"..Se aprobó una Ley
de Víctimas que generaba un proceso de burocratización, que significaba un
viacrucis para las víctimas; una comisión que reconociera como víctima a la
persona, que esa comisión le diera una instrucción ya sea al Gobierno Federal,
estatal o municipal, y una ley sin un fundamento constitucional que garantizara
plenamente que esa autoridad estatal o municipal cumpliera esa ley..."APR
Conferencia
de prensa del Secretario de Gobernación Alejandro Poiré:México, D.F., 04/09/2012
Qué tal, ¿cómo les va?, muy buenos días.
Les agradezco mucho su presencia esta mañana aquí, en la Secretaría de Gobernación.
Con motivo de este Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República, quisiera invitarlos brevemente a recordar la circunstancia política del 1º de diciembre del 2006, los niveles de polarización, la percepción de dificultad en el diálogo, en la construcción de acuerdos, y hacer muy brevemente un recuento, a partir de esa fecha, de algunos hitos que se dieron en el ámbito de la relación del Poder Ejecutivo con otras fuerzas políticas, tanto en el ámbito del Congreso, como con los Gobiernos de los Estados y en general con el diálogo con las distintas fuerzas políticas.
Tan sólo unas semanas después de ese 1º de diciembre se aprobó, por unanimidad, prácticamente, una nueva Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos para el año del 2007 y así se fue haciendo en los distintos años posteriores, incluso con la capacidad, en materia presupuestal, de responder con eficacia a las circunstancias de la crisis económica del 2009 y ampliar algunos programas sociales, particularmente en las zonas urbanas.
Pero regresemos brevemente a diciembre del 2006, enero del 2007 y esos meses:
También, unas cuantas semanas después, se aprobó una Reforma al Sistema de Pensiones muy significativa, con el apoyo mayoritario de las fuerzas en el Congreso de la Unión y con el acuerdo de distintas Centrales de trabajadores del Estado, que ahora tienen garantizado su Ahorro para el Retiro gracias a esa reforma.
También en las semanas y meses posteriores de ese año y el año siguiente, se aprobó una Reforma Energética verdaderamente trascendente; también, con el concurso de las distintas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión y gracias a la cual se acaba de hacer un anuncio recientemente de un hallazgo muy significativo en materia de petróleo en aguas profundas, para beneficio del patrimonio de todos los mexicanos.
También en ese marco de diálogo, de construcción de acuerdos, se logró una Reforma Hacendaria que hoy, precisamente, nos permite tener una base fiscal sólida, que nos da una garantía de estabilidad económica que países como España, como Italia, como Grecia hoy no tienen.
También, en ese mismo marco, se dio una Reforma Electoral que, precisamente, amplió los estándares de equidad y de certidumbre para nuestros procesos electorales, y que significó que hoy día nuestras autoridades electorales han sido aprobados en sus órganos de dirigencia por las distintas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión.
Pero no solamente se tuvieron acuerdos significativos en
el ámbito legislativo, y estoy haciendo solamente un recuento inicial; también,
en meses posteriores, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Publica, se
planteó una agenda de trabajo muy significativa, muy importante de compromisos
para el propio Poder Legislativo, para los Gobiernos de los Estados y, desde
luego, para el Gobierno Federal; y con la participación de los ciudadanos, se
llegó a un Acuerdo Nacional por la Seguridad, por la Justicia y la Legalidad.
En ese Acuerdo se planteaban cosas que después, en el
Congreso, se hicieron realidad gracias a la nueva Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública:
Entre otras cosas, el compromiso de todos de pasar por
Control de Confianza a sus Policías, cosa que ni se hacía prácticamente, mucho
menos en el ámbito estatal.
El compromiso de tener Unidades Especializadas de Combate
al Secuestro, que en algunos Estados empezaron a operar rápidamente y que es un
compromiso expreso de todas las entidades federativas.
El compromiso de tener Centros de Evaluación y de Control
de Confianza, el compromiso de impulsar una Reforma al Sistema de Justicia
Penal. Ese fue un acuerdo logrado también por el diálogo político, por la
responsabilidad compartida, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad
Pública:
Es decir, entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los
Estados, también con el concurso del Poder Judicial y del Poder Legislativo.
Y se dio paso a esas reformas, se hizo la propia Reforma
al Sistema de Justicia Penal que nos garantiza que a más tardar en 4 años, en
todo el país, debe estar funcionando el sistema de juicios orales, que nos
permite acelerar los procesos judiciales, que le da mayor transparencia al sistema
de impartición de justicia.
También se logró la propia Ley General de Sistema Nacional
de Seguridad Pública, que permite la profesionalización, la capacitación, la
mejor calidad de la información en materia de seguridad pública.
Y también con base en esos acuerdos, se procedió
posteriormente a lograr reformas verdaderamente muy trascendentes, una Reforma
Constitucional en materia de Derechos Humanos, que es la máxima ampliación de
derechos que ha habido en la historia moderna de nuestro país, precisamente,
para que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos se
reconozcan de manera inmediata como ley suprema en el país.
Y en ese marco de acuerdo logramos tener una nueva Ley de
Migración, una nueva Ley de Refugiados y Protección, incluso, Complementaria,
que es una modalidad adicional para aquellas personas que no necesariamente
califican como refugiados.
