“Si hay corrupción arriba, hay abajo”: el caso Cienfuegos revive la desconfianza de los mexicanos de su gobierno
El reciente arresto en California del exsecretario de la Defensa de México, Salvador Cienfuegos, pone los reflectores sobre la corrupción gubernamental en ese país. La pregunta que muchos se hacen es qué tanto se infiltró el crimen organizado en las agencias de seguridad y en cuál pueden confiar ahora.
POR: ISAIAS ALVARADO
Univisión, 24 OCT 2020 – ;
Dos de los comandantes de mayor rango que dirigieron la guerra contra el narcotráfico en México están ahora en prisiones estadounidenses por acusaciones de estar coludidos con dos carteles. Sus arrestos ponen en duda los primeros doce años de una política antinarcóticos que muchos califican de fallida: el país sigue desangrándose mientras los grupos criminales luchan para controlar más territorios.
La reciente detención en California del general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien era secretario de la Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), salpica a una institución a la cual le han confiado recuperar zonas invadidas por la delincuencia organizada y resguardar las aduanas.
La pregunta que muchos mexicanos se hacen es qué tanto el crimen organizado corrompió al Ejército y en qué agencias de seguridad pueden confiar ahora.
“Si hay corrupción arriba, hay abajo”, advierte Fred Álvarez, quien es experto en asuntos de seguridad en México, en una entrevista con Univision Noticias.
“La corrupción no ha terminado. Los mexicanos tenemos una cultura arraigada de hacer las cosas chuecas (indebidas): si te pasas el alto lo más práctico es darle una mordida (soborno) al agente de tránsito o no haces fila para comprar boletos del beisbol”, señala Álvarez.
Es la corrupción gubernamental el problema más grave en México y es causa de los alarmantes niveles de inseguridad y pobreza que padece el país, afirmaba el presidente Andrés Manuel López Obrador al día siguiente de que Cienfuegos fue capturado en el aeropuerto de Los Ángeles.
El mandatario ligó ese caso al del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa a cambio de permitirle operar con impunidad en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Cienfuegos habría aceptado dinero del Cartel H-2, que opera en Nayarit.
“Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen. De cómo se fue desangrando la función pública”, señaló López Obrador, quien catalogó de “muy lamentable” la detención de quien era el máximo general de su país.
“Ojalá esto sirva para comprender que el principal problema de México es la corrupción. Eso fue lo que le dio al traste (afectó) con todo, que la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica, la pobreza, la inseguridad, la violencia”, agregó el mandatario.
Son tan comunes en México que ya dejaron de sorprender los arrestos de policías que se volvieron sicarios, alcaldes que estaban en la nómina de traficantes y funcionarios que fueron corrompidos para permitir el trasiego de droga hacia Estados Unidos.
Pero se alcanza un nuevo cenit con los señalamientos contra García Luna y Cienfuegos, porque sobre ellos recaía la responsabilidad de combatir al crimen organizado y proteger a 120 millones de mexicanos. Ambos hicieron todo lo contrario y se enriquecieron por ello, según los fiscales de EEUU.
En el caso de García Luna, dos exjefes policiacos bajo su mando han sido ligados a su caso: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García. Mientras que distintos medios hablan de que varios militares cercanos a Cienfuegos estarían bajo la lupa de la Administración para el control de Drogas (DEA).
Aunque las Fuerzas Armadas han sido descritas como “incorruptibles”, a lo largo de los años han surgido casos de militares que servía al crimen organizado: desde 1997 una docena de generales han enfrentado acusaciones de tráfico de drogas en su país. El Cartel de Los Zetas, de hecho, se formó con soldados de élite que desertaron para proteger a los jefes del Cartel del Golfo.
Las acusaciones de García Luna y Cienfuegos se originan en una corte federal de Brooklyn. Ellos fueron mencionados en el juicio del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exjefe del Cartel de Sinaloa. En ese proceso algunos testigos detallaron cómo desde policías municipales, pasando por fiscales y hasta influyentes gobernadores recibían fajos de dólares para permitirles operar sin contratiempos.
