FCH con El Poder Judicial

Intervención final del Presidente Calderón en el Diálogo por la Seguridad con el Poder Judicial

Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Señores Consejeros.

Señores Magistrados.

Servidores públicos.

Primero. Quiero reiterar mi gratitud por la participación del Poder Judicial, tanto Federal, como local; Procuradores locales también, Federal, en esta reflexión de los Diálogos por la Seguridad, enfocado, precisamente, al tema de impartición de justicia.

Percibo con toda claridad que las reformas constitucionales y legales, de diverso tipo, están registrando una enorme carga y un enorme impacto de trabajo en los Poderes Judiciales y que, refrendando mi convicción de que no puede haber una acción eficaz del Estado, si contra la inseguridad y en favor de la justicia, si no es asumida en común esta corresponsabilidad, en la cual, afortunadamente, he encontrado consenso y acuerdo, no podrá ser eficaz.

Y, a la vez, me queda muy claro de que es vital, como se dijo aquí, poder hacer concurrir a diversos órdenes de Gobierno en las tareas de seguridad, pero que para que ello sea posible se requiere el dotar de los instrumentos necesarios para que tal acompañamiento sea posible.

Sí me preocupa mucho el que los plazos que, de buena fe, se han establecido en muchas de las reformas constitucionales, en las materias que ustedes han mencionado.

Tanto en la reforma de justicia penal, en la reforma en materia de narcomenudeo, en la reforma en materia de justicia para adolescentes y en otras, se han establecido plazos que, por una razón u otra, fundamentalmente por falta de recursos económicos, no han sido debidamente acompañados en los procesos de transformación administrativa que reclama, desde luego, una adecuada impartición de justicia, fundamentalmente en el ámbito local, donde, ustedes han mencionado, se registran estos impactos. Algo habremos que hacer.

Y, desde luego, aquí, también, hasta en el tema de dotación de recursos se requiere corresponsabilidad. Si bien es cierto, he tomado nota de los señalamientos reiterados de la Suprema Corte en la búsqueda de un presupuesto adecuado a su tarea, independientemente de que ha registrado en años pasados crecimientos en la materia presupuestal, sé que éstos no son suficientes para la cantidad de trabajo que se tiene. También es cierto que sería deseable que en el ámbito local, a la hora de las elaboraciones de presupuesto, se considere esta realidad, porque sí sería, me parece, una situación muy compleja y, quizá, en algún sentido, despropósito, que en un régimen como el Federal que tenemos, sea el diseño de presupuestos Federales los que determinen las asignaciones a nivel local.

Me parece que es importante que esta priorización de recursos, indispensables para la actuación del Poder Judicial, puedan ser considerados y valorados, tanto en los Ejecutivos locales, a la hora de formular sus presupuestos, como en los Legislativos locales, a la hora de aprobarlos.

Desde luego, en el ámbito Federal nos queda muy claro que para que estas reformas puedan tener éxito se requiere que sean acompañadas de los recursos económicos y humanos necesarios para que ello sea posible.

Yo estoy seguro de que la ciudadanía estaría dispuesta a realizar el esfuerzo económico que la contribución a los gastos públicos implica para fortalecer los recursos de los Poderes Judiciales, si en la ciudadanía también se percibiera con claridad el grado de compromiso y atingencia que por parte de los Poderes públicos y, en particular, en este caso, del Judicial, se asume, precisamente, para resolver problemas cercanos a la ciudadanía.

Tomo nota también del cumplimiento que ha referido el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia respecto a los compromisos asumidos por el Poder Judicial, particularmente, la Constitución del Observatorio Ciudadano del Poder Judicial de la Federación, los cambios legales en materia judicial que han sido alentados por el Judicial mismo.

Y me congratulo TAMBIÉN de que las reformas en curso en el proceso legislativo y señaladamente la Ley de Amparo, estén, como se ha dicho, próximas a ser discutidas en la Cámara revisora en el pleno. También, de los esfuerzos que ha realizado el Poder Judicial para el fortalecimiento de la carrera en materia judicial, el combate a la corrupción de los jueces, a través de estos nuevos mecanismos que el Consejo de la Judicatura pone en marcha, tanto para áreas nuevas, para fortalecer la seguridad de los jueces y Magistrados, como otras, precisamente para revisar su propia integridad.

Estoy consciente de la agenda pendiente en materia judicial, que tiene que ser proveída además con una fuerte participación de los Ejecutivos y Legislativos, tanto Federales como locales.

La integración del Código Penal Modelo, es un caso muy claro que requiere el impulso de todos. El establecimiento de indicadores que, precisamente, nos permitan observar si se avanza o no en la materia de impartición de justicia en el país y en cada uno de los estados.

El Modelo de Reforma Penal, que requiere ser implementado y aunque el plazo ha sido extenso para ello, los plazos o las metas parciales se van agotando y requieren ya su implementación.

El programa de capacitación que han hablado; un diseño modelo también de Tribunales Judiciales acorde, precisamente, con el nuevo modelo de reforma penal y, en fin. Una serie de tareas que ustedes han mencionado.

Quiero refrendar a los ciudadanos el compromiso de los poderes públicos con este tema que les preocupa tan cercanamente, como es el tema de la seguridad y la justicia.

Invitar a todos y particularmente a quienes integran el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte; el Consejo de la Judicatura, el Consejo integrado, precisamente, para la implementación de la Reforma en materia Penal; los Congresos locales y los Tribunales de Justicia locales, a que, precisamente, nos establezcamos un programa de trabajo común para no incurrir en omisiones que nos lleven a fracasos en la implementación de las diversas reformas en curso.

