15 jul 2019

Las columnas políticas, 15 de julio de 2019

La SFP tiene abiertas siete investigaciones contra Lomelí
La Secretaría de la Función Pública (SFP) mantiene abiertas siete investigaciones relacionadas con Carlos Lomelí, quien hasta el pasado viernes se desempeñó como superdelegado en Jalisco.
La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó esta mañana que cuatro casos se relacionan con empresas en las que Lomelí tiene intereses y son proveedoras gubernamentales, y tres más, con su desempeño como servidor público.
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La renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda el martes pasado dañó más la tambaleante confianza empresarial en México y exhibió los riesgos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el País, señaló ayer un artículo editorial de The Wall Street Journal (WSJ). 
"La carta de renuncia de Urzúa deja entrever que tras bambalinas (del Gobierno) hay aún más razón para sentir pánico", señaló Mary Anastasia O'Grady en su texto "Pierde México un freno a la corrupción”. 
"(Urzúa) se sincera respecto a los riesgos que corre México si se le permite a AMLO seguir tratando al País como su propio feudo", escribió la columnista, que criticó que el Presidente siga centralizando el poder y burlando el Estado de derecho. 
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Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán, advirtió al Gobierno federal que nuevamente portará armas de fuego ante la nula intervención de seguridad pública en la región de Tierra Caliente.

En una carta escrita en su red social, el ex defensa advirtió que no permitirá que ninguna autoridad lo desarme de un rifle y una pistola que traerá consigo en cualquier momento.
"Esperé cierto tiempo, esperando que el Gobierno hiciera su trabajo pero ya vi que no le interesa el bienestar de la sociedad, solo se preocupan por estar en campaña y ocupar un cargo público y engañar a los Mexicanos", reprochó....
Hipólito Mora fundó desde 2013 el grupo de autodefensas para procurar la seguridad en Michoacán, principalmente contra sicarios de Los Caballeros Templarios. (Reforma).
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Apelará Collado vinculación a proceso
Juan Collado Mocelo apelará esta tarde la vinculación a proceso que lo tiene en prisión y algunos argumentos son que el delito de lavado de dinero está prescrito y que la delincuencia organizada se basa en un testigo único y de oídas...
Su hermano y también litigante Antonio Collado informó que el recurso será presentado esta tarde ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, de donde será turnado a un tribunal unitario de esta ciudad para su resolución.
De acuerdo con el texto preliminar de la apelación, Collado reclama que la imputación de lavado de dinero está prescrita desde el 10 de abril de 2018 y ya no puede ser perseguido por las autoridades federales bajo ninguna posibilidad.
"El Juez (que dictó la vinculación a proceso) actúa incorrectamente, puesto que los atestes que utiliza para motivar su auto de vinculación a proceso, se conforma por un testigo singular y de 'oídas' y de 'testimoniales', rendidas en una indagatoria, que no puede justipreciar, por prohibición de una contradicción de tesis", indica la apelación. /Abel Barajas, Reforma).
Nacional
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Urgen senadores indagar a Romo
Los senadores Emilio Álvarez Icaza y Kenia López Rabadán urgieron a la Secretaría de la Función Pública a que investigue el presumible conflicto de interés en el Gobierno que señaló el ex Secretario Carlos Urzúa en la figura de Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia.
"Que no haya intocables en el Gobierno", coincidieron en entrevistas por separado, por Reforma...
"Qué bien que investigue el caso de (Carlos) Lomelí (ex delegado en Jalisco) y si hay elementos para generar una suspensión de las responsabilidades de un alto funcionario del ISSSTE hay que actuar bajo las reglas del debido proceso, pero allí donde hay conflicto de interés deben actuar. ¿O el mensaje que nos van a mandar es que en el Gobierno de López Obrador hay intocables?” (Reforma)..
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Las columnas políticas, 15 de julio de 2019
En la mira de la 4T
Bajo Reserva/ El Universal
Una vez que el secretario de Hacienda Carlos Urzúa dejó el cargo, miembros de la 4T han puesto los ojos en algunas de las personas que recibieron apoyo del exsecretario. Nos dicen que algunos dentro del actual gobierno están a disgusto con el apoyo que la Secretaría de Hacienda dio hace un par de meses al economista Jorge Chávez Presa para integrarse al Banco Mundial como director ejecutivo del consejo. Aseguran que don Jorge ha mostrado posturas de descalificación a algunos proyectos prioritarios de la actual administración, como la refinería de Dos Bocas, y que incluso en privado se ha pronunciado por que en organismos financieros internacionales exista una representación del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, postura en franca contradicción con la adoptada por el gobierno mexicano de no reconocer su presidencia. No será que lo que verdaderamente les da urticaria a funcionarios de la actual administración es que Chávez Presa tiene dos “pecados” imperdonables en estos días: haber estudiado en el ITAM y su cercanía con el PRI.
Ebrard, temporada de huracanes
Desde el piso 22 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la oficina de juntas del canciller Marcelo Ebrard, se apreciaba ayer un día con nubarrones, pero al final no hubo tormenta, ni en el centro de la Ciudad de México, ni en Estados Unidos, en donde iniciaron redadas para capturar y deportar migrantes. Para la SRE sólo hay panorama optimista, aunque hay quienes —en la oposición e incluso en Morena— creen que México debería redefinir su relación con Estados Unidos. Este lunes se conocerá un nuevo reporte que den los cónsules en EU y se verá si se mantiene un buen clima entre ambas naciones o acaba por llegar la temporada de huracanes.
Las apuestas en la Cámara de Diputados
Nos dicen que hoy el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes Zúñiga, deberá comparecer ante las comisiones unidas de Asuntos de la Frontera Norte y de la Frontera Sur, para informar a los legisladores sobre las acciones que ha tomado el gobierno federal en la crisis migratoria, y que el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), ha calificado de ser una política de “tercer país seguro”. Sin embargo, lo que se preguntan algunos es si don Maximiliano asistirá a la comparecencia o cancelará como lo hizo el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Hasta la tarde de ayer las apuestas estaban parejas 50 a 50. ¿Será que, de nuevo, van a desairar a los diputados?
El Senado ante el caso de Baja California
Nos dicen que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que encabeza el morenista Ricardo Monreal, definirá en estos días cuál será su papel en el tema de Baja California, donde el Congreso aprobó la ampliación de la gubernatura de Jaime Bonilla, de dos a cinco años. Nos dicen que las opciones sobre la mesa son: la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una acción de inconstitucionalidad, la desaparición del Congreso estatal, o se lleva el tema a debate durante la Comisión Permanente. La oposición ya anunció su deseo de ir a la Suprema Corte, y algunos de Morena están a favor de desaparecer el Congreso local...
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Regatear la justicia | Editorial El Universal
A fuerza de protestas y de reclamos a la autoridad, miles de personas que en un instante perdieron todo contacto con el padre, hermano, hermana, hijo o hija lograron la creación a nivel federal y estatal de comisiones para la búsqueda de desaparecidos. Por falta de voluntad política o de presupuesto, no todas han logrado constituirse y aquellas que están en marcha su actuación transcurre con lentitud y escasos resultados.
A más de 18 meses de haber entrado en vigor la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, solo se han instalado 19 de las 32 comisiones locales de búsqueda, pero únicamente 11 comenzaron sus labores. El dolor y la demanda de apoyo de los familiares parece quedar en segundo plano para gobiernos estatales.
De acuerdo con información que hoy publica EL UNIVERSAL, la efectividad de las comisiones que se encuentran en funciones aún es mínima, pues de las mil 047 peticiones de búsqueda que han recibido, apenas han encontrado a 291 personas, (27% del total). Tamaulipas, entidad donde se reportan más de 6 mil personas desaparecidas, no proporcionó información sobre su avance.
Los problemas para operar son principalmente por falta de recursos, a pesar del compromiso presidencial del pasado 24 de marzo de que no va a haber límite presupuestal ni techo financiero para atender la situación.
Otro de los obstáculos reportados por integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda es que algunos estados rehúyen a la problemática para no reconocer que están padeciendo casos de desapariciones.
Apenas la semana pasada se conoció que en Jalisco el número de personas desaparecidas disminuyó en tres meses de 7 mil 117 a mil 752, pero no por haber esclarecido la situación de más de 5 mil casos, sino porque fueron “reclasificados” como personas no localizadas, lo que implica que aunque se ignora su suerte no se presume la comisión de un delito como causa de su ausencia. Entre los criterios del artículo 89 de la ley en la materia para considerar desaparecida a una persona se establece que así se determinará cuando han pasado 72 horas sin tener noticia de la suerte, ubicación o paradero, aun sin elementos de la probable comisión de un delito.
Familiares de desaparecidos están a la espera del funcionamiento pleno del sistema de búsqueda, de la creación de protocolos y de que exista voluntad política en todos los gobiernos. Lo logrado hasta este momento es resultado de la presión de miles de familiares. No es justo que haya autoridades que sigan regateándoles un poco de justicia.
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'Ombudsman' de Iberoamérica lanzan extrañamiento a AMLO/
Confidencial/ElFinanciero_Mx
Vaya pronunciamiento que realizó la Federación Iberoamericana de Ombudsman tras las críticas que hizo la semana pasada López Obrador a la CNDH, a quien calificó de ser un organismo con “doble moral”, supuestamente por no haber denunciado violaciones graves a los derechos humanos en sexenios pasados. Con datos puntuales, por aquello de que luego dicen tener “otros datos”, el organismo multilateral acreditó la labor en defensa de los DH de la institución que preside Luis Raúl González Pérez. Fue contundente al señalar que es facultad constitucional de la Comisión pronunciarse sobre los acontecimientos relacionados con los DH en el país. Veremos si hay respuesta del Presidente.
Calientan el ambiente a Herrera en San Lázaro
El jefe de la bancada de Morena en el Palacio Legislativo, Mario Delgado, buscó difundir este fin de semana que la ratificación de Arturo Herrera se dará “sin sobresaltos” el próximo jueves, pero la oposición de PAN, PRI y PRD ya anticipó que el sustituto de Carlos Urzúa en Hacienda no tendrá un “día de campo” en San Lázaro, y que enfrentará duros cuestionamientos. Por ejemplo, desde el sol azteca se adelantó que los temas fuertes serán la virtual recesión de la economía y el urgente plan de negocios de Pemex, que debe convencer a inversionistas. El ambiente “se calienta” y que no la tendrá nada fácil, anticipan. 
