Algunas reacciones sobre la nueva dirección de Derechos Humanos en la SEDENA
Demandan diputados eficacia a la Sedena
Reconocen creación de nueva dirección, pero advierten riesgo de que sea 'maquillaje
Demandan diputados eficacia a la Sedena
Reconocen creación de nueva dirección, pero advierten riesgo de que sea 'maquillaje
Nota de Claudia Salazar en Reforma, 4 de enero de 2008.-
Diputados del PAN, PRI y PRD reconocieron como un avance la creación de una dirección de Derechos Humanos en la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, demandaron que la nueva unidad dé resultados creíbles a la ciudadanía respecto de la actuación de las fuerzas armadas.
La diputada Omeheira López Reyna, del PAN, dijo que la dirección de reciente creación debe dar resultados con respecto a los abusos cometidos por elementos del Ejército. "Uno de los avances es que ya tenga su propia dirección. Ahora hay que verificar que las investigaciones que estén haciendo dentro de la propia dirección sean satisfactorias hacia la ciudadanía, y sobre todo a los abusos que se cometan por parte del Ejército", indicó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja.
López Reyna señaló que si bien dicha instancia puede ser vista como como juez y parte en casos de violación de garantías, el hecho de que se haya creado ya es un avance. Consideró que la oficina le va a permitir a la Sedena medir bien su actuación, especialmente en las acciones que se lleven a cabo contra el crimen organizado.
(En tanto) La perredista Aleida Alavez indicó que la Sedena tendrá que demostrar que no es una medida de "maquillaje" al problema de abusos contra la población civil por parte del Ejército, debido al aumento de operativos contra el crimen organizado. "Esperamos que no sea una medida de maquillaje ante la necesidad de que se velen estas circunstancias que se están dando en el Ejército, porque no se han atendido observaciones que vienen de fuera", dijo. Consideró que tendría una mayor independencia un órgano externo al Ejército, aunque por lo pronto la nueva dirección es un avance y un reconocimiento a un problema.
(a su vez) El priista Samuel Aguilar indicó que la creación de esa área en la Sedena es parte de un proceso de transformación de las fuerzas armadas, que aunque lento, es positivo. "Si la dirección no cumple con las expectativas, seguirá existiendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos", dijo.
Adolfo Mota, también diputado del PRI, dijo que debe de celebrarse la actitud del Ejército de darse a sí mismo una dirección que esté vigilante constantemente de la conducta de los militares en todo el País y del no quebrantamiento de los derechos humanos. "Decisiones como ésta vienen a fortalecer la institución del Ejército mexicano y a dar certeza a la misma", apuntó.
Descartan activistas avances
Nota de Benito Jiménez en Reforma, 4 de enero de 2008.
Nota de Benito Jiménez en Reforma, 4 de enero de 2008.
Defensores de derechos humanos advirtieron que la nueva oficina en materia de derechos humanos del Ejército será sólo un blindaje de las acciones militares. El General en retiro José Francisco Gallardo y el director de la Liga Mexicana para los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, consideraron que la Dirección General de Derechos Humanos de la Defensa Nacional no irá al fondo en los temas donde los militares han cometido violaciones a las garantías individuales.
Para los activistas, es necesario un Ombusdman militar para garantizar la aplicación de los derechos humanos en el Ejército. Dicha propuesta le costó a Gallardo 8 años de cárcel. El General fue detenido en 1993 por insistir en esa tesis. En entrevista, advirtió que esta dirección sólo pretende proteger a los militares que cometan una violación a los derechos humanos. "Esta dirección es un blindaje para proteger al personal militar que violente los derechos humanos. Es un órgano protector para todo el aparato militar. "Es lógica la creación de esa dirección ante las protestas sociales que se avecinan, es un órgano protector para militares. En esa dirección, las organizaciones civiles de derechos humanos quedaron fuera", opinó.
Para Gallardo, el Ejército no va a ceder en sus prerrogativas y a toda costa va a impedir que se juzguen los hechos de violaciones a los derechos humanos, porque el principal responsable es el Alto Mando Militar. "No les conviene que se profundice en las investigaciones", consideró el autor de la tesis de doctorado en Administración Pública por la UNAM, "Ejército y Sociedad en México; reforma de las Fuerzas Armadas".
El activista Adrián Ramírez indicó que la nueva oficina del Ejército debe responder a diversos temas pendientes como el caso Gallardo (que ha ganado varios amparos por la vía civil y el Ejército no le ha restituido sus garantías); la masacre del Charco, en Chiapas; la violación a varias mujeres en Castaños, Coahuila; y revisar la muerte de la anciana Ernestina Ascencio."Estas áreas se crean simplemente como para dar contestación a los reclamos de organismos nacionales o internacionales, pero no llegan al fondo del asunto y no tienen una acción transformadora en el seno de la institución", indicó.Consideró que para garantizar que el Ejército no viole los derechos humanos, también debe evitar que sus tropas se dediquen a tareas de seguridad pública. "Por más loable que puedan parecer los retenes y las acciones de combate al narcotráfico, el Ejército atrofia sus funciones en detrimento de las funciones civiles. Si la Policía está mal preparada o equipada lo que hay que hacer es darle los recursos, pero no darle más atributos de Policía al Ejército", opinó.