Y también en esa renovación y ampliación de derechos y de
mecanismos de protección, hoy contamos con una Ley General de Protección a
Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
No solamente avanzamos en cada uno de estos ámbitos,
incluso, logramos una Reforma Política, que significa una ampliación de los
espacios a los ciudadanos en materia de participación; la iniciativa ciudadana,
las candidaturas independientes, la consulta popular.
También una modernización de la relación entre la
Presidencia, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, entre otras, las
iniciativas preferentes.
Precisamente logramos ya con esas iniciativas preferentes
poner, estrenando este mecanismo constitucional, en el centro de la discusión
del Poder Legislativo dos temas fundamentales: Una Ley Laboral para la
modernización de nuestra ley, para poder garantizarle a los trabajadores de
México más y mejores empleos.
Y, por otro lado, una ley de contabilidad gubernamental
que nos permita tener mayor transparencia en los recursos que reciben los
estados y municipios, y en cómo se gastan, bajo qué criterios; y que podamos
tener en esa medida mayor transparencia y mejor ejercicio gubernamental.
Qué duda cabe que cuando uno ve la perspectiva de ese 1°
de diciembre, a cada uno de estos hitos, se ha tenido un avance muy
significativo en la capacidad de lograr acuerdos, y ese avance significativo no
ha sido el resultado más que de mantener, en todo momento, una actitud y un
compromiso con los principios de la democracia.
Esa ha sido la labor de la Secretaría de Gobernación
durante estos años, el reconocer a la democracia no solamente como un sistema
jurídico, sino como un sistema de convivencia, como un mecanismo de trabajo,
como un instrumento para incluir las opiniones de los distintos actores y
buscar conseguir un resultado que sea bueno para México.
Se puede decir, en esa medida, que gracias al esfuerzo de
muchos, pero, desde luego, de esta Secretaría de Gobernación, bajo las
instrucciones del Presidente Felipe Calderón, hemos logrado una relación
efectiva con los actores políticos, hemos mantenido el ejercicio de las
libertades, se han ampliado los estándares para el ejercicio de esas libertades
y se ha promovido, de manera más amplia, quizás, que nunca, el diálogo con la
sociedad.
En este mismo espíritu, se ha construido y se ha impulsado
una Estrategia Nacional de Seguridad, que reconoce, como obligación primordial
del Estado, el garantizarle la seguridad a los ciudadanos, el llevar a los
delincuentes a que paguen por sus delitos, el contar con instituciones de
seguridad y de justicia que verdaderamente le sirvan a los ciudadanos, y el
reconstruir de la mano de las instancias de desarrollo social el tejido social,
particularmente, en las comunidades más vulnerables.
Esta Estrategia Nacional de Seguridad hoy nos da una
plataforma para un México más seguro, más justo, más próspero; una plataforma
en los hechos, no solamente en las leyes, sino en los hechos, contando con
policías certificados, con controles de confianza, con mecanismos para
garantizar mayor protección a ciudadanos, a periodistas, a defensores de
derechos humanos; una plataforma para lograr una seguridad auténtica y
duradera.
Todos estos avances han sido acompañados también de
reformas muy profundas, pero el signo fundamental de esta labor ha sido,
reitero, el hacer de la democracia una forma de trabajo cotidiana, el vivir
conforme a sus valores, el construir con base en la ley esos espacios para
poder alcanzar logros superiores para nuestro país.
Muchas gracias, estoy atento a sus preguntas.
Sesión
de preguntas y respuestas:
-
Pregunta: Dos preguntas:
Nos
puede dar algún detalle sobre estos trabajos que van a iniciar del equipo de
transición, si ya se entregaron los recursos propios para ello; y de parte de
Gobernación y del Gobierno en general ¿Quiénes van a estar a cargo de este
proceso de transición?
Y en
segundo lugar, si nos puede informar qué va hacer el Gobierno, en las semanas
que le restan a esta Administración en materia de seguridad.
Vemos
que continúan las diferentes versiones en torno a los hechos de Tres Marías y se ve que está terminando el sexenio
tal como empezó, con estos conflictos y estas diferentes opiniones de acerca de
lo que deben y no hacer con el uso de las Fuerzas Armadas.
-
Secretario Poiré: Existe un decreto que regula la operación de
la transición, se tiene que establecer un fideicomiso por parte del Gobierno
Federal, la parte administrativa estará llevándose a cabo, de ese fideicomiso,
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; será un fideicomiso que
garantice esos recursos para el ejercicio del equipo de transición y se hará
con plena transparencia, conforme a la ley.
El propio Presidente de la República lo ha dicho con una
gran claridad, queremos tener una transición que sea útil para México, que le
permita al gobierno entrante contar con la información necesaria para el
ejercicio de sus atribuciones a partir del 1º de diciembre y en esa medida
estaremos atentos a las instrucciones del Presidente Calderón para la
organización del propio equipo de transición.
En estos días, como ya se ha informado, tendrán una
reunión de trabajo el señor Presidente de la República con el licenciado
Enrique Peña Nieto, el Presidente Electo, para que a partir de esa reunión
podamos iniciar el trabajo de transición y será en ese momento cuando se dé a
conocer, de parte del Gobierno de la República, las personas que estarán
concentrando algunas de las labores referentes a la transición.
