Las columnas políticas hoy, miércoles 4 de octubre de 2023

Las medidas cautelares del INE sin un llamado a misa.

Comenté ayer que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral INE) habían "ordenado" al l c. presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) eliminar la “posdata” que incluyó al inicio de la transmisión de sus mañaneras, porque podrían incidir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral.

Como sabemos, la posdata se ha colocado desde el 25 de septiembre y dice de manera irónica:

“Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos.. " etcétera.

EL INE le pide al presidente - casi como una súplica- se abstenga de emitir comentarios, y se ajuste a los principios del 134 de la constitucion..

Y dije que AMLO saldría con algo distinto a manera de birla. y lo hizo...

Se lanzó contra ellos claro diciendo que les hará caso para que no lo acuses de violar la ley... pidió leer la resolución...y se burló de ellos.

No sólo mantuvo su posdata en los canales oficiales del gobierno sino que en su canal personal -que tiene 4.3 millones de suscriptores-, fue donde abrió la conferencia donde agregó un texto en el que dice lo mismo de antes pero con un agregado de que "este diálogo circular, es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores...

No cambiará el C. Presidente, y menos en los días por venir, y en parte tiene razón, la dichosa comisión de Quejas del INE no tiene garra, es como un llamado a misa...

Preguntó qué harán ahora los tres consejeros de la rimbombante comisión de quejas del INE además del ridículo...

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Error o golpe bajo contra el líder de Morena en el Senado

Bajo Reserva/El Universal

Ayer en el Senado varios recordaron el momento, que después se viralizó en las redes, cuando Marcos Martínez Soriano, conductor de un noticiario local en Coahuila, creyendo que estaba fuera del aire intentó ser gracioso y lanzó una serie de insultos a los periodistas Joaquín López Dóriga y Carlos Loret. Cuando Soriano se dio cuenta de que estaba al aire solo atinó a decir “avísenme”. Así se debió haber sentido ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la bancada de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, cuando su mensaje en la reunión privada de su bancada se hizo público. En el fragmento difundido, don Eduardo deja clara la poca independencia de los legisladores morenistas, y da cuenta de que reciben línea. “La orientación que nos dieron es que se desechara”, dijo el líder morenista al referirse al caso de la votación para rechazar la terna de candidatas a magistrada del tribunal electoral federal. Y mientras averiguan si fue un error, o un golpe bajo de alguien, incluyendo a los radicales de su bancada, el senador Ramírez lo único que puede decir es “avísenme”.

México y el tema de las tropas de EU contra el narco

Ayer, el gobierno de Ecuador anunció que militares de Estados Unidos podrán realizar operaciones en su territorio para enfrentar actividades ilegales como el narcotráfico y la trata de personas. Los acuerdos, suscritos por ambos Ejecutivos, deberán aún ser sometidos a la aprobación de la Corte Constitucional de aquella nación. Con este telón de fondo, mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá en Palacio Nacional al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y al fiscal general, Merrick Garland, para realizar una reunión bilateral en la que tratarán temas como migración, seguridad y narcotráfico. El mandatario dijo que no participará en el diálogo de alto nivel que realizarán los equipos de ambos países, pues sólo les dará la bienvenida. La visita se da en un ambiente que arde por las elecciones en Estados Unidos y la intención de algunos congresistas de ese país de hacer leyes para permitir que tropas estadounidenses operen en territorio mexicano en contra de los cárteles del crimen organizado, escenario que ha sido rechazado enfáticamente por el presidente López Obrador. El tema de las tropas, nos dicen, no es parte de la agenda del diálogo, sin embargo, nos hacen ver que siempre es bueno estar enterados de lo que Estados Unidos espera de los gobiernos a los que llama socios y amigos.

Regresa la consejera de AMLO a la Corte

Nos comentan que ayer, de nueva cuenta, se vio a María Estela Ríos González, titula de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), salir de Palacio Nacional y caminar con dirección a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Nos aseguran que la consejera era acompañada por un funcionario de su oficina, quien portaba un folder con las siglas “CJEF”. Tras menos de una hora, la consejera regresó a Palacio Nacional sin dar declaraciones. Ayer su jefe, el presidente López Obrador, dijo que doña María Estela visitó el lunes la Corte para presentar pruebas con el fin de echar abajo las controversias constitucionales que interpusieron los gobiernos de Chihuahua y Coahuila en contra de los libros de texto gratuitos. Habrá que ver qué tan buena abogada resulta la consejera, y si logra que los ministros de la Corte fallen a favor del Poder Ejecutivo en este caso, de lo contrario, sus visitas a la casa del enemigo Poder Judicial habrán sido en vano.

