Resistencia en Chihuahua y Colima

Revista Proceso # 2097, a 8 de enero de 2017.

Resistencia en Chihuahua y Colima/PATRICIA MAYORGA

Las presiones políticas desatadas por el gasolinazo tienen al panista Javier Corral atrapado entre las organizaciones civiles que lo impulsaron hasta la gubernatura, y las exigencias del sector empresarial y del gobierno federal para que reprima bloqueos y manifestaciones. El problema es que a los transportistas y campesinos se les suman otros sectores sociales, incluidos funcionarios estatales y alcaldes. Otra prueba de la indignación general en el país es que la oleada de protestas alcanzó el puerto de Manzanillo, en Colima.

CHIHUAHUA, Chih.- Las protestas contra el gasolinazo pusieron en jaque al gobernador Javier Corral Jurado, cuando parte de su gabinete –los integrantes de la Alianza Ciudadana– puso su renuncia sobre la mesa cuando el panista anunció que desalojaría a quienes se manifestaban en 11 casetas de peaje, carreteras, vías de ferrocarril e instalaciones de Pemex en esta capital y en Ciudad Cuauhtémoc.

Alianza Ciudadana es el conjunto de organizaciones civiles que impulsó la candidatura de Corral; la integran sobre todo defensores de los derechos humanos que en el sexenio del priista César Duarte Jáquez evidenciaron las desapariciones y desplazamientos forzados, torturas y feminicidios cometidos en la entidad.

Los primeros días del año, al ser desalojados los manifestantes por fuerzas federales, estatales y municipales sin el uso de armas, por lo menos tres municipios con alcaldías panistas se rebelaron: Camargo, Cuauhtémoc e Ignacio Zaragoza. En Creel, los maestros encabezaron una manifestación y recibieron apoyo de la ciudadanía, que les pedía pintar en sus vehículos leyendas como “No al gasolinazo” y “Fuera Peña Nieto”.

La Alianza Ciudadana y otras organizaciones, además de decenas de personas inconformes, difundieron la convocatoria para las protestas desde los últimos días de 2016 y para tomar diferentes puntos estratégicos a partir del lunes 2. Ese día el secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, se reunió con los líderes campesinos y transportistas que encabezaron las protestas.

Como interlocutores con los manifestantes asistieron a ese encuentro el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, expresidente estatal de Morena, líder del Barzón y del Frente Democrático Campesino; Martín Solís Bustamante, conocido activista del Barzón y director de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural; así como Luz Estela Castro Rodríguez, exdirectora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, activista contra los feminicidios y la desaparición forzada, y ahora consejera de Corral en seguridad y derechos humanos.

Corral Jurado no se pronunció hasta el miércoles 4. Su mensaje causó más enojo porque indirectamente dijo que usaría la fuerza pública para desalojar las casetas e instalaciones de Pemex, ya que los bloqueos “asfixiaban” a la ciudadanía.

La mayoría de las casetas y vías de ferrocarril fueron tomadas por organizaciones campesinas regionales y por la Confederación Nacional de Transportistas de México, que pertenecen a la CTM y la CNOP.

El anuncio de Corral cimbró a los defensores de derechos humanos que colaboran con él. Quintana Silveyra se encontraba a su izquierda y se alejó con las manos cruzadas y el rostro desencajado. El gobernador lo jaló hacia él, lo que le valió fuertes críticas en las redes sociales.

Otros funcionarios de la Alianza Ciudadana tienen compañeros de lucha desde hace décadas, que ahora están en las protestas. Ellos pusieron sus renuncias en la mesa.

Siguieron dos días tensos. El gobernador advirtió que sólo dialogaría directamente con los manifestantes si éstos retiraban los bloqueos, aunque sus secretarios mantendrían una comunicación permanente.

La resistencia en los puntos de protesta se agudizó. Gabino Gómez, líder del Barzón, regresó a las instalaciones de Pemex a esperar el desalojo con el resto de los manifestantes. Tras el anuncio de Corral, más gente llegó con bates de beisbol para defender a los inconformes de la fuerza pública. Incluso un grupo de conductores de Uber permaneció ahí unas horas para escribir en los automóviles leyendas contra el gasolinazo.

