Reconocieron que El Bronco sí tuvo oportunidad de defenderse, pero lo hizo a ciegas porque la aplicación no guardaba un registro de las firmas que le permitieran hacer un contraste de información, de lo que culparon al INE....
Los magistrados Felipe Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez y Mónica Aralí Soto Fregoso consideraron que el INE actuó erróneamente al eliminarle apoyos a Rodríguez Calderón
Mmm.
La columna de Salvador García Soto en El Universal nos da pistas de como se operó desde Los Pinos el asunto de El Bronco..., ¿doblaron a los jueces?
Salvador García Soto/ columna Serpientes y Escaleras/ El Universal
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Instruye TEPJF al INE a emitir nuevo acuerdo sobre registro de Jaime Heliodoro Rodríguez como candidato independiente a la Presidencia de la República10 / ABR / 2018 SALA SUPERIOR del TEPJF, 128/2018
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por mayoría de votos -4-3-, el dictamen y el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual determinaron que el aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, no cumplió con el porcentaje de apoyo ciudadano requerido y le negó el registro. Al haber considerado que no se respetó la garantía de la audiencia en el proceso de revisión, instruyó a la autoridad electoral registrar al quejoso. (Comunicado completo abajo)...
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Las columnas políticas, hoy, sábado 14 de abril de 2018..
Templo Mayor de Reforma
UNA DE CAL por las toneladas de arena... pero va quedando claro que en el Tribunal Electoral hay de magistrados a magistrados.
MIENTRAS 4 de los 7 titulares de la Sala Superior hicieron un papelazo al llevar a la boleta presidencial a Jaime Rodríguez "El Bronco", los tres integrantes de la Sala Especializada le pusieron un "estate quieto" a la PGR en el caso de Ricardo Anaya.
LAS MAGISTRADAS Gabriela Villafuerte y Carmen Carreón, junto con el magistrado en funciones Carlos Hernández, determinaron que se dañó la equidad de la contienda electoral por la difusión de tres comunicados y un video de la visita de Anaya a la SEIDO.
ADEMÁS, instruyeron al órgano interno de control de la PGR para sancionar al titular de esa subprocuraduría, Israel Lira, y al vocero de la dependencia, Rafael Lugo, por hacer uso indebido de recursos públicos y de los datos personales del candidato.
ESO SÍ, está por verse si la sanción va en serio... o si en la PGR que comanda Alberto Elías Beltrán el asunto termina con un delicado manazo en las muñecas de sus subalternos.
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Encono… (¡Qué miedo!)
Retrovisor/IVONNE MELGAR
Excelsior...
Sabemos que las campañas electorales son peleas rudas que requieren del contraste de biografías, ideas y propuestas.
Pero quienes vivimos la transición de las campañas del seguro candidato ganador del PRI hacia la competencia entre dos o más partidos, estamos en condiciones de advertir que la incertidumbre de hoy va más allá de los votos.
Se trata de un clima de encono que polariza todas las pistas del juego y que contamina a los competidores, árbitros y jueces.
Encono, ése es el término que califica el ánimo de un proceso que esta semana dejó al descubierto el riesgoso antagonismo entre los consejeros del INE, que preside Lorenzo Córdova, y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que encabeza Janine Otálora.
El problema no son las supuestas trampas cometidas por Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y su sorpresiva habilitación como candidato presidencial cuando transcurría el día 11 de la campaña.
El problema es el encono que marca ya la relación entre consejeros y magistrados y lo que desata: Enredadas sospechas telenoveleras de que el trabajo del INE será descarrilado por las impugnaciones del TRIFE hasta telarañosos pronósticos de fraude que serían disfrazados de elecciones anuladas.
¿O qué es entonces lo que transpiramos la noche del lunes 9 de abril, durante la sesión en que los magistrados José Luis Vargas, Indalfer Infante, Mónica Soto y Felipe Fuentes revivieron la candidatura de El Bronco, bajo el argumento de que el INE incurrió en errores?
La escena quedará para el registro de las desavenencias electorales: La presidenta del Tribunal, Janine Otálora, y los magistrados Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata tomaron distancia con argumentos contrarios a quienes asumieron el costo de herir al árbitro electoral.
El hecho queda y no es poca cosa: El TRIFE votó dividido y dividido quedó por una resolución que dañó al INE y esa podría ser una pauta que caracterice la calificación de la elección presidencial.
