Revista Proceso #2198, a 16 de diciembre de 2018...
El conflicto que enfrenta a los poderes del Estado escaló fuera de toda proporción en menos de una semana. En opinión de especialistas, nunca antes el país había vivido un problema de esta naturaleza, por lo que aventuran dos escenarios. En uno, con una solución política, el Legislativo debería retirar la Ley de Remuneraciones, por los vicios que contiene. La salida jurídica apunta a que la Corte resolverá el litigio declarando ilegal el ordenamiento. En la primera quincena del nuevo gobierno, el Estado mexicano es puesto a prueba.
Los poderes del Estado mexicano están a prueba. La decisión del titular del Ejecutivo de bajar la vara para los ingresos de los altos funcionarios públicos, sin considerar particularidades; la obsecuencia de la mayoría oficialista en el Legislativo, que apuró una ley defectuosa; y la determinación del Judicial de atenerse a la Constitución bajo principios ahora encontrados han creado una tormenta perfecta.
Ninguno parece dispuesto a conciliar. Una salida jurídica promete prolongar indefinidamente la confrontación, por lo que crecen las voces para encontrar una solución política y “evitar que un poder venza” a los otros o que se imponga el criterio según el cual “quien tiene la cartera, tiene el control”.
La solución política, consideran especialistas, implicaría que el Legislativo retire la Ley de Remuneraciones por los vicios que contiene y elabore otra. La salida jurídica apunta a que la Corte resuelva no sólo declarándola ilegal, sino incluso
desechándola.
La sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de enero y la pronta incorporación de un nuevo ministro a propuesta del presidente López Obrador coronan un enfrentamiento sin precedente.
Aunque se preveía (Proceso 2196), el conflicto escaló en menos de una semana y los tres poderes del Estado salieron a defender sus posiciones hasta ahora irreconciliables. Y en lo que es el origen de la controversia, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados cuestiona si los 108 mil pesos mensuales que se fijó el presidente como salario representan el total de su remuneración. Asegura que podría ganar “substancialmente más” si se consideran prestaciones.
La tempestad se desató el viernes 7, cuando el ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, decidió suspender la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que prohíbe que cualquier funcionario público gane más que el presidente de la República. El ministro, uno de los cuatro aspirantes a encabezar el Poder Judicial, congeló la ley de manera indefinida en respuesta a una acción de inconstitucionalidad presentada por la minoría calificada de la oposición en el Senado de la República.
La ley ya había sido impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que recibió más de mil quejas de funcionarios públicos, así como por integrantes del Poder Judicial de la Federación. Esas impugnaciones están a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, otro de los aspirantes a la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
“Daños irreparables”
La suspensión otorgada por Pérez Dayán fue considerada ilegal por el Senado, por lo que su presidente, Martí Batres, interpuso el lunes 10 un recurso de revisión ante la Corte.
A esa inconformidad se sumó dos días después la Consejería Jurídica de la Presidencia, que presentó un segundo recurso de revisión, inédito en su tipo. El ministro Javier Laynez Potisek tendrá que pronunciarse sobre ambos recursos, en los que se acusa a Pérez Dayán de haber cometido una ilegalidad al ordenar la suspensión.
En entrevista, Pérez Dayán explica que ordenó la suspensión de la ley bajo el principio del Artículo Primero de la Constitución, que obliga a todas las autoridades a proteger los derechos humanos, a pesar de la regulación que, en efecto, impide una suspensión cuando se tramite una acción de inconstitucionalidad, como la que presentó la minoría del Senado.
Asegura que cuando se hizo esa regulación, no se había modificado el Artículo Primero a favor de los derechos humanos y que ese mismo criterio ya lo había aplicado cuando decidió suspender una ley que obligaba a los jueces y magistrados de la Ciudad de México a hacer pública su situación patrimonial. En ambos casos, de aplicarse la ley bajo controversia se estarían causando daños irreparables, aseguró.
Dice que en el caso de que prevalezca la reducción de las remuneraciones, éstas tendrían que hacerse de manera que se asegure la eficacia del Estado mexicano en el ejercicio de las competencias, el nivel de responsabilidad y el grado de especialización: “Lo cual implica un balance relativamente complejo para establecer si el puesto de mayor responsabilidad constitucional, que es el del presidente de la República, es el techo”.