Independientemente de eso, cada uno de los servidores
públicos del Gobierno Federal nos mantendremos atentos a nuestras
responsabilidades, trabajando en el cumplimiento de nuestras obligaciones y, desde
luego, en el cierre y en el avance de los programas que todavía en estas
semanas y meses tenemos que seguir avanzando y logrando los distintos retos
planteados.
En
materia de seguridad, creo que más allá de las distintas versiones
periodísticas, preliminares que se estén dando respecto a
los hechos, el Gobierno de la República ha subrayado, en voz del propio
Presidente de la República y de las distintas dependencias, que es
indispensable que sea la propia
investigación de la Procuraduría General de la República la que nos lleve a las
conclusiones respecto a lo que ocurrió esa mañana en la localidad cercana a
Tres María y a Huitzilac.
Y tanto las autoridades de la propia Secretaría de
Seguridad Pública, como todos, estamos interesados y comprometidos a que si
existió alguna violación normativa, alguna
violación a los mecanismos y protocolos de uso de la fuerza o por supuesto
alguna ley, ésta sea sancionada y castigada con la severidad que
corresponde, porque esa es la garantía de que cualquier irregularidad será
sancionada, no solamente en este caso, sino en cualquier caso que pudiese
llegar a presentarse.
-
Pregunta: El Sexenio termina como empezó, es decir, con una crítica incluso de
entes interiores, de qué se debe hacer con las Fuerzas Armadas, con el uso
intensivo, se ha señalado y, por supuesto, qué comentario se daría a la
siguiente administración en este punto.
- Secretario Poiré: Las Fuerzas Armadas tienen una
responsabilidad constitucional de resguardar la seguridad interior de nuestro
país.
Y cuando el 90 por ciento de los delitos se comenten en el
ámbito local, y cuando como hoy, a pesar de que hemos hecho un avance muy
significativo, nos damos cuenta de que está ya evaluado aproximadamente la
mitad de los integrantes de las fuerzas de seguridad públicas locales, estamos
hablando de alrededor de 200 mil. Y de esos, solamente, aunque es un buen
avance, solamente tenemos como aptos para ejercer el servicio cerca de 120 mil
y algunos que faltan de completar sus exámenes de Control de Confianza.
Qué duda cabe que es indispensable que los estados y los
municipios cuenten con un respaldo por parte de la Fuerza Federal. Sin duda
hemos tenido avances importantísimos en esa materia.
Al inicio de la Administración teníamos cerca de seis mil
policías federales, hoy tenemos más de 36 mil, todos ellos sujetos a Control de
Confianza.
Pero es indudable que se requiere combatir a los
criminales, precisamente, con los instrumentos que le da la Constitución al
Gobierno Federal para resguardar la seguridad interior.
El objetivo de esta Administración ha sido muy claro, y
narraba yo ese Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad, ahí se
dijo, desde muy temprano: “El Gobierno Federal no va a abandonar a la población
a su suerte y va a utilizar los instrumentos que tenga para resguardar la
seguridad de las localidades”, pero es absolutamente indispensable que esas
labores las lleven a cabo Policías.
¿Y policías de qué tipo?
Idealmente Policías locales, porque los delitos como el
robo, el secuestro, la extorsión, el homicidio, todos son delitos del fuero
común; es decir, que le toca prevenirlos y combatirlos a las policías estatales
y a las fuerzas de seguridad municipales.
Creo que lo que está claro es que existe un consenso de
que las Fuerzas Armadas van a seguir cumpliendo con su responsabilidad
constitucional pero, por supuesto, lo ideal es que sean esas Policías locales,
que se están reconstruyendo poco a poco, más lento de lo que quisiéramos pero
en algunos casos, avanzando con certidumbre, para que den ese servicio a la
población.
-Preguntarle,
Secretario, si entonces el Gobierno del Presidente Calderón hereda una
transición de terciopelo a la próxima administración; si, incluso, ve la
posibilidad de que, a diferencia del 1º de Diciembre del 2006, el Presidente
tenga condiciones para asumir y tomar protesta ante el Congreso.
Si
me permite también, Secretario, sobre este tema de Tres Marías, ya aceptó
también el Secretario de la Marina que hubo errores en la ejecución de los
protocolos, por lo menos en esta situación.
¿No
puede decir qué consecuencia podrían tener este tipo de errores?
- Secretario Poiré: Todos los servidores públicos del
Gobierno Federal hemos dicho con gran claridad que corresponde a la autoridad
ministerial, es decir, a la Procuraduría General de la República y
eventualmente al Poder Judicial, en su caso, la determinación de
responsabilidades y el deslinde de las mismas, una vez que se hayan completado
las investigaciones.
Por supuesto que la Policía Federal también, en su caso,
hará las investigaciones correspondientes en su Unidad de Asuntos Internos y lo
que tenemos que hacer es justamente esperar el resultado de esas
investigaciones que, en su momento, se darán con gran claridad, para que cada
una de estas incógnitas quede debidamente resuelta.
