Las columnas políticas hoy, viernes 10 de febrero de 2023

Manipularon mis palabras cuando dije que la ministra Piña estaba en el cargo por mí: AMLO

El C. presidente acusó este viernes que se manipularon sus palabras cuando afirmó que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, estaba en el cargo por él.

A pregunta expresa, AMLO señaló que anteriormente el Presidente de la República era quién ponía y quitaba a ministros, pero ahora su gobierno es respetuoso de la independencia del Poder Judicial.

Señaló que si hace falta se podría reunir con la ministra presidenta del Máximo Tribunal pero “ahora no tenemos necesitad”, pues es respetuoso de la independencia y autonomía del Poder Judicial.

“Los medios de información que no nos ven con buenos ojos, que nada más son la mayoría, manipularon mis palabras, que dije de que la ministra era presidente porque ya no era como antes, de que el Presidente de la República era el que ponía y quitaba a ministros y que ahora nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial,..

No fue asi...

En Palacio Nacional y sin pregunta de por medio, AMLO señaló que antes al presidente del Máximo Tribunal era elegido por el Ejecutivo federal, algo que, afirmó, ya no ocurre.

Leamos...

- ¿Y confía en la Suprema Corte? -, le pregunta el reportero..

No, no, no, dijo tres veces, el presidente.

Pero -agregó-, es importante la separación de poderes. O sea, ustedes imaginan el cambio que significa.

O sea, la señora presidenta de la Corte —para hablar en plata— está por mí de presidenta.

¿Por qué? -, le inquieren..

¡Ah, ah, ah, sí, dijo -y se echo a reír porque antes, antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte.

La aseveración del presidente en este tema de la ministra es inadecuado y sobre todo su risa irónica, ya que esto ocurre a muy pocos días de desencuentros entre ambos poderes, después de que su vocero criticara el gesto de la ministra de no ponerse de pie en 106 aniversario de la Constitución.

El nombramiento del presidente de la Suprema Corte se decide de forma interna por el pleno del alto tribunal; los 11 ministros votan durante varias rondas hasta que uno de ellos alcanza la mayoría...

¿Cómo lo dijo , hoy?

Le preguntaron..."ayer, vio otra vez a la ministra presidenta de la Suprema Corte, la saludó después de toda la polémica que se generó a raíz de estos últimos días por el tema de que no se levantó cuando usted entró. 

Si usted tiene previsto una reunión con ella. Con el presidente anterior de la Corte se reunía periódicamente para tratar, usted decía, algunos temas como, por ejemplo, el de Ayotzinapa. Entonces, si no sería momento de un encuentro, a nivel institucional por supuesto, para tratar este tema; por ejemplo, el asunto de la Consejo de la Judicatura, ustedes han lamentado la actitud de algunos jueces que benefician de algún modo con sus sentencias a los presuntos delincuentes. Si se prevé algún encuentro en el corto plazo y no sería necesario.

PRESIDENTE: Pues si hace falta, sí, pero ahora no tenemos necesidad porque somos respetuosos de la independencia, de la autonomía del Poder Judicial. 

Los medios de información que no nos ven con buenos ojos, que nada más son la mayoría, manipularon mis palabras, que dije que la ministra era presidente porque ya no era como antes, de que el presidente de la República era el que ponía y quitaba a ministros, y que ahora nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, porque la práctica por décadas, por siglos, era que la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo, supuestamente había división y equilibrio de poderes, pero en realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo y en especial el presidente; pero todo esto se olvidó. 

Es como lo del caso de García Luna. No aparece en los medios, no es nota...."

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Alertan que es inconstitucional militarizar el espacio aéreo

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles la nueva ley que permitiría a la Secretaría de la Defensa Nacional vigilar y proteger el espacio aéreo mexicano, pero para Rogelio Rodríguez, especialista en temas aéreos, se viola el artículo 129 Constitucional.

Y de avanzar esta ley, advirtió, el control militar sería solamente administrativo, porque la operación del espacio aéreo debe regirse bajo el sistema internacional de control establecido por la OACI y el Convenio de Chicago.

Pablo Casas, también especialista aéreo, consideró que además de la violación constitucional, se duplicarían funciones: "no somos un país bélico como Israel, Rusia o algunos países árabes o que estemos en situación de guerra que implique una excepción a la regla general", sostuvo.