El ministro favorece incluso que los diputados integren una comisión que evalúe el grado de competitividad que deben tener los servidores públicos.
“Estoy de acuerdo con el objetivo. La emergencia financiera que se enfrenta sí requiere un ajuste significativo en los sueldos”, añade en la conversación que tuvo lugar el jueves 13, horas después de que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, acompañado del diputado Pablo Gómez, se reunieran con varios ministros de la SCJN.
Si Laynez Potisek confirma la suspensión dictada por Pérez Dayán, el Senado y la Presidencia de la República tendrán que esperar a que se resuelva el tema de fondo, es decir las numerosas impugnaciones a la ley, incluido el procedimiento mediante el cual fue aprobada por la mayoría de Morena cuando la LXIV Legislatura apenas llevaba 13 días.
Lo que hizo la Cámara de Diputados fue retomar una iniciativa presentada en 2013 y cuyo plazo de dictaminación había vencido. Alegó que su reglamento interior la habilitaba para retomarla. Finalmente se aprobó por 443 votos a favor.
La Corte revisará el procedimiento, la constitucionalidad de los artículos impugnados y si hay una mayoría calificada de ocho de los 11 votos del pleno de ministros, podría desechar la ley.
El tratadista constitucional Elisur Arteaga considera que la disminución de las remuneraciones procede por la mera aprobación de la ley, pese a que la Constitución también prevé la “irreductibilidad” de los sueldos de los jueces y magistrados. Asegura que debe prevalecer el principio de que la ley posterior deroga a la ley anterior.
Sin embargo, asegura que la ley reglamentaria del Artículo 127 constitucional, que ordena que nadie gane más que el presidente –quien se fijó un sueldo de 108 mil pesos mensuales–, sí tiene vicios porque “estaba muerta”, se había dado como concluida. “A pesar de eso, la sacaron y eso la anula”.
Además considera improcedentes los recursos de revisión presentados por el Senado y el Ejecutivo. Dice que a favor de los jueces está el criterio que le da igualdad de reconocimiento en el país a los compromisos internacionales asumidos por México, por lo que hace a la independencia y autonomía del Poder Judicial.
Considera “injusto bajarles el sueldo” a jueces y magistrados: “Los jueces de Distrito deben resolver al año más de mil 500 asuntos en promedio. Significa que tienen que dictar entre y 25 y 30 autos y sentencias al día. Están sobrecargados de trabajo”.
Añade que el conflicto se originó cuando López Obrador “puso la vara tan baja” de los 108 mil pesos al mes. Lo que se puede hacer es que se aplique la obligación constitucional de que nadie gane más que el titular del Ejecutivo, pero que éste “suba la vara. Es más fácil que hacer una nueva ley”.
Asegura que si la Corte la declara inconstitucional y se crea otra ley, ésta también va a ser impugnada y “va a ser un cuento de nunca acabar”. La salida al conflicto es política, afirma. “Hay que mover la vara hacia arriba. Que se convoque a un periodo extraordinario en el Congreso, se subsanen los vicios y se suba el tope para que no se repitan los enfrentamientos”, propone.
Anota: “No desconocemos que en el Poder Judicial había una ambición desmedida. Todo se les pagaba. Hay que corregirlo, pero también el presidente tiene que corregir. Es un trabajo político. No hay otra solución”.
“Mala traducción”
Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estima que “lo más prudente e inteligente sería que el Poder Legislativo abrogue la ley que aprobó y la sustituya con una bien hecha”. Así se evitaría que creciera la tensión entre el Ejecutivo y el Judicial, y descargarle a éste la decisión de una ley tan discutida y con tantos defectos legislativos”.
Lo deseable sería que el Legislativo junto con el Ejecutivo redactara una ley que estableciera criterios objetivos a partir de los cuales se va a fijar el sueldo. Salazar dice en entrevista que la Ley de Remuneraciones “es una mala traducción legislativa de una buena política pública”.
Explica que, entre otros defectos, la ley establece tipos penales ambiguos, falta en la definición de destinatarios de la ley y varios de sus incisos son contradictorios. “La consecuencia es que es una ley jurídicamente vulnerable y altamente combatible como ha sido”, a través de amparos individuales, colectivos y acciones de inconstitucionalidad.
Las remuneraciones con dinero público son un tema sensible en México, sobre todo porque en algunos casos se incrementaron de manera desmedida. “Es dinero que está por encima de la austeridad republicana”. Pero, los legisladores aprobaron una ley que tiene muchas fallas. “Fue una oportunidad desaprovechada”, afirma.