Calderón acusa boicot morenista
El expresidente Felipe Calderón denunció un boicot contra la afiliación a su partido, México Libre. Según el expanista, en el municipio mexiquense de Naucalpan, gobernado por Morena –donde se llevó a cabo la Asamblea para la suma de militantes–, varias cuadras cercanas al sitio de la reunión fueron bloqueadas y, además, les cortaron la luz. El mismo exmandatario se dirigió a los puntos de cierre para buscar una explicación y orientar a sus seguidores, según un video subido en sus redes sociales. Calderón Hinojosa informó que, pese al boicot, “la asamblea fue un éxito y más de mil 500 llegaron por su propio pie”.
Diputados, a promover proyectos de la 4T
Dicen en los pasillos guindas de la Cámara de Diputados que, ante los cuestionamientos y rechazo a proyectos estratégicos de la 4T, se ha pedido a los legisladores morenistas hacer más patente su apoyo. Por ello dijeron que les pidieron organizar foros locales para impulsar obras como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, entre otros. Y, para empezar, ya llevaron a cabo el Foro “Legislativo-Académico de la Frontera Sur: El Tren Maya”, que se realizó el pasado viernes en las instalaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en Villahermosa.
Cónclave por la sucesión en el Senado
En la tercera semana de agosto, los integrantes de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado, que comanda el zacatecano Ricardo Monreal, sostendrán un conclave para definir quién encabezará la mesa directiva de la Cámara alta a partir del 1 de septiembre, cargo que hoy ocupa Martí Batres. Nos cuentan que, en urnas transparentes, los senadores morenistas recibirán una boleta con dos preguntas: ¿Quieren la reelección o no? Y: ¿Qué mujer prefieres para que la presida?
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TEMPLO MAYOR/REFORMA...
A ver, si el gobierno panista de Yucatán decide finalmente independizarse de México, ¿el presidente Andrés Manuel López Obrador dirá que hay que acostumbrarse a las decisiones autónomas? La pregunta no es ociosa, pues hasta ahora el jefe del Ejecutivo sigue sin denunciar el burdo atropello a la legalidad que se pretende imponer en Baja California.
Ya lo dijo con todas sus letras el consejero del INE, Marco Baños: la ampliación del mandato de Jaime Bonilla es un fraude electoral. Y al no condenarlo, López Obrador se vuelve cómplice de tal atrocidad política.
Y lo mismo pasa con todos aquellos que han optado por guardar silencio, como la secretaria de Gobernación (y ex ministra de la SCJN), Olga Sánchez Cordero; el presidente del Senado, Martí Batres; el líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado; y, sobre todo, los legisladores federales bajacalifornianos.
Hasta ahora los únicos que han advertido del golpe a la Constitución, además de la oposición, son Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Tatiana Clouthier y Ricardo Monreal. El resto de la clase gobernante sigue con la cabeza metida en el lodo de la complicidad.
** Ahora que el Presidente anda tan preocupado por los amparos que considera indebidos, tal vez podría interesarse en la supuesta colusión que existe entre funcionarios de la alcaldía Miguel Hidalgo, jueces y abogados para abrir antros en Polanco.
Los vecinos de aquella zona andan indignados tras la apertura de un lugar llamado "El Cuerno", gracias a un amparo, pese a que desde 2014 el Plan Parcial de Desarrollo prohíbe la instalación de establecimientos nuevos.
Los afectados quieren llevar hasta Claudia Sheinbaum la denuncia contra el equipo del alcalde Víctor Romo, pero hasta ahora no les han querido dar cita en la Jefatura de Gobierno. Y no saben si es porque la agenda de la mandataria está muy apretada o si, como sospechan, el despacho de abogados detrás de estos asuntos tiene muy buenas relaciones en Palacio Nacional.
** De pena ajena el papelazo que hizo la alcaldesa Patricia Durán al intentar sabotear la asamblea de México Libre en Naucalpan. Convertido en tuitstar, Felipe Calderón exhibió cómo la gobernante de Morena cerró los accesos al lugar, les cortó la luz y hasta mandó inspectores dizque de Protección Civil. Al final el ex Presidente rompió récord de afiliaciones a su nuevo partido y balconeó las mañas de la presidenta municipal talibán, perdón, Durán.
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TRASCENDIÓ/MILENIO...
Que el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reenviará al nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la carta que no respondió Carlos Urzúa, en la que reclama por el despido de más de 12 mil empleados del gobierno federal que fueron recortados y que de ninguna manera son "altos funcionarios".
Lo que está aún por verse es si Herrera acude a comparecencia o reunión con comisiones del Senado, porque ninguna bancada lo ha pedido formalmente.
** Que hablando del Senado, el informe como presidente de la Mesa Directiva de Martí Batres permitió ver lo que ya parece inevitable: su reelección al frente de ese órgano cameral.
Y es que el poder de convocatoria de Batres puso muy alta la vara para quien aspire a competirle: estuvieron senadores de todas las bancadas, pero también diputados federales y locales de la capital y los estados, la jefa de Gobierno y un buen número de miembros del gabinete.
** Que apenas unas horas después de publicado el semanario Desde la fe, en cuyo editorial la jerarquía católica critica la difusión de la Cartilla moral, de Alfonso Reyes, Beatriz Gutiérrez Müller salió al quite en Twitter.
La esposa de AMLO señaló que, con la lógica de la Arquidiócesis, "tampoco el Evangelio de Lucas debería reeditarse ni leerse porque tiene antigüedad levemente mayor que el libro de Reyes", y remató: "leamos a Lucas, a Víctor Hugo, a Lope de Vega... a un lector crítico, seguramente, ya no le darán gato por liebre". ¡Zas!
** Que la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expuso ante los mandatarios de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Oaxaca, QR y Veracruz, la semana pasada, que poner orden en la frontera sur no es opción, sino obligación del Estado.
A su vez, el canciller Marcelo Ebrard dijo que el encuentro permitirá avanzar en la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México, con la participación no solo de los gobernadores, sino de los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval; Marina, Rafael Ojeda, y de Seguridad, Alfonso Durazo.
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FRENTES POLÍTICOS/EXCÉLSIOR...
1. Las promesas del porvenir. Desde el hospital rural de Coalcomán, Michoacán, Andrés Manuel López Obrador, el primer mandatario, aseguró que los programas de austeridad y el combate a la corrupción permitirán ahorros por 800 mil millones de pesos. Así se materializarán, pues, dijo, cuando no hay corrupción se distribuye la riqueza y alcanza para todos. Quedan garantizadas estrategias como las pensiones para adultos mayores, becas, apoyo al campo, así como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ayudarán mucho a serenar la entidad y al país, al combatir de raíz las causas de la violencia. Por cierto, ningún Presidente había recorrido el país tanto como él.
2. Qué diferencia. En apenas dos meses, la Aduana de Progreso, en Yucatán, en manos de Guillermo Calderón León, dio un giro que llama la atención. La recaudación registró un aumento de 36% con respecto a 2018. Atinadamente elegido por la 4T para este cargo, ha emprendido una lucha sin cuartel para hacer de la aduana de Progreso un ejemplo de eficiencia y honestidad. Con históricos 840 millones 320 mil 639 pesos recaudados muestra la forma en que se debe trabajar. Sin corrupción. Sin prebendas. A diferencia de quienes se avientan del barco, hay funcionarios que sí creen que México tiene remedio y que se puede dirigir un cargo de esta magnitud para beneficio del país, y no personal. Margarita Ríos Farjart, jefa del SAT, y Ernesto Herrera, secretario de Fomento Económico y Trabajo de Yucatán, reconocieron su desempeño.
3. A trabajar. Marko Cortés Mendoza, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), militantes y colaboradores iniciaron el proceso para renovar y reforzar la estructura del partido rumbo a 2021. Comenzaron las asambleas municipales para renovar dirigencias, así como cursos de capacitación para las estructuras e inducción al instituto político de todo aquel ciudadano que comparta sus principios. Que la pesca les sea boyante, porque de verdad lo necesitan. Marko Cortés quiere llegar con el mayor número de liderazgos capacitados con diplomados regionales para gerentes de campaña, cursos modelo a toda la militancia y preparación de equipos jurídicos estatales. ¡Uy, pretencioso sí es! A darle.
4. De mal en peor. La crisis migratoria tiene muchos rostros. Ante las redadas masivas en Estados Unidos, Tijuana, Mexicali, Baja California, Reynosa, Matamoros, Tamaulipas, Ciudad Juárez, así como Chihuahua, se mantienen alertas ante el posible arribo de repatriados. Casas de migrantes listas para recibirlos. En Tijuana, el director del albergue del Ejército de Salvación, Isaac Olvera, señaló que actualmente son reportadas un promedio de 140 personas diariamente y, en caso de que este número aumente, habría problemas en los refugios de la ciudad. No es cierto eso de que donde comen dos, comen tres; donde comen tres, comen cuatro... y así hasta al infinito. No, no es verdad.
5. Buenos para nada. En Durango, donde gobierna José Rosas Aispuro, el Cártel del Pacífico, con sus diversos brazos armados, ya tomó el control del estado e incluso estableció un territorio de protección para sus líderes, quienes se pasean libremente por las calles o partes serranas para evitar ser objetivos de los operativos de las Fuerzas Armadas. Durante la gestión de Rosas Aispuro, las organizaciones como Los Cabrera, encabezada por José Luis Cabrera Sarabia, y el Cártel del Poniente, se han establecido en diversas zonas protegidas por autoridades estatales. Increíble que se sepa por investigaciones periodísticas. ¿Lo ignora el gobierno de Rosas Aispuro?
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PEPE GRILLO/LA CRÓNICA...
 ¿Celos religiosos?
Con la Iglesia han topado. La jerarquía católica no le entra a la distribución nacional de la Cartilla Moral; queda así en manos de los grupos evangelistas afines a López Obrador, que ya comenzaron la tarea. No sólo eso. El Episcopado Mexicano le recordó al gobierno que vivimos en un Estado laico.