Julio Zugasti, asociado senior de Hogan Lovells, destacó que de avanzar esta ley en el Senado y posteriormente publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), podría provocar la impugnación de diferentes actores de la industria. (Reforma).

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Las columnas políticas hoy, viernes 10 de febrero de 2023

Confidencial/El Financiero

En entrevista con los medios tras su encuentro con senadores, Lorenzo Córdova ofreció “decirlo despacito para ver si me doy a entender” y atajar de una vez por todas las voces que lo andan candidateando hacia 2024, pues hasta un fotomontaje de él con la banda presidencial anduvo circulando ayer en las redes. “Ni quiero ni debo ni puedo”, explicó pausada y contundentemente el consejero presidente del INE ante la insistencia de los medios. Y ya como cereza del pastel, Córdova remachó que él siempre ha respetado la Constitución y hasta soltó un “no somos iguales”.

Proselitismo en día hábil

Tras el choque en la Línea 3 del Metro, que acabó con la vida de una joven mientras ella andaba en Michoacán, Claudia Sheinbaum aún no se anima a retomar sus giras proselitistas por los estados, peeero… eso no le impide seguir corcholateando aquí en la capital. Ayer, la jefa de Gobierno impartió una conferencia en el seminario político Relevo Generacional. Organizado por Miguel Torruco Garza, el evento –en el que participaron cientos de integrantes de los Jóvenes para la Continuidad de la Cuarta Transformación– sirvió a la aspirante presidencial para evocar sus “luchas estudiantiles” y lo que ha hecho en su administración en materia educativa. Ahora sí que como dicen en Palacio: hablando en plata, fue pura campaña electoral.

Sigue la duda sobre presunto hermano de Caro

La polémica inició cuando las autoridades capitalinas confirmaron, el lunes pasado, la detención de Carlos Caro Quintero. El hombre de 61 años mostró su licencia de conducir con ese nombre y dijo ser hermano del capo Rafael Caro Quintero. Pero, a más de 96 horas de su detención, aún no se aclara el parentesco. Y es que familiares de Rafael dijeron a medios de Sonora que no conocen a Carlos. En cambio, la autoridad capitalina insiste en que no hay duda de que el nombre que dio el detenido es real. Sobre el parentesco, aseguran, no es tema del caso.

Acusan violencia política contra Margarita

Aunque entre los jefes de las bancadas en San Lázaro fumaron la aparente ‘pipa de la paz’, la sesión terminó ayer en un duro choque entre la 4T y el PAN. Los temas aterrizaron en los escándalos del caso García Luna. “Repito las palabras frente a la linda sonrisa de quien es la esposa del expresidente Felipe Calderón (Margarita Zavala, quien sonreía desde su curul y se quedó seria con una mueca): si no sabía, era un tonto, y si lo sabía, era cómplice”, reclamó la diputada Lilia Aguilar, del PT. Y la panista Paulina Rubio salió al quite: “Llamarle a una par ‘esposa de’ es violencia política en razón de género. Aquí no hay ‘esposas de’, que le quede claro”…

Hablar el mismo lenguaje

Pablo Gómez, titular de la UIF, participó por tercera vez en la mañanera y se le vio disfrutar la tribuna de Palacio Nacional, como en las anteriores ocasiones. Pero, incluso, el propio López Obrador celebró sus intervenciones, las palabras del exdiputado fueron como música para sus oídos, pues lo mismo habló de delincuentes de cuello blanco, de acciones antidemocráticas, de neoliberalismo y de los que considera excesos del INE. Tan es así que el mandatario le dio la anuencia de tomarse más tiempo para decir “lo que quieras”.

Lluvia de amparos… y nubes de humo

Siguen cayendo las suspensiones en contra de la ley antitabaco, con lo que algunos restaurantes pueden mantener sus zonas para fumar. Este jueves le tocó a la cantina El Gran León de Oro, que recibió este permiso por parte del juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la capital. Parece que los comensales capitalinos podrán seguir con sus cigarros en cada vez más establecimientos.

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Estrictamente Personal

Gobernadores embarrados/Raymundo Riva Palacio

El Financiero,

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, fue parada en seco esta semana por un video donde aparecen dos de sus más cercanos colaboradores y una senadora de Morena, recibiendo dinero. La revelación hecha por el noticiero En Punto en Televisa, que conduce Enrique Acevedo, la sacudió, dejándola sin poder articular una estrategia políticamente correcta y ética. Sansores dijo que era un “montaje”, pese a que sus colaboradores reconocieron la validez del video. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha respaldado a la gobernadora y su gobierno le ha dado insumos del espionaje político que realiza para denostar a figuras de la oposición, buscó minimizar las imágenes transmitidas. Pero nadie, en capacidad de hacerlo, ordenó una investigación para aclarar si hubo algún delito y, en dado caso, actuar en consecuencia.

