22 sept 2009

Dos opiniones de Arturo Chávez

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Excélsior, 22 de septiembre de 2009;
Chávez, el costo y el diseño
Al propuesto procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, no le fue bien en el Senado, pero todo indica que finalmente la suya será una propuesta aceptada por la Cámara alta. Aceptada sin la participación de la mayoría de los priistas y con apoyos circunstanciales, con críticas de organizaciones sociales y con un desgaste para el nuevo funcionario que, en los hechos, minará su accionar porque debe dedicar tiempo y espacio a acabar con esas críticas y sospechas.
Como aquí lo hemos dicho, no creo que Arturo Chávez sea o haya sido un mal funcionario público ni tampoco, pese a los evidentes errores que se cometieron en torno a los casos de las muertas de Juárez (tanto por su responsabilidad entonces como procurador estatal como por su jefe, el gobernador Francisco Barrio), que no pueda estar capacitado para ese cargo. El problema con su nominación es otro: no se trata de un personaje conocido como para ocupar la Procuraduría General de la República y, por lo tanto, su accionar puede y será minimizado por la oposición y, como decíamos, comenzará su labor luego de un fuerte desgaste político y mediático que le va a tomar mucho tiempo revertir. La pregunta es si era conveniente para el gobierno federal asumir esos costos y reemplazar a un procurador como Eduardo Medina-Mora, que sumaba consensos, sobre todo en el priismo y otros sectores sociales (aunque existieran diferencias serias con grupos panistas y del gobierno federal), por un hombre que es militante activo del PAN y llegará a ser abogado de la nación luego de sufrir ese desgaste.
Que el presidente Calderón tenía claro que esa posición debía ser para un panista es evidente: todas las versiones que circularon sobre supuestos o reales candidatos a ocupar la PGR giraron siempre en torno a panistas y a ex procuradores estatales. También es verdad, como me dijo uno de los principales hombres de este gobierno, que no abundan, en plena guerra contra el crimen organizado, los grandes abogados dispuestos a tomar riesgos en esa posición.
Por todo ello, y pese al desgaste, el nombramiento de Chávez pasará, a un costo alto que el PRI le va a cobrar al gobierno en las restantes designaciones pendientes, desde la del gobernador del Banco de México hasta los dos asientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y varias más que deberán ser aprobadas en estos meses. Algunos dirán que, además, la propuesta de Chávez logró distraer de la que realmente le molestaba a muchos priistas, la de Juan José Suárez Coppel en Pemex.
Lo cierto es que la llegada de Chávez tendrá otros efectos importantes en el diseño de las áreas de seguridad en el gobierno. Por una parte, debido a su experiencia previa, no pareciera que vaya a tener un papel protagónico en las tareas de seguridad, sobre todo en las operacionales. Es verdad que la SIEDO seguirá jugando un papel central en muchos aspectos, pero todo parece mostrar que el debate que se presentó en el pasado reciente sobre la consolidación de fuerzas policiales investigadoras en la PGR, un poco en contraposición con las posibilidades de investigación de la Policía Federal, quedará en el pasado. Sin duda, con la llegada del nuevo procurador se fortalecerá Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, un hombre que, una vez más, ha demostrado que tiene toda la confianza del presidente Calderón y resulta inamovible en ese cargo. Se fortalecerá también Fernando Gómez Mont, por su obvia cercanía con Chávez. El peligro es que, en el diseño institucional, no se vuelvan a trastocar los papeles entre García Luna y Gómez Mont, por la influencia que éste tendrá en la PGR y la que posee con el Sistema Nacional de Seguridad Pública bajo su órbita institucional.
Pero, en términos operacionales, salvo los capítulos que corresponden al Ejército y la Armada, no cabe duda que la seguridad quedará en las manos de García Luna. Sin embargo, el nombramiento de Chávez deberá aprobarlo primero el Senado y, como en todo, puede haber sorpresas.
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Columna PLAZA PÚBLICA/Miguel Ángel Granados Chapa
Diego, el procurador
Reforma, 22 Sep. 09;
Cualquiera que sea el desenlace del actual proceso senatorial sobre el procurador general de la República, el hecho incontrovertible es que el grupo de Diego Fernández de Cevallos recuperará el control de la Procuraduría General de la República que ya mantuvo durante los años de 1994 a 1996. Sea que Arturo Chávez Chávez, que ayer fue escuchado formalmente por los senadores y podría ser confirmado pasado mañana, ocupe el cargo que dejó vacante hace ya dos semanas Eduardo Medina Mora; sea que, denegada tal ratificación permanezca al frente de la PGR el actual encargado del despacho, Juan Miguel Alcántara Soria, el hecho es que se impondrán los intereses de Fernández de Cevallos y de Antonio Lozano -procurador con Ernesto Zedillo.
