Ayotzinapa, ¿comenzar desde cero?

Ayotzinapa, ¿comenzar desde cero?/ Fred Alvarez Palafox

@fredalvarez

La Silla Rota, 19 de septiembre de 2019

Antonio López, reportero del periódico La Razón, pregunta al Presidente López Obrador en la mañanera del miercoles 18 de septiembre sobre el tema Ayotzinapa.  

Comenta que José Larrieta, funcionario de la CNDH les dijo en entrevista que existen dos líneas de investigación que fueron desestimadas por la fiscalía; la primera -dijo-, una entrevista que le hicieron a los hermanos Bernabé y Cruz Sotelo Salinas quienes declararon - al igual que muchos de los involucrados que ya fueron liberados- que Gildardo Astudillo estuvo involucrado en el caso, es decir, que los estudiantes fueron entregados al grupo delictivo  ‘Los Rojos’ y que estos trasladaron a los estudiantes al basurero de Cocula.

Precisa el reportero que las "declaraciones, a diferencia de quienes ya fueron liberados, las hicieron en presencia de sus  abogados, de representantes del Centro Pro de Derechos Humanos, incluso estuvieron presentes los integrantes del GEI, por lo que el maestro Larrieta afirma que estas declaraciones sí son válidas y fueron desestimadas.”

Y la siguiente línea de investigación -precisó-, son los mensajes, los chats que fueron interceptados desde Chicago, EU  en los que también señalan a Gildardo Astudillo.

-Usted está dispuesto, si usted en un par de horas le pediría al fiscal que retome en particular estas dos líneas de investigación?-, pregunta directo a AMLO

La respuesta del presidente fue que lo que dijo "lo está retomando la fiscalía (...) Ellos están ya trabajando en este asunto tan importante porque queremos saber sobre el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa.

Y agrega que a petición de los padres concretó una cita con el fiscal general (en Palacio Nacional) -aunque aclara que él respeta la autonomía de la fiscalía-, por lo que "voy nada más a introducir la reunión”, y luego se retirará, como fue, estuvo 20 minutos...

Precisó que el fiscal general -Gertz Manero-, es un hombre íntegro, que no representa a grupos de intereses creados, y que está seguro actuará con rectitud y entregará  buenos resultados.

-El reportero le insiste....¿usted le pediría, con ese respeto, que retome estas dos líneas en particular?

La respuesta del presidente fue que si y agregó que "no sólo estas dos líneas de investigación, todas, tienen que tener una actitud de apertura, escuchar a todos.”

-¿Qué le comentó Julio Scherer (Consejero Juríodico)  sobre la reunión de ayer con el fiscal y con el Poder Judicial?-, le preguntan...

Respondió que hasta el martes no había sido informado, pero subrayó que tienen muy buena relación con el Poder Judicial  y "de manera especial", con el presidente de la  Corte.

Pero precisó que lo importante es saber en dónde están los jóvenes, en dónde están los estudiantes de Ayotzinapa.

Y así fue. Con la intermediación del Presidente los padres de los 43 normalistas se reunieron durante dos horas con Alejandro Gertz Manero; los acompaño además de Alejandro Encinas, el abogado Vidulfo Rosales, integrantes de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las organizaciones civiles que acompañan a los familiares. También llegó Ángela Buitrago, asesora de la Comisión y ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales.

¿Cual fue el compromiso?

El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales explicó que el primer compromiso del fiscal general fue reconstruir toda la investigación a saer:

i) “Iniciar casi, casi de cero y obviamente iniciar investigaciones por las irregularidades que se cometieron”; para este caso- dijo., existen varias líneas de investigación y se van a retomar las que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI);

ii) el segundo compromiso es que el fiscal general mantendrá comunicación directa, sin intermediarios, con el fiscal especial del caso, y;

iii) “El tercer compromiso es que habrá otro encuentro con el fiscal al inicio del mes de diciembre para hacer un balance de lo que han avanzado las investigaciones”.

En el encuentro en Palacio se tocó el tema de las liberaciones de personas que estaban relacionadas con el caso, por lo que se acordó buscar un mecanismo para evitar que se libere a más vinculados.

El abogado aseguró que hay impunidad porque no se ha podido alcanzar la verdad en el caso, donde –dice- hubo tortura e irregularidades.

“Prácticamente estamos en el inicio, tristemente tenemos que reconocerlo”, aceptó.

Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso explicó que dejarán de lado las pruebas que fueron desechadas por el Tribunal Colegiado de Tamaulipas. Precisó que "hay muchas cosas que posiblemente no te sirven, pero hay pequeños indicios que puedes rescatar de algunas declaraciones y te pueden ayudar para ir mezclando con otra información para hacer más complejas y completas las líneas de investigación”.

