticos, pues eso transferiría el problema al propio presidente de la República.
El país enfrenta una potencial crisis política, no por lo que haya firmado o no el actual funcionario, sino por la torpeza con que se están administrando los procesos y circunstancias. Al día de hoy, el Presidente tiene tres opciones, al menos en concepto: seguir defendiendo al funcionario, capitular ante sus contrincantes o cambiar los términos de la discusión pública.
La defensa que hace el gobierno del Secretario de Gobernación es comprensible y lógica. Primero y ante todo, no se ha demostrado ilegalidad alguna en los actos que se le imputan. Segundo, existe una larga relación personal entre el Presidente y el funcionario. Finalmente, un gobierno tiene que actuar frente a su oposición. Todo esto hace comprensible y explicable el actuar gubernamental, pero no lo hace lógico. Peor, le está llevando al gobierno en su conjunto a convertirse en parte de la crítica situación, con lo que corre el riesgo de acabar siendo el problema.
Valdría la pena traer a colación una anécdota que tuve la oportunidad de observar con relativa cercanía en su momento. El presidente Zedillo enfrentó varias situaciones críticas de una naturaleza similar a la que actualmente padece el presidente Calderón al inicio de su sexenio. Primero, literalmente unos días después de iniciado su mandato, experimentó el embate relacionado con las credenciales académicas de su entonces Secretario de Educación. Dos semanas después, en medio de la peor crisis financiera que jamás haya enfrentado el país, le renunció su Secretario de Hacienda. Finalmente, no pasó un semestre antes de que su Secretario de Gobernación se tornara insostenible. Un común denominador de los tres funcionarios era que se trataba de personas cercanas al Presidente y, al menos uno de ellos, amigo cercanísimo. Lo interesante para mí como observador externo fue la forma en que el entonces presidente Zedillo cambió frente a esa situación. En lugar de lamentarse y defender a capa y espada a sus funcionarios, se sintió liberado. Al ya no tener amigos cercanos y personales obtuvo la distancia necesaria para poder funcionar con subordinados profesionales que, a partir de ese momento, podrían ser removidos sin contemplación. Ése no acabó siendo un gran sexenio, pero ilustra la necesidad de un Presidente de preocuparse por su responsabilidad y no por la de cada uno de sus funcionarios en lo individual.
Desde esta perspectiva, puede ser injusto sacrificar a un funcionario cercano, máxime la calidad moral del acusador que, como ilustra su paso por el DF, no fue pulcro e impecable, pero ése no es el tema. La situación ha escalado hasta tornarse crítica, al grado que el Secretario de Gobernación ha perdido toda capacidad para ejercer sus funciones. Sin embargo, capitular y entregar su cabeza a la oposición en este momento implicaría un suicidio. Es quizá ésa la razón que ha orillado al Presidente a buscar caminos intermedios y negociaciones laterales con otros partidos, pero nada de eso constituye una solución duradera.
En el fondo, el problema actual reside en la debilidad del equipo que acompaña al Presidente, donde hay muy pocos verdaderos políticos experimentados y profesionales en el gabinete, es decir, políticos con probada capacidad de interlocución y operación con todas las fuerzas políticas. Esta realidad ha fortalecido a su oposición dentro del PRD, debilitado a sus aliados potenciales y lo ha hecho totalmente dependiente del PRI.
En un escenario ideal, el Presidente debería renovar a la parte de su equipo que no tiene las características políticas necesarias para desempeñar sus funciones, aceptar las pérdidas que ha sufrido en aras del futuro y encontrar oportunidades que le permitan cambiar los términos de referencia de la discusión actual. Y ése es el tema nodal: la crisis actual no tiene solución a menos de que todo el país comience a enfocarse en una dirección distinta a la actual, porque lo existente está viciado y no permite soluciones convincentes.