Oposición buscará confrontar a Alcalde por la política migratoria

Nos comentan que una de las tarjetas de apoyo más completas que deberá llevar hoy al pleno de la Cámara de Diputados la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, son las relacionadas con la política migratoria. Nos adelantan que ese será el tema que usará la oposición para confrontar a doña Luisa María, durante la comparecencia a la que se someterá. Nos comentan que PAN, PRI y PRD ya hasta tienen listas algunas pancartas para afirmar que el gobierno de López Obrador “asesinó” a 40 migrantes en el incendio ocurrido en un centro de migración, en Ciudad Juárez. La sesión de hoy se podría poner intensa, nos dicen.

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Estrictamente Personal

Ayotzinapa y la exoneración de Peña/Raymundo Riva Palacio

EL FINANCIERO, octubre 04, 2023 | 

En 167 segundos, el presidente Andrés Manuel López Obrador demolió ayer el trabajo de cuatro años para construir la versión alterna sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y, de manera sorprendente, exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y al entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, de cualquier responsabilidad sobre el crimen. En su intento por darle un cierre jurídico al caso, empató la verdad alterna con la que su gobierno quiso justificar un crimen de Estado, con la verdad histórica del peñismo, al llegar a la misma conclusión que su antecesor: lo que pasó tuvo que ver con decisiones locales y la delincuencia.

Esa fue la conclusión en la reunión en Los Pinos la mañana del 28 de septiembre de 2014, donde Peña Nieto y el gabinete de seguridad escucharon del procurador general, Jesús Murillo Karam, que lo que había sucedido la noche del 26 en Iguala había sido un pleito entre narcos, sugiriendo que la normal de Ayotzinapa está infiltrada por la banda criminal de Los Rojos. Instantáneamente, la no intervención del gobierno de Peña Nieto se convirtió en “un crimen de Estado”.

Parte de las galimatías políticas de López Obrador tienen que ver con esta descripción. “Por cuestiones políticas e ideológicas la consigna es: fue el Estado, fue el Ejército y de ahí no salimos”, dijo, aunque olvidó que quienes sembraron esa idea fueron sus cercanos de entonces y ahora. “Les puedo decir que ¡claro que fue el Estado!”, matizó. “El Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras; de eso no hay dudas, aunque hayan participado autoridades locales”.

Esta caracterización no aplica, si tomamos la definición del crimen de Estado como los delitos cometidos por agentes del Estado o por paramilitares que actúan en complicidad o por tolerancia del Estado. Por lo que dijo ayer López Obrador, no fue el caso. Las autoridades que intervinieron en el crimen fueron municipales que estaban coludidas con Guerreros Unidos. Se entiende el fraseo como un intento de control de daños, por el giro público radical de su posición y para neutralizar las críticas que le vendrán.

Su declaración revierte todo lo dicho por su gobierno y descalifica las conclusiones que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, a quien nombró el Presidente como responsable de la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, dio a conocer el 18 de agosto del año pasado y cuya teoría conspirativa abundó el miércoles pasado, basada en evidencias inventadas y declaraciones a modo de jefes y sicarios de Guerreros Unidos que participaron en la desaparición de los jóvenes, para fortalecer la acusación de crimen de Estado.

De haberse seguido con esa línea de acción, lo que procedía, como exigieron los abogados de los padres de los normalistas, es que se abriera una investigación penal contra Peña Nieto y el gabinete de seguridad, pero lo que sucedió fue lo contrario. López Obrador se molestó con Encinas, porque en lugar de cerrar el caso, lo reavivó dando armas a los padres, abogados y críticos de su gestión en la investigación. Pero lo inesperado y sorprendente, aunque López Obrador tomó la decisión de asumir el costo político de cerrar la investigación y no trasladar el problema a Claudia Sheinbaum, que piensa ganará la Presidencia, fue deslindar al gobierno de Peña Nieto y, como sucedió aquella mañana en Los Pinos, enfocar la responsabilidad en el ámbito local.

