El Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación (PJF) reveló ayer un caso de presunta corrupción, donde un secretario del Juzgado tenía en una de sus cuentas bancarias más de 432 millones 536 mil 378 pesos.
¡Increíble! Antes al PJF no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa. Se consideraba a una clase excepcional, con una especie de fuero especial.
El presunto culpable de lavado de activos Esiquio Martínez Hernández se encuentra ya en el Reclusorio Norte y quedó a disposición del Juez Tercero de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el DF.
Conforme a los datos que recabó la PGR, la documentación que aportó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a un dictamen contable, se concluyó que Martínez Hernández obtuvo ingresos netos declarados ante el Sistema de Administración Tributaria por 5 millones 444 mil 814 pesos con 25 centavos en el periodo que va de 2003 a 2011, por lo que resulta inexplicable que en una sola de sus cuentas bancarias se registraran movimientos financieros por más de 432 millones de pesos.
Con base en estos hechos, el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en su contra y obtuvo una orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito.
La denuncia de hechos ante la PGR se presentó desde el pasado 28 de enero, y fue asignada a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda de la SIEDO.
Moreno Collado dijo que “el CJF es el primero en reconocer, transparentar y pedir sanción para este tipo de conductas, que en esta ocasión, tocaron a un secretario de juzgado, uno de los servidores clave en el funcionamiento de los juzgados y tribunales federales. Manifestó que en este caso, aún no se determina si los recursos provienen o tienen vinculación con la delincuencia organizada y aclaró que hasta el momento se desconoce si su superior jerárquico, el juez Álvaro Tovilla León, titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa, esta sujeto a investigación por la PGR, aunque la pesquisa sigue abierta y el CJF hace una revisión administrativa en ese juzgado.
Se sabe que hasta el momento están bajo análisis todas y cada una de las resoluciones que tomó o en las participó Martínez Hernández.
Por su parte el Consejero Daniel Cabeza de Vaca comentó que está también en curso una investigación administrativa de la Comisión de Vigilancia del CJF para detectar posibles implicaciones de otros funcionarios del Poder Judicial; explicó que este tipo de hechos preocupan e indignan, “porque no es el común denominador en el Poder Judicial”. Calificaron la situación como “excepcional”. (Nota de El Universal).
“A los consejeros se les cuestionó si la SIEDO y la Judicatura federal indagaban a otros funcionarios como el superior jerárquico de Esiquio Martínez, es decir, el juez Álvaro Tovilla. "Hay una investigación contra otros funcionarios", respondió Cabeza de Vaca, quien señaló que no podía dar a conocer los nombres de los indagados, señala una nota del reportero Abel Barajas de Reforma.
Moreno Collado recordó que hace unas semanas el CJF adoptó un acuerdo interno para que todos los funcionarios de ese organismo, incluyendo los propios consejeros, los magistrados, jueces y los secretarios, estén sujetos a la revisión permanente de sus cuentas bancarias y patrimonio. En efecto, el pleno del CJF puede solicitar directamente a las instituciones financieras información sobre las cuentas de los más de 30 mil servidores públicos del PJF incluidos los Ministros de la SCJN. El Acuerdo General 10/2011por cierto aún no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero fue difundido mediante un comunicado de prensa.
"El Consejo de la Judicatura considera que la información bancaria constituye un indicador objetivo, certero y seguro de la actuación de los servidores públicos y un medio de verificación para preservar el desempeño honesto de los magistrados, jueces, y del personal en general adscrito a órganos jurisdiccionales y administrativos del propio Consejo", señala el comunicado.
El Acuerdo General también menciona que lo requerimientos de información financiera se establecen sin perjuicio de que se puedan generar otros mecanismos para verificación de situación patrimonial y recursos económicos.
Por cierto el caso de Esiquio ya había sido filtrado al reportero Victor Fuentes del periódico Reforma: “Las fuentes agregaron que desde el año pasado se investiga el caso de un secretario de un juzgado de distrito en la Ciudad de México, que registró un aumento excepcional en los recursos de una cuenta bancaria a su nombre..."
Los seis integrantes del CJF y su Presidente, el Ministro Juan Silva Meza, también suscribieron el acuerdo y aceptaron que el Contralor General del consejo indague sus finanzas sin tener que someter el asunto a votación del Pleno de dicho órgano.
¿Será el caso de Esiquio el primero de muchos?
Hay que darle seguimiento puntual al tema.
Por lo pronto el caso lo tiene un Juez de Distrito, colega del presunto culpable.
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