** El radar de la Función Pública
El gobierno de López Obrador tiene un dolor de cabeza menos. La renuncia de Carlos Lomelí Bolaños, súper delegado en Jalisco, desactiva una bomba política que podía estallarle en las manos en cualquier momento. El acaudalado empresario fue candidato de Morena a gobierno de Jalisco en la elección ...
** Inteligencia artificial
Luis Videgaray se va del país. Su desplazamiento no obedece, como algunos podrían pensar, a la necesidad de poner tierra de por medio por un lío judicial, sino a una invitación del Instituto Tecnológico de Massachusetts que el excanciller no pudo rechazar. Después de todo, el ITM es su alma mater ...
** El pecado de Urzúa
Tal parece que estar en desacuerdo con el Presidente es un pecado grave dentro de la 4T. La renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y las denuncias que hizo en su carta de dimisión provocaron que muchos morenistas se le fueran a la yugular. No les importó ...
** Carta sísmica
La carta de renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda fue como enfrentar un terremoto político sin alerta previa. En cuestión de minutos los indicadores comenzaron a moverse aunque, una vez pasada la sacudida inicial, se estabilizaron. El desconcierto estuvo sincronizado al contenido de la carta y por el hecho ...
** Dio la puntilla
El presidente López Obrador no se ahorra ningún golpe contra la Policía Federal. El cuerpo policiaco está en una esquina recibiendo la cuenta de protección, a punto del nocaut. Sus integrantes pelean una liquidación justa, o están dispuestos a aceptar un trabajo con menos salario. Incluso en estas condiciones ...
** El pañuelo blanco
El presidente incursionó el fin de semana en terreno zapatista. Estuvo en Guadalupe Tepeyac y Ocosingo, parajes donde el mando real lo tienen los encapuchados del EZLN, comenzando con Galeano, antes conocido como Marcos, de grado subcomandante, aunque jefe real. Aprovechando el viaje, el mandatario quiso hacer una recomendación, fraterna, respetuosa: ...
** El paraguas
Se tomó su tiempo, pero el gobierno federal lanzó finalmente la campaña nacional contra las adicciones, cuya imagen es un paraguas con la leyenda “Juntos por la Paz”. Los diagnósticos estaban listos desde hace un par meses cuando fueron presentados por Crónica. El presidente López Obrador dijo que se trabaja para que ...
** El viejo cuento del complot
La versión oficial es que la rebelión de agentes de la Policía Federal no es fruto del descontento por el maltrato de que han sido objeto por parte de la 4T. La rebelión, sostiene la autoridad, es producto de un complot. No es la primera vez que el ...
** La rebelión anunciada
La Policía Federal no tiene espacio en la 4T. El distanciamiento comenzó desde que el presidente López Obrador era apenas candidato. Varias veces el tabasqueño se refirió a la corporación en términos desfavorables, sin reconocerle mérito alguno en su lucha contra el crimen. Al contrario, la estigmatizó como un cuerpo ineficaz ...
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SACAPUNTAS /EL HERALDO DE MÉXICO..
Incógnita en la GN
Nos dicen que siempre sí habrá celebración en el Centro de Mando de Iztapalapa por el Día de la Policía Federal, que ya fue el 13 de julio. Se ha convocado para este lunes a las 9:00 horas. La duda que surgió es si estará en el evento el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Focos rojos
Las autoridades llegarán a las últimas consecuencias para investigar el club nocturo Apotheke. Resulta que un hombre armado disparó dos balazos a un joven que estaba en las escaleras del antro. La alcaldía Cuauhtémoc, de Néstor Núñez, requiere una cirugía mayor en términos de seguridad, ya que la extorsión y este tipo de actos criminales son el pan de cada día.
Por más efectividad
Gran visión mostró el presidente de la Cruz Roja, Fernando Suinaga, para mejorar la atención de emergencias en la CDMX. Trasladó el control operativo de las ambulancias al C5 para que desde ahí se coordine qué institución atiende más rápido llamados de auxilio. No como ocurría antes, cuando llegaban hasta tres, incluida la ambulancia patito.
A seguir el ejemplo
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aprovechó el último día de la visita del presidente AMLO para alinear su discurso y sus acciones con la 4T. Anunció que imitará las acciones de austeridad del gobierno federal y venderá el avión estatal, propiedades incautadas y este lunes, sin falta, pagará todos los sueldos pendientes a maestros.
Inicia proceso de transición
Con su primero y único informe de gestión, el gobernador interino de Puebla, Guillermo Pacheco, inicia este lunes el proceso de transición con el mandatario electo Miguel Barbosa. Nos dicen que pese al cambio de percepción y la inseguridad, la administración saliente entregará buenas cuentas a los poblanos, sobre todo en el ámbito económico.
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SERPIENTES Y ESCALERAS /SALVADOR GARCÍA SOTO / 
EL UNIVERSAL..
El "bonillazo" en Baja y la vergüenza de AMLO
Después de una semana de que guardó silencio y esquivó el bulto, el presidente López Obrador finalmente se deslindó, el pasado viernes, de la burda maniobra legaloide aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar de 2 a 5 años la gubernatura que iniciará el próximo 1 de noviembre. "A mí no me consultaron nada y no tengo injerencia en esos asuntos… Legisladores de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, Morena, toman una decisión en un sentido. Imagínense si a mí me hubiesen consultado como era antes y hubiese yo autorizado como era antes, se me caería la cara de vergüenza", dijo el presidente.
Y para despejar dudas de que lo de Baja no fue un "ensayo reeleccionista" -como el que algunos ya comparaban con el de 1992, cuando Gonzalo Martínez Corbalá intentó reelegirse en la gubernatura, lo que se interpretó como una "prueba" ordenada por Carlos Salinas- López Obrador recurrió a la máxima priista de que "no hay línea y la línea es que no hay línea" en esta reforma a la Constitución bajacaliforniana que terminará impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y muy posiblemente declarada inconstitucional.
Habrá quienes le crean y quienes tomen con reservas el deslinde del presidente, pero lo que empieza a quedar claro son dos cosas: primero, que la mano que sí movió el asunto fue la del gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla, quien maniobró para alargar su gubernatura y compró los votos de los 11 diputados de la mayoría del PAN y 5 del PRI, a cambio de un "pacto de impunidad" para el gobernador saliente, el cuestionado y enriquecido Francisco Kiko Vega. Y segundo, que dentro de Morena el tema provoca diferencias y hay dos visiones: una, que condena tajante el albazo "que rompe el pacto constitucional" y pide sanciones mayores, como la "desaparición de poderes", como expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y otra que la defiende, con argumentos pueriles y falaces, que "no se puede hacer elecciones cada dos años y la gente no quiere estar votando a cada rato", como señala la dirigente nacional morenista, Yeidckol Polevnsky.
En medio de esas dos visiones extremas, está otro bloque de Morena, más mesurado, que pide que el tema sea resuelto en el Poder Judicial para determinar su constitucionalidad y si hubo o no violación del Congreso de Baja California. En esa posición parece estar el líder del Senado, Ricardo Monreal, quien sin negar la gravedad de lo que hizo el Congreso de Baja California, rechaza que la "desaparición de poderes esté sobre la mesa del Senado", que es finalmente el órgano al que corresponde discutir las condiciones para declarar el desconocimiento de los poderes locales, algo que hoy no ve cercano Monreal.
Y mientras las reacciones se multiplican y el rechazo al "bonillazo" crece en sectores políticos y académicos, en Baja California el propio Jaime Bonilla, tratando de salvar la "vergüenza" que no tuvo, intenta dos posibles salidas a esta crisis provocada por su ambición de poder: una, la vía jurisdiccional, que la SCJN defina si la aprobación del Congreso local fue o no constitucional; y la otra, que impulsan también diputados locales de BC del PAN y de Morena, que es una "consulta popular" a nivel estatal en la que se le pregunte a los bajacalifornianos "si están o no de acuerdo en que se amplíe la gubernatura de dos a cinco años". Y si la gente se pronuncia a favor, estarían no sólo legitimando su decisión sino también le darían elementos al Poder Judicial para su análisis, aunque si resulta que la mayoría rechaza la ampliación del mandato, no habría manera de sostener el "bonillazo".
En cualquier caso no es un buen mensaje el que manda la nueva clase gobernante y la llamada "Cuarta Transformación", al permitir que un gobierno que aún no inicia formalmente ya tome acciones y decisiones que generan dudas sobre su legalidad y ponen de relieve una ambición desmedida de poder. Es el costo de revivir, como candidatos de Morena y de la 4T, a personajes como Bonilla, ex priista que no dudó en llevarse con él a todo el PRI de Baja California, incluido su pacto político con Jorge Hank Rhon y el apoyo del compadre del Mayo Zambada, Jesús Vizcarra, con tal de asegurar la gubernatura, y que aún sin tomar el poder, ya demuestra, con estos sucios manotazos, su verdadera esencia y que en Baja California no habrá ningún cambio.
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PASCAL BELTRÁN DEL RÍO / 
BITÁCORA DEL DIRECTOR
(EXCÉLSIOR
El golpe en Baja California compete a la Federación
El 20 de marzo de 1965, el expresidente estadunidense Lyndon B. Johnson envió fuerzas federales a Alabama para garantizar que el tercer intento de Martin Luther King y sus seguidores de marchar de Selma a Montgomery, la capital estatal, pudiera llevarse a cabo sin sufrir violencia.
La Casa Blanca tomó esa decisión luego de que el entonces gobernador de Alabama, George Wallace, se negó a sacar a las calles a la Guardia Nacional del estado para proteger a las manifestantes. Johnson envió entonces a centenares de soldados y a agentes del FBI a hacer la tarea.
El mandatario no se escudó en que la violación de los derechos políticos de la población negra de un estado de Estados Unidos era un asunto local. Tampoco lo hizo el Poder Judicial, pues el juez federal Frank M. Johnson ya se había pronunciado en el diferendo, con un fallo que decretaba que la marcha de 87 kilómetros estaba garantizada por la Constitución.
Conviene tener este antecedente en la memoria por los argumentos que algunos esgrimen en México para justificar la inacción ante el atropello que se produjo hace una semana en Baja California, donde la legislatura saliente del Congreso estatal amplió de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador de la entidad.