Opinión:
El Ejército y los derechos humanos/Jorge Luis Sierra
Publicado en El Universal, 4/01/2007;
La creación reciente de la nueva Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional es un reconocimiento tácito de que los militares, ocupados en mantener la seguridad pública, están paradójicamente bajo el riesgo constante de violar las garantías individuales y los derechos humanos de los mexicanos.
El problema nace desde que el Presidente, que a su vez es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ha ordenado a los militares a concentrar su energía en el control de las ciudades y regiones del país donde operan las principales bandas de narcotraficantes, los núcleos más fuertes de la insurgencia armada y, al mismo tiempo, trabajan los grupos e instituciones locales de protección de los derechos humanos.
Al igual que otras fuerzas armadas volcadas al combate contra amenazas irregulares, los efectivos del Ejército mexicano y la Armada de México tienen que enfrentar a grupos irregulares, difíciles de identificar, camuflados a veces entre la población civil o vestidos con el uniforme de cuerpos de policías o militares. Los soldados deben ahora desplegarse en campos de batalla con límites difusos, indefinidos, sin tener parámetros exactos para saber cuándo se ha alcanzado ya una victoria militar.
Pero esta dificultad para definir los campos de batalla e identificar al enemigo no justifican, bajo ninguna circunstancia, los abusos que los soldados han cometido en contra de habitantes de las poblaciones saturadas por efectivos militares.
Eso es lo que los grupos de derechos humanos han alegado en los casos más recientes de presuntos abusos de efectivos militares contra la población civil ocurridos en 2007. Así sucedió con la muerte de la indígena Ernestina Ascencio, en la sierra de Zongolica, Veracruz, en febrero; la matanza de dos mujeres y tres menores integrantes de una familia que atravesaba un retén militar en el municipio de Santiago de Leyva, Sinaloa, en junio; así como el asesinato de tres civiles y la detención, secuestro y tortura de por lo menos 21 personas en el municipio de Jaumave, Tamalipas, en octubre.
Cada caso conocido de abusos cometidos por soldados parece obstaculizar los intentos de las Fuerzas Armadas para crear y conservar la imagen de instituciones profesionales que respetan de los derechos humanos, una imagen que fue dañada severamente después de la masacre estudiantil de 1968 y la participación de los militares en el periodo conocido como la guerra sucia.
La lista de casos graves de abuso cometido por soldados contra la población civil ha crecido inexorablemente desde que los grupos tanto gubernamentales como no gubernamentales de derechos humanos, nacionales e internacionales, mantienen una actitud crítica y tenaz contra los militares violadores de derechos humanos.
En esa lista pueden ubicarse otros casos relevantes como el del Llano de la Víbora en Tlalixcoyan, Veracruz, donde una partida de soldados rodeó y ejecutó a un grupo de agentes de la Policía Judicial Federal en 1991; la ejecución extrajudicial de milicianos zapatistas en el mercado de Ocosingo y el Ejido Morelia durante las hostilidades armadas en Chiapas de 1994 y la masacre de 11 campesinos y presuntos rebeldes en la comunidad guerrerense de El Charco, en la sierra de Guerrero, en 1998.
Parte de las condiciones que han posibilitado este patrón de violaciones a los derechos humanos cometidos durante las operaciones militares es el hecho de que el modelo militarizado de seguridad pública ha llevado al Ejército a integrar las operaciones antinarcóticos con la contrainsurgencia, la lucha contra la delincuencia organizada y las actividades de inteligencia militar para monitorear la actividad de sacerdotes, organizaciones ecologistas y organismos no gubernamentales de derechos humanos.
Esto quedó expuesto con mucha claridad en un documento titulado Orden General de Operaciones FTA 2000 del 33 Batallón de Infantería del Ejército, fechado el 21 de febrero de 2000, que la Secretaría de la Defensa Nacional ofreció como evidencia en un juicio interpuesto por el Comité de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos en Chihuahua contra efectivos militares presuntamente vinculados con violaciones a los derechos humanos.
La orden establece que “los comandantes de agrupamiento adoptarán las medidas necesarias a fin de recabar información sobre la existencia de grupos armados, actividades subversivas, presencia injustificada de extranjeros, organizaciones, proselitismo de sacerdotes o líderes de sectas religiosas, grupos ecologistas, propaganda política, presencia y actividades de bandas de delincuentes, debiendo dar parte a este CG 5/a ZM (cuartel general de la Quinta Zona Militar) los día sábado de cada semana”.
La divulgación judicial de este documento ofreció una evidencia sobre la vigilancia militar hacia los organismos no gubernamentales de derechos humanos que actúan en zonas donde predomina el narcotráfico u opera la insurgencia.
La creación de la nueva Dirección General de Derechos Humanos en el Ejército podría ser una oportunidad para que los militares consideren a los organismos de derechos humanos como interlocutores válidos y no sólo como grupos que sólo persiguen el desprestigio militar.