En condiciones similares, De Gaulle firmó la paz con Argelia, Sadat fue a Jerusalén y Salinas metió a La Quina al tambo. Es tiempo de que el presidente Calderón haga valer las prerrogativas de su función y le dé nuevos bríos a su gobierno y al país.
Página de internet: www.cidac.org
La virtud del ingrato /Juan E. Pardinas
Reforma 16 Mar. 08
Un sacerdote, un vendedor de elotes, un futbolista o el propio secretario de Gobernación tienen la misma autoridad para calificar la legalidad de un hecho: ninguna. El trabajo de un juez consiste precisamente en discernir entre los actos que caen dentro y fuera de la ley. Un magistrado emite sentencias que determinan la legalidad de un comportamiento, mientras que el resto de los mortales nos conformamos con tener opiniones sin ninguna vinculación, ni consecuencia jurídica.
La ética es un negocio distinto. Cada individuo tiene su código personal para evaluar la moral propia y ajena. En el terreno de la ética, el hijo del vecino es un miembro de la Suprema Corte. Tú, Juan Camilo Mouriño y yo podemos determinar lo que a cada uno de nosotros nos parece una conducta ética. Sin embargo, nadie puede esperar que su visión personal de lo correcto genere un consenso colectivo. Las leyes aspiran a ser un parámetro universal para regir las acciones humanas. En cambio, la ética es producto de las reglas no escritas que orientan los escrúpulos individuales. La PGR y la Cámara de Diputados tienen la responsabilidad de determinar si hay elementos para conformar una acusación legal sobre los contratos de la empresa Ivancar con Pemex. Sin embargo, millones de mexicanos ya tienen una opinión formada y un veredicto ético sobre las acciones del actual secretario de Gobernación.
Si lo que hizo Mouriño es legal, nuestro marco jurídico tendría una laguna muy grave. Al no existir una sanción por conflicto de intereses, un funcionario de la Secretaría de Salud podría tener una empresa dedicada a la distribución de vacunas. El encargado de la construcción de carreteras podría fundar una compañía de camiones para el transporte de asfalto. La sinergia de negocios y corruptelas sería infinita.
Fiorello LaGuardia ganó su fama, como alcalde de Nueva York, por declararle la guerra a las mafias que asolaron su ciudad durante la década de los treinta. Lucky Luciano y otros gángsters legendarios terminaron su carrera criminal gracias a las agallas de LaGuardia. Una de las estrategias del alcalde para combatir el crimen y la corrupción en la Gran Manzana fue su decisión de romper vínculos con sus amistades: "Uno de mis principales atributos para ocupar el cargo es mi monumental ingratitud. No se puede ser un buen gobernante y un buen tipo al mismo tiempo". Para manejar la ciudad con entera libertad, decidió no pagar favores, ni honrar sus compromisos políticos. Su única deuda fue con los ciudadanos. Sus antiguos amigos culparon a LaGuardia de convertir la ingratitud en una virtud, pero él presumió esa acusación como si fuera una medalla en la solapa.
El futuro del caso Mouriño involucra criterios judiciales, decisiones políticas y afectos personales. Es probable que el funcionario campechano no haya utilizado la influencia de su cargo para favorecer a la empresa familiar, pero, en el ejercicio del poder, las percepciones pesan tanto como los hechos. La continuidad de Mouriño en el gabinete alimentará el cinismo y la desconfianza de los ciudadanos en el gobierno. Para el Peje será un arsenal inagotable de municiones. En toda la estructura del Poder Ejecutivo sólo hay una persona que tiene la obligación legal de permanecer en su cargo y se llama Felipe Calderón. Todos los demás funcionarios son o deberían ser prescindibles.
Hace unas semanas parecía que el tema más importante en la agenda nacional era la reforma energética. Hoy el gobierno desgasta sus fichas en salvar la carrera política de un solo individuo. En el idioma portugués, la palabra "gracias" se traduce como "obligado". Todo sentimiento de gratitud es una obligación. Toda obligación es un fardo. El dilema de Calderón es ser un amigo leal o un buen presidente de la República. Afuera de su círculo de amistades estamos más de 100 millones de mexicanos.
