Ha disminuido el número de ejecuciones judiciales
Revista Cambio, 1 de abril de 2009;
Debido a la falta de respaldo popular, las ONG y los altos costos, la pena de muerte está en capilla en todo el mundo.
"Esta ha sido la decisión más difícil de mi carrera política", confesó a la prensa Bill Richardson, el gobernador de Nuevo México (Estados Unidos), al momento de abolir recientemente la pena de muerte en su estado y convertirlo en el número 15 de los 50 de la Unión que abandonan ese tipo de castigo. Richardson, un estadounidense de origen hispano, ex aspirante a la Presidencia, y declarado partidario de la pena, aseguró que le perdió confianza: "Si el Estado va a asumir esta enorme responsabilidad, el sistema que imponga la pena de muerte debe ser perfecto y no puede equivocarse nunca", se justificó.
Esa sombra de duda que atormenta a Richardson es la misma que ha hecho que a pesar de que en Estados Unidos el respaldo a la pena capital sigue siendo mayoritario (64 por ciento en octubre pasado, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, CIPM), errores en los procesos, denuncias de ineptitud de los abogados defensores, la presunta aplicación racista de las condenas y el hecho de que se aplique exclusivamente en los estados del sur le ha hecho perder popularidad.
Las estadísticas son claras. Al momento de ser restablecida la pena capital por el Tribunal Supremo de EE.UU. en 1976, el apoyo popular era de más del 80 por ciento. En 1999 descendió a 71, y en el 2007 ya iba por el 69 por ciento. Pero hay otro elemento clave: el dinero. Si hay algo bueno que ha tenido la crisis económica actual, al menos para quienes están en el pasillo de la muerte, es que los costos se desbordan con ellos, lo que ha hecho que se repiense si es buena idea seguir llevando reos hacia la ejecución.
El estado de California gasta alrededor de 138 millones de dólares para la aplicación de la pena, según la CIPM, y necesita otros 95 millones. La razón es que muchos de los convictos exigen repetir sus procesos judiciales y el estado gasta 90 mil dólares anuales más por cada persona en ese trance, en comparación con un reo común. Y si se piensa que un preso tarda en promedio cuatro años antes de presentar su primera apelación, y que entre la condena y la ejecución el sistema demora en promedio 12,7 años, las cifras se vuelven inmanejables. Por todo esto, y mirando su bolsillo, una decena de estados está contemplando la abolición.
En total, EE.UU. llevó a cabo 37 ejecuciones en 2008 (18 de ellas en Texas), la cifra más baja desde 1995, según estadísticas de Amnistía Internacional (AI). "Está cada vez más claro que incluso EE.UU. se desvía progresivamente de la pena capital", indicó, optimista, el informe de la ONG que presentó en días pasados su reporte anual. Según el mismo informe, 2.390 condenados a muerte fueron ejecutados en el mundo durante el 2008, y de ellos casi las tres cuartas partes en China. Los demás en otros 24 países, para un promedio de siete diarios. Cinco países -China, Irán, Arabia Saudí, Pakistán y EE.UU.- son responsables del 93 por ciento de las ejecuciones. En China se han ejecutado al menos 1.718 personas, es decir el 72 por ciento del total mundial.
Llama la atención el caso iraní, que ha llevado a la pena máxima al menos a 346 condenados, entre ellos a ocho menores de edad, lo que sería una clara violación de la legislación internacional. "La pena capital no es simplemente un acto, sino también un proceso legalizado de terror físico y psicológico, que culmina con la muerte de la persona a manos del Estado", resaltó Irene Khan, secretaria general de AI, al presentar el estudio.
El año pasado, 8.864 personas fueron condenadas a muerte, pero según la organización no son cifras confiables, debido a que en muchos países estos datos son 'secretos de Estado'. Dos tercios de los Estados del planeta han renunciado ya a la pena de muerte, y de los 59 países en los que sigue vigente, 25 la aplican. "La buena noticia es que solo un pequeño número de países realizan ejecuciones, señal de que progresamos hacia un mundo sin pena de muerte", dijo Khan.
Sin embargo, los avances que anotó AI se vieron empañados el año pasado por países como San Cristóbal y Nieves, donde tuvo lugar la primera ejecución en el continente americano, fuera de EE.UU., desde el 2003; y Liberia, donde se reintrodujo la pena para los delitos de asalto, terrorismo y secuestro de vehículos. Ante la ola de violencia y de homicidios que azota a Guatemala, que padece una de las tasas más altas del mundo, hay voces dentro de la oposición que piden que se aplique la pena capital. Actualmente existe una moratoria a la aplicación de la pena (por inyección letal), luego de que el presidente, Álvaro Colom, vetó una ley aprobada por el Congreso.
En Cuba la pena de muerte también está vigente, pero no se aplica desde el 2003. En cuanto a Europa, solo un estado la aplica: Bielorrusia. En la onda del abolicionismo también marcha España. En junio de 2008, y por iniciativa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se lanzó la idea de integrar una comisión para reforzar las actuaciones de las Naciones Unidas. La comisión de alto nivel tendrá como meta la abolición definitiva a partir de dos objetivos: la aplicación de una moratoria hasta el 2015 en las ejecuciones, y que ningún país aplique el castigo a menores de edad o a personas que hayan cometido delitos cuando eran menores, ni a discapacitados mentales.
Por eso, Khan apela al concepto de la extemporaneidad: "Las decapitaciones, electrocuciones, ahorcamientos, administraciones de inyecciones letales, fusilamientos y lapidaciones no tienen cabida en el siglo XXI".