Al mismo tiempo, también podría ser la ocasión de elaborar una nueva doctrina militar que aleje a los soldados de la posibilidad de confundir al enemigo y afectar la seguridad de la población civil. ¿Sería eso mucho pedir? En realidad no. Apenas sería el paso serio para prevenir la violación de derechos humanos.
jlsierra@hotmail.com
El problema nace desde que el Presidente, que a su vez es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ha ordenado a los militares a concentrar su energía en el control de las ciudades y regiones del país donde operan las principales bandas de narcotraficantes, los núcleos más fuertes de la insurgencia armada y, al mismo tiempo, trabajan los grupos e instituciones locales de protección de los derechos humanos.
Al igual que otras fuerzas armadas volcadas al combate contra amenazas irregulares, los efectivos del Ejército mexicano y la Armada de México tienen que enfrentar a grupos irregulares, difíciles de identificar, camuflados a veces entre la población civil o vestidos con el uniforme de cuerpos de policías o militares. Los soldados deben ahora desplegarse en campos de batalla con límites difusos, indefinidos, sin tener parámetros exactos para saber cuándo se ha alcanzado ya una victoria militar.
Pero esta dificultad para definir los campos de batalla e identificar al enemigo no justifican, bajo ninguna circunstancia, los abusos que los soldados han cometido en contra de habitantes de las poblaciones saturadas por efectivos militares.
Eso es lo que los grupos de derechos humanos han alegado en los casos más recientes de presuntos abusos de efectivos militares contra la población civil ocurridos en 2007. Así sucedió con la muerte de la indígena Ernestina Ascencio, en la sierra de Zongolica, Veracruz, en febrero; la matanza de dos mujeres y tres menores integrantes de una familia que atravesaba un retén militar en el municipio de Santiago de Leyva, Sinaloa, en junio; así como el asesinato de tres civiles y la detención, secuestro y tortura de por lo menos 21 personas en el municipio de Jaumave, Tamalipas, en octubre.
Cada caso conocido de abusos cometidos por soldados parece obstaculizar los intentos de las Fuerzas Armadas para crear y conservar la imagen de instituciones profesionales que respetan de los derechos humanos, una imagen que fue dañada severamente después de la masacre estudiantil de 1968 y la participación de los militares en el periodo conocido como la guerra sucia.
La lista de casos graves de abuso cometido por soldados contra la población civil ha crecido inexorablemente desde que los grupos tanto gubernamentales como no gubernamentales de derechos humanos, nacionales e internacionales, mantienen una actitud crítica y tenaz contra los militares violadores de derechos humanos.
En esa lista pueden ubicarse otros casos relevantes como el del Llano de la Víbora en Tlalixcoyan, Veracruz, donde una partida de soldados rodeó y ejecutó a un grupo de agentes de la Policía Judicial Federal en 1991; la ejecución extrajudicial de milicianos zapatistas en el mercado de Ocosingo y el Ejido Morelia durante las hostilidades armadas en Chiapas de 1994 y la masacre de 11 campesinos y presuntos rebeldes en la comunidad guerrerense de El Charco, en la sierra de Guerrero, en 1998.
Parte de las condiciones que han posibilitado este patrón de violaciones a los derechos humanos cometidos durante las operaciones militares es el hecho de que el modelo militarizado de seguridad pública ha llevado al Ejército a integrar las operaciones antinarcóticos con la contrainsurgencia, la lucha contra la delincuencia organizada y las actividades de inteligencia militar para monitorear la actividad de sacerdotes, organizaciones ecologistas y organismos no gubernamentales de derechos humanos.
Esto quedó expuesto con mucha claridad en un documento titulado Orden General de Operaciones FTA 2000 del 33 Batallón de Infantería del Ejército, fechado el 21 de febrero de 2000, que la Secretaría de la Defensa Nacional ofreció como evidencia en un juicio interpuesto por el Comité de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos en Chihuahua contra efectivos militares presuntamente vinculados con violaciones a los derechos humanos.
La orden establece que “los comandantes de agrupamiento adoptarán las medidas necesarias a fin de recabar información sobre la existencia de grupos armados, actividades subversivas, presencia injustificada de extranjeros, organizaciones, proselitismo de sacerdotes o líderes de sectas religiosas, grupos ecologistas, propaganda política, presencia y actividades de bandas de delincuentes, debiendo dar parte a este CG 5/a ZM (cuartel general de la Quinta Zona Militar) los día sábado de cada semana”.
La divulgación judicial de este documento ofreció una evidencia sobre la vigilancia militar hacia los organismos no gubernamentales de derechos humanos que actúan en zonas donde predomina el narcotráfico u opera la insurgencia.
La creación de la nueva Dirección General de Derechos Humanos en el Ejército podría ser una oportunidad para que los militares consideren a los organismos de derechos humanos como interlocutores válidos y no sólo como grupos que sólo persiguen el desprestigio militar.
Al mismo tiempo, también podría ser la ocasión de elaborar una nueva doctrina militar que aleje a los soldados de la posibilidad de confundir al enemigo y afectar la seguridad de la población civil. ¿Sería eso mucho pedir? En realidad no. Apenas sería el paso serio para prevenir la violación de derechos humanos.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas
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