Dos veces le han preguntado sobre el tema al presidente López Obrador, en sendas conferencias mañaneras, y dos veces se ha negado a opinar, alegando que se trataba de un asunto local y que él nada tuvo que ver.
Por su parte, la dirigente del partido del gobierno, Yeidckol Polevnsky, afirmó que la reforma que extiende el periodo está justificada porque la quiere la mayoría de los ciudadanos del estado y porque los bajacalifornianos ya están cansados de votar.
Por fortuna, no han faltado quienes han advertido la gravedad de este hecho. Cuatro partidos políticos —PAN, PRI, PRD y MC— han dicho que presentarán una acción de una institucionalidad contra la decisión, una vez que se convierta en ley (aún falta que sea publicada).
Y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, que ya en varias ocasiones ha probado que no es un títere del Ejecutivo, aseveró el pasado fin de semana que, incluso, podría proceder una desaparición de Poderes en Baja California para contrarrestar la medida.
El estilo de López Obrador de centralizar la toma de decisiones y apostar por la destrucción de todas las formas de hacer política que recuerden al pasado inmediato hacen difícil pensar que el gobernador electo Jaime Bonilla haya procedido en el impulso de la ampliación del mandato sin consultarlo antes con el Presidente.
Y es por lo menos incongruente que éste no se pronuncie sobre el tema, si consideramos el mantra lopezobradorista de que nadie debe colocarse por encima de la ley. La reforma en Baja California no sólo tiene visos de inconstitucionalidad –eso seguramente lo tendrá que resolver la Suprema Corte–, sino que se trata de un cambio a la medida de un solo hombre.
Como Johnson, que puso en cintura a Wallace, un demócrata sureño igual que él, el presidente López Obrador no debe tardar en pronunciarse sobre el caso de Baja California. La virtual reelección que ha ordenado el Congreso de Baja California no sólo es ilegal sino inmoral, porque pone en peligro los avances democráticos de los últimos 30 años –que sirven a la mayoría– para beneficiar a una facción política, de un modo que ni siquiera el autoritarismo priista del siglo pasado se atrevió a hacer.
El presidente López Obrador ha insistido en que es un demócrata. En función de eso, debe condenar el atropello y hacer todo lo que esté en sus manos para que cese. Sería la mejor manera de demostrar que él no lo ordenó y que respeta el sistema democrático que hizo posible que él llegara al poder.
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RAZONES /JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 
EXCÉLSIOR...
Y Urzúa, finalmente, habló
Si a Carlos Urzúa se le había reclamado que en su carta de renuncia no especificaba cuáles eran las “políticas públicas sin sustento” que se toman en el gobierno federal, las “medidas extremistas” o los “conflictos de interés” que existían en ciertos nombramientos, todo ello lo proporciona el ahora exsecretario de Hacienda en una larga entrevista con Proceso.
Dejaremos fuera el tema de Alfonso Romo, jefe de la oficina presidencial, porque, más allá de sus diferencias personales notables, ese capítulo creo que sigue siendo uno de luchas palaciegas.
El exfuncionario hace un muy buen diagnóstico del presidente López Obrador y de su administración, comenzando por lo que describe como su “extraordinaria inteligencia social” (incuestionable), que termina derivando en un “voluntarismo” que poco tiene que ver con políticas públicas con certidumbre.
Lo que propone Urzúa y que el presidente López Obrador califica como críticas neoliberales, provengan de donde sea, sin matices, es lo mismo que le han dicho, dentro y fuera de su gabinete, amigos y críticos: es un error cancelar el aeropuerto de Texcoco con el enorme avance que tenía la obra y con los altísimos costos que generará no hacerla. Es un error, por ende, Santa Lucía, y volver a invertir en un aeropuerto que no tiene las condiciones idóneas, cuando hay uno a medio hacer que se desecha.
Es un error la refinería de Dos Bocas: no costará como quiere la secretaria de Energía, Rocío Nahle, 8 mil millones de dólares, sino por lo menos 15 mil millones de dólares, no estará en tiempo y no tiene sentido invertir en la refinería cuando se podría invertir en exploración y explotación, teniendo ricos yacimientos en tierra y en aguas someras.
Es un grave error la política que está llevando la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Urzúa, además de criticar la negativa de Bartlett de operar el gasoducto Texas-Tuxpan, que garantizaría un tercio del abasto de gas natural que requiere el país, sobre todo el sureste, exhibe los peligros que la decisión de ir a controversia implica: para empezar, la negativa de Canadá y Estados Unidos de aprobar el T-MEC.
Tiene razón Urzúa cuando habla de que se tiene que hacer una reforma fiscal, si se requieren mayores recursos, y tiene razón en criticar el memorándum que enviaron el presidente López Obrador y la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, recortando aún más el gasto público hasta el límite de hacer imposible la operación de ciertos sectores de la administración pública “sin beneficio económico alguno”. Por eso, insiste Urzúa, la inversión está parada y la economía también.
Lo increíble es que, como da a entender Urzúa, esas críticas no son de neoliberales interesados en hacer fracasar el gobierno de López Obrador: son de quienes deseamos que el gobierno de López Obrador tenga éxito, porque, si fracasa, el movimiento pendular en el futuro nos llevará a la intolerancia más conservadora y regresiva del país. Ahí está el ejemplo de Brasil.
Dijo el presidente que el Plan Nacional de Desarrollo que elaboró Urzúa “parecía escrito por Meade o Carstens”. Y seguramente es verdad, porque en política económica no se puede inventar el hilo negro, y el voluntarismo sólo sirve para llevar al derrumbe las naciones. La diferencia, lo nuevo, el cambio que quiere el Presidente, no se hace inventando la política económica o haciéndola retroceder al siglo pasado, sino trabajando sólidamente en la política social y redistributiva, apoyado en una economía sólida, con certidumbre e inversiones, sin ellas, la política social fracasa. Y eso lo explica Urzúa, pero eso es también lo que cree su reemplazante, Arturo Herrera. Y volvemos a lo mismo: la política voluntarista y de ocurrencias no es compatible con un manejo serio de las finanzas nacionales. En algún momento debe optarse por una de las dos.
Guerrero
En Guerrero están enfrentando varios frentes: el desabasto de fertilizantes y la distribución poco clara desde el ámbito federal. Ligado a eso, un empobrecimiento en el campo derivado de un fenómeno delincuencial que tiene efectos sociales: el kilo de goma de opio que se vendía a mil 300 dólares, ahora, ante el auge del fentanilo, se vende a 300 dólares. Son miles las familias que viven de ese negocio ilegal, que el gobernador había propuesto legalizar. Y se han limpiado a toda velocidad algunas playas de Acapulco, en plena temporada vacacional, para borrar toda sombra de duda respecto a la contaminación de las mismas. Es una agenda muy pesada para un estado al que no le han dado casi recursos.
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JAVIER SOLÓRZANO ZINSER /
 QUEBRADERO 
LA RAZÓN)
Redadas, aquí y allá
Si algo nos debe quedar claro es que Donald Trump no va a cambiar un ápice su mirada sobre los migrantes. Es una constante que ahora en la presidencia se la ha pasado señalando y castigando.
Este fin de semana está tratando con redadas de expulsar de su país a un buen número de migrantes, a quienes en la mayoría de los casos los ve como delincuentes.
Estamos en medio de un escenario de enorme complejidad y con mínima capacidad de maniobra. El Gobierno mexicano ha tratado a como dé lugar de llevar la fiesta en paz y en ello, en muchos casos ha cedido de más.
Sin embargo, las presiones han definido, quizá obligadamente, a tomar algunas decisiones al Gobierno mexicano. Son intentos de entenderse con un presidente al que se le aplica aquello de que “como digo una cosa, digo otra”.
Los acuerdos a los que ambas administraciones han llegado son tomados muy en serio en nuestro país, en tanto que Trump los ve de otra manera, aunque se la pase escribiendo tuits en los que dice que “estamos haciendo un tremendo trabajo”.
Las redadas son un enorme problema que inevitablemente nos va a obligar a cambiar algunas estrategias. Dice Trump que lo que busca es ir tras aquellos que han entrado ilegalmente a su país o que son perseguidos por la justicia.
Va a ser muy difícil distinguir entre unos y otros porque para Trump los migrantes sin papeles son, antes que nada, personas que han violado la ley y deben ser expulsadas.
No está claro qué puede acabar de pasar; ayer hubo muchos amagos y mucho miedo. Estamos ante una especie de cacería de brujas.
Muchos migrantes, particularmente quienes se la han pasado toda su vida en EU, están bajo una crisis y una profunda preocupación. Algunos de ellos tienen negocios avalados por la propia administración de los condados en los que se localizan.
Repitámoslo: los migrantes han sido y son una pieza fundamental en el desarrollo de EU. Se la han pasado a lo largo de muchos años siendo invisibles, pero hoy, en medio de una política racista y discriminatoria, van tras ellos.
Los migrantes son el centro de un brutal drama. Por un lado están siendo inevitablemente parte de una campaña electoral, y por el otro, están bajo una condición en la que tienen una mínima capacidad de maniobra y no se ve hasta dónde puede llegar la mano del Gobierno mexicano en su ayuda.
Los cincuenta consulados son el centro para acogerlos y, sobre todo, asesorarlos. El gran dilema que se le viene a López Obrador es si puede continuar con una estrategia como la que ha seguido hasta ahora con Trump. Quizá estemos ante el preámbulo que lo obligue a cambiar aspectos de la relación bilateral.
Lo que ha pasado desde el pasado fin de semana puede ser el inicio del fin de una singular luna de miel.
El “no se enganchen”, al que se refirió el Presidente hace unos días, esperamos que no sea sinónimo de no darle la debida importancia a un problema que va a afectar a miles de familias. Por más que haya acuerdos sobre migración y que nos anden tomando el tiempo para cumplirlos, está claro que poco o nada le puede acabar por importar a Trump si lo alejan de su intento de reelegirse.
La psicosis que hay en muchas ciudades de Estados Unidos no nos puede pasar por alto. Ante las redadas y las inminentes expulsiones, se tiene que instrumentar un programa en que les demos cabida en su propio país.
Pero sobre todo, debemos estar claros en que no basta con que sólo veamos por los nuestros, estamos obligados a revisar lo que se está haciendo en el país porque aquí y allá, si alguien está siendo seriamente perjudicado y perseguido, son los migrantes.