 Omar Gómez, explicó que la unidad que dirige concentró los cinco aspectos de la investigación: las torturas, los malos tratos a los detenidos, las vistas de las irregularidades que se cometieron funcionarios en el pasado, los procesos penales y la búsqueda. 

Y sobre un posible destino de los normalistas o el móvil que generó el ataque, el Fiscal del caso indicó que siguen  investigando, por lo que indagan varias líneas de investigación, rebotando como base lo que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y considerando el trabajo de la CNDH. "En la investigación hay buenas pruebas, buenos indicios, buenas inspecciones, vamos a ir sacando pruebas que no sirvan, que sean ilícitas, el saneamiento y después a empezar a reconstruir, unas líneas de investigación que sean claras, objetivas, fuertes, que no estén sustentadas solamente en declaraciones sino que tengan pruebas objetivas al lado", dijo. 

En suma, la FGR reconoció que se tendrá que iniciar la investigación de cero y además se permitirá la participación sin restricciones de organismos internacionales.

El Fiscal general Gertz Manero por su parte aceptó que se trata de un asunto de Estado y por tanto, se seguirá hasta encontrar la verdad de los hechos; no aquella “verdad histórica”. de Murillo Karam...

Para la CNDH el caso pone en evidencia la fragilidad de nuestros sistemas de procuración e impartición de justicia y de nuestras instituciones. 

“Las consecuencias de que los derechos humanos no se respeten y de que no se escuchen y atiendan los llamados y recomendaciones de las instancias encargadas de su protección y defensa. Todo eso ocasiona que hoy, cuando deberíamos estar hablando de que se alcanzó justicia, estemos reconociendo que la impunidad subsiste y que los reclamos y el dolor de las víctimas deberán esperar más tiempo para que sean atendidos”, aseveró el ombudsman nacional en declaraciones a medios...

Así las cosas...

El asunto de Ayotzinapa volvió a tomar fuerza en los últimos días.

¿Por qué?

La tarde del domingo 15 de septiembre Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación  convocó a una inusual conferencia de prensa para denunciar una serie de hechos ocurridos con el caso: "no podemos mantener silencio frente a lo que está sucediendo en todo el proceso judicial que se sigue en torno a los lamentables hechos de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa”, dijo.

Señaló que horas antes, "en la vieja práctica del sabadazo, en días de puente, de la misma forma en horas una resolución que no firma el juez, sino que firma la secretaria de acuerdos, la señora Adriana Ruvalcaba Velázquez, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, el señor Samuel Ventura Ramos, dictó la libertad absoluta e inmediata de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

Encinas hizo una descripción de los hechos, los amparos presentados y las resoluciones del Tribunal Colegiado, y acusó al  juez,Ventura Ramos, por negar la prórroga para que se realizara el Protocolo de Estambul y de esta manera otorgó la libertad inmediata y absoluta de estas personas que habían sido detenidas .

Encinas aprovechó para afirmar que presentara acusaciones penales en contra del funcionarios de la PGR como Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez.

Además, ijo que el Ejecutivo realizará "una revisión profunda del actual sistema de justicia para garantizar el fin de la impunidad, el derecho a la verdad, la justicia, como la reparación y particularmente, medidas de no repetición de los hechos.”

La respuesta del ex procurador  Murillo Karam fue inmediata...”aquí estoy”, dijo.

En entrevista con Carlos Marín en MILENIO TV cuestionó a los magistrados y jueces federales del estado de Tamaulipas que han liberado a los principales implicados en este caso.

El CJF quedó mudo...

¿Qué pasó esa negra noche del 26 de septiembre?

¡Fueron asesinados impunemente estudiantes por fuerzas policiacas coludidas con el crimen organizado sin que ninguna autoridad hiciera nada!

Fue una noche  fue muy larga y llena de sangre...sigue viva; he dedicado varia líneas al caso desde hace años...en LSR..

Hay un largo expediente, La versión pública del caso era de de 54 mil fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos.

Ahora ya no sé; sobre todo que partirán de cero a cinco años de los hechos...

Mmm

Y la pregunta es y ha sido la misma desde entonces ¿y dónde diablos están los muchachos?

No pudieron desaparecer nomás así.

Ojalá -quiera Alá-, haya resultados, los familiares siguen esperan..

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Los nudos de Ayotzinapa/Raymundo Riva Palacio

Estrictamente Personal

El Financiero...

Las contradicciones no son lo único que tiene metido al gobierno federal en un problema de difícil solución en el caso Ayotzinapa. La acotación que se pretende hacer en la nueva investigación, difícilmente podrá ser lograda. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, abrió el coliseo para ofrecer sangre a los mexicanos, al denunciar al exprocurador general, Jesús Murillo Karam, y al exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, como responsables de un proceso que, por decisiones del juez federal Samuel Ventura, fueron liberados 77 presuntos responsables del crimen contra 43 normalistas. La Fiscalía General irá por ellos y puede llegar a detenerlos incluso, pero echada la rueda a andar, no se podrá parar.