Hubo más: El presidente del INE acató, pero ventiló sus inconformidades.
Es una pauta que genera miedo porque extiende la incertidumbre más allá del conteo de los votos.
Y nos advierte del poder de la judicialización del proceso, misma que resulta inevitable y necesaria, como bien lo mostró la otra resolución del TRIFE de esta semana, la que el jueves 12 determinó que la PGR violentó las condiciones de equidad de la contienda presidencial al difundir el video del candidato del Frente, Ricardo Anaya, cuando acudió a esa dependencia ante las denuncias no probadas de lavado de dinero que de ahí salieron para efectos mediáticos.
En ese caso, los magistrados del Tribunal confirmaron los criterios que semanas atrás aplicaron los consejeros del INE al instruir al encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que retirara de sus plataformas informativas ese video.
Pero la Procuraduría se inconformó y acudió al TRIFE para alegar que el INE estaba equivocado.
Sin embargo, ante la evidencia del uso de la institución para golpear al candidato opositor, los magistrados dieron la razón a los consejeros.
Paradójicamente, cuando el Tribunal anunciaba esa decisión a favor de Ricardo Anaya, el equipo de la campaña del candidato del PRI, José Antonio Meade, daba una conferencia para pedirle a la PGR que continúe por la ruta que tanto el árbitro como el juez electoral han sancionado.
Y es que ahí también priva el encono, particularmente en el principal vocero de Meade, el expanista Javier Lozano, quien fuera promotor de Anaya cuando buscó la presidencia del PAN en 2015.
Pero ahora convertido en el crítico mayor del candidato frentista, el senador Lozano ha tomado la causa de impugnar a su exdirigente con un caso que no termina de tomar forma judicial.
Dirán los analistas de los hechos en frío que no hay nada personal y que se trata de una simple estrategia en la pelea por el segundo lugar de la contienda.
Lo cierto es que no sólo ahí se respira el encono.
También ese jueves, en la pista de Andrés Manuel López Obrador atestiguamos una escena que pintó de cuerpo entero el momento, cuando declaró a la prensa que deliberadamente abandonó el hotel donde desayunaba en Nayarit para no toparse con Miguel Mancera.
Sin ocultar el malestar, rompiendo su autoimpuesta consigna de “amor y paz”, el puntero en las encuestas dijo que no quería toparse con personas que le caen mal.
Y aunque Mancera no tuvo oportunidad de saludar al candidato, con quien hace seis años compartió campaña, sí estuvo a cuatro mesas de distancia de su exjefe Marcelo Ebrard.
Ninguno, sin embargo, cedió. Ni Mancera, coordinador del proyecto de coalición del Frente, cuya tarea es dialogar con todas las fuerzas para concretar ese propósito.
Ni Ebrard, etiquetado como uno de los mejores operadores de acuerdos de Morena.
Pero la política brilla por su ausencia cuando el encono se impone.
Sí, el encono, ese pantano de sentimientos que el diccionario de la REA define como “animadversión, rencor arraigado en el ánimo”.
Y la lista sigue...
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Salvador García Soto/ columna Serpientes y Escaleras/ El Universal
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“Daño moral” a MeadeArsenal/FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
La reaparición de El Bronco como “candidato del Tribunal” (el Copyright es de Margarita Zavala) provocó un “daño moral indirecto” sobre el candidato José Antonio Meade.
No lo decimos nosotros. Es la conclusión del reporte que sobre el polémico tema envió a sus clientes Integralia Consultores, la consultora que encabeza Luis Carlos Ugalde.
El análisis de la consultora parte de la base que en este asunto permeó la narrativa de que la sentencia del TEPJF era fruto de la presión del gobierno federal.
“La enorme crítica al Tribunal es también una alerta de que habría una suerte de conspiración para favorecer al candidato del PRI”, dice el reporte.
Destaca, sin embargo que, el impacto real de todo este asunto en las preferencias electorales, “es todavía incierto”.
Grave asunto. La resolución produjo “la mayor desconfianza” que haya generado el Tribunal Electoral en toda su historia, dice el reporte.
En el ámbito político, la incorporación de El Bronco a la boleta, impacta en doble sentido la contienda electoral:
1.- El continuo desencuentro entre el Tribunal y el INE genera una sensación de desconfianza hacia las instituciones electorales.
