Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 9 de septiembre de 2008
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez..
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en esta sesión se llevará a cabo el análisis del II Informe de Gobierno en materia de política interior.
Para dar cumplimiento al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, el análisis del informe se realizará en tres rondas. Para dar cumplimiento al punto segundo del acuerdo, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda los siguientes diputados:
Por Alternativa, diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés; por Nueva Alianza, diputado Ariel Castillo Nájera; por el Partido del Trabajo, diputado Joaquín Humberto Vela González; por el Partido Verde Ecologista de México se ha inscrito el diputado Antonio Xavier López Adame; por el Partido de Convergencia, la diputada Layda Elena Sansores San Román; por el Partido Revolucionario Institucional se ha inscrito al diputado Arnoldo Ochoa González; por el Partido de la Revolución Democrática se ha inscrito el diputado Raymundo Cárdenas Hernández; y por el Partido Acción Nacional, el diputado Juan José Rodríguez Prats.
Para dar cumplimiento al punto segundo del acuerdo de los grupos parlamentarios, se ha inscrito a estos diputados y se otorga el uso de la palabra al diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés.
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en dos años de ejercicio esta administración ha demostrado más claramente sus debilidades que sus fortalezas.
La política interna es una de ellas. El primer año, la política interna básicamente se caracterizó por su opacidad y mediocridad, por ello fue un buen signo cambiar al titular. Sin embargo, el nuevo titular ha estado ausente.
En el país se agudizan los conflictos y se profundizan. Un tangible conflicto social que habla del nulo trabajo que realiza la Secretaría de Gobernación para adelantarse a los escenarios y actuar con oportunidad frente a los grandes problemas nacionales. Esperamos en breve la comparecencia del secretario de Gobernación ante esta soberanía, ya que tiene mucho que explicar.
La seguridad pública es quizás el más grave problema que enfrentamos hoy, junto con la crisis económica y la pretensión del gobierno de entregar el petróleo al capital privado. En materia de seguridad pública, el Ejecutivo evidencia la desorganización que existe entre los diferentes cuerpos de seguridad de este país y simplemente parece haberse desistido de explorar nuevas estrategias para enfrentar y un fenómeno en el que cada vez son más notorias la corrupción y la impunidad.
Por ello, como lo hemos dicho tantas veces, este problema se resolverá sólo cuando el gobierno se disponga a combatir estos males endémicos, no sólo en los cuerpos de seguridad, sino en el poder político.
Para nadie es un secreto que aumentar las penas, incluso al grado de convertirlas en disposiciones violatorias de los derechos humanos, de nada sirve para combatir el delito, y menos aún ante las altísimas tasas de impunidad que se observan en todo el país.
Proponer el aumento de penas y el endurecimiento de los castigos no es más que una salida desesperada que en nada contribuye a fomentar la solidaridad y la cooperación entre los mexicanos.
Exigimos a esta administración, en consecuencia, a dedicar más esfuerzos y recursos para combatir los altísimos niveles de impunidad y corrupción que prevalecen en nuestra vida social. Y no a limitarse a proponer penas más altas o más duras para delitos que, de cualquier manera, tienen actualmente una bajísima posibilidad de ser castigados.
Por ineficacia de nuestro sistema judicial observamos también la ausencia de una política clara y eficaz para impulsar el respeto a la legalidad como un valor cultural esencial de la ciudadanía; pero aún más grave, lamentablemente, hemos constatado que ha sido el propio gobierno el último en predicar con el ejemplo.
El reciente incidente de la desaparición de un grupo de ciudadanos cubanos, detenidos previamente por las autoridades migratorias de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, es sintomático de la incapacidad demostrada por este gobierno para cumplir con los requisitos mínimos de eficiencia, honestidad y efectividad en su actuar. El hecho por supuesto aún no ha sido aclarado del todo y dada la experiencia de dos años que ya tenemos en esta materia, estamos convencidos que nuevamente tendremos que conformarnos con explicaciones parciales e incompletas, así como la dilución de las responsabilidades que en éste y muchos otros casos sucede cotidianamente a lo largo del país.
Asimismo, sigue siendo una constante el acto de exigir a nuestros vecinos del norte respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes en la frontera norte, y al mismo tiempo practicar una política diametralmente opuesta en la frontera sur, donde existe violencia, tráfico de personas y violaciones de derechos humanos y los más distintos abusos de autoridad hacia una población especialmente indefensa y vulnerable.
Por ello, en el tema migratorio el grupo parlamentario de Alternativa ha insistido, y seguirá haciéndolo, en la necesidad de reformar a fondo las dependencias correspondientes a la Secretaría de Gobernación, de modo tal que la política migratoria observe con especial atención el respeto a los derechos humanos de los migrantes por un lado, y por otro que concentre su esfuerzo en la desarticulación de las mafias de traficantes de personas, que tanto daño hacen también a nuestras propias instituciones.
Motivo grave de preocupación para el grupo parlamentario de Alternativa Socialdemócrata es la situación que guarda el Estado laico en México, y muy especialmente el papel que ha jugado en no pocas ocasiones la presente administración para socavar las bases del mismo.
Desde nuestra perspectiva, existe un doble rasero para tratar a las distintas asociaciones religiosas que conviven en el país, así como una abierta complacencia, cuando no colaboración, del propio gobierno federal con la Iglesia Católica, por ejemplo en temas como la interrupción voluntaria del embarazo, tema recientemente resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en general.
Para finalizar, queremos expresar nuestro total desacuerdo con la criminalización de la lucha social. ¿Cuál es el mensaje de este gobierno para los luchadores sociales?, ¿la mano dura, la militarización del país, el asesinato de periodistas, el encarcelamiento de líderes sociales?
Lo de Atenco nos parece un completo despropósito frente a la incapacidad de este gobierno para combatir la delincuencia organizada. Ignacio del Valle está condenado por el gobierno anterior, y por este gobierno panista, a pasar más de 100 años en la cárcel por defender los derechos de su comunidad.
Emplazamos a la actual administración a que cumpla con los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y si no pueden, que renuncien. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Ariel Castillo Nájera, por Nueva Alianza, hasta por ocho minutos. Adelante, señor orador.
El diputado Ariel Castillo Nájera: Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores.
Sin duda la política interior es uno de los ámbitos fundamentales de la acción del Estado y está compuesta por diferentes factores, diferentes ámbitos, diferentes temas y asuntos qué resolver; sin embargo, una de sus principales razones de ser es la de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
El profundo problema de inseguridad pública que se vive en el país representa una realidad que tiende a desbordar las instituciones y constituye una amenaza a la seguridad nacional y a la gobernabilidad democrática.
En una primera lectura del II Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, es preciso que se considere que la política interior del actual gobierno debe analizarse en referencia a la imperante inseguridad.
Hoy, el estado de derecho es una aspiración incumplida que da pie, entre otros efectos indeseables, a la impunidad galopante que en un lamentable círculo vicioso recicla y fortalece la delincuencia que predomina en todo el territorio nacional.
Esto provoca una delicada desvinculación del Estado con la sociedad, que exige acabar con la creciente y cada vez más violenta actividad criminal. Los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, tienen una ineludible responsabilidad en la configuración de este lamentable escenario.
La realidad nacional muestra, de manera implacable, que la seguridad pública está sumida en una profunda crisis, y la sociedad, en su conjunto, ha dado el grito de alerta. Los mexicanos de todas las regiones del país, de todas las edades, de todos los estratos económicos, de todos los géneros, de todas las orientaciones políticas, todos, todos tenemos miedo.
La experiencia nos está convenciendo de que prácticamente no existe ningún lugar seguro, que de hecho no hay un sitio donde podamos sentirnos a salvo de la delincuencia.