Encinas es la representación de esa contradicción. En enero pasado, al instalar la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, dijo que el punto de partida serían los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el equipo forense argentino, que fue el primer grupo extranjero que trabajó con los padres de los normalistas. Los dos concluyeron que varios testimonios claves habían sido obtenidos mediante torturas, lo que violaba el debido proceso. La izquierda, entre otros, elogió el trabajo y reiteró que había sido un crimen de Estado, donde participaron soldados y policías federales.

En reconocimiento abierto del gobierno al trabajo del grupo de expertos, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, nombró a su secretario técnico, Omar Trejo, jefe de la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa. Poco tiempo pasó para que en el nuevo gobierno vieran que las cosas no eran como las creían. Ni al presidente Andrés Manuel López Obrador ni a Encinas les gustó el rumbo de aquello que inicialmente celebraron cuando, en septiembre del año pasado, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, le dio el marco jurídico a la Comisión de la Verdad que querían formar, y le dio la razón a tres presuntos culpables del crimen, incluido Gildardo López Astudillo, El Gil, sobre que los habían torturado para autoincriminarse.

Ahora, el Presidente y el subsecretario se quejan del Poder Judicial, mostrando claro antagonismo con su postura de hace meses. No se sabe cómo va a cuadrar las cosas Encinas, pero si la línea que persigue es procesar solamente a Murillo Karam y Zerón, lo va a rebasar el caso. Si no alcanza a ver el mediano y largo plazos de lo que inició, le faltarán brazos para nadar a puerto seguro. Junto con el ala más beligerante alrededor del Presidente, acusó al 27 Batallón de Infantería, con asiento en Iguala, de responsabilidad en el crimen, por lo cual debería llamar a declarar a su entonces jefe, el coronel José Rodríguez Pérez. También al jefe de la 35ª Zona Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández, a quien el gobierno de Guerrero le informó lo que estaba sucediendo, así como al exsubsecretario de Gobernación, Luis Miranda, con quien el exgobernador Ángel Heladio Aguirre hizo lo mismo. No menos importante, el jefe de la Zona Naval en Acapulco en ese entonces, el almirante Rafael Ojeda, actual secretario de la Marina.

Y hay más. Alfredo Higuera Bernal, quien durante los dos últimos años del gobierno de Peña Nieto tuvo a su cargo la investigación del caso Ayotzinapa, fue nombrado por Gertz Manero, subprocurador especializado para Investigaciones de la Delincuencia Organizada. También ratificó a Roberto Ochoa como subprocurador de Procesos, responsable antes y ahora de revisar las resoluciones de los tribunales y los cierres de instrucción. El actual jefe de la Agencia de Investigación Criminal, que también depende de la Fiscalía, Vidal Diazleal Ochoa, era el responsable de inteligencia de la PGR en los tiempos de la desaparición de los normalistas.

Es decir, el gobierno de López Obrador cuenta con personas que conocen a fondo el caso, la información y los contextos de cómo y cuánto avanzó la investigación. En los archivos del Centro Nacional de Inteligencia, antes el Cisen, deben estar las minutas del Grupo de Coordinación Guerrero, donde se documentó la penetración de los grupos criminales Guerreros Unidos y Los Rojos en las estructuras políticas de Guerrero, sin que se hiciera nada a nivel federal. Esas minutas, que oficialmente no existen, podrán darle al gobierno una idea muy clara del entramado político-criminal que se vivía en 2014, cuando desaparecieron los normalistas, aunque no les gustará. Esa red corrupta y criminal involucraba a miembros del PRD, el PT y Morena, que tenían relaciones estrechas con la corriente perredista de Los Chuchos, y con los morenistas René Bejarano y Dolores Padierna. Un exfuncionario que participó en esa reuniones reveló que las razones por las cuales nunca se procedió eran “políticas”–no querían involucrar a la izquierda con el crimen contra los normalistas.

Este mapa de vínculos sobre los funcionarios y exfuncionarios que sabían lo que sucedía en Guerrero, lo que pasó aquella noche en Iguala en septiembre de 2014 y su investigación, perfila la trampa en la que se metió Encinas con sus palabras ligeras. A menos, claro, que como demanda el núcleo duro de López Obrador, lleve al paredón político a miembros del Ejército y de la Marina, a comandantes de la Policía Judicial, a tres administraciones de la vieja PGR, a quienes Gertz Manero recicló, y a líderes de su coalición de gobierno, para documentar lo que han dicho durante cinco años, que fue “un crimen de Estado”. Estos nudos no serán fáciles de deshacer. Menos aún, de encontrar la verdad legal a lo que sucedió con los jóvenes sin ahogarse en sus contradicciones..

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Abarca, una historia criminal

Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior...

