Revista
Proceso
# 2047, 23 de enero de 2016..
Un “pacto de
impunidad” protege a las empresas del capo/JESUSA CERVANTES
El
gobierno federal presume la detención del Chapo pero permite que las empresas
del Cártel de Sinaloa operen y hasta les da apoyos de programas públicos. Esto
ocurre pese a que Estados Unidos comparte con México la lista de los consorcios
donde los criminales lavan dinero. ¿La razón? “Un pacto de impunidad. Las
propias campañas de los presidentes mexicanos… uno tiene que partir de la
premisa de que han sido infiltradas por los grupos criminales”, asegura el
académico Edgardo Buscaglia, estudioso de los fenómenos de la violencia y el
crimen organizado.
El
Chapo fue recapturado y encarcelado el viernes 8, pero el patrimonio de su
organización criminal continúa intacto: opera y lava dinero en el mercado
mexicano a través de decenas de empresas de servicios.
Para
ello el Cártel de Sinaloa utiliza restaurantes, gasolineras, inmobiliarias,
casas de empeño o procesadoras de carne –entre otras– en entidades como
Jalisco, Ciudad de México, Baja California o Puebla, según ha detectado el
gobierno de Estados Unidos desde el 2000.
Las
decenas de compañías del emporio criminal trabajan al amparo de las autoridades
mexicanas, pues pagan impuestos e incluso algunas han sido subsidiadas por la
administración federal, que las incluyó en padrones de beneficio agropecuario o
de seguridad social. Es el caso de las corporaciones Nueva Industria de
Ganaderos de Culiacán, S.A. de C.V.; la Cooperativa de Avestruz Cuemir, S.C. de
R. L. de C.V., o la estancia infantil Niño Feliz.
Además,
dichas firmas boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no
han sido sometidas en México a “auditorías tributarias” debido a un “pacto de
impunidad”, sostiene Edgardo Buscaglia, investigador en materia de crimen
organizado.
No
se persigue a las corporaciones blanqueadoras aun cuando en abril de 2014 Luis
Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda, firmó con Washington un
acuerdo que impide a personas y consorcios inscritos en dicha lista negra
realizar operaciones en el sistema financiero de México. “O sea que el pacto de
impunidad ya lleva el apellido Videgaray”, sentencia Buscaglia.
Franquicias
intocadas
El
gobierno de Peña Nieto capturó por primera vez a Guzmán Loera el 23 de febrero
de 2014 y “ninguna autoridad impulsó acusación penal alguna contra cualquiera
de sus múltiples redes de socios y franquicias empresariales, o contra los
políticos asociados a sus actividades; tampoco se le tocó ningún activo”,
reclama Buscaglia en su libro Lavado de dinero y corrupción política.
Ello,
sostiene en entrevista con Proceso, obedece al pacto de impunidad “cada vez más
descarado” que hay: “México es un país en que el lavado de dinero es tan
alevoso y obsceno que un equipo de preparatoria detecta las redes
patrimoniales. No necesitas ser el fiscal Giovanni Falcone (mítico perseguidor
de la mafia italiana). Está a la vista. El pacto de impunidad se respira, se
toca”, acusa. Y lo mismo da, asienta, que el presidente de la República sea
Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto.
Agrega
que Estados Unidos, el semanario Ríodoce u otro medio pueden enumerar las
empresas de los grupos delincuenciales y nada ocurre.
Entre
noviembre de 2008 y julio de 2010, recuerda, convenció al gobierno de Calderón
para que una unidad de investigación patrimonial de la Unión Europea trabajara
seis meses en algún estado de la República, y ofreció que en ese tiempo se
“desmantelarían cientos de millones de dólares en propiedades”.
Persuadido
Calderón, empezó el intercambio de cartas con Bruselas. “Se aceptó la misión en
algún momento, pero después se canceló. Hubo resistencia dentro del gabinete y
vaya a saber de dónde vino la cancelación”.
Él
lo tiene claro: No se hurga en el patrimonio del Cártel de Sinaloa porque la
propia clase política “le tiene miedo a que te metas, porque eso tiene
repercusiones políticas a través del financiamiento de campañas. ¡Ahí está el
meollo del asunto! Si esto fuera un problema externo al Estado, en el que el
ámbito político no está involucrado, estos delincuentes con grandes patrimonios
serían desmantelados inmediatamente”.
El
también presidente en México del Instituto de Acción Ciudadana para la justicia
y la democracia, considera incongruente que el equipo de Peña Nieto “le ponga
tanto entusiasmo a perseguir a Kate del Castillo y tenga, a la vez, empresas
ligadas a familiares del Chapo y otros capos –mencionadas por el Departamento
del Tesoro, por Ríodoce, por ustedes– y nunca las haya auditado. Es
incongruencia que fondea en lo tragicómico”.