Los tres poderes “se tienen que atemperar porque cada uno va a poder realizar lo que pretende”. Por supuesto que el presidente tiene una mayoría legislativa indiscutible, pero persisten la oposición, la diversidad de opiniones, los contrapesos y las críticas. Debemos esperar que opere el diseño institucional que tenemos ante la genuina intención de cambio, pero también funcione la “institucionalidad de contenciones. Y es lo que le toca al Poder Judicial, y no bajar a la arena política”, asegura.
Los tres poderes podrían moderarse y “no desbordar el marco constitucional”, como podría ser un cambio en la organización de uno de esos poderes, señala en alusión a la amenaza del senador morenista Félix Salgado, de que se podría modificar la actual composición de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal.
Entre los litigantes, el criterio que prevalece es que la Corte continúe con la revisión de la ley y resuelva sobre su constitucionalidad. José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, asegura a Proceso que además de jurídico, es un conflicto político.
La salida jurídica es limitada, pero se tiene que evitar la idea de que un poder triunfe sobre el otro. Y, también en referencia a Salgado Macedonio, cuestiona la amenaza de la desaparición del Poder Judicial.
Añade: “Con este enfrentamiento en plena disputa por la presidencia de la Suprema Corte y la designación del ministro que sustituya a José Ramón Cossío, estamos ante ‘la tormenta perfecta’, en la que también tenemos a un gobierno con muchos temas abiertos”.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, hicieron un análisis jurídico de las percepciones del Ejecutivo. Según esa revisión, el expresidente Enrique Peña Nieto tuvo una remuneración bruta de 4 millones 452 mil 601 pesos durante 2018; es decir 372 mil 66 pesos al mes, sin considerar prestaciones.
López Obrador, aseguran, ganaría “sustancialmente más” del tope de los 108 mil pesos, pues también deben contarse las prestaciones que tendrá.
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Revista Proceso #2198, a 16 de diciembre de 2018..
La Ley de Remuneraciones afecta a quienes pretendía beneficiar/SARA PANTOJA
Cuando Andrés Manuel López Obrador hizo campaña, ofreció bajar los salarios más altos en el gobierno para que nadie ganara más que el presidente de la República y, así, poder subir los de los trabajadores de menor ingreso.
A dos semanas de haber asumido el cargo, ya polemizó con algunos de los funcionarios que ganan casi 600 mil pesos al mes en el Poder Judicial de la Federación; además, miles de burócratas ya se ampararon contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y lo peor es que miles de empleados –justamente los del sector que quería beneficiar– ya vieron afectados sus sueldos.
La polémica se encendió debido a la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 5 de noviembre, de la mencionada ley que impulsó Morena y que estaba en la “congeladora legislativa” desde hacía nueve años. El tabasqueño la justificó con su dicho de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y con el anuncio de que ganaría 108 mil pesos al mes y ese sería el sueldo más alto en el país.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2018, la remuneración nominal anual bruta –es decir, sin descontar impuestos– del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedó fijada en 6 millones 938 mil 234 pesos, lo que da un promedio mensual de 578 mil 186 pesos brutos.
Dicha cifra incluye el salario y prestaciones, como “pago por riesgo” (853 mil 223 pesos), prima vacacional (95 mil 475), aguinaldo (586 mil 317), seguro de vida institucional (33 mil 876), seguro de gastos médicos mayores (47 mil 770), seguro de separación individualizado (528 mil 782), estímulo por antigüedad (46 mil 154) y hasta ayuda para anteojos (3 mil 100 pesos).
Para el caso del consejero presidente del Consejo de la Judicatura Federal los números son los mismos. Sin embargo, según el organismo, aunque su actual titular, el ministro Luis María Aguilar, podría tener un sueldo adicional igual por ser presidente de la Corte y, al mismo tiempo, del Consejo, aunque renunció al segundo; es decir que sólo cobra como ministro.
El lunes 10, en su cuenta de Twitter la SCJN calificó como “falso que en el PJF alguien gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales”. Entonces remitió a un “Manual” publicado en el DOF el pasado 27 de febrero, el cual señala que el ministro presidente gana 269 mil 215 pesos al mes (3 millones 230 mil 580 pesos anuales), sumado a un pago anual de 444 mil 380 pesos por concepto de aguinaldo-prima vacacional, y otro anual de 554 mil 595 pesos por riesgo, “dada la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas”.