Respecto
a tu pregunta de la transición de terciopelo. Nuestra
responsabilidad como Gobierno Federal es doble: Por un lado, el diálogo
político con todas las fuerzas, en todo momento de esta administración, para ir
generando los logros y los acuerdos que, como el relato que hice, nos puedan
dar resultados benéficos para México, independientemente de si es un resultado
legislativo, de si es un acuerdo con un gobierno estatal o de si es simple y
sencillamente, como lo hicimos durante
el Proceso Electoral, de manera un poco más pública y notoria, un diálogo con
las fuerzas políticas para ir buscando algunos compromisos y algunos mecanismos
de colaboración. Por un lado es eso.
Por otro lado nos toca, desde el punto de vista
administrativo, el atender las obligaciones de ley respecto de la transición,
el trabajar con el equipo del Gobierno entrante para poder ofrecerles la
información que necesitan para que ellos preparen el inicio de su
administración a partir del 1º de diciembre y estén en condiciones de hacer un
uso eficaz de las responsabilidades que los ciudadanos mexicanos han puesto en
sus manos.
En ambas tareas estaremos trabajando de manera muy clara,
muy sistemática, bajo las instrucciones del Presidente de la República, el
licenciado Felipe Calderón. También, en esa medida, estaremos buscando
contribuir a un ambiente político propicio para el relevo de Poderes.
-Déjeme
insistir en el caso de Tres Marías, yo sé que nos dice que la PGR está
investigando, pero si nos pudiera dar un poco de luz sobre esto.
Hay
versiones periodísticas de que todo inicia con este secuestro del Director de Protocolo del Museo de Antropología y
que, incluso, habló con usted esta persona, y que a raíz de esto, al siguiente
día se hace un supuesto operativo de Policía Federal. Si nos pudiera confirmar
esta parte.
Y lo
segundo, sobre este mismo tema, están estas versiones de que los
estadounidenses eran parte de la CIA, y
que supuestamente habría algún acuerdo entre la Marina y la CIA del que no se
ha dado detalle.
¿Hay
un acuerdo entre la CIA y la Marina que usted nos pudiera confirmar,
Secretario?
Finalmente,
sobre la transición. El Gobierno del Presidente Calderón dará alguna o está
planeando dar alguna recomendación específica al próximo Gobierno en materia de
seguridad, digamos, que mantenga ciertas cosas, ¿O cuál sería la posición hacia
el siguiente Gobierno en materia de seguridad?
- Secretario Poiré:
La posición del Gobierno de la República hacia el futuro es muy clara y es
pública. Y esa posición es la que, por supuesto, con el grado de detalle que
amerite y en el ámbito de las reuniones de trabajo que se vayan identificando,
haremos saber al próximo Gobierno.
Es indispensable combatir a los criminales, es
indispensable modernizar y transformar las instituciones de seguridad y de
justicia, desde el policía de crucero más modesto, hasta el investigador más
avezado, pasando por los Ministerios Públicos y la modernización del Sistema de Justicia Penal, propiciando la
participación de los ciudadanos y la transparencia en este proceso.
Es un proceso complejo que involucra a la Federación, a
los estados, a los municipios, al Poder Judicial y al Poder Legislativo
también, en instrumentos como la extinción de dominio, como el la lavado de
dinero, que se tienen que seguir empujando.
Y es indispensable el seguir avanzando en la
reconstrucción del tejido social, particularmente en comunidades que han sido
lastimadas de manera muy específica por la delincuencia organizada.
Esas serán nuestras posiciones, porque son las posiciones
que hemos construido en el diálogo con los ciudadanos y de manera muy pública.
Y en ese ámbito también es donde se enmarca la colaboración en distintas
actividades con el Gobierno de los Estados Unidos.
Lo
que ha existido y se ha hecho público en todo momento es la colaboración en
distintas labores de servidores públicos mexicanos con
representantes del Gobierno de los Estados Unidos y en ese marco es que se dan
las relaciones de las distintas dependencias con agencias del Gobierno de los
Estados Unidos y, particularmente, de la propia embajada.
Es un
hecho, existen las denuncias que se dio ese secuestro el jueves anterior a los
hechos de Tres Marías; por el caso específico y por darle un
grado de privacidad a una persona que ya fue víctima de un delito, no quisiera
hacer ningún comentario adicional, pero existió ese delito, esa denuncia se
hizo pública y se ha actuado en consecuencia.
Y subrayo, hay una investigación en proceso, lo
responsable es, atendiendo a toda la información que se ha publicado, hacer la
investigación de todas las distintas posibles hipótesis y entregar los
resultados correspondientes. Esa es una labor que le corresponde al Ministerio
Público de la Federación y estaremos informando a través de esa instancia, que
es la Procuraduría General de la República, a la conclusión de las
investigaciones sobre los hechos, sobre las eventuales responsabilidades y, en
su caso, desde luego, las sanciones que correspondan.
-Secretario.
Buenos días. Hablaba al principio de las condiciones o las circunstancias en
las que inició esta Administración. Sin embargo, por informes de la misma
Secretaría de Gobernación, dentro del Sexto Informe de Gobierno, este año
cierra con 169 conflictos de impacto nacional y local.
Eso
es un 28 por ciento más que el año anterior, según el mismo informe, y me llama
la atención que de estos 169, 122 quedan sin solución.
Preguntarle:
¿Este
aumento en el número de los conflictos se debió a, precisamente, que estamos en
el último año de la Administración o viene siendo ya una consecuencia de una
falta de actitud o de negociación, o de cuidado para evitar que se den este
tipo de situaciones?