La
red criminal de Sinaloa –liderada por Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada y
Juan José Esparragoza El Azul– “se ha expandido a través de una gran protección
patrimonial, por acción u omisión”.
Buscaglia
recuerda algo que ha dicho desde 2008 y que hoy la Europol confirma: el también
llamado Cártel del Pacífico opera en 59 países.
“Estas
redes criminales tienen directores, y puedes apresarlos, pero si no les
paralizas la infraestructura patrimonial no vas a poder atacarlas. Ellos
reemplazan a sus directivos como los puede remplazar un banco.”
El
peligro, añade, es que el margen de maniobra económico que las bandas han
conservado tiene como consecuencia un “tsunami de violencia”, homicidios y
desapariciones.
“La
otra cara de la moneda de la impunidad son los 26 mil desaparecidos que hay en
México. Esa infraestructura que hoy secuestra y hace desaparecer es la misma
maquinaria económica que el gobierno mexicano no toca porque está a nombre de
empresas que financian campañas políticas de todos los partidos.
“Ningún
presidente ha querido tocar eso y destapar la cloaca por cobardía, además de no
querer pagar ese costo político. Las propias campañas de los presidentes
mexicanos… uno tiene que partir de la premisa de que han sido infiltradas por los
grupos criminales. Tú tienes, así, un pacto de impunidad basado en este círculo
vicioso: violencia, impunidad, desapariciones forzadas, financiamiento de
campañas, impunidad, y así.”
Del
narco a la política
Buscaglia
ha investigado cómo opera el crimen y lava dinero en más de 100 países, y ha
hallado que en todos los sitios lo hace de modo similar. “Yo le llamo ‘ley de
gravedad’: cuando caen personajes como Guzmán Loera, normalmente la ‘ley de
gravedad’ te dice que caen cientos de políticos, de empresarios importantísimos
de cada país.
Pero
para que eso ocurriera en México debería darse un “maxiproceso; y si no existe
ese maxiproceso, no vas a ver el principio del fin de esta pesadilla”.
–¿Sin
maxiproceso de nada sirve la caída del Chapo? –se le pregunta.
–Sin
maxiproceso no hay contención de grupos criminales, ni en el planeta Marte ni
acá. Hoy lo que vemos es un Estado en descomposición y una violencia atomizada,
descontrolada, que está basada en motivaciones económicas. Las desapariciones
forzadas están basadas en motivaciones económicas de redes criminales.
El
investigador se refiere también a la posible extradición de Guzmán Loera a
Estados Unidos. Dictamina: no servirá para llegar al fondo del problema.
“Sería
una válvula de escape patética y triste” porque no estaría sustentada en
méritos jurídicos sino en el colapso del Estado mexicano, que no puede retener
a un capo en su sistema penitenciario.
“Si
ocurre, en el proceso judicial el fiscal norteamericano se va a focalizar en
los delitos cometidos en Estados Unidos y no va a abarcar a la clase política
mexicana. El Departamento de Estado no permitiría que el Departamento de
Justicia hiciera eso, es diplomacia básica. Abarcaría a algunos empresarios
mexicanos y norteamericanos involucrados, pero no a la clase política en su
conjunto.”
De
este modo, aunque el 13 de abril de 2014 Los Pinos y la Casa Blanca hayan
firmado un acuerdo para que México pueda utilizar la lista negra que emite el
país vecino –e impedir con ello que esas compañías y personas hagan uso del
sistema financiero nacional–, sólo se trata de mera simulación entre ambos
países, insiste Buscaglia.
La
lista
Desde
el año 2000 la Oficina de Control de Activos (OFAC) de Estados Unidos compendia
los nombres de decenas de empresas y personas ligadas al crimen organizado.
Vinculadas con el Cártel de Sinaloa, por ejemplo, existen casi 100, que en su
mayoría siguen operando en México. No sólo eso: llegan a formar parte de los
programas del gobierno federal.
Entre
las compañías relacionadas con el grupo del Chapo están Agrícola y Ganadera
Cuemir, S.P.R. de R.I., alias Rancho La Herradura, y la Cooperativa Avestruz
Cuemir, S.C. de R.L. de C.V.
En
2010, Financiera Rural –que depende de Sagarpa– tuvo en su padrón de
beneficiarios a Agrícola y Ganadera Cuemir. Sin embargo, le canceló el apoyo.