Cuáles son las razones de ello se desconocen, pero en el fondo, las investigaciones de los dos gobiernos no difieren: los normalistas fueron detenidos por policías municipales que se los entregaron a Guerreros Unidos, que a su vez los eliminaron. Las acusaciones de que el gobierno anterior torturó y alteró pruebas pueden hacerse también al gobierno actual. Los señalamientos contra los miembros del Ejército detenidos también han variado. De ser varios generales y oficiales los autores intelectuales del crimen, como acusó Encinas, el Presidente habla ahora de “omisión”.

Pero aun así es impreciso. Señala de omisos a los militares porque no actuaron la noche en que desaparecieron los normalistas. El argumento a su favor es que lo que atestiguaron fueron policías que hacían detenciones; es decir, una autoridad que cuando le preguntaron si había problemas, dijo que no. El contrargumento es que los militares sabían que los municipales estaban coludidos con Guerreros Unidos, y que algunos trabajaban para el grupo criminal.

“De eso no hay duda”, dijo el Presidente. “Pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió con Ayotzinapa tuvo que ver con decisiones locales y la delincuencia. Que esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares o que los militares de la región no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y hubiesen cometido delito de omisión, es otra cosa a que el gobierno, desde arriba, el presidente Peña o el general secretario de entonces, hayan ordenado la desaparición de los jóvenes”.

Lo paradójico es que el gobierno de Peña Nieto sí fue omiso. Pero no esa noche, sino durante meses. En este espacio se publicaron el 11 y el 12 de noviembre de 2014 los detalles de cómo el fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, fue documentando los delitos criminales de las autoridades municipales y su colusión con Guerreros Unidos unos seis meses antes de la desaparición de los normalistas, pero Murillo Karam soslayó las peticiones de atracción. En las mesas de seguridad de Guerrero, que presidía el Cisen, también surgieron los nombres de militares y policías federales coludidos con los delincuentes, pero no se hizo nada.

El gobierno de Peña Nieto no fue culpable directo de la desaparición, como reconoció ayer López Obrador, pero sí fue responsable político del crimen. No fue un crimen de Estado, pero la torpeza, prejuicios y espíritu vengativo con la que manejó su gobierno la investigación están terminando con el perdón al expresidente, que no debía de ser, y con el cierre del caso Ayotzinapa, que cada vez tiene más abierta la puerta de la injusticia.

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El empresario que salió de Palacio… y murió/Carlos Loret de Mola

EL UNIVERSAL

Daniel Flores Nava era un empresario consentido por el obradorato. Su vertiginoso ascenso levantó más de una sospecha. Se volvió uno de los contratistas más beneficiado en las obras de la refinería de Dos Bocas. Su estilo de vida lo reflejaba: avión privado, helicóptero y carros de lujo. Todo se terminó el 28 de julio pasado: se desplomó la aeronave en que viajaba. A la fecha no hay ningún detalle oficial de lo que ocurrió.

Horas antes de este avionazo, previo a que Daniel Flores viajara a Veracruz para asistir a una gira de pre-campaña de Adán Augusto López, el empresario estuvo en Palacio Nacional. Me lo revelan fuentes de primer nivel. Me confían que lo citaron para regañarlo por el retraso en la construcción de la refinería donde su empresa, Proyecta Industrial de México, tiene enormes responsabilidades. Este dato, que no había sido revelado, merece ser investigado de manera más profunda.

Síntesis de sus últimas horas de vida: llegó a Palacio Nacional, lo regañaron, salió, fue a la campaña de Adán Augusto y murió al caerse la aeronave en que viajaba.

El ascenso de Daniel Flores como empresario se explica en gran parte por su cercanía con Adán Augusto López y Rocío Nahle. Disfrutaba de la cercanía con la clase política influyente. Quiso serlo desde sexenios anteriores, pero “le hizo justicia la revolución” a partir de que llegó al poder Andrés Manuel López Obrador. Además de Dos Bocas, tenía contratos en las refinerías de Tula y Salamanca, así como en el campo Ixachi de Petróleos Mexicanos en Veracruz.

En estas Historias de Reportero, el pasado 8 de octubre de 2021 (https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/flores-para-rocio-nahle/), publiqué sobre la importancia que estaba teniendo el empresario, la necesidad de ponerle el reflector, la lupa. Era contratista favorito. Por si fuera poco, el enlace entre el empresario y los altos personajes de esta administración era Leonardo Cornejo Serrano, quien el sexenio pasado fue el más frecuente contacto de Odebrecht en Pemex, y que en el gobierno de AMLO lo encumbraron al nombrarlo encargado de firmar los contratos de Dos Bocas, que hasta ahora ha tenido un costo que ronda los 300 mil millones de pesos, casi el triple de lo prometido.