Sin embargo, estas cantidades son netas –es decir, los salarios menos impuestos– y no incluyen las prestaciones. De cualquier forma, los tres conceptos sumados y divididos entre 12 suman un promedio de 352 mil 462 pesos al mes, es decir, unas 3.2 veces más de lo que ganará el presidente López Obrador.
Contra los de abajo
Pero, más allá de la polémica con los integrantes del PJF, la aplicación de los distintos ordenamientos de la Ley de Remuneraciones ya tuvo efectos sobre los servidores públicos que supuestamente iba a beneficiar. Por mencionar un ejemplo, es el caso del personal sindicalizado, administrativo y académico de los centros públicos de investigación del país.
En la biblioteca del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a una empleada administrativa que pidió el anonimato le faltan pocos años para jubilarse luego de tres décadas de laborar en la institución; sin embargo, dice, con un sueldo que no rebasa los 25 mil pesos al mes, su prima de antigüedad fue reducida en casi 7 mil pesos en el más reciente recibo salarial.
Tras ese golpe a su cartera, la angustia la invadió porque ahora no sabe qué deberá hacer para compensar esa reducción. Hallar otro empleo a su edad le resultaría muy complicado, además de que prácticamente toda su vida profesional ha transcurrido sólo en el CIDE.
Y es que en este centro de estudios, ubicado en la zona de Santa Fe, existe un esquema de compensación de salarios “no rígido” que permite mejorar las percepciones con otras prestaciones, pues los sueldos son relativamente bajos.
Por eso, a los trabajadores –sindicalizados, administrativos y académicos– se les dan vales de despensa, apoyo para guardería y transporte, compra de lentes, pavo para Navidad, pago de horas extras y horas clase, fondos de ahorro, así como estímulos a la publicación y al liderazgo académico.
De acuerdo con Alejandra Ríos Cázares, profesora investigadora de la División de Administración Pública del CIDE, cuando entró en vigor la Ley de Remuneraciones “muchos de los rubros para la compensación de las prestaciones no estaban habilitados. Entonces, por ejemplo, el impedimento de mover el dinero entre rubros sólo generó el impedimento del pago, no porque no hubiera dinero, sino porque no había autorización”.
El mismo problema se presentó en cuanto al pago de horas extras, lo que afectó a personal sindicalizado que a veces cumple jornadas de 12 horas para incrementar sueldos que apenas alcanzan los 6 mil pesos al mes. Y en lo que respecta a horas-clase, Ríos dice que esa prestación le podría significar 10% de su salario. Por eso existe mucho enojo y sorpresa entre los trabajadores de ese centro de estudios, uno de los más prestigiados del país.
“Lo que ha sido de poco debate en los medios de comunicación es que cuando fue redactada esta ley estaba pensada para la administración pública centralizada, cuya estructura salarial es muchísimo menos dispersa”, aunque para muchas dependencias la situación es similar a lo que ocurre en el CIDE.
Maestra y doctora en ciencia política por la Universidad de California, San Diego, Ríos Cázares destaca que la ley tiene apartados que advierten que si una persona gana más de lo que corresponde o una institución paga más de lo que debe puede ser imputada penalmente; o bien, que el trabajador asume el pago de impuestos sobre su aguinaldo o que nadie puede ganar más que su superior jerárquico. “Es inevitable que, al ajustar el escalafón hacia abajo, lo tengas que ajustar en todos los niveles”, dice.
En un análisis politológico, sugiere que “quizá no era la intención de los legisladores afectar a personal operativo y de base, pero la redacción de la ley amarró las manos a quien la tiene que implementar, porque la tiene que cumplir. Está tan mal redactada que los puso contra la pared”.
Considera que el hecho de haberla rescatado con urgencia de “la congeladora” legislativa tuvo el propósito de dar el siguiente mensaje político: “estamos cumpliendo con nuestras promesas de campaña”. Por ello dejaron pasar problemas como el que se refiere al “Distrito Federal” en vez de “Ciudad de México” o “Procuraduría” en vez de “Fiscalía”.