En cambio, en 2011, el Fideicomiso de Riesgo Compartido, que también depende de
la Sagarpa, le entregó a Cooperativa Avestruz Cuemir 2 millones 579 mil 656
pesos como apoyo para “modernización de instalaciones para obtener
certificación TIF”.
En
2008 la OFAC incluyó en su lista negra a Nueva Industria de Ganaderos de
Culiacán, S.A. de C.V. (que produce la marca de leche Santa Mónica), como
propiedad del Mayo Zambada.
Ya
desde 2002 ese consorcio recibía ayudas destinadas a pequeñas y medianas
empresas (pymes). Y en 2008, el 13 de agosto, fue incluida por la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social en su padrón de compañías que ofrecían empleos.
Aún más: en octubre de ese año recibió otro apoyo de la Secretaría de Economía,
a través del Fondo de Pymes.
La
OFAC también relacionó a la Estancia Infantil Niño Feliz, S.C., con el Cártel
de Sinaloa. Y todavía en 2009 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
validó a ese centro como una de sus guarderías.
La
oficina estadunidense incluyó en su catálogo a Establo Puerto Rico; Gasolinera
Rosario; Multiservicios Jeviz; Piscilanea, S.A. de C.V. (que vende artículos
para alberca); Provenza Center; La Tijera Parque Industrial, y Terraza 9140
(utilizado como salón de fiestas). Las últimas cuatro están en Tlajomulco de
Zúñiga y Proceso corroboró que siguen operando.
Igualmente
se hallan Prenda Todo, S.A. de C.V.; Casa de Empeño Guadalajara, S.A. de C.V.;
Prestafácil y Andamios Dalmine de México: el semanario Zeta la indagó y
descubrió que en diversos años esta compañía recibió contratos del IMSS, INBA,
Fonatur y Comisión Federal de Electricidad mediante adjudicación directa.
Además
detectó que tiene 13 sucursales en el país. Está en Tijuana, Culiacán,
Mazatlán, Ciudad de México y Cuernavaca, por ejemplo.
El
inventario incluye a Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacán, S.A. de
C.V.; Comercial Domely, S.A. de C.V.; Cocinas de Tijuana, R.L. de C.V.;
Multiservicios AGSA, S.A. de C.V.; comercializadora Toquin, S.A. de C.V.;
Operadora Integral de Comercio, S.A. de C.V.; Comercializadora Jalsin, S.A. de
C.V.; Sepriv, S.A. de C.V.; Sin-Mex Importadora, S.A. de C.V.; Autotransportes
Jym, S.A. de C.V.; Arte y Diseño de Culiacán, S.A. de C.V.; Zarka de Occidente,
S.A. de C.V., y Zarla de México, S.A. de C.V.
En
Jalisco están Audioalarmas, S.A. de C.V.; Basaltos Tonalá, S.A. de C.V.
En
2007, cuando la OFAC hizo referencia a los consorcios del Mayo Zambada,
Hacienda respondió, según reportó el diario El Universal el 6 de junio de 2007:
“En México no existen evidencias de operaciones ilícitas en las empresas
señaladas por los estadunidenses”.
Como
sea, en el catálogo está también el bar Lucrecia o Bocados de Autor, ubicado en
Jalisco y perteneciente a la familia Sánchez Garza. En septiembre de 2012,
Alejandro Sánchez Garza se entregó a Estados Unidos y reconoció el delito de
lavado de dinero. Luego de ello se atribuyó a sus hermanos Mauricio y Diego
haberse quedado con los negocios de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
Apenas
el pasado miércoles 13, la Procuraduría General de la República (PGR) capturó a
Mauricio, quien fue requerido por el Juzgado Octavo de Distrito de Procesos
Penales Federales en la Ciudad de México por los delitos de extorsión y lavado
de dinero, consignados en la solicitud de extradición de las autoridades de
Estados Unidos, y también es requerido por la Corte Federal para el Distrito
Oeste de Texas.
La
PGR lo ubica como el encargado de financiar la película autobiográfica que
Guzmán Loera quería que se filmara, según reportó el diario Excélsior el
viernes 15.
Y
de acuerdo con la OFAC tienen las siguientes inmobiliarias: Cariatide Grupo
Inmobiliario, S.A. de C.V. (RFC: CGI0501197ST); Constructora Acantu, S.A. de
C.V. (RFC: CAC931015UC2); Inmobiliaria Novsa, S.A. de C.V. (RFC: GIN050623D21);
Grupo Insa, S.A. de C.V. (RFC: GIN050207A76); Grupo inmobiliario OCSA, S.A. de
C.V. (RFC: GIO050907D57), e Inmobiliaria ASYSA, S.A. de C.V. (RFC:
IAS050907A14). l
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