El robo, con métodos cada vez más violentos, que muchas veces cobran las vidas de las victimas, se ha disparado notablemente en las calles, en las casas, en el transporte, en las escuelas, en todos lados.
El secuestro, delito cruel y condenable, ha crecido de manera alarmante sin respetar estratos sociales, regiones geográficas o edades de las victimas. Igualmente, alcanzando niveles de crueldad inaceptables.
Esta situación, en sí misma alarmante, se torna cada vez más peligrosa y genera un gran desanimo social cuando ocurre en medio de una desafiante embestida del narcotráfico contra las instituciones mexicanas.
Los distintos carteles de la droga han hecho evidente su tremenda capacidad de juego y de penetración a las instituciones, y han desatado una ola de violencia que parece incontrolable y que se manifiesta en acciones intolerables.
La situación es sumamente delicada, es indispensable un diagnóstico preciso, honesto e integral del problema de la inseguridad, para determinar cómo pudimos llegar a estas dimensiones inauditas de criminalidad, violencia e impunidad.
Es claro, para la mayoría, que la actual situación obedece a la ineficacia y la corrupción de los órganos de seguridad del Estado, de las policías, del sistema de procuración e impartición de justicia, que generan una impunidad casi absoluta, que se retroalimenta con esa ineficacia y esa corrupción omnipresente.
La tarea es inmensa y compleja, no basta con destinar mayores recursos, si bien en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2009 se propone un incremento de aproximadamente el 40 por ciento destinado a fortalecer la seguridad pública, difícilmente algún grupo parlamentario podría, en las actuales circunstancias, estar en desacuerdo con esto.
Tampoco basta mejorar las leyes o endurecer las penas, se necesita que las leyes sean claras y que las instancias correspondientes las apliquen e interpreten con apego a derecho y con la ética que la sociedad exige. Que la expectativa de ser aprehendido y castigado, independientemente de la pena, inhiba al delincuente.
Es impostergable una verdadera refundación de la seguridad pública y una transformación desde los conceptos mismos hasta la organización y las prácticas policíacas. Tienen que depurarse, profesionalizarse y modernizarse los órganos del Estado encargados de la seguridad. Tiene que limpiarse y agilizarse el sistema de procuración, impartición y administración de justicia para erradicar la inmunidad. Establecer indicadores transparentes que permitan evaluar el desempeño de policías, investigadores, ministerios públicos, agentes aduanales y jueces, así como mecanismos modernos y eficaces para reclutar, seleccionar, capacitar, promover y retirar a estos funcionarios y, en su caso, castigarlos si transgreden la ley.
Hay que arraigar la práctica de la denuncia del delito, pero no con llamados de la autoridad descalificada, sino garantizando que el proceso judicial llegará a la correspondiente consignación y condena de los culpables. Vayamos a fondo en la reforma de justicia que iniciamos aquí, en el Congreso de la Unión.
Contra la delincuencia organizada, especialmente el narcotráfico y el secuestro, no podemos claudicar. Debemos movilizar toda la fuerza del Estado, ya que la propia seguridad nacional y la gobernabilidad democrática están en juego. Sería fatal mandar el mensaje de que el crimen organizado es invencible.
En ello la prevención del delito es un aspecto fundamental para el éxito a largo plazo de una política integral de seguridad pública. Especialmente debemos considerar las causas socioeconómicas como el desempleo, la falta de oportunidades en la educación para niños y jóvenes, especialmente en la media superior y superior y en zonas marginadas, donde los niños abandonan la escuela; así como la creciente pobreza y marginación que suelen inducir a la gente hacia las actividades ilícitas.
Recientemente, con la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, los actores políticos y sociales involucrados realizamos un saludable reconocimiento de todo lo que dejamos de hacer en la materia; incluso numerosos ciudadanos se han preguntado ¿entonces qué han hecho en todos estos años? ¿Quién se hace responsable de este deterioro tan profundo y trágico de la convivencia nacional?
No se puede perder esta batalla porque la existencia misma del Estado tiene su origen y razón de ser en la necesidad de brindarles seguridad a los ciudadanos. Seguridad en su vida y en sus bienes. Diversas doctrinas coinciden en establecer la figura de la fundación del Estado a partir de un pacto en el que la gente decide ceder parte de su libertad y su fuerza para depositarle en un ente que esté más allá de las pasiones e intereses personales, capaz de superar el estado de naturaleza donde priva la ley de la selva.
Ninguna otra actividad colectiva puede florecer si el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No crece la economía, la educación se debilita, la cultura se estanca, la solidaridad se pervierte y la soberanía se pone en riesgo. La inseguridad cuesta, además de la tranquilidad social, recursos económicos al grado que el país dejará de crecer hasta un punto porcentual…
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le pido al orador que concluya, por favor.
El diputado Ariel Castillo Nájera: Concluyo, señora presidenta…, según declaración reciente del secretario de Hacienda.
Compañeras y compañeros legisladores. El reclamo popular por la seguridad pública merece una respuesta al nivel del hartazgo histórico que existe. Trabajemos para construir las bases de un nuevo pacto fundacional que con el eje movilizador de la seguridad pública nos permita, además, establecer objetivos compartidos en materia de desarrollo integral, educación y convivencia democrática para imprimirle al Estado una orientación social que le permita hacer frente a éste y a otros muchos problemas. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Ariel Castillo Nájera. Tiene la palabra hasta por ocho minutos el diputado Joaquín Humberto Vela González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Joaquín Humberto Vela González: Gracias, señora presidenta. Efectivamente, el ámbito de la política interior es uno de los más importantes, si no es que uno que, junto con el económico, son los dos pilares básicos del funcionamiento de la economía y del Estado de cualquier país, pero en este caso del Estado mexicano.
Tenemos un grave problema en México porque desde que se nombró al responsable de la política interior, al señor Mouriño, éste ha ido de tropiezo en tropiezo y no ha tenido la autoridad moral ni la legitimidad para poder establecer efectivamente una política interior sólida y fuerte.
La propia incapacidad de ser un interlocutor autorizado y válido ha hecho que parte importante de las políticas que tendrían que ser instrumentadas por el Estado mexicano, hayan naufragado o no se hayan llevado a cabo en toda su plenitud.
Uno de los problemas fundamentales que queremos señalar como parte básica del problema de la política interior que se refiere es el que el año pasado se realizó una reforma electoral que como Partido del Trabajo queremos calificar como una reforma electoral excluyente, que busca establecer el bipartidismo y que trae consecuencias negativas para algunos de los partidos, como el Partido del Trabajo, y eso nos ha llevado a calificarla como una reforma electoral de derecha.
El otro aspecto, que es el que a todo mundo preocupa en el momento actual, es el de la seguridad. Efectivamente, este aspecto está, creo que hoy, en la boca de la mayoría de los mexicanos porque ha adquirido niveles fuera de toda proporción.
En los dos años que tiene el actual gobierno, particularmente en el último y en los últimos meses con mayor agudeza y crudeza, la inseguridad se ha venido manifestando cada vez con un nivel mayor y que esto preocupa cada vez más a los mexicanos.
¿Cómo solucionar el problema de la inseguridad? ¿Cómo atacar verdaderamente las raíces del problema de la inseguridad en este país?
La forma en la que nosotros planteamos que tendría que ser atacado no es elevando las penas ni elevando también el presupuesto sin un programa que tenga una lógica coherente y como se está planteando, elevar el 40 por ciento del presupuesto para seguridad; porque si no existe un programa que tenga una lógica que ataque las causas efectivamente, desde la raíz de este problema de inseguridad, va a ser dinero que se va a tirar a la basura.
Por lógica, nos parece que la explicación de la inseguridad que actualmente padecemos es un problema de largo plazo. Desde los años ochenta, si ustedes recuerdan, tuvimos seis años en particular, con el gobierno de De la Madrid, para señalar que no es un problema que ahora surja, sino que tiene un origen. En todo el gobierno de Miguel de la Madrid existió lo que se conoce como el "sexenio del crecimiento cero".