Y en
segundo lugar, ahora que va a empezar el proceso de transición, Secretario,
preguntarle:
¿Qué
va a pasar con las bases de datos que tiene la Secretaría de Gobernación
específicamente la que tiene que ver con el registro de la Cédula de
Identificación para Menores?
¿De
qué manera se va blindar esta información para evitar que haya fugas de
información, sobre todo pensando que a lo mejor el próximo Gobierno podría o no
continuar con el proyecto?
Esto
se lo pregunto, porque hace unos 15 días en Excélsior se publicó una nota donde
se puede conseguir, por ejemplo, el RENAUT hasta en 15 mil pesos en Santo
Domingo, siendo que ustedes nos informaron que éste fue destruido.
- Secretario Poiré: Muchas gracias. De manera cíclica se
presenta un incremento o disminución del número de así llamados conflictos, que
son el reflejo, desde luego de la efervescencia social y política que se ha
manifestado en distintos momentos y algunos de ellos, digamos, son conflictos
de un tracto histórico muy largo, que se van activando o reactivando, según las
circunstancias específicas del ámbito local.
La Secretaría de Gobernación tiene una responsabilidad muy
importante ante esos conflictos, que es la de propiciar el diálogo, la de
buscar siempre el cumplimiento de la ley, la de proteger los derechos de las
personas.
Y en esa medida, si nosotros vemos por ejemplo, simple y
sencillamente lo que ocurrió el día de la elección, estuvimos atendiendo un
proceso electoral, que a pesar de que se veía como muy complicado, desde el
punto de vista de seguridad, fue un proceso electoral en el cual hubo una
instalación de prácticamente todas las casillas, en las que participaron los
ciudadanos con base en la organización del Instituto Federal Electoral, también
de todos los procesos locales que de manera simultánea se hicieron.
Ese es un testimonio de una jornada en paz, de una jornada
en seguridad, que es tan solo un ejemplo de cómo distintos conflictos sociales
se van distendiendo, se van manejando y se van logrando acuerdos y espacios de
diálogo para los distintos movimientos sociales y políticos.
Y como ese caso, hemos seguido atendiendo la dificultad o
la efervescencia que se ha dado en algunas zonas de los Chimalapas, hemos
seguido atendiendo el diálogo y la negociación con distintas fuerzas políticas,
hemos apoyado a distintas entidades del propio Gobierno Federal a la resolución
de los conflictos.
En esa medida lo que tenemos es, sí, un cierto número de
conflictos, pero un trabajo permanente de la Secretaría de Gobernación por
garantizar que esos conflictos se están atendiendo en un ámbito de respeto
pleno a las libertades, de cumplimiento a la ley y de la búsqueda de soluciones
en el marco de esa propia legalidad.
Respecto a las bases de datos, una cosa muy importante que
tenemos que recordar es que desde que se echó a andar la propia Cédula de
Identidad se buscaron criterios específicos y lineamientos planteados por el
IFAI, precisamente, para poder garantizar la seguridad de los datos y para
poder garantizar el uso adecuado de esa información.
La Cédula de Identidad no solamente es un programa
gubernamental, es un mandato de la propia Ley General de Población, se sigue
avanzando en el avance de esta campaña, fundamentalmente entre menores de edad,
la Cédula de Identidad Personal, con el avance de los registros y con la
entrega de las cédulas y, por supuesto, el resguardo de esa base de datos.
Y con base en estos criterios se hará entrega a la próxima
administración de los avances y de los libros blancos correspondientes en la
gestión de este proyecto.
-
Pregunta: Una pregunta nada más: ¿Por qué otra Ley de Víctimas?
Después
de todo el estira y afloja que hubo antes, todo este proceso que, incluso,
terminó en la Suprema Corte, cambia la legislatura y el Ejecutivo manda otra
Ley de Víctimas.
¿Están
desconociendo la anterior o qué pasó ahí?
¿Qué
le responde a Sicilia, a lo que declaró ayer?
- Secretario Poiré: El día de hoy, si no se hubiera dado
la iniciativa del Ejecutivo, no existiría en el Congreso una ley sobre la cual
pudieran trabajar los legisladores.
Déjenme recordar brevemente lo que ocurrió: Se aprobó una Ley de Víctimas que generaba
un proceso de burocratización, que significaba un viacrucis para las
víctimas; una comisión que reconociera como víctima a la persona, que esa
comisión le diera una instrucción ya sea al Gobierno Federal, estatal o
municipal, y una ley sin un fundamento constitucional que garantizara
plenamente que esa autoridad estatal o municipal cumpliera esa ley.
Precisamente por eso, por proteger auténticamente a las
víctimas es que se hicieron observaciones al Congreso de la Unión y el Congreso
dijo: “No, no aceptamos las observaciones porque están fuera de tiempo”.
Entonces, nosotros dijimos: “No, no están fuera de tiempo,
quédense con la ley para que la reformen, atiendan estas observaciones, mejoren
estas características de la ley”. El
Congreso nos dijo: “No, señores, se tiene que publicar como está”.
Ante eso, nosotros le pedimos a la Suprema Corte de
Justicia que dirimiera esa diferencia. ¿Se presentaron las observaciones en
tiempo y forma sí o no?
