Foro:"Legalidad democrática, ética, derechos humanos

Foro:"Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad", en San Lázaro, sesión del 30 de agosto de 2011

Diputados, académicos y especialistas coincidieron en que la guerra no es el camino para combatir al crimen organizado, como tampoco lo es aprobar una ley del enemigo, sino fortalecer las labores de inteligencia y la protección de los derechos humanos.

En la sesión del martes 30 de agosto se abordaron los temas: “Importancia de la acción de la justicia internacional y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)” y “La necesidad del respeto al Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos”.

En su intervención el juez español Baltasar Garzón dijo que México vive una situación muy delicada en la confrontación que está haciendo frente al crimen organizado. “Más de 40 mil muertos en poco más de cinco años, unos 9 mil desaparecidos según la información existente. Frente a esta situación pregunto ¿la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendría competencia en este ámbito o qué escenario debería de darse o si es el Estado mexicano y sus instituciones de justicia son los que tienen que dar respuesta?”.

Garzón enfatizó que la mejor herramienta para luchar contra la criminalidad, aun en situaciones como la de México, es el Estado de derecho y el establecimiento de una seguridad democrática. "Cuando hablamos de remedios, de respuestas, se debe de profundizar en las causas, no se puede ofrecer una respuesta a una situación como la que se está viviendo en México si no se profundiza en las verdaderas causas y no se hace una autocrítica de cada uno de los actores. "En ese marco, el derecho es la mejor arma para combatir, para luchar frente a esa realidad; el Estado de derecho, los límites en el desarrollo del mismo, son los que nos dan esas garantías", agregó el Garzón.

Garzón afirmó que cualquier política de seguridad para que sea respetuosa de los derechos humanos debe de hacer participe en su diseño a los interesados. “Sí el crimen organizado desarrolla su acción en forma compleja, sin respetar fronteras, no acabo de entender a los responsables políticos que todavía siguen apostando por la existencia de unas fronteras que benefician a los que violan la ley”.

Es necesario crear una policía democrática, la cual, dijo, debe ser una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos, “es imprescindible que la policía se perciba como el vigilante de la seguridad pero como el amigo de la misma”, concluyó.

En una videoconferencia, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Ocampo Moreno respondió que en principio “la idea es que sí, que el Estado nacional debe dar respuesta”. Para que pueda intervenir la CPI, puntualizó, se debe probar que existen crímenes contra lesa humanidad, que hay genocidio o crímenes de guerra, además de demostrar que el sistema penal nacional no está funcionando.

“Entonces, para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pueda participar en un caso así, se tienen que encontrar esos elementos”, sostuvo.

Manifestó que pese a que la Cámara de Diputados tiene congelada una iniciativa de ley de cooperación con la Corte Penal Internacional, México, por los tratados firmados, está obligado a cooperar fehacientemente respecto a órdenes de aprehensión.

En este tenor, se congratuló porque tanto el Congreso como los jueces mexicanos se están comprometiendo para impulsar un mayor entendimiento entre los sistemas nacionales y los internacionales, con la finalidad de ser eficaces en la lucha contra el delito.

El director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Ruperto Patiño Manffer, subrayó que es tal la urgencia de adoptar medidas para enfrentar o controlar la delincuencia, que se está diseñando un mecanismo legal llamada ley del enemigo, la cual es menos garantista que la actual legislación. “Con ella haríamos una separación de los delincuentes: los que son considerados enemigos y aquellos otros a los que les aplicamos la ley general y los tratados en derechos humanos, lo que es muy grave porque los derechos humanos son imprescriptibles, son no discriminatorios, son universales y son para todos”, agregó.

En ello coincidieron también los juristas españoles Dolores Delgado y Baltasar Garzón.

Sin referirse a alguna norma o iniciativa en particular, Patiño sostuvo que sería riesgoso aprobar un cuerpo jurídico de esa naturaleza -que crea un régimen restrictivo de las garantías procesales-, porque hacer una distinción entre delincuentes comunes y los involucrados en las bandas del crimen organizado sería una práctica discriminatoria.

"Este mecanismo legal que llamamos la 'ley del enemigo', que es obviamente menos garantista que el resto de la legislación, haría una separación de los delincuentes que son considerados enemigos, la delincuencia organizada, y el resto de la delincuencia.

"Al resto de la delincuencia les aplicamos la ley general y los tratados en materia de derechos humanos, y a los enemigos no.

"Eso es muy grave, porque los derechos humanos son imprescriptibles, no discriminatorios, universales, inalienables y son para todos. No se pueden hacer distingos", señaló.

En tanto Dolores Delgado, Fiscal de la Audiencia Nacional Española, dijo que México no debe caer en "la tentación" de aplicar la doctrina del enemigo tras el atentado al casino Royale de Monterrey, pues ello implicaría endurecer las penas, limitar las garantías y aumentar la prisión preventiva, entre otras medidas. "Ante situaciones críticas de violencia y atentados como el último que se vivió en Monterrey... a veces tenemos la tentación de tomar atajos como el Derecho Penal del Enemigo... que intenta cortar el crimen a través de la limitación de los derechos humanos", explicó.

Dolores Delgado, subrayo que la persecución al crimen organizado, debe corresponder a las fuerzas policiales y cuerpos de seguridad del Estado, bajo la dirección de la justicia y siguiendo un control absoluto y riguroso de los derechos humanos. Expresó que cuando se utiliza el concepto de guerra, se olvida el Estado de derecho, porque no se sabe dónde empieza este y dónde comienza el crimen.

Daniel Barceló Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, manifestó que es necesario fortalecer las labores de inteligencia, sobre todo, del CISEN, como instrumento especializado para la recopilación y análisis de información relevante para la seguridad nacional y como constructor de escenarios para los lectores políticos.

Asimismo, dijo que se debe fortalecer el papel del Congreso de la Unión como mecanismo de control democrático en las tareas de seguridad, además de supervisar en tiempo real, que los fines del Cisen no se desvíen, así como conocer los medios y mecanismos que emplea en el cumplimiento de su deber.

Destacó que el Congreso debe estar igualmente involucrado con el Presidente en las tareas de inteligencia nacional pero no sólo en labores de control sino en la confección de la política de seguridad nacional.

Los legisladores del PRD y PRI no aportaron ideas novedosas.