¿Qué significa esto? Que durante seis años se dejó de producir, de generar, los 800 mil o el millón de empleos que los jóvenes que llegan a la edad productiva en este país requieren para poder realizar una vida adecuada y plena.
Imagínense si en un año no se produce el millón de empleos que requiere la juventud que llega a la actividad productiva, obviamente esta gente tiene que buscar algún otro mecanismo para ocuparse. Esto lo planteo porque dicen: "no, no es un problema que tenga sus raíces en lo económico". Para nosotros es un problema que sí tiene raíces en lo económico; aquí lo queremos demostrar.
Entonces hubo no solamente un año, sino fueron seis años en los cuales pensamos que se incubó este problema y que ahora tiene una magnitud impresionante.
Pero, ¿cuál es la expresión más clara del problema? El problema, si queremos realmente desarticularlo, es cómo logramos desarmar la articulación que existe entre muchas bandas de crimen organizado y algunos sectores del propio Estado que permiten que estas actividades se realicen.
Si nosotros no logramos desarticular esa vinculación que existe, que es la que le da connotación y explicación a esta inseguridad, difícilmente vamos a combatirla. Cada vez más están apareciendo vínculos entre sectores de los propios aparatos de seguridad o del propio Estado, vinculados con este sector del crimen organizado.
Necesitamos que exista voluntad política para que efectivamente se haga un combate de esta relación perversa que existe entre el sector del Estado que está vinculado directamente con el crimen organizado.
Eso requiere, efectivamente, una transformación y una erradicación a fondo en todos los niveles de la gente que está vinculada con el crimen organizado. Y eso no es fácil, porque se ha ido gestando durante muchos años y desmontarlo implicaría también pensar en aplicar una política que tienda a combatirlo también a largo plazo.
Si nosotros, por ejemplo, decidimos ahora darle 40 por ciento a la inseguridad, vamos a crear un aparato cada vez mayor para combatir algo que está inmerso, que está dentro del propio aparato. Es decir, podemos estar haciendo crecer el propio cáncer, que es desafortunadamente el que está vinculado con el crimen organizado.
Habría que pensarlo muy bien. Habría que pensar mejor si ese 40 por ciento que se está proponiendo para seguridad pública lo tenemos que destinar a educación o a creación de infraestructura que genere los empleos que la juventud requiere en este país y que evite que amplios sectores de jóvenes encuentren en el crimen organizado una opción mejor.
Creo que parte de la discusión que tenemos que dar, ahora que se vea el presupuesto, será para dónde y qué visión tenemos para, efectivamente — a ver si existe voluntad política de todos los actores—, lograr desmontar la vinculación, que es la vinculación perversa que creo que más daño nos está haciendo y que, si existiera voluntad política de todos los actores, creo que podríamos dirigirnos a combatir efectivamente de raíz los problemas.
No se solucionan porque creo que —y así concluyo— por ahí pudiéramos encontrar y construir una política de Estado que desafortunadamente hasta hoy no se ha podido encontrar y este gobierno ha dado palos de ciego y no ha podido encontrar —o no ha querido— encontrar la solución de fondo a este problema.
Nosotros queremos manifestar nuestra voluntad de caminar en ese sentido. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Joaquín Vela González. Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el diputado Antonio Xavier López Adame, del Partido Verde Ecologista de México
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 9 de septiembre de 2008
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez..
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en esta sesión se llevará a cabo el análisis del II Informe de Gobierno en materia de política interior.
Para dar cumplimiento al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, el análisis del informe se realizará en tres rondas. Para dar cumplimiento al punto segundo del acuerdo, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda los siguientes diputados:
Por Alternativa, diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés; por Nueva Alianza, diputado Ariel Castillo Nájera; por el Partido del Trabajo, diputado Joaquín Humberto Vela González; por el Partido Verde Ecologista de México se ha inscrito el diputado Antonio Xavier López Adame; por el Partido de Convergencia, la diputada Layda Elena Sansores San Román; por el Partido Revolucionario Institucional se ha inscrito al diputado Arnoldo Ochoa González; por el Partido de la Revolución Democrática se ha inscrito el diputado Raymundo Cárdenas Hernández; y por el Partido Acción Nacional, el diputado Juan José Rodríguez Prats.
Para dar cumplimiento al punto segundo del acuerdo de los grupos parlamentarios, se ha inscrito a estos diputados y se otorga el uso de la palabra al diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés.
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en dos años de ejercicio esta administración ha demostrado más claramente sus debilidades que sus fortalezas.
La política interna es una de ellas. El primer año, la política interna básicamente se caracterizó por su opacidad y mediocridad, por ello fue un buen signo cambiar al titular. Sin embargo, el nuevo titular ha estado ausente.
En el país se agudizan los conflictos y se profundizan. Un tangible conflicto social que habla del nulo trabajo que realiza la Secretaría de Gobernación para adelantarse a los escenarios y actuar con oportunidad frente a los grandes problemas nacionales. Esperamos en breve la comparecencia del secretario de Gobernación ante esta soberanía, ya que tiene mucho que explicar.
La seguridad pública es quizás el más grave problema que enfrentamos hoy, junto con la crisis económica y la pretensión del gobierno de entregar el petróleo al capital privado. En materia de seguridad pública, el Ejecutivo evidencia la desorganización que existe entre los diferentes cuerpos de seguridad de este país y simplemente parece haberse desistido de explorar nuevas estrategias para enfrentar y un fenómeno en el que cada vez son más notorias la corrupción y la impunidad.
Por ello, como lo hemos dicho tantas veces, este problema se resolverá sólo cuando el gobierno se disponga a combatir estos males endémicos, no sólo en los cuerpos de seguridad, sino en el poder político.
Para nadie es un secreto que aumentar las penas, incluso al grado de convertirlas en disposiciones violatorias de los derechos humanos, de nada sirve para combatir el delito, y menos aún ante las altísimas tasas de impunidad que se observan en todo el país.
Proponer el aumento de penas y el endurecimiento de los castigos no es más que una salida desesperada que en nada contribuye a fomentar la solidaridad y la cooperación entre los mexicanos.
Exigimos a esta administración, en consecuencia, a dedicar más esfuerzos y recursos para combatir los altísimos niveles de impunidad y corrupción que prevalecen en nuestra vida social. Y no a limitarse a proponer penas más altas o más duras para delitos que, de cualquier manera, tienen actualmente una bajísima posibilidad de ser castigados.
Por ineficacia de nuestro sistema judicial observamos también la ausencia de una política clara y eficaz para impulsar el respeto a la legalidad como un valor cultural esencial de la ciudadanía; pero aún más grave, lamentablemente, hemos constatado que ha sido el propio gobierno el último en predicar con el ejemplo.
El reciente incidente de la desaparición de un grupo de ciudadanos cubanos, detenidos previamente por las autoridades migratorias de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, es sintomático de la incapacidad demostrada por este gobierno para cumplir con los requisitos mínimos de eficiencia, honestidad y efectividad en su actuar. El hecho por supuesto aún no ha sido aclarado del todo y dada la experiencia de dos años que ya tenemos en esta materia, estamos convencidos que nuevamente tendremos que conformarnos con explicaciones parciales e incompletas, así como la dilución de las responsabilidades que en éste y muchos otros casos sucede cotidianamente a lo largo del país.
Asimismo, sigue siendo una constante el acto de exigir a nuestros vecinos del norte respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes en la frontera norte, y al mismo tiempo practicar una política diametralmente opuesta en la frontera sur, donde existe violencia, tráfico de personas y violaciones de derechos humanos y los más distintos abusos de autoridad hacia una población especialmente indefensa y vulnerable.