Corral dijo que las acciones de protesta afectaban las finanzas estatales, de por sí en crisis. Los empresarios aumentaron la presión. La maquiladora Delphi, en Parral, cesó sus actividades “por falta de insumos” y sus camiones estaban detenidos.

El gobierno del estado difundió los daños ocasionados por las manifestaciones: según la Asociación de Maquiladoras y Exportadoras de Chihuahua, en la capital del estado cerraron por lo menos 10 plantas y “otras 80 podrían parar si continúa el estrangulamiento”.

Dicha industria calculó que en Juárez sus pérdidas fueron de al menos 10 millones de pesos porque cada día 60 tráileres dejaban de entregar su carga y más de 20 trenes estaban parados. Los hospitales dejaron de recibir oxígeno y medicamentos, principalmente en el ISSSTE.

Cientos de personas tuvieron problemas para ir a escuelas y centros de trabajo. Aun después de que algunas carreteras se liberaran parcialmente, los autobuses no salían, aunque se vendían boletos. Hubo gasolineras que dejaron de surtir combustible por amenazas anónimas.

No obstante la presión, los transportistas no cedían: mantuvieron sus tráileres en las entradas de las instalaciones de Pemex, en la carretera de Delicias y en la caseta de Cuauhtémoc. Las manifestaciones se incrementaron también en la zona serrana y en Ciudad Juárez. Organizaciones y particulares tomaron alcaldías, oficinas fiscales, de Telégrafos y las carreteras de Madera, Temósachi y Guerrero, entre otras.

Controvertido acuerdo

Ante la presión del sector empresarial, la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega Foster, advirtió que otras maquiladoras estaban a punto de cerrar, por lo que el miércoles 4 se realizó otra mesa de negociación.

Previamente los funcionarios habían acordado con los manifestantes dejar pasar a todos los camiones que llevaran medicamentos, alimentos perecederos y combustible, a cambio de que éste se quedara en las instalaciones de Pemex y abasteciera a la ciudadanía y al transporte público.

En la mesa de negociación participaron representantes de la Unión Campesina Democrática, El Barzón y otras organizaciones, pero no todas las que participaban en las protestas.

Alrededor de las 3 de la madrugada se informó que habría desalojos. Aproximadamente cuatro horas después, mil agentes federales, estatales y municipales llegaron a los bloqueos. Sin armas de fuego ni toletes, pidieron a los transportistas que se retiraran y ellos lo hicieron. El resto de los manifestantes se replegó y paulatinamente se fueron.

Emiliano García, líder de la Unión Campesina Democrática (UCD), dijo al respecto: “No podemos protestar en nuestras casas, con una banderita en la mano o por internet, tenemos que presionar donde se debe. Se ha demostrado que el pueblo organizado puede llegar a muchas cosas, como esta protesta genuina que no solamente emprendió el movimiento campesino, sino otras organizaciones, como la de transportistas que tiene el máximo bloqueo en las carreteras”.

Relató que el miércoles 4 aún continuaban las negociaciones para abrir un carril permanente en las casetas y no “estrangular” la economía, “pero no aguantó nada el gobernador; se asustó… Desde la madrugada supimos que iba a haber desalojo, pero en los campamentos sólo hay comisiones pequeñas y la decisión está en ellos. Creo que la decisión de ceder fue la correcta”.

Francisco Javier Lucero, secretario general de la Unión de Fleteros, afirma: “Venían estudiándonos durante días, sabíamos que esto iba a colapsar… Llegaron alrededor de 400 granaderos (a las instalaciones de Pemex), contra 70 que éramos. Platicamos si entrábamos a los golpes y decidimos que no, porque íbamos a salir perjudicados, lastimados y encerrados y de todos modos desalojados. Ahora nos queda reagruparnos”.

El coordinador de Comunicación Social, Jesús Antonio Pinedo, aseguró que no hay ruptura con la gente de Alianza Ciudadana porque el gobernador le apuesta a mantenerse cerca de toda la ciudadanía. Añadió que no hubo incumplimiento de acuerdos, ya que el martes 3 se anunció que en menos de 24 horas habría desabasto de gasolina y los inconformes serían desalojados.