El proceso, afirma, “se hizo con una técnica legislativa absolutamente reprobable”. Más aún, sentencia: “Esta es una joya de irresponsabilidad legislativa. Y si hay algo que tenemos que exigir a los legisladores, del color que sean, es que sean serios en lo que hacen… No tuvieron el más mínimo cuidado sobre cómo funciona la administración pública… ¿Cuántos secretarios y subsecretarios hay y cuántos operativos y administrativos básicos? ¡Agarraron parejo!”.
Tras los primeros efectos de esta ley, trabajadores de confianza, académicos, administrativos y sindicalizados del CIDE se organizaron y ya presentaron amparos contra la Ley de Remuneraciones. Uno de éstos se interpuso a principios de la semana pasada, apoyado por más de 90 personas.
Los argumentos de la medida son básicamente cuatro: el primero está relacionado con el proceso legislativo mediante el que fue aprobada, luego de estar en la “congeladora” legislativa y “revivirla”, además de que tiene problemas técnicos. La segunda es que afecta derechos adquiridos y modifica comisiones, lo que deriva en violación del derecho al salario.
Tercer argumento: restringe la capacidad de “flexibilidad” de los administradores para cumplir sus obligaciones, y su “rigidez” impide transferir partidas y modificar lineamientos presupuestales para realizar los pagos. El cuarto: la ley utiliza el derecho penal como “palanca” para la pretendida eficacia, pero lo que provoca es la inhibición para asumir compromisos en torno a la administración pública.
En general, afirma el recurso de amparo, estas medidas afectan en mayor o menor grado a todos los servidores públicos, no sólo a los altos funcionarios.
La incertidumbre entre la comunidad del CIDE y en la de otros centros de investigación crecerá hasta en tanto no se apruebe el Presupuesto de Egresos 2019 y, a más largo plazo, la SCJN no revise su constitucionalidad.
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Revista Proceso #2198, a 16 de diciembre de 2018...
Encontronazo de poderes El pretexto es económico.../
JENARO VILLAMIL
El enfrentamiento público entre los poderes Ejecutivo y Judicial tuvo como detonante un tema económico. Jueces y magistrados protestan porque la Ley Federal de Remuneraciones reduce sus ingresos y de paso, dicen, se viola la división de poderes… Pero todo indica que más allá de esto hay un trasfondo político: está en puerta el relevo de la presidencia de la Suprema Corte.
A partir del 5 de noviembre, cuando fue publicada la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que ordena la disminución de los salarios de su personal, el Poder Judicial pasó de árbitro a ser juez y parte en un asunto que lo ha enfrentado con los otros dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo, dominados por Morena.
Ante la opinión pública los jueces están en el banquillo de los acusados, no sólo por sus ingresos millonarios, sino por sus excesos, privilegios y por presuntos actos de corrupción. El apoyo social a sus demandas es menor de 20%, según distintas encuestas, y en las redes sociales y en los medios se documentan excentricidades, nepotismo y corruptelas de los impartidores de justicia.
Por primera vez desde que se inicia un gobierno de alternancia, el enfrentamiento verbal entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido público. El primero los acusa de devengar entre 500 mil y 600 mil pesos mensuales, mientras los juzgadores argumentan que les corresponde a ellos definir sus percepciones, porque de lo contrario se estaría incurriendo en una violación a la separación y autonomía de poderes.
Las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) revelan que de 2010 a 2018 los ministros de la SCJN pasaron de tener un ingreso anual de 5 millones 989 mil pesos a 6 millones 938 mil pesos, es decir 1 millón de pesos anuales más –2 mil 347 pesos diarios extra–, mientras el salario mínimo sólo tuvo en ese periodo un aumento de 32 pesos diarios.
El Congreso y el Poder Judicial están enfrascados en un debate jurídico por la acción de inconstitucionalidad interpuesta el miércoles 5 por 56 senadores de la oposición, encabezados por el panista Rafael Moreno Valle y el priista Miguel Ángel Osorio Chong, y por una orden de suspensión de la Ley de Remuneraciones que ordenó el ministro Alberto Pérez Dayán el viernes 7, ante la inminencia de la discusión del PEF.
En medio de este litigo, una hasta entonces desconocida Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial encabezó el lunes 10 una protesta frente a la Cámara de Diputados y en 25 entidades más, para denunciar una “intromisión indebida” de los otros dos poderes y calificar de “ofensivo” que el presidente los acuse de ganar 600 mil pesos mensuales.