Sin embargo, el intento de acotarlo políticamente está a punto de ser rebasado. Ante la ausencia de siquiera un estudio de las fiscalías sobre el posible delito de tipo penal y determinar si procedía una investigación de oficio, la senadora Xóchitl Gálvez anunció que viajaría a Campeche para presentar una denuncia. De esa forma, no habrá pretexto alguno para que no se abra la pesquisa. Una investigación, contra la afirmación de López Obrador de que se trataba de “echar porquería al ventilador” para dañar su proyecto, ayudaría a la salud política y a romper el patrón de impunidad que encabeza el Presidente, cuando se trata de los suyos y siente que es el afectado.

La investigación de Fátima Monterrosa para En Punto no acusa de ilegalidad o ilegitimidad lo que hicieron los dos funcionarios y la senadora. Simplemente presenta hechos contextualizados, a partir de lo cual las autoridades judiciales pueden iniciar su trabajo y deslindar responsabilidades en un episodio previo a las elecciones que llevaron a Sansores a la gubernatura, y que involucra a cercanos a ella y a un gobernador priista, Carlos Miguel Aysa, a quien el Presidente, en agradecimiento porque, como dijo, “siempre apoya”, nombró embajador en la República Dominicana al terminar su interinato.

En el video exhibido aparecen el actual jefe de la Oficina de Sansores, Armando Toledo; el actual secretario de Educación, Raúl Pozos, y la senadora Rocío Abreu, recibiendo fajos de billetes –ella en dos ocasiones– que no es posible contabilizar en su totalidad, aunque se aprecian varios que podrían ser de 50 mil pesos cada uno, si el empaquetado corresponde a lo que normalmente equivalen los fajos en los bancos. El dinero se les entregó, precisó una persona que identificó el lugar, en una oficina adjunta de la Secretaría de Gobierno.

Hay discrepancias sobre la fecha. La investigación periodística ubica la grabación cuando Aysa era gobernador interino, en relevo de Alejandro Moreno, que pidió licencia a mediados de 2019 para buscar la dirigencia del PRI. Toledo aseguró que fue cuando Moreno aún era gobernador. Lo que no aclaró es que Aysa era su secretario de Gobierno. Es decir, hay tres gobernadores que quedan embarrados por este episodio. Sansores, por proteger y no actuar judicialmente, y Moreno y Aysa, que han guardado silencio sin aportar información que ayude a saber qué es lo que pasó, cuándo, cómo y por qué.

Sin embargo, hay que entender que esconder la cabeza como avestruz, es un reflejo para que nadie voltee a verlos, y dejar que todo el fuego se consuma en la figura de Sansores. Pero es imposible no ver el elefante en la sala. Moreno y Aysa eran gobernadores del PRI, y más allá de la fecha en que se repartieron esos fajos de dinero, tiene que haber varias explicaciones, legales y políticas.

Toledo y Pozos justificaron haber recibido ese dinero alegando que eran recursos para dispersarlos a beneficiarios de programas sociales. Se oye muy noble, pero fue dinero en efectivo que se entregó en una oficina de gobierno, lo cual tiene implicaciones legales, y se puede alegar que fue dinero de los impuestos de los contribuyentes que se entregó de manera irregular para fines que tienen que probarse. Incluso si se hubieran utilizado para programas sociales, se configuraría el probable delito de peculado ante un evidente desvío de dinero del erario. Si no hay forma de probar que se destinó a programas sociales –que sería lo menos grave–, se puede configurar el probable delito de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

El hecho que se haya entregado en la Secretaría General de Gobierno mete en el problema a Aysa, principalmente, como titular de esa oficina o gobernador interino, y a Moreno, ya sea como gobernador o como jefe político de su sustituto. También abre la duda sobre si apostaron por alguna razón a la victoria de Sansores, o si al ver su victoria irremediable, se subieron a su carro ganador por razones particulares. Huellas dejaron en el camino. Moreno jugó con López Obrador para darle la mayoría constitucional en la reforma eléctrica, que no se consumó por la rebelión dentro del PRI contra el líder. Aysa entregó el poder antes de terminar el mandato, y fue expulsado de su partido.