Por ello, en el tema migratorio el grupo parlamentario de Alternativa ha insistido, y seguirá haciéndolo, en la necesidad de reformar a fondo las dependencias correspondientes a la Secretaría de Gobernación, de modo tal que la política migratoria observe con especial atención el respeto a los derechos humanos de los migrantes por un lado, y por otro que concentre su esfuerzo en la desarticulación de las mafias de traficantes de personas, que tanto daño hacen también a nuestras propias instituciones.
Motivo grave de preocupación para el grupo parlamentario de Alternativa Socialdemócrata es la situación que guarda el Estado laico en México, y muy especialmente el papel que ha jugado en no pocas ocasiones la presente administración para socavar las bases del mismo.
Desde nuestra perspectiva, existe un doble rasero para tratar a las distintas asociaciones religiosas que conviven en el país, así como una abierta complacencia, cuando no colaboración, del propio gobierno federal con la Iglesia Católica, por ejemplo en temas como la interrupción voluntaria del embarazo, tema recientemente resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en general.
Para finalizar, queremos expresar nuestro total desacuerdo con la criminalización de la lucha social. ¿Cuál es el mensaje de este gobierno para los luchadores sociales?, ¿la mano dura, la militarización del país, el asesinato de periodistas, el encarcelamiento de líderes sociales?
Lo de Atenco nos parece un completo despropósito frente a la incapacidad de este gobierno para combatir la delincuencia organizada. Ignacio del Valle está condenado por el gobierno anterior, y por este gobierno panista, a pasar más de 100 años en la cárcel por defender los derechos de su comunidad.
Emplazamos a la actual administración a que cumpla con los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y si no pueden, que renuncien. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Ariel Castillo Nájera, por Nueva Alianza, hasta por ocho minutos. Adelante, señor orador.
El diputado Ariel Castillo Nájera: Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores.
Sin duda la política interior es uno de los ámbitos fundamentales de la acción del Estado y está compuesta por diferentes factores, diferentes ámbitos, diferentes temas y asuntos qué resolver; sin embargo, una de sus principales razones de ser es la de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
El profundo problema de inseguridad pública que se vive en el país representa una realidad que tiende a desbordar las instituciones y constituye una amenaza a la seguridad nacional y a la gobernabilidad democrática.
En una primera lectura del II Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, es preciso que se considere que la política interior del actual gobierno debe analizarse en referencia a la imperante inseguridad.
Hoy, el estado de derecho es una aspiración incumplida que da pie, entre otros efectos indeseables, a la impunidad galopante que en un lamentable círculo vicioso recicla y fortalece la delincuencia que predomina en todo el territorio nacional.
Esto provoca una delicada desvinculación del Estado con la sociedad, que exige acabar con la creciente y cada vez más violenta actividad criminal. Los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, tienen una ineludible responsabilidad en la configuración de este lamentable escenario.
La realidad nacional muestra, de manera implacable, que la seguridad pública está sumida en una profunda crisis, y la sociedad, en su conjunto, ha dado el grito de alerta. Los mexicanos de todas las regiones del país, de todas las edades, de todos los estratos económicos, de todos los géneros, de todas las orientaciones políticas, todos, todos tenemos miedo.
La experiencia nos está convenciendo de que prácticamente no existe ningún lugar seguro, que de hecho no hay un sitio donde podamos sentirnos a salvo de la delincuencia.
El robo, con métodos cada vez más violentos, que muchas veces cobran las vidas de las victimas, se ha disparado notablemente en las calles, en las casas, en el transporte, en las escuelas, en todos lados.
El secuestro, delito cruel y condenable, ha crecido de manera alarmante sin respetar estratos sociales, regiones geográficas o edades de las victimas. Igualmente, alcanzando niveles de crueldad inaceptables.
Esta situación, en sí misma alarmante, se torna cada vez más peligrosa y genera un gran desanimo social cuando ocurre en medio de una desafiante embestida del narcotráfico contra las instituciones mexicanas.
Los distintos carteles de la droga han hecho evidente su tremenda capacidad de juego y de penetración a las instituciones, y han desatado una ola de violencia que parece incontrolable y que se manifiesta en acciones intolerables.
La situación es sumamente delicada, es indispensable un diagnóstico preciso, honesto e integral del problema de la inseguridad, para determinar cómo pudimos llegar a estas dimensiones inauditas de criminalidad, violencia e impunidad.
Es claro, para la mayoría, que la actual situación obedece a la ineficacia y la corrupción de los órganos de seguridad del Estado, de las policías, del sistema de procuración e impartición de justicia, que generan una impunidad casi absoluta, que se retroalimenta con esa ineficacia y esa corrupción omnipresente.
La tarea es inmensa y compleja, no basta con destinar mayores recursos, si bien en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2009 se propone un incremento de aproximadamente el 40 por ciento destinado a fortalecer la seguridad pública, difícilmente algún grupo parlamentario podría, en las actuales circunstancias, estar en desacuerdo con esto.
Tampoco basta mejorar las leyes o endurecer las penas, se necesita que las leyes sean claras y que las instancias correspondientes las apliquen e interpreten con apego a derecho y con la ética que la sociedad exige. Que la expectativa de ser aprehendido y castigado, independientemente de la pena, inhiba al delincuente.
Es impostergable una verdadera refundación de la seguridad pública y una transformación desde los conceptos mismos hasta la organización y las prácticas policíacas. Tienen que depurarse, profesionalizarse y modernizarse los órganos del Estado encargados de la seguridad. Tiene que limpiarse y agilizarse el sistema de procuración, impartición y administración de justicia para erradicar la inmunidad. Establecer indicadores transparentes que permitan evaluar el desempeño de policías, investigadores, ministerios públicos, agentes aduanales y jueces, así como mecanismos modernos y eficaces para reclutar, seleccionar, capacitar, promover y retirar a estos funcionarios y, en su caso, castigarlos si transgreden la ley.
Hay que arraigar la práctica de la denuncia del delito, pero no con llamados de la autoridad descalificada, sino garantizando que el proceso judicial llegará a la correspondiente consignación y condena de los culpables. Vayamos a fondo en la reforma de justicia que iniciamos aquí, en el Congreso de la Unión.
Contra la delincuencia organizada, especialmente el narcotráfico y el secuestro, no podemos claudicar. Debemos movilizar toda la fuerza del Estado, ya que la propia seguridad nacional y la gobernabilidad democrática están en juego. Sería fatal mandar el mensaje de que el crimen organizado es invencible.
En ello la prevención del delito es un aspecto fundamental para el éxito a largo plazo de una política integral de seguridad pública. Especialmente debemos considerar las causas socioeconómicas como el desempleo, la falta de oportunidades en la educación para niños y jóvenes, especialmente en la media superior y superior y en zonas marginadas, donde los niños abandonan la escuela; así como la creciente pobreza y marginación que suelen inducir a la gente hacia las actividades ilícitas.
Recientemente, con la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, los actores políticos y sociales involucrados realizamos un saludable reconocimiento de todo lo que dejamos de hacer en la materia; incluso numerosos ciudadanos se han preguntado ¿entonces qué han hecho en todos estos años? ¿Quién se hace responsable de este deterioro tan profundo y trágico de la convivencia nacional?
No se puede perder esta batalla porque la existencia misma del Estado tiene su origen y razón de ser en la necesidad de brindarles seguridad a los ciudadanos. Seguridad en su vida y en sus bienes. Diversas doctrinas coinciden en establecer la figura de la fundación del Estado a partir de un pacto en el que la gente decide ceder parte de su libertad y su fuerza para depositarle en un ente que esté más allá de las pasiones e intereses personales, capaz de superar el estado de naturaleza donde priva la ley de la selva.
