Consternados: Caro, Regina…/Jorge Fernández Menéndez
Columna Razones; Excélsior, 13/08/2013;
Consternados: Caro, Regina…
Ya analizaremos mucho más a detalle la iniciativa energética que presentó ayer el presidente Peña Nieto. Basta decir por lo pronto que es una propuesta acertada y que va en el rumbo que requiere el país y en el que avanza el mundo. Una iniciativa que puede tener ajustes en uno u otro sentido, pero sin duda, va en el sentido correcto y cuya aprobación será clave para definir el futuro de México.
Pero mientras esa iniciativa apunta hacia el desarrollo del país, otros elementos, otros campos, siguen sufriendo las consecuencias de un sistema que no funciona en muchos terrenos, que no es eficiente ni representa las exigencias de la sociedad. La justicia es uno de los más evidentes. Los ejemplos de las últimas semanas son más que preocupantes: puede ser, como dicen fuentes del Poder Judicial, que lo que sucede es que se esté intentando construir un sistema de justicia más garantista, que respete más las garantías de los acusados, pero en los hechos lo que tenemos es un sistema de justicia que no está haciendo justicia y que está utilizando esas sanas intenciones para dejar en libertad a criminales mientras las cárceles continúan llenas de miles de hombres y mujeres cuyos derechos procesales sí han sido vulnerados. Y en donde la corrupción, mal que le pesa a muchos de los defensores del sistema, es también un mal endémico.
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Columna ARSENAL DE Pancho Garfias
Un caso simultáneo con el de Caro Quintero se dio en Veracruz con la liberación del asesino de la periodista Regina Martínez Pérez, crimen ocurrido el 28 de abril de 2012 pasado, revocando la sentencia condenatoria por 38 años y dos meses de prisión en contra de Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, la cual había sido emitida por la juez tercero de primera instancia del Distrito Judicial de Xalapa, luego de la indagatoria realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado. El magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, decidió dejar en libertad al asesino de la periodista argumentando que no existían pruebas suficientes y errores de procedimiento, pese a que ya tenía condena en firme y que durante la indagatoria se acumularon todo tipo de pruebas respecto a su participación.
¿Por qué entonces dejarlo en libertad? No lo ha explicado el magistrado, pero lo cierto es que es, el suyo, un caso peculiar. El magistrado ponente Álvarez Peña no llegó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz por méritos de carrera judicial, sino más bien como parte, aparentemente, de una prebenda política, ya que ha sido casi de todo en la administración pública y es también dueño de una cadena de medios de comunicación en Veracruz, Tabasco y Chiapas.
Edel Álvarez, es un funcionario, y ahora magistrado, ligado políticamente a Roberto Madrazo, ha sido alcalde de Coatzacoalcos —aunque nació en Tlacotalpan—, diputado local suplente por ese distrito, dirigente juvenil de la CNOP, dirigente estatal del PRI en Veracruz, delegado del Conafe, director general del Registro Público de la Propiedad y de inspección y archivo general de Notarías, de donde partió para ser magistrado. Dueño de una extensa cadena de medios, dicen en el ámbito local que esos intereses, conflicto por partidas publicitarias, han estado detrás de la liberación del asesino de Regina Martínez. Un ejemplo palpable de por qué la política (y además la propiedad de medios) no puede ser compatible con administrar la justicia. Por eso no funciona nuestro sistema.
Decía el senador Omar Fayad, uno de los políticos que aspira en algún momento en ser parte del gabinete federal en áreas de seguridad, que es de ignorantes culpar al Ejecutivo por la liberación de Caro Quintero y otras que se han dado en las últimas fechas. En realidad no es así: el Ejecutivo por supuesto que no tiene decisión directa respecto a la liberación de Caro Quintero o de otros criminales. Pero sí la tiene en tres ámbitos: primero y principal es saber qué medidas se adoptan en el terreno judicial y poder actuar en consecuencia. Segundo, en explicarle a la gente qué sucede, por qué se toman decisiones que resultan incomprensibles. Tercero, debe actuar en consecuencia contra los responsables, ya sea de haber violado derechos individuales, pero también contra aquellos que vulneran con sus decisiones el propio Estado de derecho. El silencio de las autoridades (y por supuesto del Consejo de la Judicatura) en el caso Caro Quintero es incomprensible. Como lo es el de las autoridades judiciales de Veracruz ante la decisión de un magistrado que arriba a esos cargos tan decisivos en la justicia sin experiencia judicial y con una larga lista de intereses políticos y empresariales detrás. Si no le pedimos explicación a las autoridades sobre sus decisiones, ¿entonces a quién?
Excélsior
“Hasta donde diga el ingeniero…”
Espinosa Cházaro: “No acompañaremos a la derecha en su propuesta privatizadora, pero tampoco a Andrés Manuel en el no a todo”.
Anoche hubo una reunión de la “izquierda institucional” en algún lugar de Polanco. El propósito era dar una última revisión a la propuesta energética que esta semana enviará el PRD al Congreso. El punto neurálgico de esa iniciativa es aligerar la carga fiscal de Pemex (paga 71.5% de sus ingresos en impuestos), acabar con la corrupción de líderes sindicales y funcionarios, y no tocar la Constitución.