La polémica ha ido creciendo con el paso de los días y la denuncia de Gálvez, si efectivamente la interpone, impedirá que, cuando menos formalmente, esa entrega irregular de dinero se muera en la discusión política. Las consecuencias legales no son menores, y los probables delitos afectan en diverso grado a todos. Si se prueba que fue dinero ilegalmente entregado, Aysa, Toledo y Pozos son quienes en más riesgo están porque carecen de fuero. La senadora Abreu tendría que ser sometida a un juicio político para enfrentar las mismas acusaciones.

Moreno se puede escapar, si ese episodio fue durante su gobierno, si traslada la responsabilidad a su exsecretario de Gobierno. Sansores, que en términos legales es quien menos riesgo tiene, es políticamente la más vulnerable, porque podría haber sido la benefactora de todo un esquema de desvío de recursos, que es una sospecha sostenida en la defensa a ultranza de sus colaboradores, que la convierte en eventual cómplice.

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EU-México: presiones y realidades/Jorge Fernández Menéndez

Razones

Excelsior..

En recuerdo de Néstor Ojeda, un buen amigo

y periodista que se fue muy prematuramente.

No es un tema menor que 21 fiscales de estados gobernados por los republicanos en la Unión Americana hayan demandado al gobierno de Joe Biden que declarara terroristas a las organizaciones del crimen organizado en México. Tampoco que ello haya sido en respuesta a la intervención del propio Biden en el discurso sobre el estado de la Unión, donde le dedicó espacio a la crisis del fentanilo y al combate a los cárteles de la droga. Ya durante ese informe de gobierno los republicanos habían criticado a Biden diciendo que la crisis es consecuencia de sus políticas laxas en la frontera con la migración y con el crimen organizado. Un día después fue la reacción de los fiscales estatales.

Declarar a los cárteles como organizaciones terroristas no se trata de semántica. Según las leyes estadunidenses, si una organización es declarada terrorista por la Casa Blanca, es una prerrogativa del Ejecutivo, por lo cual el gobierno de ese país se puede adjudicar el derecho de intervenir en cualquier lugar del mundo contra ellos. Ésa ya fue la intención de Donald Trump, de atacar con drones o militarmente los laboratorios de fentanilo y metanfetaminas mexicanos en plena crisis de opiáceos. Finalmente, fue convencido de que no lo hiciera por funcionarios militares (ver el libro Furia, de Bob Woodward, al respecto), pero ése sigue siendo, aumentado de tono, el objetivo de la derecha republicana, ya no sólo de gobernadores como Greg Abbott, de Texas, sino, como vemos ahora, de buena parte de los estados gobernados por ese partido. Y eso obliga también a endurecerse al propio gobierno de Biden, porque, pese a los golpes que pueden haber recibido los grupos criminales, tanto la crisis migratoria como la de opiáceos no han disminuido.

No cabe duda de que México, el fentanilo y la migración serán temas centrales de la campaña electoral de 2024 en Estados Unidos, una campaña que ya ha comenzado. En torno a la frontera y la seguridad,  y a la migración y el tráfico de fentanilo se están jugando muchas cartas entre México y Estados Unidos, algunas que conocemos y otras que parecen ser negociaciones o forcejeos secretos. Y en eso no sólo participan los gobiernos, sino también distintos personajes y factores de poder a ambos lados de la frontera. La demanda de los fiscales republicanos es parte de ese juego, muy delicado para México por todo lo que implica.

Que el presidente Biden le haya dado tanto tiempo al tema del fentanilo en su informe, que los fiscales hagan esa demanda y que simultáneamente tengamos pendientes el juicio de García Luna (que podría acabar con una declaración de no culpabilidad para el exsecretario de Seguridad Pública), que no se resuelvan las extradiciones de Ovidio Guzmán y Rafael Caro Quintero, que eso se dé en medio de las luchas internas entre las agencias estadunidenses, de nuestra propia guerra de cárteles y polarización política generalizada, cuando hay cientos de miles de migrantes en la frontera y está a punto de acabar el Título 42 que abrirá aún más los espacios migratorios y el conflicto fronterizo, cuando hay controversias muy serias en temas energéticos y agrícolas, cuando tenemos un intercambio comercial enorme de 780 mil millones de dólares el año pasado y otros 58 mil millones de dólares de remesas de nuestros paisanos que llegan a México al año, remesas que, a su vez también, desde los sectores más conservadores, quieren ser gravadas. Toda una agenda de conflictos que influyen e influirán en la relación bilateral.