2.- Deja en entredicho su capacidad de administrar el proceso electoral más complejo de su historia.
Es también un incentivo perverso para litigar públicamente las diferencias con el Tribunal y culparlo políticamente de la desconfianza respecto al desarrollo del proceso electoral.
Agrega Integralia:
“Se crea la justificación de que un resultado cerrado el próximo primero de julio (menos del 3 por ciento entre el primero y el segundo lugar), sea rechazado por el candidato perdedor, bajo el argumento de que se ha carecido de certeza jurídica y de justicia electoral”, sobre todo si se trata de AMLO.
Los magistrados que le dieron al Bronco su voto a favor defienden la resolución. Insisten en que el INE hizo un trabajo cuestionable y con errores en la contabilización de los apoyos ciudadanos.
Señalan, además, que en su trabajo no se hace política ni se litiga con base en señalamientos de los medios de comunicación.
“¿Quién te mando, eh?”, preguntó Ricardo Anaya, sin apartar de su boca esa sonrisita tatuada que le caracteriza, a Arturo Cetina Bautista, integrante de la asociación Acciones Líderes AC. de Yucatán.
El ciudadano lo acosaba con preguntas sobre las acusaciones de lavado de dinero que pesan sobre el candidato del Frente.
“¡Nadie. Somos una Asociación Civil que hemos denunciado tanto al PRI como al PAN”, respondió Cetina, a quien el PAN calificó de “mercenario al servicio del PRI”.
La escena se produjo en los pasillos del aeropuerto de Mérida, mientras Anaya caminaba apresuradamente rodeado de colaboradores, precedido por algunas cámaras.
El candidato presidencial del Frente nunca se detuvo a atender al ciudadano que, reiteradamente, le preguntaba: “¿No crees primordial dar a conocer a los mexicanos en qué consiste tu fortuna?”
— No sé si te enteraste de que acaba de haber una resolución el día de ayer. ¿Estás enterado?, preguntó Ricardo al yucateco, mientras aceleraba el paso.
— Estamos al tanto. Hemos verificado datos y no concuerdan con tus ingresos—, soltó el de la AC.
Fue entonces que le soltó la acusadora pregunta.
El ciudadano alcanzó a entregarle al candidato una carta de Acciones Líderes, firmada por su presidente Jorge Arturo Cetina Bautista, en la que le dicen que no han encontrado evidencia clara del crecimiento claro de su patrimonio.
“Hay evidencia contundente que lo involucra en la venta de naves industriales fantasmas, moches, entre otros casos. No entendemos por qué al día de hoy no se decide a presentarse ante las instancias correspondientes”.
La extraña exoneración del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en plena campaña electoral, ya tuvo consecuencias al interior de la PGR.
Nos dicen que fue cesado Crisógono de Jesús Díaz, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría.
A este hombre lo hicieron responsable de haber alimentado la percepción de que hay complicidad del gobierno federal con Duarte Jáquez.
Quicho, como le dicen, anunció en marzo pasado que no hay elementos para procesar a Duarte por operaciones de recursos ilícitos, delito bancario y defraudación fiscal
La exoneración, que también le pegó a Meade, le costó al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, una seria reprimenda del presidente Peña.#
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Magistrados a juicio
SOBREAVISO / René Delgado
Reforma 14 Abr. 2018
La suma de impunidad criminal y pusilanimidad política siempre arroja por único resultado una calamidad: el desfiguramiento del Estado de derecho.
Ese es el resumen de las trapacerías cometidas por Jaime Rodríguez Calderón, legalizadas por los magistrados Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez, Mónica Soto Fregoso e Indalfer Infante Gonzales. En conjunto o complicidad, convalidaron y profundizaron la desconfianza en las instituciones que administran y sancionan el complejo proceso electoral en curso.
Bajo el ardid de garantizar el derecho a ser votado de un ciudadano, los magistrados conculcaron la garantía del derecho al voto a millones de ciudadanos, confiando en las instituciones. Hoy, el valor del sufragio carece del amparo de un tribunal imparcial, independiente, vertical y autónomo.
Si el compromiso con la democracia y el Estado de derecho de los otros candidatos y partidos fuera firme y serio, ya estarían solicitando someter a juicio político a los magistrados mencionados. Sólo así se podría reponer un mínimo de confianza en el Tribunal Electoral.