SACIAMORBOS

A juzgar por las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto compite con Benito Juárez por el galardón del mejor presidente de la Historia: primero le dijo que le entregaba un país estable y con buenas cuentas, luego dijo que era un demócrata por su papel en la elección del 2018 y ayer lo exoneró del caso Ayotzinapa, por el que él y sus seguidores habían pedido que renunciara.

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Ministra Piña: expectativa y realidad/Salvador García Soto

EL UNIVERSAL

Pocos presidentes en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lograron volverse tan visibles y mediáticos, incluso con dimensión política, como la ministra Norma Piña, primera mujer en ocupar la presidencia del Poder Judicial de la Federación. Su antecesor en el cargo, Arturo Zaldívar, llegó a ser también un presidente visible y desarrolló una faceta mediática y hasta de impacto en sectores juveniles del país, pero a él le llevó cuatro años y muchas controversias llegar a convertirse además de un jurista respetado, en una figura política por su cercanía e identificación con el presidente López Obrador y su 4T.

En cambio a la ministra Piña le bastó un evento con el presidente López Obrador, en el aniversario 106 de la Constitución el pasado 5 de febrero, en el Teatro de la República de Querétaro, para pasar de ser vista como una “ministra adversa a la 4T”, como la habían tachado en Palacio Nacional, a convertirse en la primera mujer que, reivindicando el equilibrio de Poderes y la autonomía del Poder Judicial, que se atrevió a no levantarse del presidium cuando anunciaron la presencia del Presidente, como un gesto de dignidad y autonomía, tras el desaire que le había hecho Andrés Manuel al llegar al recinto teatral, cuando no la saludó, la pasó de largo y la dejó atrás junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.

Y si con eso ya Norma Piña había hecho historia, con un gesto nunca visto en la historia del presidencialismo mexicano, en su discurso como presidenta del Poder Judicial, exigió “respeto a la independencia y libertad de los jueces para ejercer sus cargos y brindar justicia a la población mexicana”. La ministra llamó al reconocimiento y respeto entre los Poderes de la Unión y dijo que ella defendería siempre el trabajo de los juzgadores, porque ella misma fue juez y nunca aceptó consignas de ningún tipo en su trabajo.

El momento fue claramente incómodo para el Presidente, a quien Piña le dirigía la mirada mientras hablaba y, en su turno como el orador principal, López Obrador garantizó que habría respeto al Poder Judicial y que el suyo era un gobierno democrático y a favor de los equilibrios y las libertades. Las portadas y notas de ocho columnas de los diarios, los comentarios y análisis en la radio y la televisión, además de los #hashtags y tendencias en las redes sociales, al día siguiente consignaron sí la presencia y el discurso presidencial en el evento de la Constitución, pero le dieron más peso y relevancia al gesto inédito y valiente que había tenido la ministra Presidenta de la Corte frente al titular del poder Ejecutivo.

A partir de ahí, la ministra Piña se volvió no sólo muy conocida en el mundo político y mediático, sino que generó en muchos mexicanos, ávidos de oposición en este país, ante la pequeñez de los partidos opositores, que vieran en la presidenta del Poder Judicial una figura de contrapeso y equilibrio del desbordado poder que ha adquirido López Obrador. “Mis respetos para la señora ministra”, “Una mujer se atrevió a ponerle un alto a López Obrador”, “Una ministra progresista e incómoda”, “Norma Piña es una presidenta valiente” o de plano “Norma Piña para presidenta”, fueron comentarios, titulares y hasta parte del análisis político, que comenzaron a ver en la ministra presidenta una mujer que había llegado para romper el nexo entre el Palacio Nacional y el Palacio de Justicia, por lo que generaba muchas expectativas y esperanzas de que se podía contener al Presidente en sus excesos y caprichos.

Pero de eso hace ya casi 8 meses y la actuación de la ministra Norma Piña, si bien comenzó exigiendo y reivindicando la autonomía e independencia de los jueces con fallos adversos al gobierno federal en temas que tocaban directamente al Presidente, sus reformas constitucionales o sus reformas a leyes reglamentarias que pretendían modificar la Constitución y hasta la persecución y acusaciones a sus adversarios políticos. Los reveses tan fuertes que le empezó a propinar el Poder Judicial, desde los juzgados y tribunales de circuito, hasta los Colegiados, el pleno de la Corte, el Consejo de la Jurídica y hasta los magistrados del Tribunal Electoral, calaron en el ánimo presidencial y el discurso de odio y cuestionamientos a los ministros y a los juzgadores, acusándoles de “corruptos”, “vendidos”, “defensores de intereses económicos”, “jefes del Bloque Conservador”, se convirtió en una constante.