¿Qué pasaría si, por ejemplo, fueran atacados laboratorios de los cárteles de la droga en territorio mexicano o si hubiera alguna operación para detener o aniquilar a algún introductor importante de fentanilo, siguiendo las leyes de seguridad nacional estadunidenses aprobadas después de los atentados del 11-S? No veo esa posibilidad como algo tangible en el corto plazo, pero no es descabellado.

Tampoco es casualidad que, en ese contexto, se estén dando otro tipo de golpes contra el crimen organizado, como la captura, ayer, de José Guadalupe Tapia Quintero, el Lupe Tapia, un muy conocido narcotraficante y uno de los principales operadores logísticos del Mayo Zambada. Un golpe que probablemente para los grupos de El Mayo y del Cártel del Pacífico puede ser incluso más significativo que el de Ovidio Guzmán.

El Lupe Tapia, un narcotraficante de vieja escuela, muy cercano al Mayo, ya había sido consignado como un objetivo prioritario del gobierno estadunidense desde 2013 y está considerado como uno de los mayores introductores de cocaína, metanfetaminas y fentanilo a Estados Unidos, con fuertes contactos en Centro y Sudamérica. Se suma a la lista iniciada desde fines del año pasado en la que cayeron Rafael Caro Quintero, un hermano de El Mencho, Ovidio y El Licenciado, este último detenido en Durango, y otros operadores importantes, todos ellos exactamente en la segunda línea de los jefes de los principales cárteles. La estrategia de seguridad ha cambiado más allá de cualquier discurso, porque es una exigencia de la realidad y porque la política de no golpear cabezas de los cárteles no tenía viabilidad. Por lo pronto, lo importante es que ha cambiado.

Y lo otro que no es tampoco menor es comprender, como hemos insistido en estos días de juicio a García Luna en Nueva York, que querer utilizar ese proceso, cuando está tan mal sustanciado, para la agenda política interna, lo único que provocará será que esos mismos argumentos, en una etapa de fuerte presión sobre México, se utilizarán también en contra de quien gobierne, ahora o en el futuro. Y en eso, de este lado de la frontera, no gana nadie.

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La Cuarta Transformación

Layda, el elefante en la sala de Claudia/Darío Celis

El Financiero, 

LA DENUNCIA QUE presentó la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, contra su antecesora, la polémica Layda Sansores, deja ver un sinnúmero de malas prácticas administrativas por no decir actos burdos de corrupción.

La denuncia contra Sansores es por un monto de supuestas malversaciones por 120 millones de pesos y estas cifras son sólo por irregularidades en los programas sociales de la alcaldía.

Hay más cantidades en otro tipo de gestiones como obras públicas y la compra de vehículos. Tan burdo fue lo hecho por Sansores, que su directora de finanzas canjeaba, en el BBVA, cheques a su nombre por más de 31 millones de pesos y luego el dinero desaparecía.

No existen comprobantes de entregas, además de que está prohibida la expedición de cheques a nombres de los funcionarios. Y con ejemplos tan absurdos como este último, suman más de cien millones en irregularidades.

Tremenda papa caliente la que tiene la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y no se diga para la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum: si no actúan contra Layda la purificación de la vida pública que tanto pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, quedará en entredicho.

El PRI que preside Alejandro Moreno, el PAN que encabeza Marko Cortés, el PRD que lidera Jesús Zambrano y Movimiento Ciudadano de Dante Delgado en la CdMx, dan por un hecho que no actuarán contra la hoy gobernadora de Campeche.

Y aquí es donde se pone interesante la cosa: el nombramiento de la fiscal Godoy acaba este noviembre, cuando el Congreso de la Ciudad tendrá que nombrar a un nuevo fiscal autónomo e independiente.

Este nombramiento requiere de dos terceras partes del Congreso local, mismo que Morena, que pastorea Mario Delgado y partidos satélites aliados no tienen por sí solos.

Así que si no actúan contra la hija del legendario ‘Negro Sansores’, la oposición no dará sus votos y la CdMx se quedará sin fiscal formalmente nombrado, aunque Sheinbaum todavía podría tener el recurso de designar a un “encargado o encargada del despacho”.