Incluso se afirmó que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto aceptaron millones de dólares del cartel. Hasta ahora se desconoce si están en la mirilla del Departamento de Justicia.
Peña Nieto salió de la presidencia en 2018, cuantro años después de que se vio involucrado en un escándalo por la compra de una lujosa residencia en Lomas de Chapultepec, una de las zonas residenciales más lujosas de la Ciudad de México. Se la vendió uno de los contratistas más beneficiados en su sexenio.
Quien estuvo en su gabinete, Rosario Robles, está en prisión acusada de desviar más de 5,000 millones de pesos (238 millones de dólares). Y Emilio Lozoya, quien fue director de Petróleos Mexicanos, se encuentra en prisión domiciliaria enfrentando dos procesos penales, uno por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa por el caso Odebrecht, y otro le acusa de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.
Es mucho más larga la lista de exgobernadores acusados de desfalcar las arcas públicas.
Hay más corrupción, revela sondeo
Podría decirse que los mexicanos están acostumbrados a lidiar con actos de corrupción. El sondeo de una organización reveló en septiembre que el 56% de los encuestados respondió que ese problema se ha incrementado en los últimos 12 meses (incluyendo siete de la pandemia) y el 63% dudaba que la situación cambiará en el año siguiente.
Por su parte, una encuesta que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó en mayo concluye que la tasa de prevalencia de corrupción en 2019 fue la más alta en los últimos seis años. Cuando se les preguntó a los mexicanos si creían o habían escuchado que existía corrupción en los trámites de gobierno que realizaron el 62% dijo que sí.
Al ponerle un costo a esos actos indebidos, el INEGI estima que para agilizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos con autoridades los mexicanos dieron 12,770 millones de pesos (unos 574 millones de dólares), que es 56% más de lo que pagaron en 2017. En promedio, cada persona desembolsó unos 3,882 pesos (184 dólares) buscando hacerse la vida más fácil.
Sobre las acciones de la policía, el 74% desaprobó su trabajo, el 54% respondió que no está dispuesta a ayudar y solo el 30% dijo que su labor contribuye a “generar sensación de seguridad”. Los estados donde estas agencias tienen los peores niveles de confianza son los más afectados por la guerra entre carteles: Guerrero, Michoacán, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas y Quintana Roo.
Álvarez lamenta que los llamados controles de confianza aplicados a las policías, como les dicen a los estudios para despedir a los elementos municipales ligados a la delincuencia, no han resultado efectivos. “Sirven solamente para correr gente buena y dejar gente mala. La mayoría de los policías que cometieron actos criminales han pasado los controles de confianza sin ningún problema”, aseguró.
Este experto, quien es un crítico de López Obrador, considera un acto de “impunidad” el que siga libre Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán. En octubre de 2019 lo detuvieron y luego lo dejaron libre para evitar que escalara la violencia en Culiacán.
“No hay ningún detenido por el ‘Culiacanazo’. Hay 45 reos prófugos y no existe todavía una orden de aprehensión contra los hijos de Guzmán Loera. Estamos hablando de un año. Una total impunidad. No pasó nada en Sinaloa”, reclamó quien era funcionario del gobierno mexicano.
Ni el círculo más cercano de López Obrador ha salido librado. Su hermano Pío fue grabado recibiendo en dos ocasiones paquetes que supuestamente contenían dinero. El presidente mexicano afirmó sin presentar pruebas que se trató de “aportaciones de la gente” para campañas electorales de su partido político. Aún no se aclara qué cantidad recibió ni para qué se usó.
“El presidente dice que la corrupción es el principal problema y quizás tenga razón, pero en su gobierno, empezando con su hermano, es evidente que hay acciones de corrupción”, criticó Álvarez.
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Juez niega fianza a Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de México acusado por EEUU de recibir sobornos de narcotraficantes
El magistrado acató la advertencia de los fiscales federales sobre que existe un “riesgo significativo” de que se fugue a México, ya que podría recibir la ayuda de exfuncionarios mexicanos corruptos y de traficantes de alto nivel con los cuales trabajó estrechamente.