A la ministra Piña, la fama y las múltiples expectativas que depositaron en ella un sector de la ciudadanía, de los partidos de oposición, de los empresarios y hasta de los políticos y ciudadanos acusados por el gobierno lopezobradorista y perseguidos y encarcelados por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, no le sentó tan bien y empezó a tener gestos y excesos que parecían soberbia en su actuación pública y privada.

Los mensajes de reclamo y cuestionamiento que le mandó vía WhatsApp al senador Alejandro Armenta, quien la acusó públicamente de “amenazas e intimidación a un representante de otro Poder de la Federación" y amenazó con demandarla judicialmente si no se disculpaba por haberlo increpado y atacado en su teléfono personal, la mostraron en otra de sus facetas, pues al haber enviado esos mensajes, la ministra tuvo que reconocer públicamente que su acción fue un exceso de su parte y tácitamente se disculpó con el Senador.

Luego vinieron sus viajes, primero a Marruecos, a recibir un premio de “Derechos Humanos por garantizar el acceso a la justicia e igualdad de condiciones para las mujeres juzgadoras”, que le otorgó la Décimo Sexta Bienal de Mujeres Juezas, que reúne a ministras, magistradas y juzgadoras de todo el mundo, el 15 de mayo pasado. Y dos meses después, en agosto de este año, viajó a Colombia y a Chile para dar discursos en eventos de juzgadores de Latinoamérica. Y justo esta semana, la ministra Piña viaja a Madrid, España, para participar en otro evento de jueces.

Pero justo ese viaje ocurre hoy, cuando en la Cámara de Diputados la mayoría de Morena se apresta a quitarle recursos por 15 mil millones de pesos a los 14 Fideicomisos del Poder Judicial, entre ellos el que administra los Fondos de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores del Poder Judicial, y otros más. La bancada morenista se apresta este miércoles a aprobar el dictamen de una iniciativa que reforma y adiciona varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera del Poder Judicial, y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que regula el Apartado “B” de la Constitución en materia laboral, para reducir esos 15 mil millones de pesos de los 21 mil millones que hasta ahora tenían esos fideicomisos judiciales.

Ningún comentario o reclamo hizo la ministra antes de irse a España por la disminución de esos recursos que afectarán a los mandos medios y personal operativo del Poder Judicial, desde juzgadores hasta trabajadores judiciales, que podrían ver impagadas sus pensiones y jubilaciones por insuficiencia de recursos. De por sí a la ministra Piña no le salió tan bien el acto público en el que, antes de que empezara la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados, y cuando no se conocía aún el paquete presupuestal que presentaría Hacienda, reunió a todo el Poder Judicial de la Federación en pleno, con los 11 ministros de la Suprema Corte, los 7 consejeros de la Judicatura Federal y los 7 magistrados del Tribunal Electoral, para exigir que no le disminuyeran recursos al trabajo de los jueces, porque eso sería atentar contra la administración de justicia para los mexicanos.

El que se haya adelantado a los tiempos de la discusión presupuestal molestó mucho en la bancada de Morena y por supuesto en Palacio Nacional, que endurecieron aún más los recortes y disminución presupuestal, tocando incluso los Fideicomisos Judiciales y el dinero de los fondos de pensiones, para un recorte total de 26 mil millones de pesos al Presupuesto solicitado por el Poder Judicial, 14 mil millones en el retiro de recursos fiduciarios y 12 mil al gasto corriente y los gastos de los ministros y juzgadores federales.

Sí a todo eso se añade que ayer la Fiscalía General de la República anunció que iniciará un procedimiento en contra del ex juez federal Gerardo Genaro Alarcón López y de los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Tribunal Colegiado de apelación en Materia Penal en Materia Penal, por haberle negado una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna, por un ingreso no justificado de hasta 43 millones de pesos que acumuló el exsecretario de Seguridad Federal del gobierno de Felipe Calderón entre 2000 y 2012.