Más de 6 mil jueces de distrito, magistrados de circuito, secretarios de acuerdo, actuarios y oficiales secretarios han interpuesto 2 mil 772 amparos colectivos para evitar que se les reduzca el salario.
El activismo de los jueces contra la Ley Federal de Remuneraciones es franco y abierto. El ministro Eduardo Medina Mora, propuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto para integrarse a la SCJN en medio de una polémica por su falta de experiencia y sus vínculos con las televisoras, afirmó que “hoy más que nunca requerimos que respeten nuestra capacidad de reformarnos y cumplir mejor con los justiciables, con los ciudadanos”.
Para el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, los integrantes del Poder Judicial que han demandado o se han amparado contra la Ley de Remuneraciones podrían incurrir en una violación al artículo 216 del Código Penal Federal, que tipifica como delito la “coalición de servidores públicos” cuando éstos tomen medidas contrarias a una ley o reglamento o traten de impedir su ejecución.
“A través de esta nueva asociación de magistrados y jueces están haciendo una coalición de servidores públicos. Han creado un ambiente de desconcierto o incertidumbre que se ve reflejado en solicitar la suspensión de la ley que fija un tope a los salarios de la alta burocracia”, afirma Monreal en entrevista.
“Los pronunciamientos públicos de los miembros de la Judicatura (…) se están haciendo con un uso abusivo de su condición de servidores públicos, porque la protesta tiene la finalidad clara de evitar la aplicación de una ley”, abunda Monreal.
Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado “por primera vez en su historia la Suprema Corte está sentada en el banquillo de los acusados”.
–¿Ni siquiera en la época de Zedillo, cuando “renunció” a los ministros de la Corte, estuvo en una situación tan delicada?
-No. Lo que Zedillo quería era hacer una “limpia salinista”, no era el intento de lograr mejor justicia ni, como ahora, de dar paso a la austeridad como política de Estado.
“Nunca en su historia la Suprema Corte había estado en estas condiciones, y es que nadie se había atrevido a tocar sus privilegios. Y ahora están sufriendo un sacudimiento frente a un presidente al que no le interesan el dinero ni la complicidad”, reflexiona el exgobernador de Zacatecas.
“Auténtica división de poderes”
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, afirma que no se trata de una “confrontación”, sino de “una auténtica división de poderes, donde se expresan abiertamente las diferencias”.
En entrevista, Batres afirma: “No veo un choque entre poderes; por primera vez estamos viendo una auténtica división de poderes”.
“¿Cuál es el problema de cuestionar a los poderes? En la división de poderes se expresan las diferencias. ¿El hecho de que la Corte admita una acción de anticonstitucionalidad lo debemos tomar como una afrenta? No nos gusta, pero la Corte está en el ejercicio de sus funciones. De igual manera, que nosotros, como senadores, utilicemos el recurso de reclamación no quiere decir que sea una confrontación con ellos”, argumenta el senador de Morena.
Tanto Batres como Monreal subrayan que en este episodio la SCJN “está en el banquillo de los acusados” y actúa “como juez y parte”, porque Pérez Dayán no debió ordenar la suspensión de la Ley de Remuneraciones, pues tal decisión viola el artículo 64 de la ley reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución, que regula las acciones de inconstitucionalidad.
En su calidad de presidente del Senado, Batres firmó el lunes 10 el recurso de reclamación contra la suspensión otorgada por Pérez Dayán el viernes 7, en vísperas de que se inicie la discusión del PEF.
Pérez Dayán, uno de los cuatro ministros que aspira a ser el próximo presidente de la SCJN, admitió en su incidente de suspensión que ésta fue otorgada para frenar “los efectos y consecuencias” de la Ley de Remuneraciones, “que se traducirán en actos concretos por parte de la Cámara de Diputados”. Es decir para evitar que se disminuyan los altos salarios del Poder Judicial.
El ministro argumentó en su misma orden de suspensión que si se aplica la ley que fija el tope salarial en 108 mil pesos –salario máximo del presidente de la República– se pone en riesgo “la vigencia de derechos fundamentales como lo son, entre otros, el de los servidores públicos a percibir una remuneración proporcional, adecuada y equitativa; en otras palabras, a recibir un salario digno”.
