Embate en Estados Unidos contra el Ejército mexicano

Embate en Estados Unidos contra el Ejército mexicano

J. Jesús Esquivel

Revista Proceso # 1797, 10 de abril de 2011;

Con una diferencia de sólo tres días, el cabildo de El Paso, Texas, y el Departamento de Estado arremetieron contra el gobierno de Felipe Calderón al criticar los excesos cometidos por elementos del Ejército mexicano y por la impunidad con la que se conducen las tropas en su lucha contra los cárteles de la droga. Lo que llama la atención es la inusual resolución del cabildo texano, pues por primera vez solicita a la administración federal que castigue al vecino del sur retirándole el apoyo financiero de la Iniciativa Mérida prometido por el presidente Barack Obama para este año.

WASHINGTON.- Por la impunidad que prevalece en el gobierno de Felipe Calderón ante los abusos y violaciones a los derechos humanos que comete el Ejército, el cabildo de la ciudad de El Paso, Texas, exigió al Departamento de Estado “suspender” el apoyo financiero que entrega a México para que su gobierno combata al narcotráfico.

En un hecho sin precedente en la historia de la cooperación bilateral para combatir al narcotráfico, el cabildo de la ciudad fronteriza, vecina de Juárez, aprobó por unanimidad una resolución en la que pide a la administración de Barack Obama castigar al gobierno del vecino país con la suspensión de los fondos autorizados para financiar la Iniciativa Mérida.

La medida se sustenta, según las autoridades texanas, en la denuncia de los ciudadanos de El Paso Shon Huckabee, de 23 años, y Carlos Quijas, de 36, quienes aseguran que sus derechos humanos fueron vulnerados por elementos del Ejército de México. Ambos alegaron que el 18 de diciembre de 2009 fueron detenidos y torturados por soldados de ese país en uno de los puentes transfronterizos en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando regresaban a su ciudad.

“Hemos resuelto que el alcalde y el cabildo de la ciudad soliciten al Departamento de Estado una revisión vigorosa de los hechos y condiciones del encarcelamiento de Shon Huckabee y Carlos Quijas para tener garantías de que serán tratados de forma justa durante el proceso judicial (en México)”, subraya la resolución aprobada el martes 5 por la noche.

El documento, cuya copia obtuvo Proceso, asienta en otro párrafo: “El alcalde y el cabildo exigen que los fondos para el financiamiento de la Iniciativa Mérida se suspendan hasta que el gobierno de Estados Unidos tenga garantías de que se impute al Ejército de México cualquier violación a los derechos humanos cometida (contra Huckabee y Quijas)”.

Y aunque la decisión adoptada en El Paso no es la primera en la que las autoridades de Estados Unidos hacen énfasis en los excesos del Ejército de México contra conciudadanos extranjeros, amparados en la lucha militarizada contra el narcotráfico emprendida por el presidente Calderón, llama la atención que un gobierno local pida por primera ocasión a Washington tomar represalias contra las autoridades del vecino país, sobre todo por la impunidad con la que se conducen sus militares.

Según Huckabee y Quijas, elementos del Ejército Mexicano los detuvieron cuando se dirigían al Puente Libre de Ciudad Juárez para trasladarse a El Paso. Dijeron que los soldados les decomisaron dos maletas con 52.4 kilos de mariguana que, alegaron, les fueron “sembradas por los mismos soldados”, a quienes acusan de haberlos torturado cuando se encontraban en prisión y durante el proceso judicial al que los sometieron y que concluyó con una sentencia de cinco años de cárcel.

La resolución aprobada por el cabildo de El Paso apunta que los dos estadunidenses contaban con tres testigos presenciales para probar su argumento de que la droga fue colocada por sus captores en el automóvil donde viajaban:

 “Uno de los tres testigos fue asesinado y los otros dos se escondieron. El sistema judicial mexicano sostiene que todos los acusados son culpables, por lo menos hasta que logren probar su inocencia; cuando la responsabilidad del Estado es precisamente demostrar que los acusados son responsables”, asienta el documento del cabildo texano, como argumento para solicitar al Departamento de Estado que suspenda el apoyo antinarcóticos al gobierno de Calderón.

Los concejales (regidores) de El Paso acotan que de 2006 a la fecha se han presentado más de 5 mil denuncias en contra del Ejército Mexicano por violaciones a los derechos humanos cometidas por sus tropas, de las cuales la mayoría pasan inadvertidas para el gobierno de Calderón.

Documento revelador

El viernes 8, tres días después de que el cabildo de El Paso aprobara la resolución, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró, con base en el reporte anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2010, que el gobierno de Estados Unidos reprobó al de México por los asesinatos extrajudiciales, de menores de edad, torturas, desaparición de personas, secuestros y arrestos ilegales cometidos de manera sistemática por el Ejército y las fuerzas de seguridad de México en ese año.