POR: ISAIAS ALVARADO
Univisión Noticias, 20 OCT 2020 – 4:23
Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de Defensa de México en el sexenio de Enrique Peña Nieto, deberá esperar en una prisión federal estadounidense mientras continúa su proceso penal que lo acusa de narcotráfico y lavado de dinero, determinó este martes un juez federal en Los Ángeles.
Al negarle la fianza, el magistrado Alexander F. Mackinnon acató la advertencia de los fiscales federales sobre que existe un “riesgo significativo” de que se fugue a México ya que podría recibir la ayuda de exfuncionarios mexicanos corruptos y de traficantes de alto nivel con los cuales trabajó estrechamente.
"Él obviamente es una persona con poder político y con algunos privilegios en México. Y la posibilidad de que pase le resto de su vida en prisión para cualquiera en esa posición crea un incentivo para escapar", dijo Mackinnon en la audiencia de fianza.
El juez también ordenó que en unos días el acusado sea trasladado a Nueva York, donde se origina la acusación que pesa en su contra. La defensa pidió que le permitan a su cliente quedarse en una prisión federal de Los Ángeles al menos hasta el jueves, para que lo visiten funcionarios del consulado mexicano.
"Los alegatos son graves", advirtió el fiscal Ben Balding, quien señaló que el hecho de que enfrente una condena que lo podría dejar en prisión por el resto de su vida "es un incentivo para fugarse si es liberado" por cualquier cantidad que se establezca como fianza.
"Si es liberado existe la posibilidad de que use sus contactos en México (...) para evitar la justicia en Estados Unidos", recalcó el fiscal Balding.
El abogado defensor Duane Lyons había pedido que la fianza se fijara en 750,000 dólares, que describió como los ahorros de su vida. Señaló que su cliente "tiene la intención de defenderse vigirosamente" y no planea fugarse. Lo describió como un mexicano "dedicado" que sirvió a su país y advirtió que lo pone en riesgo por la pandemia, pues casi tiene 80 años y "tiene problemas de salud".
"Él tiene la intención de limpiar su nombre. Es un mexicano dedicado que sirvió a su país honorablemente por varios años y si le niegan la fianza por un riesgo de fuga, su nombre y reputación serán arruinados. Él no tiene la intención de fugarse, tiene la intención de pelear los cargos", enfatizó Lyons.
Los fiscales federales alegan que al menos durante dos años, de diciembre de 2015 a febrero de 2017, Cienfuegos recibió sobornos de una célula de la organización de los Beltrán Leyva denominada Cartel H-2. La DEA afirma que el general tenía comunicación directa con el jefe de ese cartel, Juan Francisco Patrón Sánchez, quien fue abatido por la Marina mexicana hace tres años.
Alias ‘El Padrino’ enfrenta una condena mínima a 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
La extradición "tomaría años"
Uno de los motivos expuestos por el abogado Lyons para concederle la fianza a su cliente es que existe un acuerdo de extradición entre los gobiernos de México y de EEUU.
Pero el juez Mackinnon explicó que si Cifuentes era dejado en libertad, huye a México y es detenido allá, traerlo de vuelta a EEUU sería un proceso largo. La extradición "no pasaría de la noche a la mañana, ciertamente tomaría años y también puede ser complicado porque es además un proceso político", dijo.
La acusación originada en el Distrito Este de Nueva York del Departamento de Justicia indica que el general retirado conspiró para traficar cargamentos de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana mientras era el titular de la SEDENA. En esa época, el Cartel H-2 dominaba en Nayarit y una parte de Sinaloa, al tiempo que tenía operadores en varias ciudades de Estados Unidos, entre estas Los Ángeles y Las Vegas.