Ninguna otra actividad colectiva puede florecer si el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No crece la economía, la educación se debilita, la cultura se estanca, la solidaridad se pervierte y la soberanía se pone en riesgo. La inseguridad cuesta, además de la tranquilidad social, recursos económicos al grado que el país dejará de crecer hasta un punto porcentual…
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le pido al orador que concluya, por favor.
El diputado Ariel Castillo Nájera: Concluyo, señora presidenta…, según declaración reciente del secretario de Hacienda.
Compañeras y compañeros legisladores. El reclamo popular por la seguridad pública merece una respuesta al nivel del hartazgo histórico que existe. Trabajemos para construir las bases de un nuevo pacto fundacional que con el eje movilizador de la seguridad pública nos permita, además, establecer objetivos compartidos en materia de desarrollo integral, educación y convivencia democrática para imprimirle al Estado una orientación social que le permita hacer frente a éste y a otros muchos problemas. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Ariel Castillo Nájera. Tiene la palabra hasta por ocho minutos el diputado Joaquín Humberto Vela González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Joaquín Humberto Vela González: Gracias, señora presidenta. Efectivamente, el ámbito de la política interior es uno de los más importantes, si no es que uno que, junto con el económico, son los dos pilares básicos del funcionamiento de la economía y del Estado de cualquier país, pero en este caso del Estado mexicano.
Tenemos un grave problema en México porque desde que se nombró al responsable de la política interior, al señor Mouriño, éste ha ido de tropiezo en tropiezo y no ha tenido la autoridad moral ni la legitimidad para poder establecer efectivamente una política interior sólida y fuerte.
La propia incapacidad de ser un interlocutor autorizado y válido ha hecho que parte importante de las políticas que tendrían que ser instrumentadas por el Estado mexicano, hayan naufragado o no se hayan llevado a cabo en toda su plenitud.
Uno de los problemas fundamentales que queremos señalar como parte básica del problema de la política interior que se refiere es el que el año pasado se realizó una reforma electoral que como Partido del Trabajo queremos calificar como una reforma electoral excluyente, que busca establecer el bipartidismo y que trae consecuencias negativas para algunos de los partidos, como el Partido del Trabajo, y eso nos ha llevado a calificarla como una reforma electoral de derecha.
El otro aspecto, que es el que a todo mundo preocupa en el momento actual, es el de la seguridad. Efectivamente, este aspecto está, creo que hoy, en la boca de la mayoría de los mexicanos porque ha adquirido niveles fuera de toda proporción.
En los dos años que tiene el actual gobierno, particularmente en el último y en los últimos meses con mayor agudeza y crudeza, la inseguridad se ha venido manifestando cada vez con un nivel mayor y que esto preocupa cada vez más a los mexicanos.
¿Cómo solucionar el problema de la inseguridad? ¿Cómo atacar verdaderamente las raíces del problema de la inseguridad en este país?
La forma en la que nosotros planteamos que tendría que ser atacado no es elevando las penas ni elevando también el presupuesto sin un programa que tenga una lógica coherente y como se está planteando, elevar el 40 por ciento del presupuesto para seguridad; porque si no existe un programa que tenga una lógica que ataque las causas efectivamente, desde la raíz de este problema de inseguridad, va a ser dinero que se va a tirar a la basura.
Por lógica, nos parece que la explicación de la inseguridad que actualmente padecemos es un problema de largo plazo. Desde los años ochenta, si ustedes recuerdan, tuvimos seis años en particular, con el gobierno de De la Madrid, para señalar que no es un problema que ahora surja, sino que tiene un origen. En todo el gobierno de Miguel de la Madrid existió lo que se conoce como el "sexenio del crecimiento cero".
¿Qué significa esto? Que durante seis años se dejó de producir, de generar, los 800 mil o el millón de empleos que los jóvenes que llegan a la edad productiva en este país requieren para poder realizar una vida adecuada y plena.
Imagínense si en un año no se produce el millón de empleos que requiere la juventud que llega a la actividad productiva, obviamente esta gente tiene que buscar algún otro mecanismo para ocuparse. Esto lo planteo porque dicen: "no, no es un problema que tenga sus raíces en lo económico". Para nosotros es un problema que sí tiene raíces en lo económico; aquí lo queremos demostrar.
Entonces hubo no solamente un año, sino fueron seis años en los cuales pensamos que se incubó este problema y que ahora tiene una magnitud impresionante.
Pero, ¿cuál es la expresión más clara del problema? El problema, si queremos realmente desarticularlo, es cómo logramos desarmar la articulación que existe entre muchas bandas de crimen organizado y algunos sectores del propio Estado que permiten que estas actividades se realicen.
Si nosotros no logramos desarticular esa vinculación que existe, que es la que le da connotación y explicación a esta inseguridad, difícilmente vamos a combatirla. Cada vez más están apareciendo vínculos entre sectores de los propios aparatos de seguridad o del propio Estado, vinculados con este sector del crimen organizado.
Necesitamos que exista voluntad política para que efectivamente se haga un combate de esta relación perversa que existe entre el sector del Estado que está vinculado directamente con el crimen organizado.
Eso requiere, efectivamente, una transformación y una erradicación a fondo en todos los niveles de la gente que está vinculada con el crimen organizado. Y eso no es fácil, porque se ha ido gestando durante muchos años y desmontarlo implicaría también pensar en aplicar una política que tienda a combatirlo también a largo plazo.
Si nosotros, por ejemplo, decidimos ahora darle 40 por ciento a la inseguridad, vamos a crear un aparato cada vez mayor para combatir algo que está inmerso, que está dentro del propio aparato. Es decir, podemos estar haciendo crecer el propio cáncer, que es desafortunadamente el que está vinculado con el crimen organizado.
Habría que pensarlo muy bien. Habría que pensar mejor si ese 40 por ciento que se está proponiendo para seguridad pública lo tenemos que destinar a educación o a creación de infraestructura que genere los empleos que la juventud requiere en este país y que evite que amplios sectores de jóvenes encuentren en el crimen organizado una opción mejor.
Creo que parte de la discusión que tenemos que dar, ahora que se vea el presupuesto, será para dónde y qué visión tenemos para, efectivamente — a ver si existe voluntad política de todos los actores—, lograr desmontar la vinculación, que es la vinculación perversa que creo que más daño nos está haciendo y que, si existiera voluntad política de todos los actores, creo que podríamos dirigirnos a combatir efectivamente de raíz los problemas.
No se solucionan porque creo que —y así concluyo— por ahí pudiéramos encontrar y construir una política de Estado que desafortunadamente hasta hoy no se ha podido encontrar y este gobierno ha dado palos de ciego y no ha podido encontrar —o no ha querido— encontrar la solución de fondo a este problema.
Nosotros queremos manifestar nuestra voluntad de caminar en ese sentido. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Joaquín Vela González. Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el diputado Antonio Xavier López Adame, del Partido Verde Ecologista de México
El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su venia, diputada presidenta. Compañeros legisladores. El pasado 1o. de septiembre ya no fue como antes, el día del presidente. Pero más allá de la presencia o no en este recinto del presidente de la República para dialogar o debatir con los legisladores federales, lo cierto es que aún no hemos logrado modificar el modelo de rendición de cuentas de nuestro país.
Los grupos parlamentarios contamos ahora con la pregunta parlamentaria que desde luego ejerceremos como parte del escaso diálogo que ahora tendremos de forma directa con el titular del Poder Ejecutivo.
Analizaremos además puntualmente la gran variedad de informes sobre la hacienda pública que son entregados a lo largo del año, a fin de nutrir el criterio de los diputados federales en torno al ejercicio del gasto público.
No obstante, la realidad es que el informe en sí mismo sigue siendo un simple recuento de actividades y de acciones emprendidas por las distintas dependencias del gobierno federal, y esto no tiene nada que ver con un auténtico ejercicio de rendición de cuentas.