Asistieron al cónclave el emblemático Cuauhtémoc Cárdenas, Jesús Zambrano, presidente del PRD, Alejandro Sánchez, secretario general del partido, el senador Miguel Barbosa y los diputados Silvano Aureoles y Luis Espinosa Cházaro.
Le preguntamos a Cházaro qué va a hacer el PRD frente a la madre de todas las reformas. “Nuestro límite es el ingeniero. Hasta donde él nos diga…”, soltó el diputado. Pero aclaró: “No acompañaremos a la derecha (sus aliados electorales del PAN) en su propuesta privatizadora, pero tampoco a Andrés Manuel en el no a todo”.
Esperan, eso sí, que el PRI-gobierno se corra hacia la izquierda en el curso de los debates de la madre de todas las reformas.
López Obrador, por cierto, ya fijó su postura frente a las modificaciones a los artículos 27 y 28 de la Constitución que propone el presidente Peña para abrir al capital privado áreas de Pemex que hasta ahora les estaban vetadas.
En su página web, el líder de Morena insertó una entrevista que le hicieron en Mulegé, Baja California, en la que califica la reforma energética que presentó Peña Nieto como el robo del siglo. “Sólo significa entregar la industria petrolera a la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera”, aseveró.
Antes de trasladarse al cónclave perredista, Cházaro nos proporcionó una copia del artículo que publicó Cuauhtémoc Cárdenas el pasado viernes en La Jornada. En ese texto, el ingeniero incluye partes de una carta que Lázaro Cárdenas le envió el 30 de marzo de 1968 a Jesús Reyes Heroles.
En uno de los párrafos el general expresa su alivio por la cancelación de los famosos contratos de exploración y explotación del hidrocarburo permitidos por la Ley Reglamentaria de 1941.
“No es inoportuno anotar que el espíritu nacionalista de la expropiación de 1938 y de la reforma constitucional del 9 de noviembre de 1940 no se respetaron plenamente: los contratos de exploración y explotación permitidos por la Ley Reglamentaria de 1941 se concedieron con participación en la producción del petróleo a empresas nacionales y extranjeras (afortunadamente ya se cancelaron los 18 contratos)”, dice la carta.
La misiva echa por tierra el argumento eje del discurso oficial en el sentido de que la reforma al artículo 27 constitucional que propone el presidente Peña es, “letra por letra”, la misma que respaldó el general Cárdenas.
La carta revela que la postura del mítico general, en relación con esos controvertidos contratos, no fue estática y acabó por rechazarlos.
El general alude a “las tendencias acumulativas de los grandes capitales privados y sus correlaciones con los monopolios internacionales” y dice que “está en su esencia acaparar y explotar riquezas naturales de los territorios ajenos, sobre todo de los recursos no renovables…”.
A muchos panistas les pasó de noche un transitorio en los estatutos que aprobaron en su “asamblea de cantina” —así la definen ellos mismos— realizada el pasado sábado en medio de un inusual zafarrancho. Ese artículo dice que la elección del próximo jefe nacional del partido será, excepcionalmente, por 18 meses (la mitad de la gestión actual).
Acción Nacional tendrá, así, elección del Consejo Nacional en octubre de 2013. La del dirigente nacional, aproximadamente en marzo de 2014 y septiembre u octubre de 2015. Ese mismo año toca elegir a los candidatos a la elección federal. En 2016 el Consejo Nacional. Cinco competidos procesos a lo largo de cuatro años. “Es una bomba para la unidad”, predice el senador Roberto Gil.
La elección por año y medio del jefe nacional revoluciona todo el escenario. Los pesos pesados tendrán que pensarle si le entran o no. Sobre todo los que supuestamente traen agenda para 2018. Nos referimos a Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala, Ernesto Cordero…
¿En qué condiciones llegarían a una reelección con tantos procesos internos?
¿Sus eventuales adversarios internos no se aliarían para evitar que utilice el partido para construir su plataforma para una candidatura presidencial?
Madero sí tiene que entrarle si se quiere reelegir. No tiene posibilidades de regresar en 2015. Los pesos medios tienen su oportunidad con ese transitorio. Héctor Larios, Roberto Gil, Juan Manuel Oliva y los que se sumen…
Le preguntamos a Gil si va por la dirigencia nacional. “No me descarto, porque no me he encartado”.
Garganta azul nos contactó. Quería decirnos que ni Héctor Larios ni José González Morfín se descartaron para dirigir la mesa de los debates durante la ruidosa asamblea estatutaria del sábado anterior. “Los obligaron a descartarse para poner otros más a modo que se subordinaran a las instrucciones de la cúpula ”, precisó.
No son pocos los panistas que repiten, en voz baja, que el mal manejo de Marko Cortés, quien presidía la mesa en el momento en el que se votaba el tema de la elección directa de los dirigentes del partido, contribuyó a calentar la asamblea.
Cortés declaró que había una “evidente mayoría” por el sí a la propuesta de la dirigencia. Una mayoría simple no bastaba. Se requería la aprobación de los dos tercios de la asamblea. No había evidencia alguna de que sí la había. Los delegados inconformes le pedían el voto por cédula. No cedió. “No es su culpa, sólo recibía órdenes”, aseguró Garganta.
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