RESQUICIOS
El superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, fue atrapado por el gran trabajo periodístico de MCCI. Al empresario de la industria farmacéutica lo hicieron a un lado porque en el gobierno se dieron cuenta de un sinfín de irregularidades, denunciadas en el trabajo de MCCI. No hay necesidad de ponerse medallas, suponemos que cada quien hizo lo que tenía que hacer.
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SERGIO SARMIENTO / JAQUE MATE
REFORMA
¿Estamos en recesión?
Al presidente López Obrador no le inquietan los datos de los demás: "La economía está creciendo a pesar de que dicen lo contrario".
En contraste, el economista del Bank of America-Merrill Lynch Carlos Capistrán señala que México está en una "recesión técnica", la cual "se presenta con dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Estimamos que el PIB del segundo trimestre será negativo, sucediendo a -0.17% observado entre enero y marzo y a 0.1% del último trimestre del 2018".
No todos los especialistas piensan que la economía se contrajo en el segundo trimestre de 2019. Después de un muy mal dato de la producción industrial para mayo, los economistas de Citibanamex bajaron su estimación de crecimiento del PIB de 0.6 a 0.4 por ciento, pero la han dejado del lado positivo. Esto significaría que México habría vivido en el primer semestre de 2019 una desaceleración, pero no una recesión. Para saber si la economía mexicana tuvo dos trimestres consecutivos de contracción habrá que esperar al 31 de julio, cuando el INEGI anunciará la cifra del segundo trimestre.
La definición de recesión como una contracción de dos trimestres consecutivos no es oficial. El National Bureau of Economic Research (NBER), que decreta la existencia de recesiones en Estados Unidos para propósitos legales, toma en cuenta otros indicadores, como el empleo, el ingreso personal y la producción industrial. Con estos factores la economía mexicana muestra una desaceleración, y quizá esté llegando a la recesión, pero con algunos sorprendentes puntos de fortaleza.
La producción industrial sufrió una caída de 2.1 por ciento en mayo frente al mes inmediato anterior, la más pronunciada desde enero de 2009. Hubo bajas en todos los rubros que componen el indicador, pero los más fuertes se registraron en construcción, -6.1 por ciento, y minería, -1.3.
En junio se perdieron 14,244 empleos registrados en el IMSS. En enero-junio el Seguro Social reportó 289,301 nuevos trabajos, cifra menor a la del primer semestre de 2018, pero el total no incluye a las decenas de miles despedidos de la administración pública. En contraste, los salarios contractuales muestran sus incrementos más fuertes desde 2002. En junio el aumento fue de 6.2 por ciento y en el periodo enero-junio de 5.9 por ciento. El salario base de los trabajadores registrados en el IMSS aumentó 6.6 por ciento entre junio de 2018 y junio de 2019.
El presidente López Obrador mantiene la posición de que la economía va "requetebién". Su política de comunicación es similar a la de Donald Trump, quien en campaña en 2016 afirmaba que la economía estadounidense era un desastre, solo para decir hoy que es la mejor de la historia. Lo mismo hace López Obrador: quien afirma que heredó una economía destrozada, la cual hoy va muy bien.
Haciendo a un lado la retórica, ni la economía estaba tan mal en 2018 ni está tan bien al día de hoy. No hay certeza de que México se encuentre en recesión, pero no hay duda de que se ha desacelerado desde el año pasado, cuando creció 2 por ciento. En 2019 veremos, si acaso, una expansión inferior al 1 por ciento.
Pero esto no es inusitado. En México es una regla que el crecimiento disminuya o desaparezca en el primer año de un sexenio. Quizá la economía no vaya requetebién, pero tampoco parece estarse encaminando a un desplome... no, por lo menos, hasta ahora.
** Yo lo hice
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad llevó a cabo las investigaciones que llevaron a la renuncia de Carlos Lomelí, el superdelegado en Jalisco, acusado de monopolizar la compra de medicinas del gobierno federal. Pero la Secretaría de la Función Pública le dio el crédito a su titular, Irma Eréndira Sandoval, en un tweet.
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¿Debe la oposición ratificar a Herrera?/Jorge G. Castañeda
Amarres/
El Universal
JorgeGCastaneda
En los próximos días la Cámara de Diputados se reunirá en sesión extraordinaria para ratificar al nuevo secretario de Hacienda. Como Morena cuenta con una amplia mayoría, no se encuentra en duda la aprobación de Arturo Herrera como titular. Lo único relevante del proceso estribará, por un lado, en las respuestas que Herrera pueda ofrecer a preguntas derivadas de la carta de renuncia y de la entrevista de su predecesor, y en la manera en que votarán los partidos de oposición.
En un reportaje on-line del diario Reforma del domingo, tanto el líder de Morena en la Cámara baja, Mario Delgado, como Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Hacienda, dan a entender que la ratificación podrá ser por unanimidad. En otras palabras, anuncian que los diputados del PAN, del PRI, del PRD y de MC votarán a favor de Herrera.
Qué hacer en estos casos siempre encierra un dilema para cualquier oposición. Votar a favor de alguien que en principio reúne los requisitos técnicos pertinentes, y que moral y profesionalmente no presenta objeciones evidentes, implica, sin embargo, avalar una política determinada, quiérase o no. Votar en contra, por oponerse a esa política determinada, lleva a cuestionar a una persona a quien el presidente tiene todo el derecho a designar, y que no presenta ninguna objeción personal para ocupar el cargo en cuestión. ..
En la mayoría de las democracias con régimen presidencial –el problema no se presenta en los regímenes parlamentarios– las oposiciones oscilan entre el voto contrario sistemático y la aprobación 'leal' y de 'Estado'. ¿Qué deben hacer PAN, PRI y MC con Herrera, es decir, con López Obrador y la 4T?
En mi opinión, deben votar en contra. No porque su pronunciamiento haga la diferencia. Herrera será el próximo secretario de Hacienda. No porque la persona carezca de méritos para ocupar el cargo; sin ser ideal, como lo sugiere ya sistemáticamente el empresariado frente a cualquier decisión del gobierno, pertenece a la medianía del universo de los titulares de Hacienda del último medio siglo: ni al tercio superior ni al tercio inferior. Tampoco porque se piense que Herrera va a definir la política macroeconómica del gobierno; esa se decide en las oficinas de Palacio que ocupa López Obrador, no aquellas donde se instalará Herrera.
Deben votar en contra, en mi opinión, por dos sencillas razones. En primer lugar, porque, en la polarización actual, no le corresponde a la oposición hacerle ninguna concesión al gobierno. Lo correcto es decir no a todo, como lo hizo Andrés Manuel durante dieciocho años. No existe motivo alguno para darle votos a un secretario de Hacienda que pondrá en práctica la política económica de su jefe sin negociar ni consensar absolutamente nada. Tiene el pleno derecho de no hacerlo.
Pero, en segundo lugar, el PAN, el PRI, el PRD y MC deben negarle sus votos a Herrera para que después no les vayan a restregar en la cara su voto a favor. Cuando vengan los siguientes recortes –impuestos por Hacienda–; cuando venga la continuación de las obras de AMLO –financiadas por Hacienda–; cuando venga el siguiente plan de negocios de Pemex –avalado por Hacienda–; cuando vengan los siguientes conflictos con nuestros socios como Canadá –impulsados por Hacienda–; para nada le conviene a la oposición ser asociada con todo esto.
Dirán los tradicionalistas en la oposición: no ratificamos nada de eso, sólo a la persona de Herrera. Suerte con ese tipo de matices frente a Delgado, Muñoz Ledo, Batres y Monreal. Sin hablar de las mañaneras. Un voto en contra es una definición clara, y gratis. Es la que conviene. Dudo que sea la que tenga lugar.
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Al diablo la realidad/Pablo Hiriart
Uso de Razón
El Universal
Lo que se planea mal es imposible que salga bien. Eso que parece tan sencillo, no lo quiere aceptar el presidente López Obrador.
No lo acepta porque a lo largo de más de treinta años de vida pública nunca ha admitido un error. Menos si son varios.
Él siempre tiene otros datos, ya sea en resultados electorales que le son adversos, seguridad, economía, inversión, empleos... Es decir, se mueve en una realidad paralela y de ahí no lo sacan.
Ahora quiere convencernos que el crecimiento de la economía, inferior al uno por ciento, es mejor que el dos, tres o hasta cuatro por ciento de los gobiernos 'neoliberales'.
“Estamos levantando al país”, dijo ayer en Michoacán el presidente, cuando la evidencia es que lo están empujando de manera inexorable al precipicio.
No lo va a sacar de esa realidad alterna el nuevo secretario de Hacienda, que el día de su nombramiento dijo que no ve una recesión “ni remotamente”.
En dos días les cayó la realidad encima: Bank of America-Merrill Lynch estimó que México habría entrado ya en recesión. 
Un integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, citado el viernes por El Financiero, indicó que “los datos de crecimiento de los últimos dos trimestres y los indicadores coincidente y adelantado de la economía sugieren ya una posible recesión”.
Dejemos a los expertos discutir si estamos en recesión o al filo de ella, pero nos movemos en la banda del crecimiento cero.
La pregunta es cómo le hicieron para desplomar la economía y el empleo.
No hay crisis global.
Estados Unidos crece por encima del tres por ciento.
Recibieron un país que en el sexenio pasado creció 2.5 por ciento promedio y creó cuatro millones de empleos.
Les dejaron reservas en el Banco de México por 170 mil millones de dólares.
No recibieron un país en crisis y la están creando porque no admiten errores y así no hay manera de corregirlos.
Contra la persistencia en el error, no hay defensa.
Vamos para abajo y nos vamos a estrellar si no hay reacción desde la cabina de mando del país.
El presidente reprochó a su exsecretario de Hacienda haberle presentado un Plan Nacional de Desarrollo que parecía hecho por Agustín Carstens o José Antonio Meade.
Bueno, pues con Carstens y Meade el país creció poco, es cierto, 2.5 por ciento, pero es mucho mayor al cero que ronda la administración de López Obrador.
El candidato AMLO llegó a la presidencia con el discurso de que los gobiernos de los últimos 36 años fueron incapaces de lograr crecimientos altos para generar empleo y desarrollo. Él sí lo haría.