La resolución de fondo y el mensaje de los cuatro magistrados involucrados en el engaño es simple: si el electorado sabe contar, mejor no cuente con nosotros; no somos jueces del proceso, sino jugadores.
Así se va a las elecciones.
Desde su origen, tres de los cuatro magistrados que resolvieron incluir a Jaime Rodríguez en la boleta electoral mancharon de modo indeleble la toga que, al parecer, aún no acaba de confeccionarles el sastre contratado para ello. Si no salen del tribunal y finalmente visten la prenda, la usarán no como símbolo solemne de su investidura, sino como frívolo disfraz del rol que, en realidad, juegan en el concurso.
En octubre y noviembre de 2016, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales juraron en sendas ocasiones -sí, dos veces- aceptar por distintos periodos el mandato otorgado por el Senado de la República. Barrera protestó guardarlo por seis y, luego, por ocho años. Vargas e Infante por tres y, luego, por siete años. Así, como si nadie advirtiera la irregularidad en que senadores y magistrados incurrían.
Hoy quizá ya no lo recuerden, pero los coordinadores parlamentarios Emilio Gamboa, Fernando Herrera y Miguel Barbosa se hicieron de la vista gorda e, incluso, pidieron la dispensa del trámite para modificar sobre las rodillas la duración del encargo conferido a esos magistrados. Y, a título de escuderos del acuerdo cupular, defendieron la chapucería el célebre Raúl Cervantes y el reflexivo Roberto Gil, todavía senadores en aquellos días.
Si los magistrados mancharon su toga sin habérsela puesto y se beneficiaron del acuerdo parlamentario, por qué no iban a conducirse como lo han hecho. Si de origen sabían que torcían la validez de su nombramiento, ni por qué asombrarse si ahora recompensan el gesto.
Ese es el problema de realizar o sancionar nombramientos a partir de la subcultura de la cuota o el canje. En el corto plazo los partidos, a través de sus fracciones parlamentarias, celebran los dividendos inmediatos de la operación realizada, pero en el mediano y largo plazo lamentan o festejan, según les vaya en la feria, la compostura de quienes designaron. Como es natural, los beneficiarios de esas "movidas" actúan no en atención a la importancia del mandato o el puesto que ocupan, sino en razón de los intereses a los que responden y obedecen.
Si candidatos y partidos no llevan a juicio a los magistrados a fin de destituirlos, que entonces renuncien desde ahora a quejarse de las resoluciones que estos impulsen y tomen.
Pueden intentar ahora los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez y Mónica Soto Fregoso -Indalfer Infante Gonzales calló de pronto- endosar la factura de su desatino a los consejeros electorales.
Si arrastraron el Tribunal al cual pertenecen al descreimiento, pues, por qué no jalar al mismo lugar al Instituto Nacional Electoral que, por lo demás, tampoco las trae todas consigo. Así, la desconfianza ciudadana en las instituciones es pareja. La gravedad del asunto es que -por el carácter definitorio de las elecciones- tolerar la pusilanimidad terminará por llevar al país a una crisis superior a la prevaleciente.
Pensar en un acto de grandeza que llevara a los magistrados señalados a dejar por sí el puesto, es imposible. De ahí que los candidatos presidenciales con representación en el Congreso deberían solicitar llevar a juicio a los magistrados y establecer que, por la importancia de los comicios, el asunto no puede quedarse en la indiferencia, el festejo, la queja o la plañidera. Es grave lo ocurrido.
Cerrar los ojos ante el daño provocado porque de él, éste o aquel candidato habrá de derivar más tarde alguna ganancia, es contribuir al enrarecimiento de la atmósfera de desconfianza que comienza a infectar al concurso electoral. No se puede argumentar que, siendo inapelable la resolución, no resta más que acatarla y darle la bienvenida al presunto delincuente con candidatura o denunciar lo sucedido como una siniestra y perversa operación política urdida en las alturas o aceptar la resolución sin extender un cheque en blanco a la verticalidad y la imparcialidad de los magistrados.
No. No puede quedarse ahí el asunto, es menester someter a juicio a los magistrados, antes que de la calamidad hagan un desastre.
· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ
Un ciudadano solicitó la información relativa a la obra maestra realizada en el Paso Exprés de Cuernavaca. Le dijeron que sí, siempre y cuando pagara las fotocopias. El ciudadano las pagó y no le entregan la información. ¿Será que falta el monto del fólder?
sobreaviso12@gmail.com
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La agenda de justicia/Ana Laura Magaloni Kerpel
Reforma, 14 Abr. 2018
La sentencia del TEPJF de regresar a la boleta a Jaime Rodríguez, El Bronco, activó la vieja desconfianza colectiva respecto de la fuerza de obligar de las normas jurídicas. En México, todos sabemos que, en caso de conflicto, las normas jurídicas pueden ser negociables y que ello depende de la capacidad de influencia, del dinero o de los intereses en juego. Es decir, la ley no protege ni obliga a todos por igual, sino que ello depende de quién seas. Resulta inexplicable, por más que intenten justificarlo los cuatro magistrados que votaron a favor de la sentencia, que un tribunal pase por alto el conjunto de irregularidades graves que tuvo El Bronco en la recolección de las firmas que le deberían dar derecho a estar en la boleta. El TEPJF decidió que la veracidad de esas firmas no importaba.
Sin embargo, el caso del Bronco no es un caso aislado. En el sistema de justicia mexicano, tal como hoy funciona, un grupo pequeño de personas puede manipular el resultado del juicio, sea a través de su influencia política o su dinero. En franco contraste, para la inmensa mayoría de las personas, la justicia es un lujo al que no se puede acceder. Los honorarios de un abogado y los costos del juicio les son impagables. Para la élite, la posibilidad de que sus intereses prevalezcan en caso de un conflicto con otro es muy alta. En cambio, para más del 50% de la población, la forma de resolver un conflicto con otro es aguantarse y bajar la cabeza, o bien, recurrir a la violencia y la intimidación. El resultado de todo ello es un orden social vertical, excluyente, explosivo e injusto.
El correcto funcionamiento del sistema de justicia es un instrumento clave para cerrar las brechas de la desigualdad social. El primer eslabón, el más básico, de la igualdad social es el trato impersonal de la ley y de eso se encargan las instituciones que resuelven y pacifican conflictos. Por ello, es increíble que en las propuestas electorales de los candidatos no exista ninguna para atender las disfuncionalidades del sistema de justicia, siendo la desigualdad el origen de algunos de los problemas más graves que enfrenta el país.
Por eso me parece un privilegio trabajar para que Claudia Sheinbaum encabece la agenda de justicia más innovadora del país. Ningún gobierno federal o local ha buscado derribar las enormes barreras de acceso a la justicia de los millones de personas que viven en pobreza en México. Empoderar a la gente y darle instrumentos de defensa frente a las autoridades y frente a otros debería haber sido una tarea prioritaria de las políticas sociales. El gobierno de Claudia Sheinbaum va a tener el liderazgo en este ámbito, a través de estructurar una política ambiciosa de acceso a la justicia para los grupos sociales excluidos. La Constitución de la CDMX establece la acción efectiva de protección de derechos y el Instituto de la Defensoría Pública. Le tocará a Claudia Sheinbaum bajar a tierra estas dos instituciones, tomando en cuenta las restricciones presupuestales y la enorme demanda de justicia de los capitalinos.
También le tocará a Claudia llevar a cabo una estrategia potente para conducir el tránsito entre la PGJ y la Fiscalía de la CDMX. La Constitución le da un plazo de dos años para hacerlo. A diferencia de la Constitución federal, la de la CDMX establece que la Fiscalía no heredará todos los recursos humanos de la PGJ en automático y que el tránsito entre una y otra institución debe ser gradual. Con ello Claudia tiene la oportunidad de construir la primera Fiscalía en el país al servicio de los ciudadanos.
Finalmente, el próximo gobierno de la CDMX tendrá que lograr que se configure un Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de esta ciudad que rompa las redes de corrupción e influencia que tienen sus cabezas para manipular el sentido de las sentencias en algunos de los casos de la élite.
El desafío de todo esto es enorme, pero me parece fundamental que en nuestro país comencemos a intentar resolver disfunciones del sistema de justicia que sirven para preservar y reproducir la exclusión y la desigualdad sociales..
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Alguien tiene que irse/Jorge Alcocer V.