La historia de Abarca la contamos con detalle en el libro La noche de Iguala (Cal y Arena, 2018). Hoy queremos recuperar una parte que ha sido ignorada: su participación en el asesinato de otros dirigentes de izquierda

El expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, uno de los responsables directos de la desaparición de los jóvenes, un personaje ligado al narcotráfico, casado con María de los Ángeles Pineda, hermana de tres de los líderes de Guerreros Unidos y con largos antecedentes de violencia en el propio municipio, puede ser el próximo liberado del caso Ayotzinapa.

La historia de Abarca la contamos con detalle en el libro La noche de Iguala (Cal y Arena, 2018). Hoy queremos recuperar una parte que ha sido ignorada: su participación en el asesinato de otros dirigentes de izquierda, opositores suyos en el municipio y a su vez ligados con la normal de Ayotzinapa.

Para el matrimonio Abarca-Pineda, la presencia de los estudiantes en el municipio no era nueva: el 3 de junio de 2013, los normalistas habían tomado violentamente el Palacio Municipal para exigir la presentación con vida del entonces desaparecido Arturo Hernández Cardona, dirigente de la organización Unidad Popular de Guerrero, de la que los alumnos de la normal se habían hecho aliados políticos.

Ese día prendieron fuego, derribaron puertas y pintarrajearon paredes. Abarca era el principal sospechoso de la desaparición del líder social Hernández Cardona, quien había sido levantado cuatro días atrás, el 30 de mayo de 2013, junto con Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, quienes formaban parte, además, de la corriente Izquierda Democrática Nacional del Partido de la Revolución Democrática (de la que René Bejarano es fundador).

Sus cuerpos fueron encontrados muertos a balazos y con huellas de tortura en el municipio de Tepecoacuilco. Otras cuatro personas que estaban con ellos, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes y Nicolás Mendoza Villa, lograron escapar de sus captores.

El punto de quiebre entre Arturo Hernández Cardona y José Luis Abarca tuvo lugar el 1 de abril de 2013, en una reunión con el cabildo. Ese día, la Unidad Popular, que aglutina a 15 asociaciones de campesinos y colonos de asentamientos irregulares en Iguala, exigió la renuncia de los familiares de Abarca (había más de 30 trabajando en el municipio). La reunión terminó mal. Ambos protagonizaron otra acalorada discusión la noche del miércoles 29 de mayo de 2013, también en el salón de cabildo, justo un día antes de la desaparición de los miembros de la UP. La agrupación reclamaba la entrega de 100 toneladas de fertilizante a las organizaciones campesinas. El ayuntamiento aseguraba que el producto ya había sido entregado. Hernández Cardona y sus acompañantes acusaron a Abarca de corrupto y mercenario.

Furioso, José Luis Abarca abandonó la reunión mentando madres y amenazando a Hernández Cardona, que volvió a responsabilizar al alcalde de Iguala por lo que pudiera ocurrirle en el futuro.

Terminada la reunión, Hernández Cardona organizó una manifestación en la Autopista del Sol para que se atendieran sus demandas. La caseta de cobro Iguala-Puente de Ixtla fue el último lugar donde familiares y amigos vieron con vida a Hernández Cardona, el jueves 30 de mayo de 2013. Ese día fue secuestrado con sus colaboradores.

Según una reconstrucción realizada a partir de la declaración ministerial del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa, Abarca, auxiliado por su entonces secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, asesinó a Hernández Cardona. Al borde de una fosa, Abarca le disparó en el lado izquierdo del rostro. Ya en la fosa, volvió a dispararle. Félix Rafael Bandera Román trató de escapar, pero se atoró en una alambrada y los cómplices de Abarca lo asesinaron a golpes y pedradas.

El resto de los sobrevivientes fue sometido a torturas e interrogatorios. Tras una llamada que recibió la gente de Flores Velázquez, sacaron los cuerpos y los subieron a una camioneta junto con los otros secuestrados. “A nosotros nos pusieron encima de los cuerpos y nos colocaron una cobija de cuadros… nos llevaron a Mezcala (a 55 kilómetros de Iguala), ahí tiraron los cuerpos… cuando nos bajaban de la camioneta Ángel Román Ramírez trató de escapar, pero uno de los sujetos le dio un balazo y cayó muerto”, declaró Mendoza Villa.

El 12 de junio de 2013 la PGR inició una averiguación previa contra Abarca y remitió tres tomos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para que se hiciera cargo de la indagatoria. Desde entonces se investigó el hecho de que supuestos integrantes de Los Rojos, la banda rival de Guerreros Unidos, estuviera infiltrada en las protestas que realizaba la Unidad Popular contra el gobierno municipal, infiltrado por Guerreros Unidos. No pasó nada. Un año después fue la Noche de Iguala.

Hoy, Abarca está a punto de quedar en libertad.

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