“Después de haber obtenido de un juez de control una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra de Genaro 'G', por habérsele descubierto un ingreso injustificado, inicialmente de más de 43 millones de pesos durante su gestión como servidor público en el periodo de 2000 a 2012, y sin que los mismos consten en sus declaraciones fiscales y patrimoniales, lo cual está confirmado por diligencias periciales contables. Ahora, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido”, explicó en una tarjeta informativa la Fiscalía, que anunció que denunciará el trabajo de los juzgadores federales que “violentaron los principios de legalidad y debido proceso”.

Y no hubo nadie del Poder Judicial, empezando por la ministra Presidenta, que saliera a defender el fallo de los jueces y su independencia y honestidad. Y mientras eso pasaba, Norma Piña se iba del país a dar discursos en favor del “respeto a la autonomía de los juzgadores”. Sin duda, unas fueron las expectativas que despertó en muchos mexicanos la ministra Piña, y otra la realidad que ha mostrado en su actuación pública, incluso en algunos temas privados en sus rutinas vespertinas diarias, la mujer que hoy preside el Poder Judicial de la Federación.

Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.

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Los “ojos” del narco que monitorean todo cuanto sucede en México/Héctor De Mauleón

EL UNIVERSAL

Tras la persecución de civiles armados en el municipio de Teocaltiche, en Los Altos de Jalisco, epicentro de una sangrienta guerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, agentes estatales y de la Defensa Nacional localizaron tres casas de seguridad en las que había pantallas que mostraban imágenes de puntos estratégicos del municipio.

Se trataba del C5 “pirata” del crimen organizado, a través del cual una de estas organizaciones criminales realizaba labores de contrainteligencia: monitoreaba las entradas, los puntos más concurridos, los movimientos efectuados por fuerzas federales y estatales, así como los desplazamientos de posibles convoyes del grupo rival.

En prácticamente todos los puntos del país, el crimen organizado ha instalado “ojos” tecnológicos que vigilan áreas rurales y urbanas.

No es nuevo. Las autoridades han detectado la existencia de estos centros de monitoreo desde hace una década. Pero casi nunca saben dónde están.

Los grupos criminales los operan de manera clandestina a través de cámaras de vigilancia instaladas en negocios y casas particulares. A veces les pagan a los propietarios una renta mensual. En otras ocasiones, ellos mismos las instalan en postes de luz, teléfono y alumbrado público. Por medio de internet monitorean las 24 horas del día todo cuanto sucede en México.

A finales de junio de este año, la subcomandante de la policía municipal de Tecate, Baja California, Alejandra Hernández Villa fue acribillada junto a una bomba despachadora de gasolina por sujetos cubiertos con pasamontañas que más tarde le prendieron fuego al vehículo empleado durante la ejecución.

Días después, las autoridades recibieron de manera anónima las imágenes de la ejecución, tomadas desde una cámara de seguridad. Según el semanario Zeta, las autoridades fueron informadas de que dichas imágenes provenían del teléfono de un sicario del Cártel de Sinaloa que acababa de ser asesinado. Sus verdugos le habían revisado el celular. Las imágenes eran la prueba de que el Cártel de Sinaloa estaba vigilando Tecate por medio de cámaras privadas.

Se descubrió que en esa ciudad estaban operando más de 100 cámaras instaladas en domicilios particulares por el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa: un sujeto apodado El Siete

Las cámaras cubrían zonas urbanas y rurales. Según la información de Zeta, eran operadas desde un centro de mando y desde “aplicaciones instaladas en los celulares” de “los principales operadores del grupo criminal”.

Como se trataba de cámaras particulares, los agentes del gobierno solo lograron desmantelar 13. El resto siguió en operación, dando aviso de los movimientos de las fuerzas federales.

Hace ocho años las alarmas se encendieron en Reynosa, Tamaulipas, cuando el descubrimiento de 39 cámaras de vigilancia reveló que las principales calles de aquella ciudad fronteriza eran monitoreadas por el Cártel del Golfo. En 2015 aquello fue considerado “un logro tecnológico sin precedentes”. El Golfo manejaba esos instrumentos de manera remota, y guardaba la información en tarjetas.

Los miembros de ese grupo se habían adelantado a las autoridades, quintuplicando el número de las cámaras.

Ocho años más tarde, 12 cámaras del Cártel de Santa Rosa de Lima fueron retiradas en el municipio de Celaya. Las habían fijado en postes del tendido eléctrico y enviaban “la señal a través de internet a un operador del grupo que las colocó”.

En esa ocasión, no se logró ubicar el C5 “pirata” de los criminales.

Los documentos hackeados por el colectivo Guacamaya revelaron que el crimen organizado había tapizado con cientos de cámaras, del lado estadounidense, los cruces fronterizos de Nuevo León y Tamaulipas. En solo dos años se localizaron y desmantelaron más de 250.

En febrero de este año, incluso, elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos a tiros cuando desinstalaban cámaras ubicadas en Reynosa.

El falso C5 de Teocaltiche vuelve a probar que el narco nos vigila. Que sus “ojos” tecnológicos registran, de día y de noche, todo cuanto sucede en México.

Por desgracia, también en eso van un paso adelante.

@hdemauleon

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El líder popular y el gobernante reprobado/José Carreño Carlón

EL UNIVERSAL

El empeño central, la ganancia mayor. Las encuestas de la semana, con el estado de la opinión general a propósito de los cinco años de gobierno de López Obrador —y de las perspectivas para el sexto y último año de su periodo constitucional— describen a un presidente escindido entre un líder popular y un gobernante reprobado. En efecto, su cosecha quinquenal más publicitada se ha concentrado en la conservación de su popularidad, entre el 58 y el 59 por ciento. Es la ganancia bruta de la centralidad de sus empeños —a lo largo del sexenio— en el culto a su persona. A este ritual le consagra casi tres horas diarias frente a las cámaras. Y dedica, además, buena parte del resto de su jornada —y la de sus secuaces— a preparar los temas y objetos de veneración propia, de deturpación de los demás y de distracción de los desastres cotidianos, a agitar al día siguiente en pantallas, audios, prensa, redes.

El líder y el gobernante. Menos publicitadas, como las letras chiquitas de los contratos, aparecen, en los reportes demoscópicos, los déficits netos del quinquenio en la percepción pública. Y de aquel casi 60 por ciento que aprueba al personaje López Obrador —cuando responde a la pregunta sobre dicha aprobación en bruto— empiezan a desprenderse índices significativos de desaprobación neta, cuando los encuestados responden a las preguntas sobre la gestión de su gobierno en cada área de su responsabilidad. Y, así es como deviene desaprobación neta de la gestión del gobernante, la alta aprobación bruta de este líder, lograda gracias al cultivo de la devoción popular a su persona. Y, por supuesto, gracias a la fabricación de la fe en su narrativa vengadora contra conservadores, neoliberales, saqueadores, corruptos, enemigos del pueblo.

La herencia y la trascendencia. Con rústicos, pero vastos recursos propagandísticos regularmente apropiados para obtener efectos de corto plazo (en encuestas, elecciones) el presidente pretende alcanzar además el efecto de largo plazo de la trascendencia histórica. Ya se ve al lado de Hidalgo, Juárez, Madero, Cárdenas. Pero los efectos de la propaganda en encuestas y elecciones son por naturaleza pasajeros. Y los enfocados al culto a la personalidad son efímeros, volátiles. La trascendencia viene con una buena herencia. Y a juzgar por las percepciones netas de las encuestas de la semana, la herencia a los mexicanos de 5 años de gobierno y la perspectiva del siguiente describen un México en peores condiciones que las que encontró el actual presidente. Menos seguridad, mucho peor educación y salud, un país más pobre e incluso más corrupto o con condiciones más propicias a la corrupción. Menos democrático, transparente y civil.

Las causas. No son muchas, pero sí muy poderosas las causas de tal deterioro. Para empezar, la obsesión de mostrarse como ‘hombre fuerte’ latinoamericano de décadas atrás, capaz de retar por retar a grupos de inversionistas y usuarios del servicio aéreo, mandó destruir el gran aeropuerto en construcción en Texcoco, cuyos altos costos financieros seguimos pagando. Luego, como líder de un movimiento con pretensiones de perpetuidad y necesidad de una incontrastable base electoral, dispuso de la más impresionante, masiva compra de votos, con el nombre de programas sociales. Sin una reforma fiscal capaz de financiar esa derrama de recursos, se optó por disponer de los presupuestos públicos, con el efecto de desmantelar los servicios de un incipiente estado de bienestar. A la culminación del deterioro se agregaron las erogaciones improductivas de los costos y sobrecostos de las obras emblemáticas destinadas, en este cálculo, a eternizar el nombre de su creador.

No se vayan. Vienen los próximos (¿últimos?) 12 meses del líder popular y el gobernante reprobado, en campaña por otro sexenio de destrucción.