Reforma 13 Abr. 2018
De manera insólita 6 de los 7 magistrados de la Sala Superior del TEPJF ayer dieron conferencia de prensa para acusar al INE y a sus consejeros de graves errores y omisiones en la revisión de los apoyos ciudadanos a los aspirantes a candidato presidencial sin partido. Insólito fue también que a la conferencia de prensa asistieran, y por ende convalidaran lo ahí dicho, 2 de los 3 magistrados que en la sesión nocturna en que se ordenó al INE registrar a Jaime Rodríguez (a) El Bronco argumentaron y votaron en contra de la sentencia.
La respuesta de los consejeros del INE a las acusaciones de que fueron objeto es insuficiente; minimizar ese conflicto, así como la gravedad de la sentencia que lo provoca, sería una irresponsabilidad. Es un asunto de la mayor importancia asumir que, si el INE tiene razón, por primera vez en la historia un presunto delincuente electoral está en la boleta y tiene abierta, al menos en hipótesis, la posibilidad de convertirse en presidente de la República. Señalar lo anterior no es una exageración; el INE ha presentado ante la FEPADE formal denuncia contra Rodríguez Calderón, y también contra Ríos Piter.
Si los magistrados electorales tienen la razón, los consejeros del INE deben renunciar, o ser removidos, conforme a cualquiera de los procedimientos previstos por la Constitución y las leyes; pero si los que han incurrido no solo en una grave distorsión de la justicia, sino en acusaciones falaces en contra de la máxima autoridad electoral administrativa, son los magistrados electorales, son éstos los que deben renunciar o ser separados, cuanto antes, de sus cargos. Alguien tiene que responder por el daño causado. Alguien tiene que irse.
Se dirá que la jornada comicial está demasiado cerca como para pensar siquiera en relevos de ese calibre. Yo digo que sería peor que quienes han causado tan grave daño al proceso electoral siguieran en sus puestos, como si nada hubiera pasado. No se requiere acudir a la fantasía para anticipar el conflicto que estallará la noche del próximo 1o. de julio si uno o más de los perdedores se niegan a reconocer su derrota acusando a los consejeros electorales por errores y omisiones como las que hoy se les señala, o por la desconfianza generalizada que provocará el sólo hecho de que la decisión final sobre la validez de la elección presidencial quede en manos de magistrados electorales que permitieron a un presunto delincuente electoral entrar a la contienda.
Para dirimir la controversia que enfrenta a magistrados y consejeros es necesario que una instancia imparcial y con el más alto prestigio emita una opinión jurídica y técnica sobre el motivo de la diferencia, en el menor plazo posible. Esa instancia podría ser una comisión informal integrada por tres constitucionalistas de reconocido prestigio que revisen tanto la sentencia como lo actuado por el INE.
Subrayo el carácter informal y el peso intelectual que debe tener una comisión como la sugerida, a fin de que su integración no tenga que recorrer los vericuetos y laberintos de los órganos legislativos, dominados por la pasión partidista, o quedar determinada por los intereses y complicidades que cruzarían a la Corte si se le involucra en este asunto.
Una iniciativa así puede encontrar cobijo en la UNAM, en específico en su Instituto de Investigaciones Jurídicas, como un ejercicio cívico que contribuya a lo más importante: dotar de confianza a la ciudadanía.
En 1994 el ex rector de la UNAM Jorge Carpizo supo conducir el proceso electoral para sortear una crisis política de enormes dimensiones. Entre las medidas adoptadas se incluyó la remoción de los consejeros magistrados del entonces IFE y su sustitución por consejeros ciudadanos, que asumieron el cargo el 3 de junio de ese año, faltando apenas 79 días para el de la elección, que tuvo lugar el 21 de agosto.
Más vale enfrentar la crisis de hoy removiendo a quienes hayan incumplido con su responsabilidad que dejar que se convierta en conflicto irresoluble por los cauces institucionales. Aún hay tiempo.ç
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Instruye TEPJF al INE a emitir nuevo acuerdo sobre registro de Jaime Heliodoro Rodríguez como candidato independiente a la Presidencia de la República
10 / ABR / 2018 SALA SUPERIOR del TEPJF, 128/2018
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por mayoría de votos -4-3-, el dictamen y el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual determinaron que el aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, no cumplió con el porcentaje de apoyo ciudadano requerido y le negó el registro. Al haber considerado que no se respetó la garantía de la audiencia en el proceso de revisión, instruyó a la autoridad electoral registrar al quejoso.