Y miren nada más los resultados. En siete meses frenaron la economía y el empleo sin existir causa externa ni nacional ajena al gobierno.
No hay 'sacadólares' a quienes echarles la culpa.
El problema es cien por ciento responsabilidad del gobierno, porque planea malos proyectos, destruye otros buenos, y manda señales de incertidumbre a la inversión privada nacional y extranjera.
Imposible tener buenos resultados si el presidente persiste en sus errores y cree, o dice creer, que va bien y que está “levantando al país”.
El Buró de Asuntos Económicos y de Negocios del Departamento de Estado de EU, alertó que las políticas contradictorias del presidente López Obrador causan incertidumbre para las inversiones.
Los empresarios se toman la foto con el presidente, pero no invierten.
De acuerdo con el Inegi, la inversión fija bruta, al mes de abril, sumó tres meses a la baja.
El consumo privado registró su menor alza en una década (1.3 por ciento entre enero y abril)
La caída en la creación de empleos formales es brutal: 88 por ciento en mayo. Tenemos el peor semestre en creación de empleos desde la crisis global de 2009.
Y el presidente dice que “estamos levantando al país”.
En negativos quedó la actividad industrial en mayo: -3.1. Es la mayor caída en diez años.
A la baja va la calificación de México porque los proyectos del gobierno no convencen a nadie.
¿Cómo que van a gastar 10 mil millones de dólares o más en una refinería que no es prioritaria y es de dudosa viabilidad financiera?
¿Cómo que van a meterle dinero a esa refinería en lugar de invertir en producción de petróleo, que va en picada?
¿Cómo que se cancelan las asociaciones de Pemex con privados (farmouts) para obtener petróleo y gas?
¿Cómo que se impugnan contratos firmados por el Estado mexicano, en gasoductos que ya están terminados o por concluirse, y que son indispensables?
¿Cómo que por “ahorrar” no quisieron abrir una oficina en Washington para cabildear con los demócratas y agentes económicos influyentes para que se apruebe el T-MEC?
¿Cómo que devuelven miles de millones de pesos y de dólares, más miles de millones de pesos en incentivos y así evitar demandas, para cancelar las obras de lo que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, absolutamente indispensable?
Si se mandan al diablo la confianza, al diablo los datos de la economía y el empleo, al diablo las calificadoras, el que se va al diablo es el país.
Y si se mandan al diablo las instituciones autónomas, lo que se va al diablo es la democracia.
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Los millones de Caja Libertad/Lourdes Mendoza
Sobremesa/
El Universal
lumendoz
A principios de marzo de 2014, Caja Libertad era presidida por Martín Díaz, sobrino de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda y directivo de Grupo Avanzia y Telefónica. En aquellos momentos su poder y su fama como un experto financiero se vinieron abajo tras vincularlo al escándalo de Oceanografía. De hecho, se decía que él fue el operador financiero para que la naviera tuviera el fondeo de Banamex sin peros de por medio. Pero no sólo Martín Díaz estaba involucrado en ese supuesto fraude que Citi, de Michael Corbat, no ha podido comprobar hasta el día de hoy, también aparecían los hermanos Javier y Óscar Rodríguez Borgio.
Les recomiendo un fuerte para seguir leyendo. Ya que el ataque del gobierno de Enrique Peña Nieto, orquestado por Emilio Lozoya –extitular de Pemex y hoy un prófugo de la justicia de la 4T– para destruir Oceanografía de Amado Yáñez, también tenía como objetivo ir por el control de Caja Libertad. ¡Así como lo están leyendo! Aquella presidencia utilizó a la PGR de Jesús Murillo Karam, a la Función Pública, a la CNBV de Jaime González Aguadé, a la Unidad de Inteligencia Financiera, y a otras instancias gubernamentales para quesque solucionar un conflicto entre particulares que, de fondo, tenían la intención de apoderarse de Caja Libertad y de Oceanografía.
Es después de estos momentos de persecución legal y política cuando aparece Juan Collado, el abogado y amigo muy cercano a EPN. Con decirles que en su oficina en Las Lomas, Juan le habilitó una a Peña cuando dejó el gobierno. De quien nadie sabe cómo pagó, entró y se encumbró en 2016 como presidente del Consejo de Caja Libertad, pero lo que trascendió en el ambiente político-empresarial es que podría tratarse de un acuerdo extrajudicial para no afectar en ese momento ni a Martín Díaz y ni a los hermanos Rodríguez Borgio. Pero como todo principio tiene un final, y tras la salida de EPN, los empresarios afectados buscaron recuperar lo que a la mala perdieron con una 'mafia del poder' que hoy está más que escondida.
El abogado Antonio Collado, hermano y representante legal de Juan, señaló que el empresario inmobiliario Sergio Bustamante denunció una supuesta operación simulada de 156 mdp por la venta de un predio. Según el defensor, detrás de esta querella están los hermanos Rodríguez Borgio, exaccionistas de Caja Libertad.
Lo que les sorprende
Lo que les parece inaudito a los Collado es que en tan solo un mes la FGR de Alejandro Gertz Manero integró a partir de esta denuncia un expediente que detonó la captura de Juan Collado por los posibles delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismos que se investigarán durante los siguientes seis meses.
La realidad es que en juego está un millonario negocio: con casi 60 años en el mercado de préstamos, Caja Libertad es una Sofipo que cuenta con 192 sucursales, una cartera de aproximadamente 9 mmdp y casi dos millones de clientes.
Y para no dejar, a quién le convino este escándalo; sí, a Emilio Lozoya y a su abogado Javier Coello Trejo, el mismo que señalaron por su conflicto de interés con Alejandro Gertz Manero. Recordemos que el defensor del prófugo Lozoya amenazó al expresidente Peña.
La bala de plata se presentó con un incondicional y las casualidades no existen…
Grupo R, de Ramiro Garza, primera mexicana perforando para la 4T
Entre tantas malas noticias hoy les traigo una buena y no podía ser más que en el tema petrolero, y no de otro que no sea Ramiro Garza. Resulta que su Grupo R inició la perforación del pozo marino Xikín–32, convirtiéndose en la primera empresa en iniciar los trabajos de perforación marina del programa impulsado por la 4T de Pemex. Son 16 los campos marinos los que Octavio Romero tiene programados desarrollar para incrementar la producción petrolera.
Para realizar estos trabajos, Grupo R movilizó desde Singapur la plataforma autoelevable de perforación Cantarell IV, la más nueva de su flota y una de las más modernas en el mundo. El contrato tiene una vigencia hasta marzo de 2021. Grupo R es la petrolera más 'tú las traes' del país con más de 60 años de experiencia. Con decirles, que es la empresa mexicana que más pozos marinos exploratorios ha perforado para Pemex bajo la modalidad de servicios integrales.
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El delito es asunto de minorías | Alejandro Hope
Plata o Plomo
El Universal, 
Una porción mayúscula de los delitos es obra de una fracción minúscula de la población. La inmensa mayoría de los pobres no roba, no extorsiona, no secuestra y no mata, reciban o no un apoyo del gobierno
El fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de gira en Michoacán. En uno de sus actos públicos, lanzó un un reto al crimen organizado: “Vamos a ver quién puede más. A ver, tú te llevas a los jóvenes, vamos a ver quién puede más, porque yo le voy a dar opciones a los jóvenes, porque no quiero que te los lleves, no quiero que los jóvenes se echen a perder”.
Me parece muy bien que el gobierno quiera atender a los jóvenes, darles oportunidades de estudio y empleo, abrirles perspectivas de desarrollo personal. Una batería de programas bien diseñados y bien implementados puede lograr mucho.
Pero lo que probablemente no logre, o al menos no en la medida de las esperanzas del presidente, es prevenir delitos. Delitos violentos, en particular
¿Por qué no? Porque, en todo momento y en toda sociedad, una porción mayúscula de los delitos es obra de una fracción minúscula de la población. La inmensa mayoría de los pobres, los marginados y los desempleados no roba, no extorsiona, no secuestra y no mata, reciban o no un apoyo del gobierno
En otras columnas, ya he hecho el cálculo siguiente, pero vale la pena repetirlo. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, producida por el Inegi, se cometieron algo más de 33 millones de delitos. Vamos a suponer que cada delincuente comete en promedio un delito por semana. Eso nos daría un total de 52 por año (algunas referencias internacionales ubican el promedio de delitos por delincuente en un rango de 60 a 190 por año, así que no me parece descabellado el número). Eso significaría que, en 2017, aproximadamente 634 mil 615 personas cometieron al menos un delito en México.
Con alta probabilidad, la repartición de delitos por delincuente no es equitativa: muchos cometen pocos y unos cuantos son responsables de muchos. Asumamos una distribución de Pareto, 80/20. Eso significaría que 126 mil 923 delincuentes cometieron 26 millones 400 mil delitos en 2017 (aproximadamente cuatro por semana en promedio).
Aún en ese grupo más pequeño, es probable que haya diferencias notorias: un tipo que se sube a asaltar a un microbús en hora pico comete 30 delitos de un jalón (tal como los mide el Inegi, el cual le pregunta a individuos si fueron víctimas de un delito en un periodo específico). Si lo hace una vez cada 15 días, ya acumuló 60 en un mes, 720 en un año. En cambio, algunos ladrones roban solo dos celulares a la semana. Luego entonces, asumamos de nueva cuenta una distribución de Pareto. Eso implicaría que 25 mil 384 personas cometieron 21 millones 120 mil delitos el año pasado, dos terceras partes del total nacional.
Olvídense del número específico. Los delincuentes intensivos pueden ser 10 mil o 100 mil. El punto es que son muy pocos: en cualquier momento dado, no más de unas cuantas decenas de miles son responsables de una inmensa proporción de la actividad delictiva en el país.
Y con la delincuencia organizada, sucede algo similar. Retomando el lenguaje del presidente, las bandas delictivas se llevan a muy pocos jóvenes. Muy pocos “se echan a perder”. Eso significa que los programas masivos, como los que impulsa el gobierno, pueden ser muy útiles por otras razones, pero en términos de prevención del delito, son básicamente un desperdicio.