No hay, en el II Informe de Gobierno que se nos presenta, una orientación a los resultados alcanzados o los logros obtenidos. No hay una asociación entre las grandes metas que se declaran en el Plan Nacional de Desarrollo y de la forma en que esta lista de acciones y programas que se impulsan en las dependencias federales suponemos van a alcanzar estas metas.
El informe de gobierno es pues una larga relación de actividades realizadas o a medio cumplir, pero no es un ejercicio, como lo hemos dicho, de rendición de cuentas. Para que lo fuera, nosotros, en el Poder Legislativo, tendríamos que hacer uso no solamente de nuestras facultades para legislar, sino sobre todo para supervisar y evaluar el desempeño del gobierno.
En el Partido Verde hemos insistido una y otra vez en la necesidad de evaluar el gobierno por sus resultados, no por la cantidad de acciones realizadas, a través de un sistema de evaluación del desempeño que no deje lugar a dudas a la población sobre si el gasto público y si los actos de autoridad están sirviendo o no para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Y comento esta situación porque en materia de política interior, el balance de este segundo año de gobierno es evidente que el Estado no ha sido capaz de cumplir con una de sus principales funciones, que es garantizar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos.
Desde el inicio de esta administración hemos sido testigos de despliegues policíacos y militares en diferentes regiones del país, que si bien han sido en muchos casos necesarios, aún no tenemos certeza de cuáles han sido o serán sus verdaderos resultados.
El informe de gobierno nos habla de acciones para asegurar el estado de derecho, combatir el crimen organizado y fortalecer la cultura de la legalidad, pero lo cierto es que semana tras semana, día tras día, los mexicanos son testigos de una ola de violencias sin control en nuestro país. Violencia que no solamente está afectando a los criminales involucrados, sino también de manera cada vez más frecuente a policías y militares, y desafortunadamente también a civiles. Sí, la guerra que ha declarado el Estado mexicano al crimen organizado cuenta ya, entre sus víctimas, a civiles inocentes.
¿Cuáles son las metas y cuáles serán los resultados de esta guerra contra el crimen organizado? Aún no los conocemos. Pues de forma cotidiana, el Ejecutivo federal responde una y otra vez que el crimen organizado, presionado por la labores del gobierno, está incursionando en nuevas actividades delictivas para allegarse de recursos, y se nos dice, además, que los grupos delictivos están haciendo ajustes de cuentas.
Esta situación ha llevado al 89 por ciento de la población a estar de acuerdo con la necesidad de hacerse justicia por propia mano y los linchamientos ocurridos en diversas entidades de la República Mexicana dan cuenta de que esta irritación social se ha expresado no solamente como opinión pública, sino como una lamentable realidad.
La impunidad no sólo expresa el fracaso y la ineficacia de nuestras instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, sino también la falta de vinculación con la ciudadanía y la desconfianza sobre la autoridad que priva entre la población.
De acuerdo con datos del Centro de Investigación para el Desarrollo, del 100 por ciento de los delitos que se cometen en México, sólo el 1.71 por ciento de ellos acaba en una consignación por parte del sistema de procuración de justicia.
Y es que la inseguridad, la violencia y los índices delictivos no solamente se refieren al crimen organizado, sino que afectan la vida cotidiana y el patrimonio de los ciudadanos.
El riesgo de robo con violencia en México es el más alto de todos los países comparados en la Encuesta de Criminalidad y Victimización, practicada por la ONU. México presenta también, de hecho, el índice más alto de agresiones con arma de fuego, incluso por encima de Estados Unidos o Irlanda del Norte.
Por si esto fuera poco, el informe mundial sobre violencia y la salud de la Organización Mundial de la Salud clasificó a México como uno de los países violentos para las mujeres y señaló el acoso sexual, la violencia intrafamiliar, psicológica y sexual como las principales agresiones a las que se enfrentan las mexicanas.
Hace mucho tiempo que los mexicanos venimos escuchando toda esta clase de discursos para combatir el crimen, limpiar las policías y detener a toda clase de criminales; pero el único resultado visible ha sido la impunidad.
La delincuencia va en un aumento y afecta las inversiones, al turismo, y con ello las fuentes de empleo, el desarrollo económico y la estabilidad económica y social del país.
Somos enfáticos en este punto, no pedimos detener los operativos como medida para detener la violencia que hoy vive nuestro país.
Sin embargo, consideramos que la política de seguridad pública del Estado mexicano, debe ofrecer mucho más certeza sobre los resultados que se pretenden alcanzar, que el simple anuncio de que esta batalla costará muchas más vidas y que aún queda mucho por aguantar.
No toda la inseguridad en nuestro país es crimen organizado, ni toda la estrategia del Estado puede reducirse a la ejecución de operativos militares y policíacos. ¿Qué pasa con el contrabando de armas? ¿Por qué no se detiene? ¿Dónde está el adecuado control de aduanas? ¿Dónde están los Ministerios Públicos que debieran defender a la mujer y hacer cumplir la ley en materia de violencia intrafamiliar?
El embate de la delincuencia se ha visto agudizado, además, por un factor que sin duda es el más preocupante del estado que actualmente guarda la seguridad del país y es grado de corrupción que se vive en las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia. Las autoridades responsables han declarado que esto no es sino el resultado de años de desatención e impunidad.
Sin embargo, es justo decir que la corrupción ha alcanzado también a aquellas instituciones creadas por los gobiernos llamados de alternancia, me refiero específicamente a corrupción dentro de la Agencia Federal de Investigaciones.
En el Partido Verde hemos presentado —y concluyo, diputada presidenta— diversas iniciativas en materia de seguridad. Nos comprometemos en este periodo a alcanzar acuerdos con todos los grupos parlamentarios para cumplir con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que firmamos hace poco. Sin embargo, no debemos olvidar que la ley por más acabada y loable que sea no será efectiva si no es aplicada puntualmente y eso, sin duda, es responsabilidad de las instituciones que dependen del Ejecutivo federal. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Antonio Xavier López Adame. Tiene la palabra hasta por ocho minutos la diputada Layda Elena Sansores San Román, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
La diputada Layda Elena Sansores San Román: Presidenta, compañeras, compañeros, una tormenta de spots cayó en México la semana pasada. Calderón cree que un despliegue mediático sin precedente puede ocultar su fracaso.
Afirmó textualmente: "Las instituciones de seguridad pública requieren transformaciones profundas". Instruyó al procurador de justicia para que en 90 días presentara un programa de seguridad. No fueron 90 días; han transcurrido dos años sin que nada trascendente pase.
Fue necesaria una gran marcha ciudadana para que surgieran a trompa talega los desarticulados 75 compromisos contenidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Calderón dijo también el 1 de septiembre de 2006: "Fin a la impunidad de los políticos que violentan la ley en su beneficio", y ayer ante cuerpos policiacos ratificó su compromiso de combatir la corrupción. El caso Calderón-Mouriño sigue causando indignación en todos los círculos políticos del país; evidencia la falta de honestidad y la incongruencia. El santo y seña de dos años de desgobierno son la simulación y la farsa. Con qué autoridad moral puede exigir castigo a la corrupción y a la impunidad cuando no es capaz de combatirla, empezando por su casa, sus cuates y sus colaboradores.
En la última manifestación se pidió al gobierno resultados en materia de seguridad. La voz de uno de los agraviados exigió a los funcionarios que renuncien si no pueden, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rápidamente le puso fecha a la demanda.
El que preside la comisión, como abogado, no debe olvidarse que en un régimen presidencialista los integrantes del gabinete —con el respeto que me merecen, pero en el lenguaje popular— son "gatos de angora", y a ver si esta vez el titular de la Comisión de Derechos Humanos vence su mediocridad, porque éste no es un asunto menor, no es cuestión de pedirle la renuncia —con el respeto que me merece— "a gatos de angora"; que se la pida al jefe de gobierno —al que se ostenta como jefe de gobierno—, porque constitucionalmente él es el único responsable de entregar cuentas a esta representación de la soberanía popular.