Al resolver el juicio SUP-JDC-186/2018 y acumulado, el Pleno del TEPJF consideró fundado el alegato de Rodríguez Calderón, quien argumentó que no se le permitió verificar conjuntamente con la autoridad electoral la totalidad de los apoyos que fueron considerados inválidos de aquellos que había presentado. Además, alegó que el INE le negó el derecho a ejercer una completa y adecuada defensa, porque el procedimiento instaurado por el Instituto a través de una aplicación le impidió contar con argumentos y pruebas para contradecir esa decisión, a pesar de haber asistido en 12 ocasiones a audiencias ante la autoridad electoral.
Lo anterior, porque no se le dieron a conocer las causas o supuestos que, con base en la legislación general electoral o los lineamientos de verificación le indicaran el motivo de su invalidación; no se le permitió contar con respaldo de la documentación analizada por la autoridad; hubo rubros que la autoridad consideró unilateralmente que no eran subsanables por lo que no le dio acceso al actor a su revisión y tampoco lo hizo respecto de la totalidad de los apoyos registrados en la etapa preliminar.
El Pleno del TEPJF estimó que la decisión sobre la validez o no de los apoyos quedaba a la libre apreciación del personal de la autoridad electoral, dado que en las actas respectivas no se describió su desarrollo, por lo que no puede estimarse que dicho procedimiento cumplió con requisitos mínimos de fundamentación y motivación exigibles a cualquier acto de autoridad. Esta exigencia es de particular relevancia tratándose de casos en los que existe riesgo de perder un derecho, tal y como lo establecen los estándares internacionales y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Respecto a la estrategia del aspirante a candidato de dar preferencia a la revisión de los respaldos desestimados por inconsistencias que le generaban mayor porcentaje de subsanación que a otros, la Sala Superior indicó que no puede considerarse como una renuncia al ejercicio del derecho de audiencia o un consentimiento para no verificar la invalidación de apoyos, y menos aún de la aceptación de la inconsistencia, ya que ello aconteció en una fase de revisión preliminar de los respaldos.
El TEPJF señaló que el procedimiento impidió el ejercicio al derecho de una defensa adecuada y completa, ya que la autoridad determinaba que algunos rubros eran insubsanables, no se notificaba a los aspirantes las causas de invalidación antes de la audiencia, durante la fase preliminar de revisión no podía advertirse el riesgo de incumplir con el umbral necesario para el registro, tomando en cuenta que, en un inicio, la autoridad le había notificado que cumplía con la dispersión y el número necesario, y, finalmente, que el derecho de audiencia se limitaba a manifestar que no estaba de acuerdo con estimar actualizada la inconsistencia.
La mayoría de quienes integran el Pleno de la Sala Superior indicó que al actor no se le permitió la verificación de apoyos desestimados durante la etapa preliminar, por encontrarse ya en la etapa definitiva. Sin embargo, la autoridad sí realizó procedimientos de revisión de los apoyos cuantificados en la primera etapa, en la temporalidad de la segunda, al realizar la revisión cualitativa de los documentos base del otorgamiento del respaldo ciudadano.
El TEPJF refirió que Rodríguez Calderón subsanó 8.4% de los registros que se habían considerado inválidos, unos 62 mil 730. De ahí que, si al aspirante le falta 1.92% para cumplir con el porcentaje exigido, que equivale a 16 mil 656, está ante la posibilidad de que, derivado de una revisión exhaustiva de los apoyos, su situación jurídica frente a la oportunidad de postularse cambie.
Así, con base en los parámetros de restitución de derechos y de reparación integral determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conforme a los precedentes del Tribunal Electoral, tomando en cuenta la afectación que pueda generarse al actor al estar transcurriendo ya la etapa de campaña, la Sala Superior determinó ordenar a la autoridad responsable que tenga por cumplido el requisito relativo al número de apoyos necesarios para la postulación de Rodríguez Calderón como candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente.
El INE deberá emitir un nuevo acuerdo, para pronunciarse respecto al cumplimiento de los demás requisitos legales atinentes y, de ser el caso, otorgar el registro correspondiente, sin que ello implique la validación de apoyos que no cumplan los parámetros normativos, porque la determinación se sustenta en la válida presunción de que el aspirante cuenta con el número necesario para alcanzar su registro derivado de las deficiencias advertidas en los actos procesales que originaron la negativa de su registro.
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