Un sacerdote, un vendedor de elotes, un futbolista o el propio secretario de Gobernación tienen la misma autoridad para calificar la legalidad de un hecho: ninguna. El trabajo de un juez consiste precisamente en discernir entre los actos que caen dentro y fuera de la ley. Un magistrado emite sentencias que determinan la legalidad de un comportamiento, mientras que el resto de los mortales nos conformamos con tener opiniones sin ninguna vinculación, ni consecuencia jurídica.
La ética es un negocio distinto. Cada individuo tiene su código personal para evaluar la moral propia y ajena. En el terreno de la ética, el hijo del vecino es un miembro de la Suprema Corte. Tú, Juan Camilo Mouriño y yo podemos determinar lo que a cada uno de nosotros nos parece una conducta ética. Sin embargo, nadie puede esperar que su visión personal de lo correcto genere un consenso colectivo. Las leyes aspiran a ser un parámetro universal para regir las acciones humanas. En cambio, la ética es producto de las reglas no escritas que orientan los escrúpulos individuales. La PGR y la Cámara de Diputados tienen la responsabilidad de determinar si hay elementos para conformar una acusación legal sobre los contratos de la empresa Ivancar con Pemex. Sin embargo, millones de mexicanos ya tienen una opinión formada y un veredicto ético sobre las acciones del actual secretario de Gobernación.
Si lo que hizo Mouriño es legal, nuestro marco jurídico tendría una laguna muy grave. Al no existir una sanción por conflicto de intereses, un funcionario de la Secretaría de Salud podría tener una empresa dedicada a la distribución de vacunas. El encargado de la construcción de carreteras podría fundar una compañía de camiones para el transporte de asfalto. La sinergia de negocios y corruptelas sería infinita.
Fiorello LaGuardia ganó su fama, como alcalde de Nueva York, por declararle la guerra a las mafias que asolaron su ciudad durante la década de los treinta. Lucky Luciano y otros gángsters legendarios terminaron su carrera criminal gracias a las agallas de LaGuardia. Una de las estrategias del alcalde para combatir el crimen y la corrupción en la Gran Manzana fue su decisión de romper vínculos con sus amistades: "Uno de mis principales atributos para ocupar el cargo es mi monumental ingratitud. No se puede ser un buen gobernante y un buen tipo al mismo tiempo". Para manejar la ciudad con entera libertad, decidió no pagar favores, ni honrar sus compromisos políticos. Su única deuda fue con los ciudadanos. Sus antiguos amigos culparon a LaGuardia de convertir la ingratitud en una virtud, pero él presumió esa acusación como si fuera una medalla en la solapa.
El futuro del caso Mouriño involucra criterios judiciales, decisiones políticas y afectos personales. Es probable que el funcionario campechano no haya utilizado la influencia de su cargo para favorecer a la empresa familiar, pero, en el ejercicio del poder, las percepciones pesan tanto como los hechos. La continuidad de Mouriño en el gabinete alimentará el cinismo y la desconfianza de los ciudadanos en el gobierno. Para el Peje será un arsenal inagotable de municiones. En toda la estructura del Poder Ejecutivo sólo hay una persona que tiene la obligación legal de permanecer en su cargo y se llama Felipe Calderón. Todos los demás funcionarios son o deberían ser prescindibles.
Hace unas semanas parecía que el tema más importante en la agenda nacional era la reforma energética. Hoy el gobierno desgasta sus fichas en salvar la carrera política de un solo individuo. En el idioma portugués, la palabra "gracias" se traduce como "obligado". Todo sentimiento de gratitud es una obligación. Toda obligación es un fardo. El dilema de Calderón es ser un amigo leal o un buen presidente de la República. Afuera de su círculo de amistades estamos más de 100 millones de mexicanos.
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