"Esta ha sido la decisión más difícil de mi carrera política", confesó a la prensa Bill Richardson, el gobernador de Nuevo México (Estados Unidos), al momento de abolir recientemente la pena de muerte en su estado y convertirlo en el número 15 de los 50 de la Unión que abandonan ese tipo de castigo. Richardson, un estadounidense de origen hispano, ex aspirante a la Presidencia, y declarado partidario de la pena, aseguró que le perdió confianza: "Si el Estado va a asumir esta enorme responsabilidad, el sistema que imponga la pena de muerte debe ser perfecto y no puede equivocarse nunca", se justificó.
Esa sombra de duda que atormenta a Richardson es la misma que ha hecho que a pesar de que en Estados Unidos el respaldo a la pena capital sigue siendo mayoritario (64 por ciento en octubre pasado, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, CIPM), errores en los procesos, denuncias de ineptitud de los abogados defensores, la presunta aplicación racista de las condenas y el hecho de que se aplique exclusivamente en los estados del sur le ha hecho perder popularidad.
Las estadísticas son claras. Al momento de ser restablecida la pena capital por el Tribunal Supremo de EE.UU. en 1976, el apoyo popular era de más del 80 por ciento. En 1999 descendió a 71, y en el 2007 ya iba por el 69 por ciento. Pero hay otro elemento clave: el dinero. Si hay algo bueno que ha tenido la crisis económica actual, al menos para quienes están en el pasillo de la muerte, es que los costos se desbordan con ellos, lo que ha hecho que se repiense si es buena idea seguir llevando reos hacia la ejecución.
El estado de California gasta alrededor de 138 millones de dólares para la aplicación de la pena, según la CIPM, y necesita otros 95 millones. La razón es que muchos de los convictos exigen repetir sus procesos judiciales y el estado gasta 90 mil dólares anuales más por cada persona en ese trance, en comparación con un reo común. Y si se piensa que un preso tarda en promedio cuatro años antes de presentar su primera apelación, y que entre la condena y la ejecución el sistema demora en promedio 12,7 años, las cifras se vuelven inmanejables. Por todo esto, y mirando su bolsillo, una decena de estados está contemplando la abolición.
En total, EE.UU. llevó a cabo 37 ejecuciones en 2008 (18 de ellas en Texas), la cifra más baja desde 1995, según estadísticas de Amnistía Internacional (AI). "Está cada vez más claro que incluso EE.UU. se desvía progresivamente de la pena capital", indicó, optimista, el informe de la ONG que presentó en días pasados su reporte anual. Según el mismo informe, 2.390 condenados a muerte fueron ejecutados en el mundo durante el 2008, y de ellos casi las tres cuartas partes en China. Los demás en otros 24 países, para un promedio de siete diarios. Cinco países -China, Irán, Arabia Saudí, Pakistán y EE.UU.- son responsables del 93 por ciento de las ejecuciones. En China se han ejecutado al menos 1.718 personas, es decir el 72 por ciento del total mundial.
Llama la atención el caso iraní, que ha llevado a la pena máxima al menos a 346 condenados, entre ellos a ocho menores de edad, lo que sería una clara violación de la legislación internacional. "La pena capital no es simplemente un acto, sino también un proceso legalizado de terror físico y psicológico, que culmina con la muerte de la persona a manos del Estado", resaltó Irene Khan, secretaria general de AI, al presentar el estudio.
El año pasado, 8.864 personas fueron condenadas a muerte, pero según la organización no son cifras confiables, debido a que en muchos países estos datos son 'secretos de Estado'. Dos tercios de los Estados del planeta han renunciado ya a la pena de muerte, y de los 59 países en los que sigue vigente, 25 la aplican. "La buena noticia es que solo un pequeño número de países realizan ejecuciones, señal de que progresamos hacia un mundo sin pena de muerte", dijo Khan.
Sin embargo, los avances que anotó AI se vieron empañados el año pasado por países como San Cristóbal y Nieves, donde tuvo lugar la primera ejecución en el continente americano, fuera de EE.UU., desde el 2003; y Liberia, donde se reintrodujo la pena para los delitos de asalto, terrorismo y secuestro de vehículos. Ante la ola de violencia y de homicidios que azota a Guatemala, que padece una de las tasas más altas del mundo, hay voces dentro de la oposición que piden que se aplique la pena capital. Actualmente existe una moratoria a la aplicación de la pena (por inyección letal), luego de que el presidente, Álvaro Colom, vetó una ley aprobada por el Congreso.
En Cuba la pena de muerte también está vigente, pero no se aplica desde el 2003. En cuanto a Europa, solo un estado la aplica: Bielorrusia. En la onda del abolicionismo también marcha España. En junio de 2008, y por iniciativa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se lanzó la idea de integrar una comisión para reforzar las actuaciones de las Naciones Unidas. La comisión de alto nivel tendrá como meta la abolición definitiva a partir de dos objetivos: la aplicación de una moratoria hasta el 2015 en las ejecuciones, y que ningún país aplique el castigo a menores de edad o a personas que hayan cometido delitos cuando eran menores, ni a discapacitados mentales.
Por eso, Khan apela al concepto de la extemporaneidad: "Las decapitaciones, electrocuciones, ahorcamientos, administraciones de inyecciones letales, fusilamientos y lapidaciones no tienen cabida en el siglo XXI".
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