“Todavía anoche (el miércoles 4) platiqué con los negociadores, con Lucha Castro, que es una interlocutora excelente para negociar este tipo de conflictos. El gobernador sigue en su propósito de ir a México encabezando el grupo (de representantes sociales, empresariales, Poder Legislativo y Judicial) y el lunes 9 va a llevar ese acuerdo a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)”.

Sin embargo, los activistas de la UCD que viajarían a la Ciudad de México con Quintana, varios diputados locales y Jáuregui Robles, cancelaron al enterarse del desalojo.

A su vez, Quintana Silveyra reconoce que se retiró a los manifestantes con una fuerza proporcionada, sin violencia ni detenidos, y sobre todo sin desarticular al movimiento. En cuanto al desalojo, dice que “no hubo acuerdo” y por eso el jueves 5 por la tarde se reunieron los integrantes de la Alianza Ciudadana para valorar su permanencia en el gobierno.

Ese grupo de funcionarios recibió apoyo de organizaciones campesinas que no pertenecen a la alianza, pero consideran que ésta ha ganado espacios para la gente y que pueden incidir positivamente en las políticas de gobierno.

Heraclio Rodríguez, líder estatal del Barzón y quien lideró la toma de la caseta de Sacramento, dijo que el núcleo que encabezó está reorganizándose para sumarse a un movimiento nacional.

“Se reprimió a la ciudadanía –afirma– y el gobernador debe responder. Ya habíamos liberado un carril para que fluyera el transporte de carga y ayer (el miércoles 4) hubo transporte público. El martes en la madrugada recorrimos la carretera para buscar pipas y que hubiera gasolina para el transporte público el miércoles. Lo hicimos las organizaciones, no el gobierno.

A su vez, la administración de Corral Jurado informó en un comunicado que las organizaciones participantes en los plantones recibieron apoyo oficial. Después se retractó, pero El Barzón respondió:

“Negamos de manera rotunda las declaraciones del secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez Villagrán, en relación a haber recibido subsidios para la compra de semillas, labores de rastreo y compra de diésel, a cambio de retirar el bloqueo a las carreteras como protesta al alza en el precio de los combustibles. La lucha de la sociedad en contra del gasolinazo no tiene precio, no está en venta, mucho menos a cambio de programas que son obligación del gobierno del estado”.

La Alianza Ciudadana reiteró su apoyo a Corral, aunque algunas organizaciones que la integran volvieron a convocar a una marcha masiva el sábado 7 en la capital, a fin de crear la Asamblea Popular Estatal contra el gasolinazo.

El viernes 6 Corral se reunió con senadores y diputados federales chihuahuenses, legisladores locales, representantes de asociaciones campesinas, transportistas y empresarios para discutir sus demandas y llegar a un acuerdo, a fin de llevar una propuesta a la Conago y a la federación para rechazar el gasolinazo.

Luego de escuchar las quejas por los daños de las manifestaciones, Heraclio Rodríguez arremetió de nuevo: “Puede estar la industria muy dolida, pero más dolidos estamos nosotros. Tenemos toda una vida en abandono… No nos estén reclamando porque llamamos a un consenso de los ciudadanos. No venimos a pedir perdón, venimos con toda la dignidad ante los atropellos”.

Corral anunció que pedirá al gobierno federal que rectifique la medida y el gobierno estatal planteará un esquema de ahorro.

Bloqueos en Manzanillo y Colima

Las protestas contra el gasolinazo en Colima han impactado en las operaciones del Puerto de Manzanillo, de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex y de la caseta de peaje de la autopista Colima-Manzanillo, además de que provocaron la cancelación de una sesión del Congreso local.

Uno de los actos más espectaculares fue el bloqueo de las instalaciones portuarias el jueves 5, cuando alrededor de 300 tráileres de la Unión Transportista de Carga de Manzanillo (UTCM) se estacionaron en uno de los carriles de la ruta Jalipa-Puerto y enseguida se les sumaron miembros de organizaciones sociales que obstruyeron el carril contrario y el crucero de Tapeixtles, así como un grupo de tramitadores que terminó por cerrar todos los accesos.

