Avanza Ley contra Desaparición Forzada
Nota de Claudia Guerrero y Erika Hernández/
Reforma, Cd. de México (27 abril 2017).-
Con más de un año de retraso, el Senado aprobó en comisiones la nueva Ley contra la Desaparición Forzada de Personas.
El dictamen fue avalado por unanimidad, en lo general, y turnado al Pleno de la Cámara alta, con la intención de que sea discutido y votado este mismo día.
La nueva legislación, que será procesada tras cumplirse 31 meses del caso Ayotzinapa, establece una pena máxima de 90 años de cárcel contra los perpetradores del delito.
De acuerdo con el dictamen, la penalidad básica es de 40 a 60 años de prisión. Sin embargo, el castigo aumentará hasta en una mitad cuando el responsable sea funcionario público.
Según los senadores, el dictamen alcanzó un consenso del 95 por ciento con los familiares de las víctimas.
El proyecto establece que comete el delito de desaparición forzada el servidor público o particular que prive de la libertad a una persona, que niegue haberlo hecho y que se rehúse a proporcionar información sobre su destino.
También lo comete quien oculte o se niegue a proporcionar información sobre el hecho o sobre un menor nacido de la víctima.
Los superiores jerárquicos serán considerados autores de la desaparición forzada.
El delito será perseguido de oficio y fue catalogado como "continuo", lo que implica que seguirá vigente mientras el paradero de la persona no se haya determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados.
En ningún caso procederá el archivo temporal de la investigación, la acción penal y la sanción será imprescriptible y no procederá la aplicación de amnistías o indultos.
Tampoco será considerado como delito político con fines de extradición.
No será excluyente de responsabilidad la obediencia a órdenes o instrucciones superiores, ni se justifica por guerra, invasión o peligro inminente, suspensión de garantías o perturbación grave de la paz pública.
Durante la discusión de esta mañana, senadores independientes y panistas cuestionaron los alcances de la ley, tras advertir que presentarán algunas reservas para la discusión en lo particular.
"Lamentablemente deja mucho que desear", expresó la panista Marcela Torres Peimbert.
"Creo que hay un gran avance, no de los legisladores, sino de la sociedad civil, pero no podemos mentir diciendo que todo lo que está aquí es correcto, porque las familias verán la frustración en el incumplimiento de la autoridad", agregó la también panista Adriana Dávila.
El senador independiente Armando Ríos Piter lamentó que el Congreso haya tardado tanto en procesar el tema, ya que aun cuando la discusión inició desde el 2012, durante el proceso se registraron los hechos de Iguala, en el que desaparecieron 43 estudiantes normalistas.
La coordinadora del PRD, Dolores Padierna, recordó que el Senado avalará esta ley tras conocer informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los que se revela la localización de más de 800 fosas en los últimos nueve años, donde fueron encontrados casi mil 500 cuerpos.
Las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos, Angélica de la Peña; de Justicia, Pilar Ortega, y de Gobernación, Cristina Díaz, aseguraron que la construcción de la ley fue consultada con colectivos de víctimas y con el Gobierno federal.
Díaz explicó que la nueva legislación contempla un mecanismo para la búsqueda de víctimas, el registro de los hallazgos y fosas, la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda que deberá coordinarse con las instituciones, poner en marcha una política de prevención y ejercer su facultad de atracción en casos específicos.
Detalló que la Comisión será la responsable de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, mientras que las autoridades deberán perseguir, también, los delitos concurrentes como la trata, el secuestro, la tortura y la delincuencia organizada.
"Habrá la intervención de la Policía Federal en casos locales y se contempla la actuación de la Comisión Nacional de Búsqueda cuando las autoridades locales estén rebasadas", indicó.
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