Así el tema de Layda y sus manejos administrativos en la alcaldía Álvaro Obregón, más los escándalos de espionaje, ataque a periodistas y los millonarios pagos en efectivo a varios de sus más cercanos colaboradores, se ha vuelto para la jefa de Gobierno en el “elefante en la sala”.

La oposición lo sabe y sólo está contando el tiempo para que la bomba le explote. Mientras tanto, las otras corcholatas, léase Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, están viendo cómo el caso de Layda le implosiona a Sheinbaum.

POR CIERTO: ADÁN Augusto López ya tiene luz verde para lanzarse por la candidatura de Morena a la presidencia de la República. El banderazo se lo dio el inquilino de Palacio Nacional a finales de año. En diciembre Andrés Manuel López Obrador reunió a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y a Adán. El Presidente les comunicó que había decidido extender cinco meses la realización de la encuesta de Morena para ungir a quien abanderará al partido guinda en las elecciones de julio de 2024. La encuesta estaba prevista para llevarse a cabo a principios de junio, y López Obrador la movió hasta finales de octubre. ¿La razón? Darle más tiempo a Adán para darse a conocer más y crecer en las encuestas. En una de ésas y el famoso ‘plan B’ del Presidente, o sea Adán Augusto, se convierte en el ‘plan A’. Por eso con la venia de AMLO en el arranque de 2023 empezó a armar su equipo y su cuarto de guerra. Vamos a ver si le alcanza.

CON EL DECRETO que reforma la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los estados y municipios fueron limitados en el ejercicio de su presupuesto a tan solo 0.1 por ciento para la comunicación social. Esto, a ojos de las opositores al gobierno de la 4T, atenta los artículos 115 y 134 constitucionales. Se asume que la intención es limitar a los entes públicos distintos al presidente Andrés Manuel López Obrador y aliados políticos a no comunicar sus argumentos, defensas o posturas, de manera libre, para los ciudadanos. Carta, pues, para que el Ejecutivo Federal siga monopolizando la información pública, como lo hace en sus conferencias mañaneras de lunes a viernes. Esto significa una violación a la autonomía presupuestal de estados y municipios. No tardarán en llegar las impugnaciones a la Suprema Corte, que preside Norma Piña. Otro choque a la vista.

EL LÍDER DEL PRI, Alejandro Moreno echó mano otra vez de su alfil, el diputado Pablo Angulo Briceño, para golpear a la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez. Como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), su paisano legislador tuvo acceso privilegiado al informe sobre “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” de la cuenta pública 2021. En él destacan irregularidades por 830 millones de pesos de los Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Superior. El documento se presenta como “prueba” de desfalcos de la maestra Delfina a su paso por la SEP. Sin embargo la propia ASF aclara que son responsabilidad los Colegios de Bachilleres de los estados, los CECYT’s y los ICAT’s, y no de la autoridad federal educativa. La pregunta es sí David Colmenares estuvo enterado de la filtración y la dejó pasar.

PUES NADA, el afamado abogado Paulo Díez, conocido ya como ‘El coleccionista de autos’… pero de vinculación, goza de un póquer de zapes judiciales: tiene un auto de vinculación en sede local y otro auto de vinculación en cumplimiento de sentencia de amparo; tiene autos dictados de manera presencial; cuenta con autos en su contra dictados por la vía digital, y ahora también tiene ¡un auto en su contra en sede federal! Ayer un juez federal convalidó todo lo actuado en el procedimiento penal instruido en su contra por ataques a las vías de comunicación. Con todo y medidas cautelares. Aunque hay que decir que esta vez tuvo competencia en el papel de bufón, a manos de la MP federal Janette Gabriela Castro, que “muy convencida” de las teorías conspiranóicas del victimario ¡se puso de su lado! y solicitó que se dejara sin efectos lo actuado. Afortunadamente el Poder Judicial Federal no dio cabida a semejante ilegalidad.

CON LA NOVEDAD de que Netzai Sandoval, hermano de la defenestrada exsecretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, anda muy inquieto. El funcionario acaba de ser removido del Instituto Federal de Defensoría Pública tras la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. A 21 días del arribo de la magistrada Taissia Cruz, se han encontrado severas irregularidades, amiguismos y persecuciones, prácticas que se volvieron comunes entre algunos colaboradores de Arturo Zaldívar. La estrategia de Netzai ha sido hacer creer que existe una supuesta relación entre la activista Isabel Miranda de Wallace y la ministra Piña. Actos de desesperación para ocultar las severas observaciones que se le han encontrado.