Calderón presume las reformas constitucionales que la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales impulsó y que apoyó este legislativo. Qué bueno que lo haga. Pero lo que pasa es que no ha hecho nada para implementarlas, salvo el cuestionado nombramiento del secretario técnico de la comisión encargada de la reforma de seguridad y justicia.
Entre tanta ineficiencia brillan dos estados, Nuevo León y Chihuahua, con una procuradora valiente y con menos recursos tienen los mayores avances. Ellos deben recibir todo el apoyo y deben ser convertidos en laboratorio y ejemplo.
Calderón insiste en convertir la lucha contra el narcotráfico en una guerra, cree que puede ganarla peleando cuerpo a cuerpo, intercambiando balazos en la calle y pintando de olivo todo el país. Se requiere investigación científica, inteligencia, estrategia y hacer que coadyuve el sistema financiero.
Insistiremos en señalar que las soluciones cortoplacistas y con una visión reduccionista del combate a la seguridad, a través de la acción policíaca y militar, tiene límites. Error, si no atacamos, como dice Andrés Manuel López, presidente legítimo de México.
Que las profundas raíces sociales, que estamos alimentando, significan descomposición social y que la exclusión de millones de jóvenes, que son víctimas y rehenes del crimen organizado, impactan en la seguridad. Si el narcotráfico es el centro de todos los males y el fracaso en combatirlo es evidente, propongo empezar a debatir con seriedad la legalización de las drogas.
No a la pena de muerte. No a la cadena perpetua. Es la postura de Convergencia. No confundirse. Esa petición nace del dolor, la impotencia, la indignación en manifestaciones populares ante la respuesta de las autoridades. Pero de ninguna manera puede ser respuesta responsable de quienes están obligados a implementar políticas públicas.
Los legisladores llevamos años aumentando penas y penas, y siguen aumentando los delitos. Ahí es donde el poder público debe cumplir un trabajo pedagógico, o nos vamos a remontar a las épocas en que las multitudes pedían a gritos que el verdugo dejara caer la guillotina, o en los tiempos de la inquisición en que la muchedumbre se solazaba mirando arder a los acusados en la hoguera.
Mientras no oferten cambios profundos en las instituciones de procuración y justicia, que durante años se han venido posponiendo, mientras no se combata la corrupción en la impunidad, mientras se castigue a más por venganza que por justicia, y se le inventen cargos a hermanos de funcionarios que se atreven a denunciar la corrupción y la ineficiencia, pedir cadena perpetua es demagogia. Calderón da muestras de apostar a lo inmediato, a lo mediático y a lo cosmético.
Y no acabo de entender por qué la Cámara de Diputados renuncia a evaluar indicadores en las áreas de seguridad y justicia. Contar con estadísticas es básico para todo Poder Legislativo que se respete.
Convergencia gestionó 50 millones en 2006, 50 millones en 2007, y ahí los tiene guardaditos la Secretaría de Seguridad, porque no se aprueba la iniciativa para que sea directamente la Cámara de Diputados quien se haga responsable de hacer estas evaluaciones y así poder distribuir el presupuesto.
En dos años Calderón tiene a México como campo minado. Está el problema de la alza en los alimentos, de la gasolina, de la luz, de la persecución al gremio minero. Tres huelgas que no se resuelven desde hace 13 meses.
Ahí tiene el problema de los jubilados, de lo provocador que resulta solapar "gobers" preciosos y mantener un contubernio descarado con líderes petroleros corruptos. Y tenemos también un sistema educativo en crisis, porque de lo que se ha ocupado es de pagar las facturas del fraude, aliado al liderazgo magisterial más corrupto de todos los tiempos, que se ha apropiado del sistema educativo y de otras áreas de gobierno. Todo esto contribuye al clima de desconfianza, de incredulidad y de inseguridad.
Miren, nuestro movimiento no apuesta a derogar impostores. Creo que como los aviones del Escuadrón 201, se caen solos. Pero creo que si no puede, que renuncie y que si quiere, pues que diga como pretexto que se cayó del triciclo.
Y me queda claro, el fraude es el prólogo de una historia de crisis. Es el génesis de estos males que viene de la ilegitimidad y del engaño. Sí se consumó el fraude. Y para la posteridad, para los anales de la ignominia, la declaración más cínica de un político en México. Así dijo Calderón.
Como dicen en mi pueblo, "haiga sido como haiga sido". La imagen de Calderón vestido de militar, anunciando su lucha frontal contra el crimen fue patética y premonitoria. Dos años han sido suficientes para dejar claro que no sólo el uniforme militar le queda grande, también el cargo. Viva Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por ocho minutos, el ciudadano diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a diversos representantes de la Organización Coalición Nacional Campesina y Urbana, quienes nos acompañan en esta sesión.
El diputado Arnoldo Ochoa González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en cumplimiento de nuestra responsabilidad, las y los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional hemos procedido al análisis del contenido del II Informe de Gobierno que sobre el estado que guarda la administración pública en materia de política interior ha presentado el titular del Poder Ejecutivo.
Con la convicción de que las instituciones, especialmente el Congreso, debemos contribuir a la estabilidad y gobernabilidad de la democracia mexicana, los legisladores del PRI queremos presentar nuestras inquietudes sobre el rumbo que lleva la política interior de nuestro país, inquietudes, preocupaciones y señalamientos que nos importan cuando vemos que el camino de México no es el indicado; cuando la erosión de la vida institucional es cada vez más grave.
Todos quisiéramos que el contexto de este análisis del informe fuera diferente al de hace dos años, cuando el actual gobierno iniciaba su mandato constitucional. Por desgracia en 2006, por un conflicto político y hoy por la ola de violencia, el país sigue convulsionado.
Después de haber llevado adelante una reforma electoral que habrá de transformar la manera de hacer campañas en nuestro país y una reforma de justicia penal de largo aliento, ambas inscritas en un contexto más amplio, el de la reforma del Estado, vemos con preocupación que siguen pendientes muchos temas de esta agenda.
La inusual ceremonia de entrega del Informe de Gobierno, si bien evitó el conflicto común en otros años, no ha resuelto de fondo la arquitectura de una nueva relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Nuestro sistema presidencial sigue sin ser transformado para convertirlo en uno moderno y adecuado a las necesidades contemporáneas y de la pluralidad política nacional.
Hoy, el presidente ya no tiene que asistir al Congreso para informar a la nación, pero tampoco hemos rediseñado un mecanismo de rendición de cuentas y contrapesos integral y satisfactorio. Nos quedamos sin lo uno ni lo otro, en el peor de los mundos, con un viejo presidencialismo que no termina de morir y uno nuevo que no acaba de nacer.
La reforma al régimen político es una de las grandes tareas pendientes en materia de política interior, debate del que ha estado ausente la principal institución involucrada: la Presidencia de la República y, desde luego, la Secretaría de Gobernación.
En síntesis, la oportunidad que se había abierto a través de la Ley para la Reforma del Estado si bien tuvo resultados alentadores en dos rubros, dejó en el tintero aspectos fundamentales como los derechos humanos, el régimen de Estado y de gobierno y el federalismo, entre otros, todos relacionados con el manejo de la política interior.
Así pues, el capital representado por el acuerdo y el consenso de las fuerzas políticas con el que inicio el sexenio no fue aprovechado para llevar adelante el resto de las reformas que se necesitaban, y que ahora son urgentes, pero difíciles de concretar, en un contexto de deterioro de la gobernabilidad; y más aún por el inminente inicio de las campañas electorales. En eso todos tenemos responsabilidad, pero el descuido del Ejecutivo es inocultable.