En lo
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación evalúa el caso y toma una
determinación, para nosotros era urgente poder contar con una Ley de Víctimas.
Precisamente para eso y con el concurso de algunos
legisladores, el entonces todavía Senador Alejandro González Alcocer, del
Partido Acción Nacional; el entonces todavía Senador Jesús Murillo Karam, del
Partido Revolucionario Institucional y organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones de víctimas del delito y de la violencia, nos sentamos a
trabajar, encontramos ahí algunos consensos; algunos de esos consensos, la gran
mayoría, están reflejados en esta nueva iniciativa
Y lo que hoy ya tenemos es, por un lado, el proceso de la
Corte, que en cuanto se defina, nosotros atenderemos a lo que diga la Corte.
En lo que eso va avanzando, ya hoy día puede sentarse el
Senado de la República con todas las organizaciones de la sociedad civil y, por
supuesto con el concurso del Gobierno Federal, a buscar una Ley de Víctimas que
garantice:
Primero, que en lo que se ha logrado con PROVÍCTIMA, que
hoy a la fecha ha atendido ya a cerca de 20 mil personas de manera directa en
todo el país, se siga avanzando.
Que garantice también que una vez que la persona es
víctima del delito, se pueda buscar la reparación del daño; primero, por parte
de los delincuentes; y segundo, de manera subsidiaria e inmediata, por parte
del Estado, incluso con ayudas económicas, con becas o con otros instrumentos
que también tengamos la garantía de que sí
van a proveer, en su caso, los gobiernos estatales o municipales.
Precisamente por eso es que enviamos una Ley de Víctimas,
para que ya podamos discutir sobre la sustancia de la Ley. Y ese ha sido el
objetivo del Presidente de la República, para poder seguir avanzando y contar
lo antes posible con una Ley de Víctimas que no le haga daño a las víctimas,
que les garantice sus derechos, que les dé una verdadera atención y que genere
el resultado que todos deseamos y que es que el Estado le dé una mayor
protección a las víctimas de la violencia y a las víctimas del delito.
-
Pregunta: Buenos días, Secretario. Para
preguntarle si coincide con el empresario Claudio González, que es una burla
que Andrés Manuel desconozca la calificación del Proceso Electoral.
Y
cambiando un poquito de tema, sobre este conflicto de la Nueva Jerusalén, en
que ya van 12 días en que los niños siguen sin clases.
¿El
Gobierno Federal va a intervenir o está en pláticas con el Gobierno de Fausto
Vallejo?
Por
otra parte, ¿Usted sabe cuándo recibirá el Presidente Felipe Calderón al
Presidente Electo Enrique Peña Nieto?; se rumora que entre hoy y mañana.
¿Usted
sabe cuándo lo va a recibir?
- Secretario Poiré: Próximamente se tendrá esa reunión y
en cuanto se tenga la reunión, se dará la información correspondiente.
En el ámbito de Nueva Jerusalén, desde un principio el
Gobierno de la República, reconociendo que es un conflicto del orden local,
hemos estado apoyando las gestiones del gobierno del estado de Michoacán y
también acercando a la fuerza pública necesaria para poder garantizar la
tranquilidad de esa comunidad.
Desde luego, nos preocupa que no se haya logrado todavía
un acuerdo que le permita a los niños de la comunidad asistir a clases, estamos
apoyando las gestiones del gobierno del estado y estaremos muy atentos a que
esta solución se dé en un marco de respeto a la ley, de tolerancia y de
ejercicio de libertades. Ciertamente
estamos atentos y trabajando con el propio Gobierno del estado en la atención
de este conflicto.
Desde un primer momento el Gobierno de la República ha
dicho, con una gran claridad, que de cara al proceso electoral, nuestra
responsabilidad es:
Primero, cumplir la Ley para garantizar que todos los
servidores públicos del Gobierno Federal se apeguen estrictamente a esa
legalidad, y así se hizo durante todos los procesos previos a las campañas,
durante las campañas y el día de la jornada electoral.
Segundo, de respaldo a las autoridades electorales para
garantizar su seguridad, para poder ofrecerles espacios de diálogo en el ámbito
local en casos que fuera necesario y de coordinación en el ámbito de la
organización de las elecciones y en la garantía de la seguridad y la buena
conducción del proceso.
Y tercero, de manera muy importante, de respeto pleno e
irrestricto a sus determinaciones. En ese ámbito nos seguiremos manteniendo,
buscando desde el ámbito político también la consecución de acuerdos entre las
distintas fuerzas políticas, como ha sido el caso, desde antes, durante y
después del proceso electoral.
-
Pregunta: Usted dice que van a buscar el diálogo. ¿Van a hablar con López
Obrador, que es el que dice que no va a reconocer a un gobierno ilegítimo?
- Secretario Poiré: Nosotros hemos estado siempre atentos
y actuantes con las distintas fuerzas políticas de todos los partidos y así lo
seguiremos haciendo.
-Secretario,
son tres puntos sobre este balance que hace grosso modo.
El
primero es, en esta herencia de logros que deja también se aprecia que hay
varios casos que no ha logrado resolver el Gobierno Federal, por poner
ejemplos:
Michoacán,
parece que se ha convertido en un foco rojo, no sólo por el caso que comentaba
la compañera, de Nueva Jerusalén, sino que tienen ahí ya varios conflictos en
comunidades como Cherán, tienen conflictos que van a heredar también a la
próxima administración, a menos que los resuelvan, claro.