EL SENADOR RICARDO Monreal se está acercando a Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado, para ver si por ahí sale una opción de ser candidato presidencial. Hace unos días estuvo en Monterrey y uno de sus actos relevantes fue una reunión con 800 simpatizantes para lanzar la asociación RedxMéxico (RxM), la que será su plataforma política.

LA SENADORA PRIISTA Claudia Ruiz Massieu, que también aspira a la candidatura presidencial, recién sumó a su equipo ni más ni menos que a Alejandra Sota. La exvocera de Felipe Calderón y estratega en la campaña de José Antonio Meade como candidato priista en las pasadas elecciones presidenciales, se integra al cuarto de guerra de la ex canciller.

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La Feria

Las víctimas y el juicio contra García Luna/Salvador Camarena

El Financiero, 

El juicio en Nueva York en contra del exsecretario Genaro García Luna es un festín de declaraciones –ciertas o no, verosímiles o dudosas– sobre la corrupción en México, pero por ningún lugar aparecen las víctimas. Éstas no son el centro del proceso, no suscitan empatía de nadie en esa corte, o en México; ni siquiera cuando narcos confesos aceptan haber matado o mandado asesinar a decenas.

Ha sido todo un espectáculo que provoca rating y clics. No ha defraudado en señalamientos mediáticamente explosivos. Si acaso algo lamentarán no pocos medios es que vaya, al parecer, a terminar mucho antes de lo previsto.

Y claro, que termine tampoco quiere decir que habrá justicia para las víctimas de los delitos que se habrían cometido por la presunta complicidad del mayor policía de México en tiempos de Felipe Calderón con los cárteles. Y tampoco están siendo puestas en el centro las víctimas de actos de la Policía Federal.

La periodista y escritora Daniela Rea hacía memoria hace unos días, en una conversación para La Vespertina, de un caso de tiempos de García Luna que está en la impunidad.

Se trata de cinco jóvenes acusados en falso de ser los autores del atentado con coche bomba en Ciudad Juárez en 2010 y donde murieron cuatro personas. Los detenidos por ese delito fueron torturados y presentados –muy al gusto de García Luna– en el hangar de la Policía Federal como narcoterroristas. Pero era otro montaje: tres años después fueron liberados; padecen secuelas de la tortura padecida y viven al día de hoy sin que se les reconozca su condición de inocentes ni se les repare el daño causado por la propia policía.

Rea contó que al cuestionarle a una de esas personas qué sentía con el juicio a García Luna, la víctima contestó que “esa justicia no es para nosotros”.

Porque como lo temía Rea el día que conversé con ella, los protagonistas del juicio han sido los perpetradores: unos confesos y otro acusado y a la espera de ser absuelto o condenado de delitos entre los que no están las violaciones de derechos humanos en el sexenio de 2006 a 2012.

Seguro luego vendrán las películas sobre este juicio y hasta libros. Porque la galería de delincuentes que ha desfilado en el banquillo de testigos colaboradores no deja lugar a dudas de que en México la delincuencia ha contado –y cuenta– con amplios márgenes de maniobra gracias a la complicidad o la ineficiencia de los cuerpos de seguridad.

Y lo peor de no tener en el centro del juicio a las víctimas es que, mientras estamos entretenidos con el proceso contra García Luna, desatendemos la tragedia que arrasa a Zacatecas o Guanajuato, por mencionar a sólo dos estados donde, sin cesar, los criminales perpetran masacres sin que nadie se conmueva en lo más mínimo.

Réplica: el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, se comunicó por la mención, hecha ayer, de que “no construyó en general un diálogo alguno con la oposición”. Argumenta que “en el caso del Congreso el diálogo ha sido muy bueno. No es casual que los dos informes de la jefa de Gobierno ante el Congreso que me han tocado han salido impecables. Sin groserías, ni gritos, ni pancartas, ni interpelaciones. Han sido republicanos y de gran nivel. Desde que llegué me he reunido con todos los coordinadores y grupos parlamentarios. También me he reunido con todos los presidentes locales de la oposición. Todos los alcaldes han estado en mi oficina para ver asuntos de agua, movilidad, vía pública y otros”.