 “El país continúa su lucha contra el crimen organizado que involucra enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los traficantes de drogas. Las fuerzas de seguridad se reportan ante las autoridades civiles. Sin embargo, hubo instancias en las cuales los elementos de esas fuerzas actuaron al margen de las políticas del gobierno (de Calderón)”, indica el informe del Departamento de Estado en las 40 páginas dedicadas a México.

Según el gobierno de Obama, el año pasado se reportaron “asesinatos extrajudiciales, secuestros, abusos físicos (tortura), sobrepoblación y deterioro de prisiones, arrestos y detenciones arbitrarias, corrupción, ineficiencia y falta de transparencia generada por la impunidad del sistema judicial, confesiones obtenidas por medio de la tortura, y la violencia y amenazas contra periodistas” que implican a las fuerzas de seguridad y otros elementos del gobierno mexicano.

En su informe, el Departamento de Estado también destaca que como resultado de la narcoviolencia propiciada por la estrategia militarizada de Calderón, y la pelea por las plazas y rutas del trasiego de las drogas entre los cárteles, el año pasado fueron asesinadas 15 mil 273 personas.

 “El gobierno o sus agentes no cometieron ningún asesinato por motivos políticos, pero (sí lo hicieron) las fuerzas de seguridad, actuando dentro y fuera de la ley. El año pasado asesinaron a varias personas, incluidos menores de edad”, añade el reporte.

El gobierno de Obama destaca específicamente en su informe cinco casos de asesinatos extrajudiciales cometidos por las fuerzas de seguridad de Calderón. En uno de ellos están implicados elementos del Ejército Mexicano por la ejecución de dos niños.

Con base en investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Departamento de Estado indica que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “alteró la escena del crimen de los niños Martín y Brayan Almanza Salazar”, de cinco y nueve años, respectivamente.

Los dos menores fueron asesinados el 3 de abril de 2010 cuando un destacamento de soldados se dirigía de Nuevo Laredo a Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Estado, la manipulación de la escena del crimen tenía el propósito de “crear la impresión de que los disparos que quitaron la vida a los niños fueron resultado de un enfrentamiento (de militares) con una banda de criminales”.

Además, anota que, pese al número significativo de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que ha recibido el gobierno de Calderón, la Sedena goza de una plena impunidad.

Y sigue: en 2010, “a nivel federal no se confirmaron desapariciones de personas por motivos políticos. No obstante, hubo múltiples denuncias sobre desapariciones forzadas cometidas por elementos del Ejército y la policía. La mayoría de éstas ocurrieron en el curso de las operaciones de seguridad”.

Otro dato que destaca en el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo es el incremento desproporcionado de los secuestros ocurridos en México a lo largo del año pasado: “El gobierno (de Calderón) reportó (al Departamento de Estado) un aumento de 78.8% en el caso de los secuestros, respecto de las cifras registradas en 2008”.

La dependencia federal a cargo de Hillary Clinton agrega que la CNDH calculó que durante 2010 fueron secuestrados 20 mil migrantes extranjeros en territorio mexicano cuando intentaban llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

“En áreas donde se involucraron las operaciones militares contra Organizaciones Criminales Trasnacionales, personal de la Sedena arrestó a individuos sin la autorización de ministerios públicos federales o estatales, en los cuales recae la responsabilidad de recolectar evidencia para su uso subsecuente en procesos judiciales”, remata el informe del Departamento de Estado, con lo que abre una interrogante sobre el papel que están jugando las Fuerzas Armadas de México en la desaparición de personas.

Tanto la resolución aprobada por el cabildo de El Paso como las conclusiones del reporte del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en México serán consideradas por el Congreso federal de Estados Unidos para determinar si autorizan o suspenden el financiamiento de la Iniciativa Mérida. El presidente Obama prometió aportar 900 millones de dólares para apoyar la lucha de su homólogo mexicano contra el narcotráfico.

Bajo los estatutos de la Iniciativa Mérida, 15% de los poco más de mil 300 millones de dólares aprobados por el Capitolio para el financiamiento de ese programa está condicionado a que Calderón dé garantías claras y transparentes de que las Fuerzas Armadas de su país no cometen violaciones a los derechos humanos so pretexto de combatir a los cárteles de la droga.

“Estamos haciendo una revisión de lo que aprobó el cabildo de El Paso, pero la decisión de suspender la ayuda a México es del Congreso”, responde el Departamento de Estado a la pregunta planteada por el corresponsal sobre la resolución aprobada por el cabildo de El Paso. l