Y en
estas herencias también se adivina que va a seguir incrementando el presupuesto
para seguridad. Quizá desatendiendo a otras áreas, debido a que no hay un arca
llena de recursos para este sector.
Por
el otro lado, en lo que corresponde a la Ley de Víctimas, también hay críticas severas, hay
cuestionamientos de que no se tomó en cuenta en realidad a las organizaciones
civiles, que no se tomó en cuenta a organizaciones ciudadanas o que han
surgido, precisamente, a través de los
últimos años, en este sexenio, víctimas de la delincuencia organizada, por una
parte, pero también víctimas de la presión del Estado, en ocasiones Federal y
en ocasiones estatales.
En
este balance, con estos pendientes, ¿Qué nos puede comentar, Secretario?
-
Secretario Poiré: Sí se ha incrementado el presupuesto para
seguridad, tan sólo en lo que va de esta Administración se han destinado casi
70 mil millones de pesos.
Creo que la cifra más aproximada es 67 mil millones de
pesos para los estados y municipios en materia de seguridad, para que tengan
policías confiables, para que puedan modernizar su sistema de impartición de
justicia, para que puedan mejorar sus capacidad de investigación y para que sus
Ministerios Públicos puedan cumplir verdaderamente con esa labor de
investigación, de elaboración de los casos, de llevar los casos de manera
limpia, transparente, ante los jueces.
Y para que los responsables de los delitos sean
sentenciados, y también, incluso, para que sus centros penitenciarios estén
funcionando de manera adecuada, en donde sean auténticos centros de
rehabilitación social y no focos en donde muchas veces, lamentablemente, se
generan y se producen más delitos. También, por supuesto, en el ámbito Federal.
Eso no ha significado tampoco que se haya incrementado el
presupuesto en detrimento de otras áreas, se han incrementado en más del doble
todos los fondos destinados a prevención y combate a las adicciones, por no
mencionar el incremento en la cobertura educativa, en la cobertura de salud y
toda una serie de programas que justamente van reconstruyendo el tejido social
o la construcción de más de 300 Centros Nueva Vida en todo el país.
Creo que es muy importante, y así lo hemos establecido en
varias ocasiones, el seguir evaluando el resultado de los distintos programas,
pero no solamente los de seguridad, sino muchos otros programas en los cuales
tienen fondos muy superiores, en otros ámbitos, para poder verdaderamente identificar
las prioridades y seguir avanzando.
Esa será una tarea que le corresponderá, fundamentalmente,
a la actual legislatura, a su Cámara de Diputados, en la aprobación del
Presupuesto del Egresos del año 2013.
Qué bueno que mencionas algunos de los casos que están
todavía pendientes, justamente muchos de ellos son precisamente del ámbito
local y la labor de la Secretaría de Gobernación es apoyar a los Gobiernos de
los estados, impulsar el cumplimiento de la ley y respaldar las gestiones, que
en su caso, se estén haciendo entre distintos grupos sociales por parte de las
autoridades locales.
En el caso específico del estado de Michoacán, tenemos una
comunicación cercana con el Gobernador del estado, estamos respaldando sus
gestiones, estamos apoyando la solución de los conflictos a los que haces
referencia y nuestro objetivo es muy claro: El papel del Gobierno Federal en
esta materia es garantizar niveles de seguridad, ofrecer el respaldo de la
fuerza pública en caso de que sea necesario y también ofrecer, en su caso, los
oficios de diálogo, de colaboración y de apertura que nos permitan encontrar
soluciones.
Pero tenemos que reconocer que muchos de estos conflictos,
muchas de estas situaciones tienen una solución originaria, muchas veces en el
ámbito municipal primero y después en el ámbito estatal. Por supuesto que
nosotros seguiremos colaborando en esa materia.
Finalmente,
respecto a la Ley de Víctimas, en efecto se han tomado las observaciones, algunos
de los grupos de la sociedad civil, pero indudablemente estamos buscando una
ley que sea diferente a la que aprobó originalmente el Congreso de la Unión,
precisamente porque le veíamos esos problemas, porque le iba hacer más daño a
las víctimas.
Porque iba burocratizar la tensión, porque les iba generar
un viacrucis, para que primero les reconocieran la calidad de víctimas, después
para que eventualmente hubiera una instrucción y para que esa instrucción
eventualmente pudiera ocurrir que la autoridad estatal o municipal dijera: “No,
a mí esa comisión que se generó no me da ninguna instrucción”.
Lo que estamos haciendo es fortaleciendo PROVÍCTIMA y
generando una conferencia, y también impulsando, como ya lo hizo el propio
Senado de la República, la reforma constitucional, que está ahora en la Cámara
de Diputados y que se puede aprobar rápidamente, que garantice que no va haber
autoridad que no le dé a las víctimas la atención que se merece.
-Tres
cosas muy puntuales:
Por
un lado, el Gobierno Federal envió las iniciativas preferentes al Congreso,
¿Qué expectativa tienen que se dictaminen estas iniciativas con agilidad y con
optimismo, tal vez, antes de que concluya el presente sexenio?, por un lado.