El objetivo más bien debería ser identificar, atender y, si se puede, rehabilitar a los pocos individuos que cometen la mayoría de los delitos ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso es tema más complicado. Pero, de arranque, nos debería de quedar claro que no estamos lidiando con un fenómeno masivo. El asunto es de foco y se atiende con bisturí, no con mazo.
@ahope71
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A México le conviene un demócrata | León Krauze
El Universal
Epicentro
Para los intereses mexicanos habría una enorme diferencia entre tener un presidente demócrata en la Casa Blanca en 2021 y tener que lidiar con Trump hasta 2024. Para el gobierno lopezobradorista lo sería más
Donald Trump está feliz con el gobierno mexicano. Desde el exitoso chantaje de los aranceles, la estrategia de castigo lopezobradorista contra los migrantes ha capturado a un número récord de centroamericanos, muchos de los cuales han sido deportados de México con una eficiencia que, como ha dicho el propio Trump, ya quisiera Estados Unidos. El resultado ha sido una disminución considerable en la cifra de detenidos cruzando sin documentos en la frontera sur estadounidense, tal y como quería Trump. Ahora, Trump aprovecha cada oportunidad para elogiar la nueva voluntad de colaboración entre los dos gobiernos. No solo eso. Se ha vuelto costumbre escucharlo decir que México hace mucho más que el Partido Demócrata para atender la amenaza de seguridad nacional que, de acuerdo con Trump, representan los migrantes. El hombre se ha salido con la suya y lo sabe.
El aparente éxito del plan punitivo acordado entre México y Estados Unidos le ha permitido a Trump presionar a otros países de la región. Guatemala, por ejemplo, está cerca de aceptar un acuerdo de tercer país seguro que terminará por poner en serios aprietos la frágil seguridad y la economía de un país sin la capacidad para recibir inmigrantes en busca de refugio. ¿Cómo se iba a negar Guatemala después de la adhesión mexicana a la estrategia de Trump? Imposible.
La nueva dinámica migratoria, en la que Estados Unidos impone una agenda de persecución migratoria a cambio de nada, servirá a Trump para venderle a su base electoral un logro que, aunque uno quisiera lo contrario, parece innegable: ha obligado a los otros actores del drama migratorio a hacer exactamente lo que él quiere, empezando por México, que se ha convertido, como nunca, en un país hostil para los inmigrantes. Trump presentará todo esto como un éxito sin precedentes. Dada la importancia que tiene el tema migratorio entre los votantes republicanos —tres de cada cuatro identifican la migración indocumentada como el mayor reto que enfrenta Estados Unidos— no es ninguna exageración decir que, al avalar por completo la estrategia trumpista, es posible que el gobierno de México haya beneficiado a Trump en su camino a la reelección y, claro, perjudicado seriamente al candidato demócrata que lo enfrentará el año que viene.
Es un grave error.
Para los demócratas, la colaboración entre el gobierno de México y Donald Trump en materia migratoria es un misterio preocupante. Hace poco entrevisté al político tejano Julián Castro, el único hispano que busca la candidatura demócrata. Castro me dijo que la respuesta del gobierno lopezobradorista a Trump le sorprendió. En las últimas semanas he conversado con representantes de otro par de campañas dentro del Partido Demócrata. Todos coinciden en que la adhesión del gobierno mexicano a la estrategia trumpista es, en el mejor de los casos, una capitulación, un acto innecesario de sometimiento. “Tendrían que haber esperado. No sé por qué cedieron tan rápido”, me dijo hace unos días un representante de campaña de uno de los candidatos punteros. Lo noté no solo contrariado sino molesto.
Tiene razón.
Para los intereses mexicanos habría una enorme diferencia entre tener un presidente demócrata en la Casa Blanca en el 2021 y tener que lidiar con Trump hasta el 2024. Para el gobierno lopezobradorista lo sería todavía más. Pienso en un ejemplo muy específico, relacionado con la agenda migratoria: el apoyo a un proyecto ambicioso de desarrollo para Centroamérica. El gobierno mexicano ha repetido hasta el cansancio su intención de impulsar una suerte de Plan Marshall para atender los factores de origen de la migración en la zona. Donald Trump respondió cancelando los poco más de 400 millones de dólares que Estados Unidos destinaba a la región (una cantidad de por sí risible) como castigo por la supuesta incapacidad de los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala para detener el éxodo actual. No hay razón para suponer que Trump cambiará de rumbo si gana la reelección. En otras palabras: con Trump al mando, el canciller Ebrard tendrá que seguir bregando para conseguir respaldo a un plan cuyo principal interesado no quiere sentarse a la mesa. ¿Qué ocurriría si gana un demócrata el año que viene? Exactamente lo contrario. A juzgar por varios de los planes migratorios anunciados en las últimas semanas, los candidatos demócratas creen firmemente en un proyecto renovado de ayuda a Centroamérica. La senadora Elizabeth Warren, que ya ocupa el segundo lugar en varias encuestas, propone cuadruplicar el monto de asistencia a la región, por ejemplo.
Como con el plan integral de desarrollo para los países centroamericanos, muchos de los proyectos lopezobradoristas encontrarían simpatía y amplio respaldo si ganan los demócratas. ¿Por qué empecinarse, entonces, en regalarle a Trump triunfos políticos? Quizá López Obrador tiene otros datos.
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Las deshonestidades de Urzúa | Ricardo Raphael
Columna Política Zoom/
El Universal.
Lo que el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa no dice es que, en el fondo, él tiene dos razones muy grandes para detestar a Romo
La carta de renuncia y las explicaciones públicas ofrecidas por Carlos Urzúa Macías desnudan a un hombre deshonesto.
Mientras en su texto de dimisión acusó a Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia, como un personaje influyente “con un patente conflicto de interés,” en entrevista otorgada a Hernán Gómez Bruera, el exfuncionario rehízo la versión: “no estoy diciendo que eso haya pasado en el caso de Romo, no me consta.” (Proceso 2228)
¿Es patente el conflicto referido, pero no le consta? En buen español esto se llama intriga.
Abunda que habría deseado no ver al hijo de Alfonso Romo como accionista de la casa de bolsa Vector, para evitar que el acceso a información privilegiada pudiese beneficiar sus negocios.
Entre los deseos de Urzúa y lo que dice la ley hay un océano de distancia: no hay norma en México que fuerce a los hijos de los servidores públicos a renunciar al libre ejercicio de su profesión; no importa que se trate del jefe de la oficina presidencial o del presidente mismo. El día que suceda lo contrario, habrá que hincarse ante el altar de la arbitrariedad.
Lo que Urzúa no dice es que, en el fondo, él tiene dos razones muy grandes para detestar a Romo. La primera se relaciona con la proximidad política que el exfuncionario sostiene con el presidente del grupo Femsa, José Antonio Fernández Carbajal —El Diablo—, y la segunda, que Carlos Urzúa no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción del presidente López Obrador para ocupar la cabeza de la SHCP —y que Alfonso Romo tuvo la responsabilidad de intentar, sin lograrlo, convencer a los otros candidatos.
El vínculo con Fernández Carbajal se estrechó en 2003, cuando Urzúa renunció a la secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad de México. En aquél entonces Urzúa mintió a López Obrador pretextando que debía regresar a El Colegio de México, cuando en realidad había aceptado fundar la EGAP del Tecnológico de Monterrey, a petición del Diablo.
El mismo Diablo que apoyó a Vicente Fox y, años más tarde, a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco; el mismo Diablo que volvió a contratar a Carlos Urzúa, tres días después de que dejó Hacienda.
Es antiguo el pleito que tienen Romo y El Diablo —el primero conocido por su progresismo y su involucramiento reiterado con la izquierda electoral— y, el segundo, amigo no solo de la derecha, sino del conservadurismo que mayor daño le ha causado al país.
A esta histórica pugna se suma que López Obrador haya encargado a Alfonso Romo, desde que comenzó su campaña, para que coordinara la hechura del Plan de Nación, que sirvió como plataforma electoral durante los comicios de 2018.
En ese plan Carlos Urzúa no jugó ningún papel relevante, por ello, como él mismo confesó a Gómez Bruera, sus aspiraciones se limitaban en un principio a un asiento en el Inegi o en el Banco de México.
Antes que Urzúa, para la cartera de Hacienda fueron contemplados Adrián Rodríguez Macedo, Rogelio Ramírez de la O y Santiago Levy.
El primero no aceptó por razones de salud que luego le quitaron la vida, el segundo, que sí tuvo un papel protagónico en el Plan de Nación, prefirió declinar porque tenía otras responsabilidades profesionales; de su lado, Levy no logró armonizar su salida del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la urgencia que López Obrador tenía para presentar al futuro gabinete.
Es mentirosa la afirmación de que López Obrador evaluara a Urzúa “más capacitado como administrador público y economista que sus otras opciones” y, prueba de ello fue que el entonces candidato encargó a Romo para que realizara las invitaciones que luego no prosperaron.
ZOOM: Ahora nos enteramos de que Urzúa no estaba de acuerdo con el cierre del aeropuerto de Texcoco, la construcción de la refinería de Dos Bocas o a la política energética del actual gobierno. Acaso la circunstancia requería, desde el principio, un secretario de Hacienda con mayor peso a la hora de enfrentar los errores presidenciales.
www.ricardoraphael.com
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La miga de la renuncia/Jesús Silva-Herzog Márquez
Reforma 15 Jul. 2019
Al exponer las razones de su renuncia, Carlos Urzúa ha exhibido las dos contradicciones esenciales del gobierno. Su proyecto social es ciego. Su discurso moral es hipócrita. Las dos columnas del gobierno son saliva.
No hay instrumentos que sirvan al deseo de reemplazar al odiado neoliberalismo. Se le ha decretado muerto, pero no se ha cimentado ninguna alternativa. Las políticas que se han echado a andar no son, ni remotamente, un sustituto viable. Las advertencias vienen de todos lados. Ahora se suma, con un juicio demoledor, quien fuera el arquitecto de la política económica en el primer tramo del gobierno de López Obrador. Es importante leer con atención su mensaje. La política lopezobradorista es expresión de un voluntarismo insostenible. La magia comunicativa del opositor no opera en el mundo económico. No se genera crecimiento deseándolo. No se reparte riqueza con discursos sobre la igualdad. La crítica de Urzúa es punzante: el gobierno toma decisiones en el aire, sin un examen responsable y riguroso. Imposible trabajar en un gobierno que decide cerrar los ojos a los hechos que le disgustan. Un gobierno que se imagina transformador no puede dar la espalda a las herramientas de la técnica, ni puede ignorar las mediciones que tenemos como confiables. Urzúa decide separarse del gobierno de los datos alternativos y sonar el timbre de alarma. Es improbable que se le escuche, aunque pide lo elemental. Asentar toda decisión pública en razones, medir el impacto de la intervención gubernamental, corregir cuando es debido.