Sé que algunas representan retrasos de años, de décadas, incluso, como es la materia de justicia de adolescentes. Sé que otras nos reclaman un esfuerzo superior a todos nosotros. La inminente entrada en vigor de la Reforma en materia de narcomenudeo, que implica competencias concurrentes de la Federación, pero también de los estados en esta materia y cuya entrada en vigor debe implicar, precisamente, un ejercicio de corresponsabilidad, al que están dispuestos, entiendo, Ministerios Públicos y jueces locales, pero también que reclamen, y con toda razón, recursos necesarios para poder hacerle frente a este flagelo.

Coincido también en que habrá que revisar también figuras, tanto que están pendientes de aprobación por el Congreso de la Unión en este momento y que, obviamente, por su propia naturaleza, no son competencia del Poder Judicial, pero que estarán pendientes.

Como la reforma que está en curso en materia de Ley Antisecuestro, las reformas que se han planteado, en mi caso, desde el año 2007, para establecer la cadena perpetua, o la prisión perpetua en el caso de algunos delitos especialmente agraviantes para el ciudadano, como el secuestro que es acompañado del homicidio de la víctima, o de mutilaciones o lesiones especialmente graves a la víctima, y otras que, estoy seguro, el Poder Legislativo estará atento a resolver oportunamente.

Pero otras, también figuras ya establecidas, como la que se mencionó aquí, la Ley de Extinción de Dominio, que por su aplicación, o por los procedimientos legales que acompañaron a la reforma respectiva, colocan a la Extinción de Dominio en una situación de mucho mayor complejidad que otras figuras legales, algunas de ellas ya existentes, como la figura del abandono, a la cual, por economía procesal, se recurre con mayor frecuencia que a la propia Extinción de Dominio.

Comparto también la importancia de reformas que se han aplicado en diversos Poderes Judiciales locales.

Me llama la atención, por ejemplo, lo que se ha mencionado respecto del Poder Judicial en el Estado de Chiapas, de establecer su propio organismo de control de confianza.

Y también las modificaciones que implica a la regulación Federal el aligerar o flexibilizar los criterios de aplicación de los Fondos de Seguridad Pública.

Efectivamente, los Poderes Judiciales reclaman sus propios centros de control de confianza. Centros de control de confianza que, sin ser experto en la materia, pienso que deben ser especializados hacia los jueces.

Es decir, no es lo mismo determinar la idoneidad de un policía, a determinar la idoneidad de un juez, o de un Magistrado impartidor de justicia; e incluso puede variar esta idoneidad en el caso de un Juez Civil o un Juez Penal. Quizá eso ya sería demasiado.

Pero el hecho es que, si se pudieran establecer criterios que permitan que se disponga de los fondos respectivos para financiar, también, ese tipo de actividades, comparto que sería muy loable.

Lo mismo para financiar, no sólo el equipamiento de los juzgados, sino también la interconexión respectiva, que es fundamental.

Agradezco, además, puntualmente al Ministro Ortiz Mayagoitia la respuesta a los planteamientos que he formulado, tanto las medidas administrativas, que son de tomarse y que ya ha tomado, en buena medida, el Consejo de la Judicatura Federal, como también, la premisa que él establece y que me parece debe ser el punto de referencia sobre el cual debemos actuar; y, por otra parte, el punto de referencia que la ciudadanía quiere ver, que es un comportamiento ejemplar, de plena integridad y de claridad en la justicia que se imparte por parte de los jueces y Magistrados.

Termino diciendo que independientemente de que no recae el mayor peso de la seguridad en los Poderes Judiciales, ni Federales, ni locales, sí es indispensable acompañar los pasos de todos para abordar este problema.

Y que mucho, mucho se avanzará, el día en el que el ciudadano perciba que la puerta de la impunidad está o esté cerrada desde los Poderes Judiciales.

Que mucho se avanzará el día que haya una plena conciencia de que el problema de la falta de justicia en México y el problema de la impunidad de la que goza, por desgracia, la delincuencia, no está vinculada al desempeño de los Poderes Judiciales en México, ni a nivel Federal, ni a nivel estatal.

Creo que el grado de compromiso del Poder Judicial ha quedado de manifiesto, aunque, ciertamente, vale la pena revisar los distintos grados de avance en ese compromiso que, sin duda alguna, se registran en diversas entidades federativas o entre diversos jueces, o entre diversos Magistrados.

Es muy importante que todos estemos atentos. Desde luego, el Consejo de la Judicatura y quienes están especialmente encargados de atender quejas y denuncias, casos de corrupción, como también los Ministerios Públicos, que, como atinadamente dijo el Ministro Ortiz Mayagoitia, a ellos compete investigar y castigar los casos de corrupción, aún tratándose de jueces y de Magistrados.

De manera tal, que nos queda clara esta idea. El exhorto es simplemente para que trabajemos. El país nos necesita a todos, poniendo lo mejor de nosotros y trabajando al máximo de nuestras posibilidades, y sin descanso, me atrevo a decir, hasta que podamos aportar soluciones y respuestas reales ante este enorme desafío de la inseguridad y la impunidad que, por desgracia, vive el país.

Muchísimas gracias, Ministro Presidente.

Muchísimas gracias, señores Consejeros, señores Magistrados, señores Procuradores.