Chávez Chávez puede ganar el lance en el Senado. A menos que cundiera la indisciplina en la fracción del PAN, extremo remoto pero posible, contará con esos votos y con los ya anunciados del Partido Verde. Le falta sólo un puñado de sufragios que provendrán del grupo priista, en cuyo seno al menos nueve senadores han manifestado su decisión de confirmar la designación hecha por el presidente Felipe Calderón y colmar la vacante en un puesto que en todo tiempo, pero de modo particular en éste, no debe quedar sin titular durante demasiados días.
Es particularmente llamativa la posición del ex gobernador Fernando Baeza, abierto promotor de la ratificación del procurador designado. Es senador de minoría porque fue derrotado por Acción Nacional en 2006, y tiempo atrás, al concluir en 1992 la gubernatura que se le imputó haber ganado con malas artes, se declaró perseguido por el gobierno de su primero adversario y luego sucesor Francisco Barrio, persecución que en su dicho se consumaba a través de la Procuraduría estatal, cuyo segundo era Chávez Chávez. Pero, según se puede apreciar, Baeza no es hombre de rencores, u otros móviles lo llevan a olvidar el pasado, el remoto y el de hace tres años, y no tiene empacho en coincidir con el PAN en la designación y la confirmación de quien fue titular de la Procuraduría en el propio sexenio de Barrio. Probablemente su interés por sacar avante la confirmación haya sido la causa de una comunicación firmada por su pariente, el ahora gobernador de su estado, José Reyes Baeza Terrazas, en que al exponer la hoja de servicios de Chávez Chávez extiende una suerte de aval a su nombramiento, que Chávez Chávez blande como desmentido a los señalamientos sobre su deplorable gestión en aquel cargo.
De modo menos explícito que el de Chihuahua, otros gobernadores han instruido a sus senadores a apoyar la confirmación. Entre ellos figuran algunos -como Eugenio Hernández de Tamaulipas y Fidel Herrera de Veracruz- de los que en 2006 fueron instados por el entonces líder nacional panista Manuel Espino a favorecer el triunfo de Calderón y evitar de ese modo el de Andrés Manuel López Obrador. La respuesta a ese pedido de Espino generó una alianza tácita entre esos gobernadores y Calderón, que se manifiesta de tanto en tanto de diversos modos. Ésta es una de esas ocasiones en que tal relación política se aviva.
Hay, sin embargo, otros priistas en el Senado que han sido sensibles a las denuncias contra el procurador nombrado, surgidas con motivo de su desempeño en la Procuraduría chihuahuense, de 1996 a 1998, cuando sustituyó a Francisco Molina Ruiz, y manifiestan dudas sobre su confirmación o de plano se han declarado contrarios a ella. Esta mañana, la reunión del grupo priista encabezado por Manlio Fabio Beltrones resolverá si se adopta una posición única sobre el tema -que puede ser aprobatoria, en sentido contrario o por la abstención- o se deja en libertad a los miembros de la fracción para que voten libremente en la plenaria del jueves cuando se decida la cuestión.
En esas condiciones es muy probable que Chávez Chávez consiga el asentimiento senatorial. Su pasado en Chihuahua (donde fue delegado general de la PGR además de los cargos en el Ministerio Público local) fue recordado cuando Santiago Creel lo designó subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en noviembre de 2004. Ya estaba allí, designado por Francisco Barrio como jefe del órgano interno de control, la representación de la entonces Secodam, después Función Pública, en cada dependencia. Cuando se le nombró subsecretario, en un franco sarcasmo porque su responsabilidad implicaría atención a derechos humanos que no le merecieron respeto en su entidad natal, la protesta causada por su nombramiento fue pasada por alto. Y al contrario, cuando Carlos Abascal reemplazó a Creel, Chávez Chávez ascendió a subsecretario de Gobierno, el que sustituye al secretario en sus ausencias.
De frustrarse por cualquier causa la confirmación del chihuahuense, quedaría a cargo del despacho en la PGR quien ya lo está, el subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Alcántara Soria, que a su vez fue procurador local en Guanajuato, durante el gobierno interino de Carlos Medina Plascencia y al comienzo del de Vicente Fox. Antes y después de esos años fue dos veces diputado federal y legislador local. Tiempo atrás fue socio de Miguel Alessio Robles, actual consejero jurídico de la Presidencia, y luego lo fue del despacho de Lozano quien desde su propia oficina litiga en alianza con Fernández de Cevallos en casos sonados, como el del reciente amparo de campesinos de Altamira que tiene en un brete al gobierno federal por la cuantiosa erogación que significa
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