Por
otro lado, algún comentario sobre la crítica que hizo Amnistía Internacional
hace algunos días a cerca de las desapariciones forzadas, dice Amnistía
Internacional que estamos muy atrasados en la materia, ¿Qué me puede comentar?
Y por
último: ¿Cuál es el reto que enfrentará el futuro Gobierno en materia de
gobernabilidad interna, cómo dejan el negocio para que lo tome el nuevo
secretario?
- Secretario Poiré: El Gobierno de la República en todo
momento ha estado abierto a las observaciones y recomendaciones de las
distintas organizaciones de la sociedad civil, nacionales o internacionales en
todos los ámbitos, particularmente en materia de derechos humanos.
Hemos trabajado específicamente en el tema de
desapariciones, por lo menos en dos rubros: Uno, insistiendo con los gobiernos
de los estados en tener un solo registro de personas desaparecidas, así
identificadas en el ámbito de las procuradurías o fiscalías de los estados para
poder tener ese registro, para poder hacer una búsqueda plena de cada uno de
esos registros e identificar si son personas que pudieran estar en otra entidad
o que pudieran estar en una situación diferente.
Por otro lado, en el avance en la creación en el ámbito
federal de un protocolo y un mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas,
así como un equipo de trabajo, que hemos venido mencionando con la propia
Procuraduría General de la República, con la Secretaría de Seguridad Pública
Federal para poder dar seguimiento a los casos del ámbito federal que tienen
que ver con el asunto de personas desaparecidas y, por supuesto, en el
reconocimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos
que nos permite garantizar el combate a este delito y que cada uno de los casos
que estén identificados como tales y de los que tiene conocimiento la autoridad
se puedan investigar y se puedan sancionar.
Seguiremos trabajando en esa materia, desde luego con
mucha atención a las observaciones de los distintos organismos internacionales.
Segundo.
Respecto a la Iniciativa Preferente déjame iniciar haciendo un reconocimiento
al Congreso, porque desde luego hice toda una narrativa de
cómo se ha transformado el entorno político del 1º de diciembre de 2006, al
entorno que hemos construido durante esta administración que nos ha permitido
tener acuerdos muy trascendentes.
Y esos acuerdos muy trascendentes no hubieran sido
posibles sin el compromiso de todas las fuerzas políticas en el seno de la
Cámara de Diputados y del Senado de la República en las dos legislaturas
anteriores.
Uno de esos cambios fue, precisamente, la Iniciativa
Preferente, porque justamente la preocupación es que hay iniciativas que son
muy importantes y que por cualquier motivo, sea político, de corto plazo, sea
porque no existe el acuerdo, sea porque no se genere el consenso, sea porque
hay algunas diferencias, se quedan en lo que se conoce como la congeladora
legislativa o se tarda mucho en dictaminar.
La Constitución nos garantiza lo siguiente y lo leo porque
creo que nos ayuda a tener presencia y tener claridad de cuándo esperamos que
se dictaminen estas leyes, que es justamente tu pregunta original.
Aquí
dice el artículo 71 Constitucional, leo los últimos párrafos:
El día de apertura de cada periodo ordinario de sesiones,
es decir, el 1º de septiembre pasado, el Presidente de la República podrá
presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, cosa que hizo a través
del Secretario de Gobernación, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere
presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen.
Aquí lo que hicimos fue presentar dos iniciativas
preferentes.
Sigo leyendo:
Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el pleno
de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales.
Es decir, la tienen que discutir y votar en el Pleno, en
el caso de la Iniciativa de Ley Laboral, 30 días naturales después de su
presentación, como lo hicimos nosotros; y en el caso del Senado de la
República, la Ley de Contabilidad Gubernamental.
Si no fuere así, la Iniciativa, en sus términos y sin
mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la
siguiente sesión del Pleno, pasando los 30 días naturales.
En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su
origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara
revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las
condiciones antes señaladas.
Lo que nosotros esperamos es que, en cumplimiento del
texto constitucional, se discutan estas alternativas; pueden ser
rechazadas, de plano, o pueden ser
modificadas, aprobadas y enviadas a la siguiente Cámara en estos plazos que
marca la Constitución.
Ese es el objetivo de la Iniciativa preferente, el decirle
al Congreso de la Unión: Hay tiempos para todo, hay plazos para todo. En estos
dos temas, señoras y señores, les vamos a agradecer mucho que conforme a la
Constitución, decidan lo antes posible.
-
Pregunta:¿Sobre la última parte de la pregunta acerca de los retos que
enfrentará el próximo Gobierno?
¿Cómo
deja el negocio?
- Secretario Poiré: Mira, justamente el recuento que hice
al inicio es un recuento de una transformación, de una situación de una gran
polarización, el 1º de diciembre del 2006, a una situación en la cual el
diálogo democrático nos ha dado un espacio de construcción de acuerdos
incontestable.
Ha habido acuerdos con el Legislativo, ha habido acuerdos
con los partidos, ha habido acuerdos con los gobernadores, ha habido acuerdos
entre Poderes y esos acuerdos nos han dado una plataforma para un mayor y mejor
ejercicio de las libertades de los mexicanos, para la búsqueda de un México más
seguro, más justo y más próspero.
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