El
País, 3 de junio de 2016..
El
debate sobre el juicio político contra Dilma Rousseff adquirió un gran tono conceptual.
La idea diseminada por el Partido de los Trabajadores (PT) y los presidentes
Lula y Rousseff de un golpe de Estado contra un Gobierno legítimo elegido por
voto popular fue replicada por sus aliados latinoamericanos y algunos medios de
prensa internacionales. Ante la dificultad de definir el proceso como un golpe
de Estado clásico, hubo que acuñar nuevas terminologías: golpe constitucional,
parlamentario, judicial, militar 2.0 o inclusive, como apuntó Ernesto Samper,
secretario general de Unasur, golpe de Estado pasivo.
Los
enemigos del impeachment lo asimilaron al golpe militar de 1964 para
deslegitimar por antidemocrática la iniciativa parlamentaria contra un Gobierno
constitucional. Rousseff reforzó esta idea al comparar sus torturas durante la
dictadura con el trato injusto recibido de un Parlamento corrupto. También se
insistió en otros dos conceptos. Primero, en el carácter corrupto de la mayoría
parlamentaria que impulsó el cese, comenzando por el expresidente del Congreso
Eduardo Cunha, también destituido.
Se
olvida que los diputados y senadores que apoyaron a Dilma estuvieron igualmente
salpicados por el caso Petrobras (conocido como petrolão o Lava Jato), o que
ella misma pasó largos años en cargos vinculados con la empresa. También se recordó
la superioridad moral de Rousseff, no acusada de corrupción, frente a un
Parlamento sucio. Sin embargo, la investigación contra ella y Michel Temer por
financiación irregular de la campaña podría llevar a anular la elección
presidencial y convocar nuevos comicios.
El
segundo concepto es central en el discurso populista latinoamericano: la mayor
legitimidad presidencial frente a la parlamentaria. El mejor ejemplo es el
conflicto entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional
venezolana, con el presidente como único actor que goza de toda legitimidad.
Por eso se insiste en denunciar un compló de la derecha más reaccionaria. No se
olvide, sin embargo, que el PMDB fue un aliado leal del PT durante más de 12
años, que Temer fue compañero de fórmula de Dilma Rousseff desde 2010 o que
Henrique Meirelles, el actual ministro de Hacienda, fue presidente del Banco
Central con Lula.
En
este contexto de crispación preocupa la reacción del PT y sus principales
dirigentes, con un discurso político muy radicalizado. Muchos están satisfechos
por haber recuperado el protagonismo en la calle y entre los movimientos
sociales. Pero, como comprobó Lula, para ganar las elecciones debió moderar el
mensaje y negociar con el PMDB. Su gran mérito fue transformar su partido en el
referente de los sectores medios emergentes. Abandonar la centralidad puede
conducir al PT a una larga travesía por la oposición, nada beneficioso para
Brasil. La dureza del giro discursivo responde a la creencia compartida con
otros mandatarios regionales de que llegaron al poder para siempre, aunque los
largos Gobiernos de Lula y Rousseff terminaron cansando a buena parte de la
opinión pública.
Frente
a esto, Andrés Malamud se preguntaba si el impeachment es legal, normal y
grave. Su respuesta frente a la legalidad del proceso es contundente, al marcar
la Constitución brasileña unos límites estrictos. Y más cuando prácticamente
todos los pasos fueron convalidados por el Supremo Tribunal Federal, con
magistrados designados mayoritariamente por Lula y Rousseff.
Pese
a ser una causa legal, en otro contexto las pedaladas fiscales no hubieran
bastado para procesar a Rousseff. Seis meses atrás había un amplio consenso
sobre sus posibilidades de terminar el mandato. Pero esto no ocurrió. Rousseff
enfrentó una tormenta perfecta: crisis política y ruptura de la coalición
gobernante, crisis económica con recesión, alta inflación y paro, crisis moral
por los casos de corrupción. Una mayor cintura política le hubiera permitido
eludir el impeachment. Pero Rousseff, inflexible y con escasa capacidad de
negociación, no supo mantener unida la coalición.
Si
atendemos a los procedimientos, comenzando por la maratoniana votación del
Congreso, las cosas podrían haberse gestionado con mayor cuidado. Incluso se
puede definir lo actuado, como hizo el Gobierno nicaragüense, como un
mamarracho político, pero esto no puede llevar a hablar de un golpe de Estado,
sea pasivo o activo, judicial o parlamentario, y ni siquiera de un proceso
irregular.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario