Las columnas políticas hoy, martes 9 de septiembre de 2025

Procesan a 10 de las 14 detenidos por huachicol fiscal

Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México vinculó a proceso a 10 marinos y funcionarios aduaneros, por presuntamente estar implicados  por delincuencia organizada; se les acusa de haber permitido el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en las Aduanas de Altamira y Tampico, en los dos últimos años;

El juzgador descartó invalidar las declaraciones del Capitán Alejandro Torres Joaquín, ex director de la Aduana de Tampico, por rendir sus primeras declaraciones sin ser testigo protegido. Martínez dijo que en este asunto ya hubo dos asesinatos, el del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y la funcionaria de la FGR, Magaly Janet Nava Ramos, con la intención de silenciar a los denunciantes.

"La muerte de estas dos personas puede tener un efecto inhibidor sobre otras personas que pudieran aportar información", dijo el juez.

El juez les ratificó a todos los imputados la prisión preventiva oficiosa, razón por la que los procesados hombres estarán presos en el Penal del Altiplano durante el proceso, mientras que dos de las tres mujeres continuarán en el Penal Federal Femenil de Morelos.

Uno de los marinos, el Capitán Humberto Enrique "N", le dijo al juez que desde que ingresaron al Altiplano fueron objeto de amenazas, desde el momento en que los internos se enteraron de que eran miembros de la Armada.

Por ese motivo, le solicitó que autorizara el traslado de los 7 hombres procesados a una prisión militar. El juez, sin embargo, rechazó la solicitud y dijo que antes de valorar la petición debía analizarse si una prisión castrense reúne las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso.

El impartidor de justicia les fijó un plazo de 6 meses para la investigación complementaria, tiempo previsto para que la FGR  y los defensores reúnan sus respectivos datos de prueba.

No habrá impunidad, dice Harfuch…

"Fueron detenidos en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz 14 personas, entre las que se encontraban empresarios y algunos servidores públicos relacionados con el mercado ilícito de combustible, como se informó el domingo en conferencia de prensa.

"La investigación sigue en curso para detener a todos los involucrados en este delito y no habrá impunidad", sostuvo en mañanera

Reconoció el trabajo de los miembros de la Semar y enfatizó que el actuar "aislado" de unos cuantos no refleja el trabajo de toda la institución.

Mmm.

Señaló que en los últimos 15 días para combatir el huachicol se realizaron cateos y despliegues operativos en Querétaro, Sonora y Tabasco, donde se aseguraron 441 mil litros de hidrocarburos.

Asimismo, incautaron 21 tractocamiones, siete vehículos, tres autotanques, ocho cisternas, 15 bombas y un montacargas, además de la detención de personas vinculadas con estos hechos.

La muerte del capitan de navio, Jeremías Pérez.

Luego de que un capitán de navío fue hallado sin vida, tras ser presuntamente implicado en la red de huachicol, la presidenta Sheinbaum lamentó la muerte de este marino, pero aclaró que no hay certeza de que haya estado involucrado en este proceso del huachicol.

Del mismo modo, dijo que "la Marina es una gran institución reconocida por el pueblo de México, como la que tiene mayor reconocimiento muy cerca, la Secretaría de la Defensa Nacional, el que haya uno dos o tres elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este, habla bien de la institución, que la propia institución haya participado en la investigación colaborando con la Fiscalía para llegar a las últimas consecuencias y sigue la investigación", indicó.

"[...] nosotros no acusamos a nadie que no esté dentro de las líneas de investigación, sino sencillamente donde hay pruebas. Y tercero, aunque es un hecho lamentable, fortalece a la institución. Fortalece a la institución, a la Marina", abundó.

Mmm.

Gertz Manero: Marino que se suicidó ante presunto huachicol no estaba vinculado a ningún caso

“Es un hecho que no es un delito federal, es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió”, dijo en mañanera.

Comentó Gertz Manero que el capitán no estaba vinculado “con ninguno de los casos que estamos llevando”: “Es un asunto de otra naturaleza”.

Pérez Ramírez supuestamente recibió sobornos relacionados con el contrabando de huachicol fiscal del megadecomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado.

El fiscal Gertz Manero recordó que en 2024, el entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, se acercó a la FGR a presentar “una serie de denuncias” sobre problemas de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“Se abrieron las investigaciones, inmediatamente la Fiscalía no solamente abrió las investigaciones, sino que las puso bajo control judicial”, dijo al explicar que todas las diligencias que se hicieron en esos temas fueron bajo control judicial.

Apuntó que en marzo se realizaron dos acciones en Ensenada y Altamira, donde se encontraron depósitos enormes de combustible que no fueron declarados: “Cuando juntamos toda la información, se dio el vínculo, y al darse ese vínculo, nosotros de inmediato fuimos ante los jueces y les pedimos las órdenes de aprehensión”.

Mencionó Gertz que todas las 14 personas relacionadas con el caso, salvo dos que estaban fuera del país, están detenidas “y hoy en la madrugada nos dieron la vinculación a proceso de todos ellos”.

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Marina dice que buscó corrupción y no la halló

En 37 auditorías hechas por el Órgano Interno de Control de 2023 a 2025 se da cuenta de cero observaciones y ninguna sanción a servidores públicos por faltas administrativas graves

Antonio López Cruz, reportero….

Pese a que Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, aseguró que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, denunció desde hace dos años problemas por presuntos actos de corrupción en la institución armada, documentos oficiales advierten que la Secretaría de Marina (Semar) sí vigiló e inspeccionó a su personal e incluso a altos mandos; sin embargo, concluyeron que no existió nada sobre la comisión del delito de huachicol fiscal en aduanas.

Así se advierte en el último informe de labores de la Secretaría de Marina correspondiente a 2024- 2025, así como en 37 auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control de 2023 a 2025, en las que no se da cuenta de observaciones, ni de sanciones a servidores públicos por faltas administrativas graves.

Esas inspecciones abarcaron mandos navales, dependencias administrativas y capitanías de puerto, con el propósito de evaluar su desempeño operativo, administrativo y de gestión de recursos.

En total, se realizaron 49 inspecciones que comprendieron dos regiones navales, cinco zonas navales, nueve sectores navales, 11 direcciones generales o adjuntas y 22 capitanías de puerto, pero no se advierte sobre sanciones o inhabilitaciones.

EL UNIVERSAL revisó la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que se reporta que desde el 1 de enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2025 no hay sanciones contra funcionarios de la Secretaría de Marina Armada de México, de acuerdo con los datos proporcionados por el Órgano Interno de Control de la propia dependencia.

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Las columnas políticas hoy, martes 9 de septiembre de 2025

Templo Mayor/ Reforma+

CON NERVIOSISMO e incertidumbre amanecen tanto el sector industrial como el comercial debido a los aranceles que se prevé incluyó la Secretaría de Hacienda en el Paquete Económico 2026.

MÁS PORQUE el aviso del trancazo tarifario fue hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum. La idea es aumentarle (fuerte) los aranceles a los países con los que México no tiene tratado de libre comercio.

QUIENES saben del tema aseguran que se trata de una medida para castigar, principalmente, la llegada de productos de Asia, sobre todo los de China. El problema es la aplicación de nuevos y más altos aranceles incluiría a países como Corea del Sur y Vietnam.

Y COMO SUCEDE en el caso de los aranceles de Donald Trump, los de Sheinbaum tendrían como primeras víctimas a las empresas mexicanas, que son las que tendrían que pagar dichas tarifas, no los exportadores asiáticos.

DE AHÍ QUE la preocupación local es real y tangible: a la pérdida de mercado en Estados Unidos, ahora se le podría unir un duro aumento en gravámenes, lo que, por si fuera poco, podría poner en riesgo hasta las cadenas de suministros de la planta industrial mexicana.

EN EL RECIENTE ESCÁNDALO de los altos mandos de la Marina envueltos en delitos de huachicoleo fiscal, hay un asunto que no cuadra.

DE ACUERDO con la "exoneración" que hizo la FGR del ex secretario Rafael Ojeda, éste informó desde 2022 al propio Alejandro Gertz Manero sobre supuestas irregularidades de sus subalternos. Lo raro es que en más de dos años y medio, naaadie en el gobierno federal se tomó la molestia de detener un solo barco que iba y venía con millones de litros de huachicol.

ESE TIPO de suspicacias hace que naufraguen las versiones de que almirante Ojeda no cobijó el mal comportamiento de sus sobrinos, hoy perseguidos por la justicia. 

MIENTRAS ALGUNOS en el gobierno de Delfina Gómez buscan poner orden al escabroso tema de las licitaciones, hay otros que siguen convirtiendo aquello en una película de terror administrativo. Ahora la señalada es la contralora Hilda Salazar Gil.

SEGÚN CUENTAN, la contadora ha presionado todos los botones para lograr que una empresa que ya ha sido descalificada ¡dos veces! pueda participar en la megalicitación de medicamentos y equipo médico del ISSEMYM.

TAL INTERÉS, dicen, obedece a su cercana relación con quien ahora funge como cabildero de la empresa: Guillermo Zamacona, quien fuera diputado local priista y funcionario de pasadas administraciones tricolores.

EL EX LEGISLADOR aprovechó la puerta giratoria y se pasó del lado de la empresa que goza de varios contratos millonarios con el gobierno mexiquense. Y quiere también el que ahora está en juego. Por algo dicen que los negocios de medicinas nunca pierden... sólo cambian de padrino.

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Un suicidio muy oportuno

Bajo Reserva/El Universal

En momentos en los que el actual gobierno ha lanzado una batida contra la corrupción en las filas de la Secretaría de Marina para llevar ante la justicia a militares que participaban en redes de robo de combustible, ayer se informó que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, se suicidó en el mismo complejo. El marino fue señalado de presuntamente recibir sobornos relacionados con el contrabando de huachicol fiscal del megadecomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado. Nos hacen ver que de haber sido sometido a la justicia el capitán pudo haber dado datos sobre más operaciones relacionadas con el huachicol y pudo haber entregado a otros militares, sin embargo, eso ya no podrá ser pues, para algunos quizá su suicidio resultó muy oportuno. ¿Se investigará a fondo su muerte?

Los nubarrones de ruptura Verde-Morena

Tras el amago del senador Luis Armando Melgar de que el Partido Verde podría competir solo en varias de las elecciones a gubernaturas en 2027, la dirigencia partidista se apresuró a decir que mantendrá el respaldo a la autollamada Cuarta Transformación y a la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta del Verde, Karen Castrejón, y el coordinador parlamentario en el Senado, Manuel Velasco, reafirmaron la alianza legislativa con Morena, pero nada dijeron de las gubernaturas. Nos comentan que los nubarrones de ruptura —así sea parcial— son ciertos, pues el Partido Verde considera que tiene la fuerza suficiente para ganar estados como San Luis Potosí y Quintana Roo. Sin embargo, nos hacen ver que este amago no puede desligarse del proceso de discusión de la reforma electoral, en la que los partidos Verde y del Trabajo no comparten algunas propuestas, como la eliminación de las candidaturas plurinominales.

Al informe de David Monreal puros cuates

Y a propósito de divisiones, nos hacen ver que una muestra de las que existen en Morena se pudo observar en el cuarto informe del gobernador de Zacatecas, David Monreal. Nos comentan que al acto en la capital zacatecana asistieron solo diputados y senadores identificados con el coordinador de Morena en San Lázaro y hermano del gobernador, Ricardo Monreal Ávila. Quienes brillaron por su ausencia son los identificados con corrientes contrarias al monrealismo, señaladamente la del líder del Senado, Adán Augusto López. Puros cuates, nos dicen, acompañaron a don David en su informe.

Agradece gobernadora a Sheinbaum por concesión de puerto

Nos comentan que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, hizo un reconocimiento y agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum quien entregó al gobierno del estado la concesión del puerto Punta Colonet. Un proyecto que, aseguran, podría incrementar 35 por ciento las exportaciones mexicanas vía el Pacífico y que había sido prometido por gobiernos anteriores desde hace más de 25 años. La gobernadora Ávila destacó que esta concesión logrará consolidar a Baja California como motor económico del norte del país.

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Asesinatos ligados al huachicol envuelven a la Marina/Héctor De Mauleón

El Universal, 

Unas horas después de que se diera a conocer su participación en una red de tráfico de huachicol fiscal operada por altos funcionarios de la Marina, el capitán Jeremías Pérez Ramírez fue hallado sin vida en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. El cuerpo del capitán presentaba un solo disparo en el pecho.

Su nombre acababa de aparecer en la lista de elementos de la Marina que, según la acusación del exdirector de la Aduana de Tampico, el capitán Alejandro Torres Joaquín, recibieron sobornos para permitir la descarga de buques de huachicol en el puerto de Tampico.

Torres Joaquín recibió 100 mil pesos en abril de 2024, enviados por el capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, operador de la red tejida por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda.

Según la información entregada a la Fiscalía General de la República por el exdirector de la Aduana de Tampico, seis buques cargados con millones de litros de combustible ilegal atracaron unas 14 veces en el puerto, bajo la protección de elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México: más de 25 millones de pesos fueron repartidos a personal naval y aduanero por la red de tráfico manejada por los sobrinos del almirante Ojeda. Los pagos para cada funcionario, según Torres Joaquín, eran de entre 100 y 300 mil pesos.

La red no operó únicamente en las aduanas de Tampico y Altamira. Desde agosto de 2022, el entonces secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, solicitó al director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, que investigara una red que operaba también en las aduanas de Baja California y Sonora, estado del que son originarios los hermanos Farías Laguna, sobrinos del almirante Ojeda. En abierta contradicción con el oficio girado por el general Sandoval, el fiscal general Alejandro Gertz afirmó que la red fue denunciada hace dos años. Las operaciones reveladas por el exdirector de la Aduana de Tampico abarcan precisamente el tiempo en que, según su propia afirmación, el fiscal Gertz tuvo conocimiento y comenzó “a investigar” dicha red.

En el oficio enviado a Audomaro Martínez, el secretario de la Defensa señalaba al entonces administrador de Operación Aduanera, Juan Carlos Madero Larios, cuñado de la hoy presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras, la cual fue a ampararse contra una posible orden de aprehensión poco antes de que estallara el escándalo de corrupción en las aduanas de Tamaulipas.

Durante el sexenio de López Obrador fue asesinado el Rey del Huachicol, Sergio Carmona, cuyo hermano controló la aduana de Reynosa e instaló una red de tráfico a gran escala, con cuyas ganancias Carmona financió las campañas de varios gobernadores y presidentes municipales de Morena en 2021 y 2022. Cuando iba a convertirse en testigo protegido del gobierno de Estados Unidos, sicarios con aire militar, según los testigos, lo ejecutaron en San Pedro Garza García, Nuevo León.

No fue la única muerte asociada al tráfico de huachicol en Tamaulipas. A finales de mayo de 2023, y a solo dos semanas de dejar su puesto en el área de Comercio Exterior de la Aduana de Matamoros para asumir el cargo de subdirector de Operación Aduanera en Manzanillo, hombres armados sacaron a Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias del restaurante donde desayunaba. Horas más tarde el funcionario fue encontrado muerto.

Había llegado a Manzanillo para remplazar al capitán de la Marina Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien dejó el cargo por “un acuerdo” al que había llegado con el almirante Rafael Ojeda y con el entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo. Dos días antes de que lo asesinaran, denunció que un directivo de la Aduana de Manzanillo lo había amenazado de muerte.

López Obrador atribuyó su asesinato “a las medidas que se están tomando” para detener el tráfico de fentanilo. En la misma conferencia, AMLO dijo que “la Marina ha hecho un trabajo ejemplar en el control de los puertos marítimos”. El asesinato de Martínez Covarrubias aparece, sin embargo, bajo una nueva luz tras las revelaciones que involucran a marinos, funcionarios y empresarios de Tamaulipas con la red que manejaron los sobrinos del almirante Ojeda y que dejó un quebranto en Pemex por miles de millones de dólares.

Una historia mucho más siniestra salió a la luz en mayo de 2024, cuando un alto funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas, Carlos Narváez Romero, fue asesinado en las cercanías de Polanco, en la ciudad de México.

Narváez Romero era sobrino del entonces director de Pemex, Octavio Romero, y amigo íntimo de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Había trabajado como director de Procedimientos y Evaluación de Aduanas al lado de Horacio Duarte, al que estuvo a punto de sustituir al frente la agencia, y con el propio Rafael Marín Mollinedo. Uno de sus colaboradores fue precisamente Juan Carlos Madero Larios, el cuñado de la hoy presidenta del Tribunal de Justicia.

Narváez renunció intempestivamente en junio de 2023. Marín Mollinedo declaró tras su muerte que Narváez había sido amenazado por las mafias del huachicol. Un sicario lo esperó frente a su edificio y lo asesinó cuando el exfuncionario regresaba de dejar a su hijo en la escuela.

Todas las muertes tienen en común un mismo sitio: la Aduana de Tamaulipas. Todas las muertes conducen a ella. En noviembre pasado, Rubén Guerrero Alcántara, el contralmirante que denunció en una carta la trama de corrupción operada en puertos y aduanas por los sobrinos del almirante Ojeda, fue asesinado en Manzanillo. Solo personal de la Marina conocía el lugar donde iba a vacacionar.

La cloaca apenas comienza a destaparse. López Obrador ya tiene por lo pronto en la Marina, quién iba a decirlo, a su propio García Luna.

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La ONU inventó “34” torturados

El asalto a la razón/Carlos Marín

Milenio. 

Los padres de Los 43 de Ayotzinapa confiaron en que volvería a ser contratado el Grupo Interdisciplinario de “Expertos Independientes” por el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien, por fortuna, hizo suya la desconfianza que terminó por tenerle Andrés Manuel López Obrador y anunció que se buscará el respaldo de la Organización de Naciones Unidas para continuar la insensata búsqueda de una verdad alternativa a la “histórica” de la extinta Procuraduría General de la República.

Ayer aquí recordé que la ONU ya intervino en el caso, pero “reprobó”, y digo por qué:

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con Jan Jarab a la cabeza en México, solo fue capaz de hacer un deficiente informe sobre la supuesta tortura a 34 de los sicarios que agredieron, desaparecieron y ejecutaron a los normalistas, pero lo hizo a partir de conjeturas y manipulación de información.

Esa oficina conoció e intervino desde el principio, pero, simplemente, fracasó: en ninguno de los 34 casos donde presumió “tortura” aplicó un solo Protocolo de Estambul (instrumento que paradójicamente surge en la ONU precisamente para determinar si algún detenido fue martirizado), pero la respetable Comisión Nacional de los Derechos Humanos anterior a Rosario Piedra confirmó solo cinco (detectó en total nueve de 72 presuntos actos de tortura).

En todos los exámenes, la CNDH aplicó el Protocolo de Estambul.

Lo deplorable es que la 4T ha tenido, desde 2018, la recomendación de una CNDH autónoma y reconocida, pero sigue ignorándola, porque tanto el GIEI como la ONU ponen en duda que los 43 desaparecidos fueron asesinados y sus cuerpos quemados hasta la carbonización en el basurero de Cocula y dispersados en el río San Juan.

En el gobierno de López Obrador se hizo un Acuerdo entre la ONU-DH y México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para brindar “asesoría técnica” a la falaz Comisión de la Verdad de Alejandro Encinas, pero igualmente se fracasó.

La mayor expectativa que tenían los padres, alimentada por la propia Sheinbaum, era saber los avances del equipo científico que se conformó en febrero pasado con instituciones federales. Una “nueva metodología”, se les dijo, con la implementación de “herramientas tecnológicas” reiteradamente anunciadas con bombo y platillo que, según la mandataria, serviría para analizar líneas telefónicas como no se había hecho antes.

Según Sheinbaum, con el nuevo fiscal para el caso, Mauricio Pazarán, en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige Omar García Harfuch, se realizarían investigaciones de los análisis que, “desde nuestra perspectiva y la del fiscal, no se habían realizado a profundidad todos estos años”.

Así como con el huachicol fiscal que exhibe la corrupción en la Secretaría de Marina, la Presidenta tiene en la recomendación de la CNDH la oportunidad de reivindicar la verdad verdadera, aun contra los detractores que han estado impidiendo se conozca lo que sucedió hace ya casi once años con Los 43… 

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“Filtran” y desdibujan gran golpe de Marina/Óscar Cedillo

Milenio, 08.09.2025 00:28:00

El golpe que la Secretaría de Marina —en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR— asestó hace unos días contra empresarios, funcionarios públicos y hasta marinos que participaban en el delito del huachicol se venía preparando con mucho cuidado desde hace algunos meses; las investigaciones se iniciaron internamente en la dependencia que comanda el almirante Raymundo Pedro Morales, para después dar parte a los órganos de procuración de justicia.

Sobre los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante en la Armada de México, respectivamente, existían ya investigaciones por presuntos actos de corrupción desde el sexenio pasado.

Se menciona que el “Clan Farías” decidía ascensos y bloqueaba a aquellos marinos que no les eran cercanos. Entre los afectados estuvo el propio hijo del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, quien puso la lupa sobre sus sobrinos políticos. El decomiso reciente de 10 millones de litros de combustible en Tampico vinculó las investigaciones internas a estos hermanos con el delito de huachicol.

El asunto detonó diversas reacciones al interior de la Armada, la mayoría de reconocimiento hacia las acciones del almirante Morales, quien ratifica con este golpe el compromiso que asumió cuando llegó al encargo, para limpiar a su secretaría de cualquier sospecha o indicio de corrupción.

Palabras clave

La filtración adelantada de la información cambió el foco: la atención se centró exclusivamente en los marinos y no en la magnitud del operativo, lo que generó malestar en Presidencia y en las oficinas de Constituyentes, donde se había acordado dar a conocer el caso hasta el lunes, con todo el despliegue político y mediático que ameritaba. La revelación forzó a salir en sábado a dar conferencia de prensa, restando mérito a meses de trabajo de inteligencia. Para algunos en el gobierno, la filtración no fue casual: alguien intentó vacunarse o, de plano, desviar la atención.

Esto cuando la investigación, que contó con el conocimiento y aval de la presidenta Sheinbaum, fue mucho más allá: implicó el decomiso de 10 millones de litros de combustible robado, la captura de empresarios, funcionarios, y el desmantelamiento de una red de corrupción que derivó en uno de los golpes más importantes contra el huachicol fiscal en la historia reciente del país.

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Edgar Amador, el secretario enrachado/Mario Maldonado

 EL UNIVERSAL

Desde que Edgar Amador asumió como secretario de Hacienda el pasado 8 de marzo, la narrativa económica y financiera del gobierno de Claudia Sheinbaum dio un giro técnico y político. Alejado de improvisaciones y cargas ideológicas, Amador ha operado con pragmatismo financiero y control quirúrgico sobre los principales frentes fiscales del país. En solo seis meses, logró estructurar el rescate más ambicioso y discreto que haya tenido Pemex en los últimos siete años, consolidó su propio equipo en algunas de los cargos principales y entregó un Paquete Económico 2026 que, sin ser espectacular, transmite cierta certidumbre.

Hasta ahora la joya de su gestión es Pemex. Con el respaldo político de Sheinbaum, Amador diseñó junto con su equipo un esquema de refinanciamiento fuera del presupuesto: los llamados P-Caps que permitieron la colocación de un vehículo de deuda por 12 mil millones de dólares. Con esos recursos, la petrolera lanzó una oferta de recompra de bonos que cubre vencimientos entre 2026 y 2029 por hasta 9 mil 900 millones de dólares, lo que alivia la presión inmediata sobre las finanzas de la empresa y aleja los fantasmas de un default técnico. Además, se fondeó un fideicomiso de inversión de 250 mil millones de pesos para pagos a proveedores, proyectos prioritarios y oxigenar su deteriorada operación de la empresa.

La respuesta de las calificadoras fue casi inmediato. Fitch elevó la calificación crediticia de Pemex de “B+” a “BB” y mejoró su perfil crediticio independiente. Standard & Poor’s, aunque más cauta, mantuvo la perspectiva estable y reconoció que el nuevo esquema de financiamiento tiene impacto neutral sobre la nota soberana. A diferencia de los rescates anteriores, este no compromete directamente al erario, aunque el pasivo contingente sigue siendo un riesgo. La clave, dicen fuentes de alto nivel en Hacienda, es que se ha ganado tiempo y margen de maniobra. Pemex tiene ya una hoja de ruta para llegar a la autosuficiencia financiera en 2027 y reducir su deuda a cerca de 77 mil millones de dólares hacia el final del sexenio. En una de esas también recupera el grado de inversión.

El golpe de timón no se queda ahí. Amador ha tejido una red institucional con figuras de su entera confianza en los órganos clave del sector financiero. Nombró a Ángel Cabrera, exfuncionario del SAT y técnico con años de experiencia, como presidente de la CNBV. Impulsó a María del Carmen Bonilla, experta en finanzas sostenibles y hasta entonces jefa de la Unidad de Crédito Público, como nueva subsecretaria de Hacienda, cargo que llevaba meses acéfalo. Y logró posicionar a Roberto Lazzeri, su exjefe de oficina y exasesor en el gobierno capitalino, como directivo clave en Nafin-Bancomext. A diferencia de otros secretarios de Hacienda, Amador no se rodeó de políticos ni improvisados: prefirió gente con perfil técnico y visión de largo plazo.

Con ese mismo enfoque entregó –muy noche, por un retraso técnico– el Paquete Económico 2026, el cual al cierre de esta columna aún no se conocía. Se sabe, sin embargo, que no incluye una reforma fiscal, pero sí ajustes quirúrgicos en deducciones, evasión y gasto corriente. No se descarta tampoco que los diputados incluyan un aumento al IEPS a bebidas azucaradas. Se eliminará la deducción de aportaciones al IPAB que beneficiaba a la banca privada, lo que generará más de 10 mil millones de pesos adicionales. También se prevé una mejora en la recaudación aduanera, gracias a la digitalización impulsada por el Infotec y las nuevas reglas de importación energética.

En cuanto a los grandes números, el marco macroeconómico mantendrá un tono moderadamente optimista: crecimiento entre 1.5 y 2.5%; inflación proyectada en 3.5%; tipo de cambio promedio de 19.70 pesos por dólar; y producción petrolera en 1.8 millones de barriles diarios. El presupuesto, por su parte, será austero en términos reales. El gasto programable apenas crecerá respecto a 2025 (6.45 billones de pesos), pero se priorizará lo social —pensiones, becas, subsidios— y se reducirá el déficit hacia el 3% del PIB, luego de haber alcanzado niveles cercanos al 5% este año.

La buena racha de Amador puede explicarse por técnica, pero también por algo de política. Mientras otros secretarios han tenido que lidiar con tensiones internas, él opera con línea directa con Sheinbaum y sin distractores partidistas. Sus críticos lo podrían acusar de tecnócrata; y sus defensores de ser pragmático y apostar al mediano y largo plazos. Lo cierto es que, por ahora, ha logrado estabilizar Pemex, mejorar las calificaciones y perspectivas financieras de la empresa y de México, y está a prueba con su Primer Paquete Económico.

Posdata 1

La tormenta que atraviesa la Secretaría de Marina no se explica únicamente por el escándalo del huachicol fiscal y la reciente detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. En realidad, los nubarrones sobre la dependencia vienen de tiempo atrás y cruzan sexenios. Una investigación de EL CEO publicada en enero de 2025 reveló cómo, entre 2019 y 2024, cuando la institución estuvo bajo el mando del almirante Rafael Ojeda, la Marina adjudicó contratos multimillonarios —al menos 478 millones de pesos— a “empresarios” improvisados, sin experiencia ni infraestructura, que después desaparecían del mapa. Uno de los casos más absurdos fue el de 2021, cuando Daniel Gómez Churón, dueño de un local de chiles en la Ciudad de México, obtuvo contratos por 68 millones de pesos.

Estos hallazgos confirman que los negocios turbios dentro de la Marina no fueron patrimonio exclusivo del sexenio pasado. El patrón continuó incluso tras la llegada en octubre de 2024 del nuevo titular, el almirante Raymundo Morales, quien heredó una dependencia ya señalada y que, lejos de limpiar su imagen, ahora enfrenta la crisis más severa de su historia reciente. El operativo de marzo de 2025, cuando se decomisó un buque con 10 millones de litros de diésel en Tampico, fue la chispa que encendió la investigación que culminó el 7 de septiembre de 2025 con la detención de 14 personas, entre ellas seis marinos en activo y retirados, y el propio vicealmirante Farías Laguna.

La tragedia más reciente llegó este lunes, cuando el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, responsable de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira, se suicidó en su oficina tras ser señalado por recibir un soborno de 100 mil pesos para permitir la descarga de un buque con “huachicol” en abril de 2024.

Posdata 2

El caso Ingemar se ha convertido en una bomba legal de largo alcance. La empresa, dedicada a importar combustibles desde Texas, está bajo investigación por haber traficado más de 24 millones de litros de gasolina y diésel mediante pedimentos falsos, facturas apócrifas y bitácoras adulteradas, declarando residuos o aditivos para evadir impuestos. Lo más grave es que todo esto se hizo con permisos vigentes otorgados por la Secretaría de Energía, mientras la red operaba vía carrotanques llenos que solo declaraban el 8% de su capacidad. La punta del iceberg fue el decomiso de más de 15 millones de litros en Coahuila en julio pasado.

Según fuentes con acceso a la investigación, la FGR, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría de Seguridad han reunido documentación sólida, como pedimentos alterados, imágenes de rayos X de los ferrotanques, discrepancias fiscales y rutas que evidencian el modus operandi. Se documentó que la empresa texana Belar Fuels Company, usada como fachada para justificar los embarques, no tiene operaciones verificables en Estados Unidos, mientras que la mexicana Ingemar, sin infraestructura propia, tenía autorización para importar casi 500 millones de litros.

Todo esto pone en la mira a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien figura como socio mayoritario de Ingemar desde 2021. Según actas notariales y testimonios de antiguos socios, Ruffo habría tomado control de la empresa en una asamblea cerrada, tras desplazar a los fundadores. Ahora su nombre aparece en la lista de más de 200 órdenes de aprehensión que la FGR empezó a solicitar desde el 1 de agosto.

Si el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere enviar un mensaje de que también van por políticos y exfuncionarios de la oposición este podría ser el caso emblema: el de un exgobernador panista envuelto en una red de contrabando fiscal de combustible.

Posdata 3

La integración del nuevo pleno de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones empieza a mostrar los hilos políticos y personales que mueven al sector. No es casual que en la lista aparezca Álvaro Guzmán, quien además de su trayectoria en competencia económica está casado con Elizabeth Sosa Hernández, recién nombrada directora de Promptel, empresa estatal que, paradójicamente, será regulada por la CRT. Un matrimonio entre regulador y regulado que despierta sospechas sobre conflictos de interés en una industria tan delicada como la de las telecomunicaciones.

Tampoco hay que perder de vista el asiento marcado como “TBD”, que en realidad responde a un recomendado directo de Javier Corral. Se trata de la pieza que el exgobernador y exsenador busca colocar para extender su influencia dentro del órgano. Se habla de nombres como el de Beatriz Solís Leree, con amplio historial en temas de medios y comunicación, o de alguien cercano que le permita a Corral cobrar facturas pendientes y mantener control político sobre un regulador que debería ser independiente.

A Guzmán y al propio Corral se suman Jorge Pérez, de perfil jurídico; Norma Solano, con experiencia en regulación; y Tania Villa, vinculada al sector digital y de consultoría. Todos juntos inauguran la nueva CRT con un perfil híbrido de técnicos y operadores políticos, y con el lastre de llegar señalados por posibles conflictos de interés y deudas políticas.

@MarioMal

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Juniors del huachicol: los sobrinos del almirante y el hijo del gobernador/Carlos Loret de Mola

El Universal

Hay dos líneas que unen al sobrino del exsecretario de Marina de AMLO, a quien el actual gobierno le giró una orden de aprehensión por huachicol fiscal, con el hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, primer secretario de Seguridad de López Obrador y presidente del Consejo Nacional de Morena.

La primera línea es la tierra: Fernando Farías Laguna, sobrino del almirante exsecretario Rafael Ojeda, y Alfonso Durazo Chávez, el hijo del gobernador, son de Sonora.

La segunda línea son los negocios. Los dos juniors comparten socio, en sendos proyectos inmobiliarios. El socio es uno los ganaderos exportadores más grandes del país, el también sonorense Ramón Ángel Castillo Vásquez, quien ha apoyado abiertamente a Durazo.

La empresa que une a Durazo junior y a Castillo Vásquez se constituyó justo cuando Durazo papá y el tío secretario de Marina integraban el gabinete de Seguridad y se veían todos los días a las seis de la mañana en Palacio Nacional junto a López Obrador. En esa empresa aparecen como socios otros dos integrantes del gabinete estatal de Durazo. La empresa que une a Farías Laguna y a Castillo Vásquez apareció en el radar en septiembre del 2024, en la recta final del gobierno de AMLO.

El régimen de la presidenta Sheinbaum ha hecho un esfuerzo notable por exonerar al almirante Ojeda y al expresidente López Obrador. La línea de tiempo no les ayuda:

2020. López Obrador anuncia en la mañanera que, ante las denuncias de corrupción y huachicol, le entrega el control aduanero al secretario de Marina, Rafael Ojeda.

2022. En estas páginas denuncié que los sobrinos de Ojeda están haciendo negocios sucios con el huachicol. La respuesta del régimen es furiosa con sus descalificaciones de siempre: ¡es un montaje! El secretario de Marina no pide una investigación contra sus sobrinos (como mañosamente han dicho en el gobierno actual), sino que emprende una cacería de brujas dentro de la dependencia para tratar de averiguar quién está “filtrando” la información.

2018-2024. A lo largo del sexenio de AMLO, los hermanos Farías Laguna (Fernando y Roberto) tuvieron una carrera meteórica en la Marina que comandaba su tío: les dieron ascenso tras ascenso.

2025. Un buque con 10 millones de litros de diésel huachicoleado destapa la cloaca: Roberto está detenido y Fernando está prófugo (hay orden de aprehensión en su contra). El actual gobierno acusa que están implicados en huachicol fiscal.

Saciamorbos

¿Y las comidas de Bobby, Amílcar y los sobrinos que les operaban todo en la Marina? ¿Qué le dará tanta tranquilidad al tío, que este fin de semana mientras ardía la Marina, estaba jugando golf plácidamente en el Club Campestre de la Ciudad de México?

historiasreportero@gmail.com

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Estrictamente Personal

Un año de guerra en Culiacán/ Raymundo Riva Palacio

El Financiero, septiembre 09, 2025 | 

A un año de haber comenzado la guerra en Culiacán por la implosión del Cártel de Sinaloa, la pregunta que sigue haciendo el gobierno de México a Estados Unidos es cómo fue la captura de Ismael El Mayo Zambada, el líder histórico de esa organización criminal, el 26 de julio del año pasado. La última petición sobre los detalles de lo que sucedió fue el miércoles, durante la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario de Estado, Marco Rubio. El canciller estadounidense le dijo que no era posible darle la información por el riesgo de filtraciones a los criminales de su gobierno.

Pese a que Rubio reconoció públicamente que “jamás” había existido una colaboración tan amplia de un gobierno mexicano con el suyo, siguen existiendo desconfianzas y reticencias a que la información de inteligencia fluya. Varios altos funcionarios han sido enviados a Estados Unidos para someterse a exámenes de confianza –un doble vetting–, pero ni así se han restablecido los canales de intercambio de inteligencia amplia. La presidenta tuvo que asumir el descolón del secretario de Estado.

Sheinbaum arrastra la desconfianza que tienen los estadounidenses en López Obrador, que expuso Rubio al reconocer el cambio de estrategia con respecto del concepto obradorista de abrazos y no balazos que, aseguró, abrió la puerta para que los cárteles se apropiaran de territorios en todo el país, fraseando la imputación sin los matices que ha empleado en público, limitándolo a la zona fronteriza. Por lo que ha trascendido, tampoco en este señalamiento hubo una respuesta presidencial.

Si bien Sheinbaum no tuvo una actitud ladina como la que tomaba López Obrador cuando hablaba con los emisarios de Washington, fue cuidadosa aunque enérgica en algunos temas. Es lo que sucedió, de acuerdo con lo que ha trascendido, con el caso de Zambada y la guerra en Culiacán, de la que López Obrador y Sheinbaum culpan al gobierno de Joe Biden, porque la captura de Zambada, argumentan, propició la violencia que se vive. Esas declaraciones, sin embargo, son el reconocimiento tácito de que Sinaloa vivía la pax narca, al ubicar a Zambada como factor de estabilidad y gobernabilidad.

Ni López Obrador ni Sheinbaum lo han fraseado de esa manera, pero eso es lo que admiten. Permite entender –no justificar– por qué López Obrador no actuó contra el Cártel de Sinaloa, pero lo que todavía no se alcanza a comprender es por qué el gobierno de Sheinbaum, que está combatiendo a las dos facciones en las que se dividió el Cártel de Sinaloa, no ha podido contener la violencia. Extrañamente, ninguno de los dos pidió al gobierno de Estados Unidos información sobre cómo se dio la captura de Joaquín, hijo de El Chapo Guzmán, que cayó en el mismo operativo de julio, aparentemente porque la versión oficial en Washington de que engañó a Zambada y se lo llevó a Estados Unidos, no es creíble en Palacio Nacional.

La guerra en Culiacán estalló el 9 de septiembre, hoy hace un año, casi un mes después de que Zambada publicó una carta en la plataforma X –que no pudo haber salido de la cárcel de Brooklyn sin autorización de los fiscales–, en la que ratificó la acusación contra su ahijado Joaquín Guzmán López, por haberlo engañado para ir a una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya y el diputado federal Héctor Melesio Cuén (que fue asesinado en el lugar de la reunión), para solucionar un enfrentamiento por la rectoría de la Universidad de Sinaloa, como mediador de las partes.

La operación fue planeada y ejecutada por el FBI y un comando del Departamento de Seguridad Nacional, y se hizo a espaldas del gobierno de López Obrador, porque, dijeron funcionarios estadounidenses, temían que hubiera una filtración y alertara a Zambada de que iban a detenerlo y llevarlo a Estados Unidos. Nueva información de las investigaciones de las agencias de inteligencia de ese país sobre el Cártel de Sinaloa y los presuntos nexos del expresidente y su entorno con la organización señalan que la captura de Zambada se dio como consecuencia de “una traición del pacto criminal” vigente entre el gobierno y la organización.

Según las investigaciones estadounidenses, El Mayo Zambada “sabía” que López Obrador estaba traicionándolo con Los Chapitos, a quienes en los meses previos buscó cuidar de la embestida de la administración Biden por el tráfico de fentanilo ilegal, enviándoles mensajes de que “las cosas” con Estados Unidos “estaban muy calientes” y era mejor que dejaran de producir fentanilo.

Días después, a principios de mayo de 2023, sin ningún contexto público, Los Chapitos enviaron una carta a la periodista Azucena Uresti, donde afirmaron que “jamás hemos producido, maquilado o comercializado fentanilo ni ninguno de sus derivados”, como los acusaba el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y se decían “víctimas de una persecución” donde los habían convertido en “chivos expiatorios”.

Las investigaciones estadounidenses agregan que Los Chapitos habían detectado que en Palacio Nacional los iban a traicionar, aparentemente buscando deslindarse el expresidente y dos altos funcionarios tabasqueños cercanos a él, por lo que buscaron una salida con el gobierno de Biden. La facción de Los Chapitos se fracturó y hasta ahora sólo Ovidio y Joaquín llegaron a acuerdos con los fiscales de Trump.

Otra persona involucrada en la captura y el asesinato de Cuén, que desde un principio comenzó a colaborar con los estadounidenses, es el gobernador Rocha Moya, de quien hay datos en el gobierno mexicano de que tanto él como el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, son informantes de las autoridades en ese país. Los gobernadores han negado tener cualquier vínculo en ese sentido.

La guerra en Culiacán suma más de mil 800 personas asesinadas hasta agosto pasado, un incremento de 265% con respecto del mismo periodo entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. Ciertamente, existe una correlación directa entre la caída de El Mayo Zambada y la espiral de violencia, que no le dan la razón a López Obrador o a Sheinbaum, porque la gobernabilidad no la proporcionan los narcotraficantes sino el Estado mexicano, que sigue en entredicho por las oscuras relaciones de López Obrador y sus cercanos con el Cártel de Sinaloa.

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¿Suicidio?/Manuel J. Jáuregui 

REFORMA

Ahora resulta que uno de los marinos que recibían moches por cada huachi-buque que entraba al puerto de Altamira "se suicidó" en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de esa ciudad.

El supuesto suicidado se llamaba Capitán Abraham Jeremías Pérez y, según esto, tomó la fatídica decisión ayer tras revelarse este fin de semana la detención el 2 de septiembre de poco más de una decena de involucrados en el delito de defraudación fiscal.

Con este "suicidio" son ya TRES los muertos relacionados con este caso de huachicol, siendo los otros -que fueron EJECUTADOS- el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero, quien tuvo el valor de denunciar a los hermanos Vicealmirante y Contraalmirante Farías a causa del fraude huachicolero por la vía marítima del que se les imputa responsabilidad TANTO EN ALTAMIRA COMO EN MATAMOROS, y Magaly Janet Nava Ramos, Auxiliar "B" en la Delegación de la FGR en Colima.

Resulta sumamente sospechoso este "suicidio" del marino Pérez, sobre todo que fue precedido por los asesinatos del Contralmirante Guerrero y de Nava, ambos en MANZANILLO.

El suicidado -si es que eso fue- pudo haber sido un testigo muy importante en la investigación que presuntamente lleva la FGR, que tardó seis meses en actuar contundentemente en este caso que reventaron los NORTEAMERICANOS deteniendo y acusando a toda una familia gringa por ser copartícipes en este cuantioso fraude.

El hecho de que el delator de los hermanos Farías fue asesinado indica que, al estilo de la mafia, lo silenciaron para impedir profundizar en la denuncia. Nava, a su vez, fue ejecutada poco antes cuando dos hombres en motocicleta la mataron en su auto. La FGR relaciona los dos asesinatos.

Este "suicidio" resulta muy conveniente para el encubrimiento respecto a quién, o quiénes, están atrás de esta operación en gran escala.

El hecho de que haya tomado la puerta falsa del suicidio puede indicar dos cosas: o lo callaron para que no delatara a personajes importantes, o él mismo tenía tanto miedo a los artífices de esta megamillonaria defraudación que tuvo más miedo a enfrentarlos que a la muerte.

Llama la atención que, en este caso, como en otros que han revelado turbiedades en la 4T, SURJA la Presidenta como DEFENSORA DE OFICIO, cayendo las explicaciones de su Gobierno en contradicciones.

Sinaloa está en llamas, pero su Gobernador -dicho por "El Mayo", que era su AMIGO- recibe todo el respaldo y la defensa de la Presidenta.

Los grandes huachicoleros de la Marina eran sobrinos del anterior Secretario de la Marina, Rafael Ojeda, pero, dicho por Gertz, Ojeda los había denunciado hace dos años.

O sea, en la era del Mesías Macuspano.

No explican, sin embargo, cómo es que siendo su JEFE, Ojeda no separó del cargo a sus sobrinos o no los sometió a una indagatoria y JUICIO, ya que desde el 2024 están huachicoleando buques en Altamira.

¿Quieren que la opinión pública se trague la versión de que el mero mero Secretario de la Marina denuncia un gravísimo delito bajo SU MANDO, pero no hace nada sobre sus SUBALTERNOS?

Por sacarle las castañas del fuego a su antecesor, la Presidenta se atraviesa de más y luego cuando salgan otras cosas EN MÉXICO o en Estados Unidos va a resultar que ella defendió, con todo y el prestigio presidencial y personal, a gente involucrada en graves delitos.

O huachicoleros o protectores de narcos, o AMBAS COSAS a la vez.

Seguramente, siendo una mujer lista e instruida, la Presidenta entiende que más importante que su partido y su padrino, está la buena marcha del buque llamado MÉXICO.

Y que éste no puede navegar seguro con una espesa niebla creada por un banco de CORRUPCIÓN muy caona.

Lo único que logran estos solícitos defensores con expresiones como "son unos cuantos y no la institución", es fortalecer la sospecha de que el Gobierno mexicano fue obligado a actuar por el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y que no hacen esta LIMPIA por convencimiento propio, sino para evitar que los vecinos saquen más mugre respecto a prominentes figuras de la 4T involucradas, que a cambio de fuertes donativos en dólares para sus campañas ofrecieron protección al Cártel de Sinaloa, entre otros.

La TARDANZA -igualmente defendida a ultranza- de seis meses en dar con los responsables del huachicol fiscal marítimo tiende a fortalecer la versión de que la operación huachicol, buques y 129 tanques ferroviarios no vino de nuestras autoridades, sino que tras ser evidenciada por EU, obligó a nuestro Gobierno a actuar forzosamente y ahora se esfuerza por CONTENER el daño a la reputación del antecesor y su Administración.

Es decir, buscan contener o reducir el caso al menor número de personas posible y, al mismo tiempo, A PRIORI poner a salvo a gente que no atendió las denuncias del pobre Contralmirante Guerrero asesinado en Manzanillo, o ya sabía de las maniobras, pero de alguna manera escogió encubrir, por miedo o por órdenes aún más superiores.

Quiera la Guadalupana que algún día se sepa la verdad, pues aquí lo que tenemos es sólo la punta del iceberg del huachicol fiscal en México.