El puerto permaneció completamente colapsado durante más de seis horas. Según el director general de la UTCM, Juan Alberto Alcaraz Gómez, en ese lapso se dejaron de movilizar cerca de 900 contenedores con una carga total aproximada de 15 mil toneladas, lo que obligó a la aduana y a las operadoras a trabajar toda la noche para recuperar el tiempo perdido.

“Nuestra intención –afirma Alcaraz Gómez– no era bloquear al cien por ciento, sino algo parcial, pero llegaron los manifestantes ciudadanos y cerraron lo demás; hicieron el trabajo sucio: lo que nosotros no nos animábamos a hacer, ellos lo hicieron”.

Comenta que, si bien los transportistas tienen la posibilidad de acreditar el Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS) contra el Impuesto Sobre la Renta, la actual situación también les ha afectado, pues en estos días el precio de las llantas subió 9% y el de los lubricantes de 10 a 15%, en tanto que los precios de las refacciones están indexados a la cotización del dólar, por lo que “el hecho de que acreditemos el IEPS no nos salva de toda esta bronca”.

Por lo anterior, advierte, necesariamente se tendrá que elevar el precio del transporte de mercancías, que podría oscilar entre 10, 15 o hasta 20%, según el criterio y el servicio que brinda cada empresa, situación que el cliente tendrá que prorratear en los costos de sus productos y esto se reflejará en los precios al consumidor final.

Otro servicio que también podría incrementarse en Colima a causa del alza a los combustibles es la tarifa del transporte urbano, de acuerdo con el dirigente de la Federación del Transporte Urbano y Suburbano del Estado, Zenén Campos Beas, quien afirma que en los próximos días su organización presentará al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, un proyecto para elevar el precio del pasaje de seis a nueve pesos.

En entrevista, Campos Beas argumenta que cada unidad consume diariamente alrededor de 100 litros de diésel, por lo que el aumento de tres pesos al litro de ese combustible representa una merma de 300 pesos por día y 9 mil pesos mensuales en los ingresos.

Esta situación, agrega, genera un desequilibrio financiero de los transportistas porque además de que afecta sus ingresos, la mayoría de ellos tiene compromisos crediticios ineludibles.

El alza a los combustibles, dice Zenén Campos, provoca perjuicios a los más de 4 mil 600 concesionarios del transporte colectivo y taxis, así como camionetas de carga y pasaje de la entidad.

En el caso del transporte colectivo, refiere, si no se les da la respuesta que esperan tomarán “medidas de todo tipo”, entre ellas el retiro de unidades de las rutas menos rentables.

Entre otras manifestaciones contra el gasolinazo, el martes 3 miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas obstruyeron el paso de pipas de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex, ubicada en el poblado Rancho de Villa, del municipio de Colima.

Luego de 10 horas de bloqueo y ante las advertencias de encargados de la paraestatal sobre el riesgo de desabasto de combustible, levantaron el plantón tras dialogar con el delegado estatal de la Sedatu, Carlos Antonio Cárdenas Roque, y el diputado federal priista Enrique Rojas Orozco.

Prácticamente todos los días de la semana estuvo tomada por manifestantes la caseta de la autopista Colima-Manzanillo, donde liberaron el paso varias horas cada día. Tan sólo el miércoles 4 transitaron gratuitamente cerca de 3 mil vehículos, según cálculos de la delegada estatal del PRD, Martha Zepeda del Toro.

El Frente Colimense en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida y otras organizaciones, entre ellas Morena, el lunes 2 tomaron las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT); el martes y el miércoles las receptorías de rentas de Colima y Villa de Álvarez, y el jueves el edificio del Congreso del Estado, donde desde la víspera los diputados habían cancelado la sesión programada para ese día.

Irving Radillo Murguía, representante del frente, califica de exitosas las movilizaciones registradas durante la semana en rechazo al alza del precio de los combustibles.

“Hay muchos actos de protesta, varios de ellos simultáneos, y se ha sumado gente que nunca había participado, lo que implica mucho porque sabemos que Colima es un estado pequeño, conservador, pero esto significa que ya está harto y creo que hay condiciones para que esto crezca y pueda darse a nivel nacional un gran movimiento que eche abajo este gasolinazo”, puntualiza. (Con información de Pedro Zamora Briseño.)