En respuesta, el presidente del Senado interpuso el recurso de reclamación, y señaló como agravios: “La improcedencia de la suspensión en las acciones de anticonstitucionalidad”; que “la Ley de Remuneraciones es una norma general”; que “la protección de los derechos humanos no justifica la transgresión al principio de legalidad, ya que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles”, además de que “Pérez Dayán no tenía facultades para ordenar tal suspensión, según los artículo 14, 16 y 17 constitucionales”.
–La oposición ha criticado al presidente de la Mesa Directiva del Senado porque no debió interponer el recurso de reconsideración. ¿Qué opina de esta crítica? –se le pregunta a Batres.
–El presidente del Senado es el representante jurídico y político de la institución, y el Senado aprobó esta Ley de Remuneraciones, la envió a la Cámara de Diputados y ordenó su publicación. Es decir, esta ley es del Congreso. La impugnación la hacen en calidad de minoría. Si ellos representan a la minoría y piden la acción de inconstitucionalidad, el Senado tiene la obligación y el derecho de defender esa ley.
–Pero lo acusan de ser juez y parte.
–No soy juez y sí soy parte. Soy la parte que defiende las leyes aprobadas por el Senado.
–¿Quién debe resolver esta disputa constitucional?
–La propia Suprema Corte, pero aquí sí es juez y parte. Por esta razón, cuando sale lo de la orden de suspensión el 7 de diciembre, revisamos con mi equipo jurídico y vimos que se forzó la maquinaria, porque venía el presupuesto.
–¿Fue lo del presupuesto o la inminencia del fallo del Tribunal Electoral sobre el caso de Puebla?
–Lo de Puebla no lo sé, no me consta. Está en el contexto. Lo que sí es muy visible, y es un argumento del ministro Pérez Dayán, es la necesidad de ordenar la suspensión por la proximidad del Presupuesto de Egresos y porque él mismo dice que habrá un daño irreparable.
Huellas de los ministros
En distintas columnas políticas se ha comenzado a ventilar que detrás de esta confrontación hay una maniobra política para retrasar la aprobación del ministro de la Suprema Corte que ocupará el lugar que deja vacante José Ramón Cossío, a fin de restarle un voto a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, uno de los cuatro candidatos a ser ministro presidente y quien ha estado abiertamente a favor de la austeridad en el Poder Judicial.
Los otros tres aspirantes son Jorge Mario Pardo Rebolledo, que esta semana hizo un llamado a la “reconciliación” y a la mesura; Alberto Pérez Dayan, que ordenó la suspensión de la Ley de Remuneraciones; y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Salvador García Soto publicó en su columna “Serpientes y Escaleras” que “hubo una operación” de alguno de estos tres ministros para reunirse con los senadores del PRI y del PAN y ofrecerles un “intercambio de favores”: a cambio de apoyar a los ministros en la acción de inconstitucionalidad recibirían garantías para validar la elección en Puebla de Martha Érika Alonso, esposa de Rafael Moreno Valle, actual coordinador de la bancada panista en el Senado; y de frenar la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, algo que le interesa al coordinador de la bancada priista, Miguel Ángel Osorio Chong.
Ciertas o no estas versiones, la acción de anticonstitucionalidad presentada por 56 senadores contiene varios párrafos que revelan que no fue redactada por los legisladores o alguien de su equipo, sino por algún miembro de la SCJN.
Por ejemplo, en la página 12 de la acción interpuesta, en el tercer párrafo se lee: “Por ello, se estima que debe prevalecer la competencia de este Alto Tribunal para resolver sobre el presente y cumplir con el mandato de fungir como garante de la vigencia de la Constitución Federal”.
En la página 22 se lee: “Como se verá más adelante, son temas de vital importancia al momento en que este Tribunal Pleno despliegue el análisis de seguridad…”.
En la página 82, en el primer párrafo los senadores hablan como si fueran ministros: “Los argumentos que se plantean en las siguientes líneas están encaminados a llevar a cabo una nueva y profunda reflexión del precedente adoptado por este Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 293/2011”.
Otro dato que generó sospecha es que la acción de inconstitucionalidad no fue firmada por Damián Zepeda, exdirigente nacional panista y excoordinador de la bancada del PAN en el Senado, quien fue relevado por Moreno Valle.
Zepeda pertenece al grupo del excandidato presidencial Ricardo Anaya y en los últimos días ha mantenido una estrategia política diferente a la de Moreno Valle, concentrado en garantizar la victoria de su esposa...
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