"Es muy improbable que López sea liberado próximamente. Legalmente, podría permanecer detenido preventivamente hasta 45 días, cuando la Fiscalía debería acusarlo, archivar el caso, o sobreseerlo, pero en la práctica estos plazos rutinariamente no se respetan en Venezuela..."
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La
persecución penal de Leopoldo López/José Miguel Vivanco es director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Publicado en el madrileño El
País, y en el periódico Reforma de México; 12 de marzo de 2014;
Mientras
cancilleres latinoamericanos se reúnen en Chile esta semana para tratar la
situación en Venezuela, Leopoldo López, uno de los líderes más prominentes de
la oposición política venezolana, se encuentra detenido en una prisión militar
esperando a que una jueza provisoria (sin inamovilidad en el cargo) decida si
será sometido a juicio, sin que hasta ahora se haya exhibido ninguna evidencia
válida en su contra.
La
violencia desatada a raíz de las manifestaciones de estudiantes y opositores
que comenzaron el 12 de febrero en Venezuela ha dejado como saldo más de 20
muertos, decenas de heridos, cientos de detenidos y serias denuncias de
brutalidad, torturas y vejámenes cometidos por las fuerzas de seguridad. El
Estado, además, ha tolerado y colaborado con grupos armados civiles que apoyan
al gobierno. La Fiscalía, a regañadientes –y gracias a los vídeos y la presión
de la opinión pública–, ha dado algunos pasos para investigar las verdaderas
responsabilidades en estos hechos. Sin embargo, sigue avanzando con una
velocidad notable para atribuirle responsabilidad penal por la violencia a la
oposición política.
Altas
autoridades del Gobierno venezolano sostuvieron que López, dirigente de
Voluntad Popular, era el “autor intelectual” de la violencia, y la Fiscalía
solicitó su detención, acusándolo de todo: disturbios, muertes y lesiones.
Luego acusó también a Carlos Vecchio, quien le sigue a López en la directiva de
Voluntad Popular, y a otros dos miembros de la oposición por hechos similares,
invocando teorías conspirativas en vez de presentar pruebas que los incriminen.
Al
Gobierno venezolano le resulta relativamente fácil utilizar el sistema judicial
como un instrumento político desde que, en 2004, el chavismo depuró al Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) y nombró a jueces afines en el más alto tribunal. Desde
entonces, el poder judicial ha dejado de actuar efectivamente como un poder
independiente del gobierno. A través de la Comisión Judicial del TSJ, que
cuenta con facultades para nombrar y remover jueces inferiores provisorios y
temporales –que hoy son la mayoría de los jueces en el país– esta politización
de la justicia se propagó al resto del poder judicial.
El
18 de febrero, López se entregó a las autoridades y desde entonces se encuentra
detenido en Ramo Verde, una prisión militar, en la cual solo tiene contacto con
su familia cercana y sus abogados, y solamente sale de su celda cuando es
posible que tome aire sin tener contacto con otros presos.
Ante
la contundente evidencia que hizo pública el periódico venezolano Últimas
Noticias, que sugería que uniformados junto con civiles armados eran los
autores de una de las muertes ocurridas el 12 de febrero, la propia Fiscalía
debió dar marcha atrás y eliminar los cargos por homicidio imputados
inicialmente a López. Sin embargo, López sigue sujeto a investigación por
varios delitos, incluido el de asociación para delinquir, que tiene una pena de
hasta 10 años.
Es
muy improbable que López sea liberado próximamente. Legalmente, podría
permanecer detenido preventivamente hasta 45 días, cuando la Fiscalía debería acusarlo,
archivar el caso, o sobreseerlo, pero en la práctica estos plazos
rutinariamente no se respetan en Venezuela.
En
un Estado de derecho, la libertad de López debería estar garantizada si las
autoridades no presentaran pruebas creíbles de que él podría ser responsable de
la comisión de un delito. Sin embargo, en Venezuela es muy difícil para un juez
adoptar una decisión conforme a derecho si esta va contra intereses del
Gobierno.
Por
ejemplo, en 2009, la justicia venezolana detuvo arbitrariamente a la jueza
María Lourdes Afiuni por cumplir con una recomendación de Naciones Unidas y
dejar en libertad condicional a un opositor del Gobierno chavista. Afiuni, que
era jueza titular con estabilidad en el cargo, estuvo un año en prisión, dos en
arresto domiciliario y continúa sujeta a proceso penal por delitos que no
cometió. Antes del caso Afiuni, los jueces temían perder su empleo si adoptaban
decisiones contrarias a los intereses del gobierno. Ahora, también temen ir
presos.
En
un país donde el poder judicial carece de independencia, el futuro de Leopoldo
López está en manos de una jueza que podría ser removida por un telegrama sin
mediar ninguna explicación, como ha ocurrido rutinariamente en el pasado. La
decisión sobre el futuro de la jueza, a su vez, está en manos de magistrados
del TSJ, un órgano que habitualmente avala políticas del Gobierno.
La
reunión de la OEA de la semana pasada, celebrada a puerta cerrada, terminó con
una declaración que parece describir la situación en Venezuela como si fuera
una catástrofe natural, en vez de responsabilizar al Gobierno venezolano por
violaciones de derechos humanos como la censura y la brutalidad de las fuerzas
de seguridad. ¿Habrá alguna posibilidad de que la reunión en Santiago lleve a
un resultado distinto, exigiendo que Venezuela asuma sus obligaciones jurídicas
internacionales de respetar los derechos humanos? Específicamente, ¿se exigirá
esta vez que cesen los abusos contra manifestantes y la liberación y el respeto
de las garantías del debido proceso de quienes fueron detenidos
arbitrariamente, como Leopoldo López?
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