El Guantánamo mexicano

¿Y ahora?

¿La autoridada a reparar el daño causado!

¿Y los medios, por lo menos a pedir disculpas!

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Columna Bitácora del Director/Pascal Beltrán del Río,

Publicado en Excélsior 8/02/09

Arraigos: el Guantánamo mexicano

En poco más de un mes, la vida le cambió a Laura Elena Zúñiga Huízar, miss Sinaloa 2008 y ganadora del certamen Reina Hispanoamericana.Detenida en compañía de un grupo de presuntos narcotraficantes —entre ellos Ángel Orlando García Urquiza, señalado como uno de los jefes del cártel de Juárez—, la joven sinaloense, de 23 años de edad, fue recluida en el Centro Nacional de Arraigos de la Procuraduría General de la República, en la colonia Doctores, de la Ciudad de México, a finales de diciembre pasado. Ahí pasó la Navidad, el Año Nuevo y su cumpleaños.

La autoridad puso en manos de los medios una historia periodísticamente seductora: la caída en desgracia de una joven atractiva, reina de belleza, quien se relacionó sentimentalmente con un peligroso delincuente. Era un material de portada, obviamente, en especial durante los días aletargados del fin de año. La acusación era verosímil por estar anclada en las circunstancias de la detención de la joven y sus acompañantes en Guadalajara —el grupo tenía en su poder armamento y mucho dinero, según la PGR—, así como en los vínculos conocidos entre el narcotráfico y los certámenes de belleza.

Sin embargo, está visto, no se puede confiar en primeras impresiones, ni siquiera (o quizá deba decir sobre todo) cuando quien las provee trabaja para una entidad de procuración de justicia en México. Como el instinto de nuestro oficio es trascender lo aparente, pedí a la periodista sinaloense Dorangélica de la Rocha hacer una reconstrucción de los antecedentes de Zúñiga en Culiacán. Catedrática de la Universidad de Occidente y pionera del derecho a la información, De la Rocha produjo un inquietante reportaje que se publicó en estas páginas hace dos semanas. A diferencia de quienes se conformaban con las versiones de la PGR y las imágenes de una joven cabizbaja y atribulada en su presentación ante los medios, la periodista hizo lo que se aconseja en esta profesión cuando se quiere ampliar la información: reportear.

Habló con familiares, amigos, compañeros de escuela y antiguos maestros de Laura Elena. De su trabajo de investigación emergió el retrato de una chava normal que aparentemente escogió mal a sus amigos, cosa que aún no se considera delito en este país y que la Procuraduría confirmaría seis días después, cuando aceptó que de sus pesquisas sobre Zúñiga “no se desprendieron datos que la relacionen con actividad criminal alguna”. El caso también debiera dar lugar a una conclusión por parte de los medios: ha llegado el momento de dudar seriamente de las motivaciones de la autoridad que arraiga a los presuntos delincuentes en lugar de ponerlos a disposición de un juez, de un modo que se apegue al debido proceso y garantice los derechos de todo inculpado. Digámoslo más claro: el arraigo, tal como se practica en México, es una aberración para cualquier régimen que proclama y defiende las libertades.Quien ingresa en ese limbo jurídico carece de garantías, no sabe con certeza de qué se le acusa ni quién lo hace. No tiene derecho a información, visitas, careo, aportaciones de pruebas ni alegatos.

En eso no se distingue mucho del centro de detención militar de la base de Guantánamo, cuya clausura ya decretó el presidente estadunidense Barack Obama. La diferencia, se alegará, es que ahí se torturaba a los detenidos, hasta con música de rock a todo volumen, pero el problema es que sabemos poco sobre qué ocurre con los huéspedes involuntarios del antiguo hotel Central Park, en Eje 3 Sur, donde se puede mantener en cautiverio a 120 presuntos delincuentes por hasta 90 días.

Aunque existe, a nivel federal y en el fuero común desde hace varias décadas, apenas hace diez años que el arraigo se utiliza de manera recurrente. Se calcula que 50 mil personas han sido arraigadas en México durante ese lapso. Su uso tiene que ver con la mediatización de la justicia, puesto que permite a la autoridad dar la impresión de que está trabajando, resolviendo casos, cuando en realidad está tratando sobre todo de anotarse puntos ante la opinión pública y avanzar en la arena política. “El arraigo se ha utilizado como instrumento mediático para disimular los fracasos de la investigación”, opinó un prestigiado litigante a quien consulté para elaborar este texto. No debe sorprendernos que un número bajísimo de las sentencias que dictan los jueces en México sea resultado de una investigación policiaca, y que la mayoría de los casos resueltos —pocos, en sí— tenga por origen la detención en flagrancia. La labor de investigar no se toma en serio; basta ver los pocos recursos que se le asignan.

Además, ¿para qué reunir pruebas, si existe el arraigo? Un instrumento que debería ser usado exclusivamente con fines de retención, para dar lugar a concluir una pesquisa, acaba empleándose como sustituto de la consignación ante el juez, y termina por ser una captura disfrazada en la que se puede intimidar al arraigado y sacarle confesiones a fuerza. Aun cuando se le libera, al final del plazo, el arraigado queda señalado, como le sucede a Zúñiga, quien por lo pronto no recuperará los títulos y reconocimientos ganados en certámenes de belleza.Detener para investigar, en lugar de investigar para detener… he ahí una aberración legal que la Suprema Corte ha declarado inconstitucional desde 2005, y como tal ha sido denunciada por Amnistía Internacional, sin que haya juez ni procurador ni agente del Ministerio Público que haga caso.

Vistos los resultados, los medios deberían acostumbrarse a ver en una autoridad que arraiga, a una que carece de evidencias y punto. Los periodistas le haremos un buen servicio a la democracia y al Estado de derecho cuando dejemos de tratar informativamente a los arraigados como potenciales delincuentes y a las autoridades arraigadoras como cumplidoras y exitosas. Asimismo, haremos bien en considerar respetable a una autoridad que se atreve a consignar a los detenidos ante un juez, así se arriesgue a que éste le niegue el auto de formal prisión, porque no se estará saltando los controles y equilibrios que deben ser base de toda democracia.