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Análisis sin Fronteras

Polarización una amenaza a la Seguridad Nacional/Ana María Salazar

El Financiero,

Polarizar a la población como una herramienta para llegar y mantenerse en el poder no es una estrategia nueva ni exclusiva de Andrés Manuel López Obrador. Lo preocupante es la falta de análisis histórico de lo que sucedió con mandatarios que buscaron dividir a la población para mantenerse en ellos o sus seguidores en el poder: gobernantes dementes, uso de la violencia y herramientas autoritarios para controlar la población, injerencia internacional, y un deterioro dramático en la calidad de vida de los ciudadanos.

En algunos casos esta estrategia se traduce en una guerra civil, donde vecinos se enfrentan y desconocen todo lo que los une: historia, cultura, lenguaje, religión, vecindad.

Porque lo que hay detrás de la polarización es la amenaza del uso de la violencia. Lo que no se quiere reconocer es que la polarización no es la ruta para asegurar la gobernabilidad, al contrario, nos lleva a gobiernos autoritarios. Las rutas democráticas requieren más esfuerzos, políticos dedicados a mejorar la calidad de vida de sus representados. Sobre todo, requiere extraordinarios políticos y gobernantes que busquen crear consenso para promover bienestar, crecimiento y seguridad. De hecho, la cultura democrática promueve mecanismos para mediar las diferencias y resolver en una forma pacífica los conflictos.

Hay que subrayar que es mucho más fácil ser un gobernante autoritario. Para ser un gobernante democrático se requiere más dedicación, voluntad y amor al prójimo.

Los gobiernos que polarizan la población buscan todo lo contrario: Dividir para gobernar. Los gobiernos demócratas promueven en su gobierno y en la población herramientas para resolver pacíficamente los conflictos.

“El Líder es aquel que tiene la capacidad de movilizar a la gente para que enfrente sus problemas”. Esta es la definición de liderazgo del profesor de Harvard, Ronald Heifetz, quien promueve un liderazgo democrático, buscando darle a la población herramientas para resolver los retos, con apoyo del gobierno. Y sí, un aspecto importante de esta visión de como ejercer liderazgo, incluye compartir el poder con diferentes actores de la sociedad, incluyendo la oposición y la sociedad civil. Esta definición de liderazgo obviamente es absolutamente contraria al liderazgo “polarizante” que busca usar el odio para controlar y evitar consensos para gobernar en paz.

Lo que olvidan los que apoyan a los gobernantes y la oposición “polarizante” es que la historia claramente señala que eventualmente esta estrategia termina en autoritarismo, violencia, y condena histórica. Además de la destrucción de la sociedad.

Es importante señalar a la oposición actual en México, con pocas excepciones, también le apuesta al enfrentamiento, en lugar de buscar consenso y soluciones que necesita México para salir adelante.

Algunos lectores seguramente pensarán que exagero o no he interpretado adecuadamente en mi análisis. O que tal vez el contexto histórico de los gobiernos autoritarios y populistas del siglo pasado no aplica a la realidad del Siglo XXI. Mis comentarios están basados en mi experiencia profesional en las guerras Centroamericanas de los 80s, las guerra Yugoslavas de los 90s, o la guerra civil que se vivió en Colombia por mas de 60 años, gobierno autoritario de Venezuela y Cubana, además del gobierno de Donald Trump. Pero también se ha documentado en los últimos años el auge de gobiernos polarizantes y autoritarios de la primera mitad del siglo XX que eventualmente resultó en la Segunda Guerra Mundial y gobiernos autoritarios en Europa.

Mucho se ha escrito sobre la furia del electorado, cansado de la corrupción y de la desigualdad, que permitió la llegada de un gobernante como López Obrador. Pero en lugar de crear consenso en las soluciones, AMLO usó el descontento como plataforma para una visión de país no viable. Al contrario, las posibilidades de que surjan cotos de violencia incrementan a diario. Llega un momento en que el autoritario tiene que quemar las “naves” no hay regreso, no puede ceder el poder, aunque quisiera, porque enfrenta investigaciones él y los cercanos. Están las amenazas de encarcelación por las arbitrariedades y el uso de violencia ejercida para mantenerse el o sus allegados en el poder.

El error histórico de la oposición, los allegados y candidatos de López Obrador, es aumentar la polarización, volviéndose una amenaza a la viabilidad del estado mexicano.

Esto dejará en manos de los militares en el 2024, la decisión de quién debe gobernar el país, ante la amenaza de violencia y la irresponsabilidad de la clase política.

Polarizar es buscar matar la democracia en México. Así de sencillo.

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