La fraseología -me niego a llamar "ideología" a los tics retóricos del lopezobradorismo- se impone sobre la evidencia, cierra los ojos a los datos, desprecia cualquier discrepancia, desatiende las advertencias y, sobre todo, es incapaz de viraje. A cada crítica, una lista corta de descalificaciones e insultos. Encerrado en sus oraciones, el Presidente es incapaz de ver lo que tiene en frente. Y así dice, y seguramente cree, que las cosas van muy bien. Al cerrar los ojos a lo molesto deja de escuchar también la voz diversa y compleja de los críticos. Ninguno le merece el mínimo respeto porque cualquiera que discrepa se desplaza de inmediato al espacio maligno del neoliberalismo. Los discrepantes son enemigos y todos los enemigos son idénticos. Urzúa, su colaborador en el Distrito Federal, su aliado en muchas batallas, embajador suyo en ámbitos hostiles, integrante destacadísimo de su primer gabinete, termina siendo un neoliberal más.
La segunda crítica de Urzúa en su renuncia es tan grave como la primera. Tal vez sea más hiriente porque pincha la arrogancia moral del Presidente. Esa autoridad que él dice encarnar y que nadie tiene siquiera el derecho de poner en duda, ha quedado tocada. No porque haya indicios de que emplee el poder para su beneficio económico, sino porque ha instalado en el primer círculo de su gobierno a un personaje que es una maraña de intereses privados en abierto y constante conflicto con la responsabilidad pública. Que lo diga el secretario de Hacienda en su despedida agrega peso a la denuncia. Lo cierto es que este estridente conflicto de interés no puede sorprender a nadie. Fue el propio Alfonso Romo quien en tiempos de campaña advertía que sus negocios lo descalificaban para trabajar en el gobierno. Sería un escándalo que yo fuera jefe de gabinete, le dijo a Azucena Uresti. Al asumir la Presidencia, López Obrador le dio ese cargo. Ya lo sabemos: él no es como los otros.
Las razones de la renuncia son inquietantes. De manera certera y escueta se detectan los dos motivos que descarrilarán el proyecto más ambicioso de las últimas décadas. Ineptitud técnica y arrogancia moral. Una tercera fuente de intranquilidad viene de la reacción del Presidente ante la renuncia. Por supuesto, la descalificación por delante. Nadie podría sorprenderse del reflejo: quien se va es, en realidad, un sobrante del viejo régimen, un neoliberal que no entendió la magnitud del cambio histórico. Y al que llega lo convencerá fácilmente de que esa política basada en evidencia no es más que una fantochería de tecnócratas neoliberales. Lo peor de todo es que cree que es chistoso. Jajajá.
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/.
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 Colmados de ataques, bullen los periodistas mexiquenses/Rogelio Hernández López
Ejecentral.com
Hay un hedor a descomposición acelerada del poder político en el Estado de México. Tiene varios síntomas. El fenómeno más preocupante es el crecimiento de la violencia y la impunidad con que se cometen los delitos especialmente en sus zonas más pobladas: Nezahualcóyotl, Ecatepec, Los Reyes La Paz y Toluca. El segundo es que, en lo que va de 2019, la violencia en esas zonas alcanzó a más periodistas que nunca, pero los autores son servidores públicos. 
Las amenazas, abusos, demandas civiles, golpizas se multiplican contra reporteros mexiquenses, en grado tal que provocó lo inusitado: la unidad que no habían logrado en décadas.
El 10 de julio circuló un documento firmado por colegas del Valle de Toluca, del Valle de México y de la Zona Oriente. Eso es lo insólito. 
Unitariamente decenas de periodistas emiten cinco demandas, pero también solicitan reacciones inmediatas del gobierno de Alfredo del Mazo, el de Andrés Manuel López Obrador, del Congreso de la Unión y el estatal, de las comisiones de derechos humanos y de los 125 alcaldes.
23 agresiones
Es que no habían sentido tal hostilidad en tan poco tiempo. Así lo registró la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, que el 9 de julio emitió un recuento:
“De agosto de 2018 a la fecha, la Codhem ha recibido 23 quejas por agresiones a periodistas, 16 de ellas en el presente año, 8 de las cuales se promovieron entre junio y julio, por lo que se advierte un incremento en cantidad y frecuencia del fenómeno en la entidad”.
Eso es lo que detonó el comunicado unitario de los periodistas mexiquenses que además acusan que: “el Gobierno del Estado de México y los gobiernos municipales de Toluca, Tezoyuca, Nezahualcóyotl, Ecatepec y La Paz, “no han brindado la mínima atención a estos casos de agresión… no esperaremos un saldo trágico”.
Crisis del modelo prensa-poder
El modelo de relaciones del poder político mexiquense con la prensa y los periodistas también se descompone aceleradamente. 
Ese modelo había sido extraordinario por décadas, en comparación con la mayoría de las entidades de la República, porque allí se fomentó la multiplicación al infinito de medios de prensa, con una dependencia extrema de los recursos públicos de la mayoría de los medios de todos los tamaños tanto del Estado como de los municipios con poder económico. 
Parte de lo extraordinario del modelo Estado de México es la cantidad de medios y periodistas que sobrevivían hasta las elecciones de julio de 2017.
Formalmente, el padrón federal de medios reconoce 14 diarios impresos, el Congreso del Estado tiene vínculos comerciales con 120. Extraoficialmente, entre periodistas se comenta lo terrible que es el número de medios de prensa “fantasmas” (pocas páginas, mal diseñados, mal impresos y escaso tiraje). Cuando se incluyen a los que circulan en los 125 municipios pueden ser más de 600: “y eso, hasta este mes, porque siguen apareciendo periódicos digitales como hongos” nos dice realistamente uno de los reporteros históricos en Toluca.
Ese singular modelo mexiquense aceleró su descomposición desde la llegada del actual gobernador Alfredo del Mazo Maza (septiembre de 2017). El tipo de relaciones se ha desconfigurado aceleradamente. Entró en crisis en varios aspectos, singularmente por la indefinición pública de las políticas de comunicación oficial diez meses después de iniciado este gobierno; pero más todavía en la opacidad y la virtual suspensión de los flujos del gasto de publicidad. “A la mayoría no les han revalidado convenios ni les pagan con los anteriores… eso también ocurre con muchos gobiernos municipales”, se repite estos días entre editores y reporteros.
La tercera crisis en las relaciones es que, con el sofocamiento hubo recortes y cierre de pequeñas empresas, decenas de periodistas despedidos, afloró más su maltrato profesional y, como efecto coalición, proliferaron los periódicos digitales que, ampliaron la competencia y por posicionarse buscan notas “vendedoras” especialmente de violencia e incumplimientos gubernamentales. 
Esto también amplió la distancia y las tensiones entre medios y políticos. Los gobiernos tanto estatal como municipales están perdiendo una instancia de propaganda. Entonces, los periodistas se volvieron más incomodos y objetos de agresiones A eso hay que aunarle el ambiente de violencia delincuencial que no han podido frenar las autoridades.
Exigencias de protección.
Desde el 25 de abril de 2019, por peticiones y presiones de periodistas, la fracción mayoritaria del Congreso Local que encabeza Morena intenta una alternativa por la vía legislativa, pero se le imbricaron las tres crisis del periodismo: inseguridad, la de publicidad y la precariedad en los derechos laborales de reporteros y editores. 
Ese día, la diputada Azucena Cisneros presentó una iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México, la quinta que en menos de 9 años se presenta en la cámara mexiquense. Ninguna avanzó más que en hacer foros, no solo por débil voluntad política del gobierno estatal y legisladores, sino porque otro freno fueron las confrontaciones entre grupos y corrientes de periodistas.
Para este julio de 2019, parece más probable que se apruebe una ley de protección a periodistas porque no la impulsa el gobierno del estado, sino la coalición de Morena.
Sin embargo, para que esa ley avance parece fundamental que las y los periodistas sigan unidos y con una agenda mayor a sus cinco puntos del comunicado.
Otras medidas necesarias
– Ante las contingencias de inseguridad para el ejercicio del periodismo, el Congreso y el Gobierno del Estado tienen que hacer una campaña de reconocimiento que esta actividad es del interés público para hacer valer el derecho de la gente a estar informada con libertad. 
– Ya es tiempo también de hacer valer el código penal federal que sanciona a quien obstaculice, agreda o impida el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa (ignoro si hay esas penas en el código estatal). Tras cada agresión las asociaciones de periodistas pueden iniciar el procedimiento penal contra quien resulte responsable.
– Es indispensable que el gobierno estatal y muchos de los municipales difundan cuáles son sus políticas de comunicación, el tipo de relación que quieren con los medios y sus criterios de gasto en publicidad. Y, por supuesto, comenzar a cumplir sus compromisos previos de pago, antes de que desbrocen la gigantesca lista de clientes “fantasmas”.
– En el Congreso, la fracción mayoritaria con sus aliados, tienen que pensar no sólo en una ley sino en un andamiaje jurídico que atienda las tres crisis:
– Ley de protección cautelar para el ejercicio del periodismo;
– Ley del ejercicio del gasto público en publicidad del gobierno central y de los municipios, en la que tendrán que incluirse a los medios de prensa no lucrativos y éticos como alternativa al desempleo; y 
– Modificaciones a leyes secundarias para conceder seguridad laboral y social a los periodistas más vulnerables, no para todos.
Es de esperar que la ebullición de las y los periodistas escale otro nivel de unidad, por ejemplo, un frente amplio permanente con un protocolo de autoprotección y para la reacción inmediata contra agresiones (red de redes) que haga reaccionar a los cuerpos de seguridad de inmediato.
Muchos saben que con una agenda común encontrarán aliados en otras organizaciones y de periodistas fuera del Estado de México. 
rogeliohl111@gmail.com

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