Esta organización criminal asesinaba y torturaba a sus enemigos, mientras agregaba a su nómina a funcionarios públicos de alto rango, como Cienfuegos. Según los fiscales, esta cooperación le permitió capturar rivales, liberar a miembros del cartel detenidos en operativos y seguir enviando droga a granel hacia Estados Unidos “sin interferencia de las fuerzas del orden mexicanas”.
Gracias a Cienfuegos, el Cartel H-2 aseguró que no se llevaran a cabo operaciones militares en su contra, de que se iniciaran acciones que afectaron a organizaciones rivales, se localizara transporte marítimo para cargamentos de drogas, se expandiera su territorio en Mazatlán y el resto de Sinaloa, y se anticiparan investigaciones de Estados Unidos.
En los años que este general habría trabajado para el Cartel H-2, la mayoría de las acciones realizadas por el Ejército en Nayarit se enfocaron en los municipios controlados por sus enemigos, particularmente el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por otro lado, de 96 capos capturados durante la administración de Peña Nieto, la mitad (49) eran miembros de alto nivel de los carteles de Sinaloa y Los Zetas, ambos rivales del clan de los Beltrán Leyva.
El Departamento de Justicia dice tener miles de comunicaciones por teléfonos Blackberry que incriminan a Cienfuegos, en una de las cuales “habló sobre su asistencia histórica a otra organización de narcotráfico”
También discutió por teléfono, según esa dependencia, sobre presentar a los principales líderes del Cartel H-2 con “otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano dispuestos a ayudar a cambio de sobornos”.
Este caso está ligado al del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, quien en 2019 fue sentenciado por narcotráfico en una corte de Nueva York a 20 años de prisión y a pagar un $1 millón.
Veytia, de 49 años, aceptó que recibía sobornos cada mes del Cartel H-2, a cambio de ordenar a oficiales corruptos bajo su mando que ayudaran al cartel, intervino para liberar a miembros de esa organización y pidió que se realizaran escuchas telefónicas para facilitar los asesinatos de los enemigos de Patrón Sánchez.
Los bienes del general
La Fiscalía estadounidense advierte que buscará confiscarle todos los bienes que el general retirado haya obtenido directa o indirectamente como resultado de sus actividades ilícitas. No está claro si ya han identificado propiedades o cuentas bancarias ligadas a este militar.
La declaración patrimonial que Cienfuegos hizo ante la Secretaría de la Función Pública al dejar el cargo de secretario de la Defensa en noviembre de 2018 señala que tenía cuatro casas, dos de las cuales había vendido. Entonces afirmó que su cuenta bancaría tenía 13,865,443 pesos (unos $660,000), que es cuatro veces más comparado con lo que reportó por primera vez al gobierno mexicano en 2015.
Al salir de la influyente SEDENA también reportó que había comprado a crédito un deportivo Audi QS 2018 valorado en casi 1.7 millones de pesos (unos $79,000), un cambio notable comparado con la vieja camioneta Chevy 1999 que tenía en 2013, cuando recién se volvió el máximo general de México.
Su sueldo como secretario de la Defensa, su único ingreso, difícilmente justifica la adquisición de sus bienes. Entró ganando poco más de 2 millones de pesos anuales ($95,200) y se retiró teniendo un salario de 2.5 millones ($119,000). Es decir, aumentó un 25% a lo largo del sexenio de Peña Nieto.
Esas cuatro propiedades que tenía a finales de 2018, incluyendo las dos casas que reportó vendidas, costaban poco más 9.6 millones de pesos o alrededor de $458,000. De 2004 a 2012, cuando fue subiendo de rango de comandante de zona militar a oficial mayor, Cienfuegos no hizo públicos sus datos patrimoniales, según la Secretaría de la Función Pública.
La pregunta que muchos se están haciendo es cómo el exsecretario de la Defensa pagará los servicios de la prestigiosa firma de abogados que contrató y que cobra hasta $1,000 por hora. Se trata del bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
"Eso no ayuda en su defensa, porque es como decir: si él es inocente ¿cómo puede contratar a un abogado tan caro con sus recursos medianos?", explicó la abogada criminalista Daphne Perea a Univision Noticias.
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