Señoras legisladoras y señores legisladores, la gobernabilidad no se agota en el mero mantenimiento del orden público —que por otro lado, tampoco existe—; si bien es condición para un país estable, la necesidad de la política y de la operatividad de los acuerdos se hace todavía más indispensable en condiciones de crisis.
A ello tampoco se ha sabido contribuir desde la Secretaría de Gobernación. Es triste decirlo pero, a nueve meses de un relevo repentino, languidecen las tareas sustantivas de la dependencia cabeza del gabinete. Con ello, el gobierno se debilita día a día. Lo mismo en asuntos de inteligencia y seguridad nacional, que en temas tan sensibles como la migración, protección civil, la relación con las iglesias. La ineficacia es la nota distintiva.
Uno tras otro los escándalos han debilitado y deteriorado a la secretaría que debiera ser el centro de los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Impugnado en el espacio público y cada vez más aislado y ausente, su titular se ve impedido para ser el interlocutor principal con los otros actores, abonando con ello al clima de incertidumbre que hoy campea en el país.
La estridente versión de un supuesto intento para derrocar al presidente de la República Mexicana, que ha sido la materia prima de los columnistas las últimas semanas, no ha merecido un pronunciamiento enfático de la dependencia responsable de la política interior.
Cabe recordar que la calificación del riesgo país —y con base en ello los niveles de competitividad— no sólo depende de variables económicas; en ellos inciden de manera fundamental los aspectos de carácter político, y lo podemos decir de manera contundente: la política interior del gobierno no contribuye como debiera al desarrollo del país.
Por eso, desconcierta que hace unos días los legisladores recibimos un extenso documento de muchas cifras y pocos resultados. Es el contenido del Segundo Informe de Gobierno en materia de política interior. A lo largo de los 20 meses de la actual administración, poco, muy poco se ha visto de la capacidad del Ejecutivo para llevar las riendas del país.
En la tarea más básica de la política interior, la conducción del gabinete, los saldos son negativos. La inexperiencia, el amateurismo, la improvisación, son sinónimos de un gabinete presidencial de tonos grises; un gabinete donde el reclutamiento pareciera ser la lealtad personal y la amistad, no los resultados, no la eficacia, no la capacidad para encontrar soluciones a los problemas urgentes.
En el horizonte de esta administración no se distingue diseño, método, ni estrategia; todos han sido intentos frustrados, un puñado de buenos deseos que a nadie le sirven cuando no se traducen en acciones concretas. Lamentablemente entre más avanza este sexenio, más se parece al anterior. Se administra pero no se gobierna.
Por último, debo decirles que apenas estamos por cumplir el primer tercio del gobierno; hay tiempo para rectificar, para reconsiderar, para rehacer los caminos de la república. El PRI estará siempre dispuesto a sumar su participación y energía para la transformación democrática de México con justicia social, porque creemos en un futuro mejor. A ese propósito convocamos a todas las fuerzas políticas y al gobierno federal. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra hasta por ocho minutos, el ciudadano diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros, el artículo 39 de la Constitución señala que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno si, primero, un gobierno no dimana del voto del pueblo. Si el voto no es auténtico, si lo falsifican ese gobierno va a tener poco compromiso con el pueblo.
¿Pero qué puede hacer un pueblo si el gobierno instituido no se preocupa del beneficio del propio pueblo, sino de una capa pequeña de empresarios y políticos que cooptaron al Estado para su único beneficio? ¿Qué puede hacer el pueblo? Sin duda, salir a la calle y exigir que si no cumplen, renuncien.
Muchos de los aquí presentes aplaudieron a los que salieron a la marcha por la seguridad y yo también aplaudo, porque el pueblo tiene que luchar por su vida; pero la vida del pueblo también está en riesgo si no hay empleo. La vida del pueblo también está en riesgo si en la mesa de los trabajadores, de los campesinos, de los burócratas, de los jóvenes estudiantes no hay los alimentos suficientes para reproducirse.
La seguridad no es sólo la responsabilidad del gobierno de tener policías, jueces, militares y cárceles. La seguridad y la vida de la población la tiene que asegurar el gobierno en todos los ámbitos. En el social, económico y también en el político. Un gobierno que quiera actuar en beneficio del pueblo tiene que actuar en todas esas esferas. Y si el pueblo percibe que el gobierno que administra no está actuando en su beneficio, tiene todo el deber de exigir que se vayan; sin duda.
Por eso, una tarea que nosotros debiéramos aprobar de inmediato, es generar las fórmulas jurídicas para que el pueblo pueda ejercer su derecho a quitarle respaldo a una administración que no atiende sus medios de vida. Por eso hay que aprobar ya la revocación del mandato en la Constitución.
Escuché a muchos legisladores del PAN aplaudirle al señor Martí cuando dijo: "si no pueden, renuncien…". Y si los que no pueden no renuncian, pues hay que revocarles el mandato, sin duda.
Si no, todos lo que dicen que "qué bueno que el pueblo se manifiesta" será pura demagogia. Vamos a consultar de veras al pueblo y vamos a hacer que ejerza su soberanía lo más directamente que pueda.
Y una de las maneras para que el pueblo ejerza su capacidad, su mandato, o más bien el hecho de que él es el soberano, es aprobar esa medida.
Esperemos que a población en su conjunto esté atenta a cómo votan las fuerzas políticas en esta Cámara, porque muy pronto habremos de discutir un dictamen sobre la revocación del mandato.
Espero que también aplaudan al pueblo que diga "si no pueden renuncien", cuando los campesinos sean los que pronuncien esas frases, porque, compañeras y compañeros, la política aplicada hace 25 años, que ofreció prosperidad, ha fracasado.
Y ahí están nuestros paisanos en Estados Unidos, un millón y medio en los últimos tres años, expulsados por una política agropecuaria incorrecta, incapaz. ¿No tendrán derecho los campesinos a decir si no pueden váyanse? Claro que tienen derecho.
También tendrán derecho a decirlo los jóvenes desempleados, los miles, centenares de miles de jóvenes que van a las universidades a tocar la puerta y les dicen: "no hay cupo, hágale como quiera…". Ah, no hay cupo, ¿y entonces?
No hay empleos tampoco. Estos gobernantes incapaces de los últimos 25 años, que han aplicado el modelo neoliberal, han llevado a que este año México esté a la cola en crecimiento económico, según la CEPAL.
Los grupos parlamentarios contamos ahora con la pregunta parlamentaria que desde luego ejerceremos como parte del escaso diálogo que ahora tendremos de forma directa con el titular del Poder Ejecutivo.
Analizaremos además puntualmente la gran variedad de informes sobre la hacienda pública que son entregados a lo largo del año, a fin de nutrir el criterio de los diputados federales en torno al ejercicio del gasto público.
No obstante, la realidad es que el informe en sí mismo sigue siendo un simple recuento de actividades y de acciones emprendidas por las distintas dependencias del gobierno federal, y esto no tiene nada que ver con un auténtico ejercicio de rendición de cuentas.
No hay, en el II Informe de Gobierno que se nos presenta, una orientación a los resultados alcanzados o los logros obtenidos. No hay una asociación entre las grandes metas que se declaran en el Plan Nacional de Desarrollo y de la forma en que esta lista de acciones y programas que se impulsan en las dependencias federales suponemos van a alcanzar estas metas.
El informe de gobierno es pues una larga relación de actividades realizadas o a medio cumplir, pero no es un ejercicio, como lo hemos dicho, de rendición de cuentas. Para que lo fuera, nosotros, en el Poder Legislativo, tendríamos que hacer uso no solamente de nuestras facultades para legislar, sino sobre todo para supervisar y evaluar el desempeño del gobierno.
En el Partido Verde hemos insistido una y otra vez en la necesidad de evaluar el gobierno por sus resultados, no por la cantidad de acciones realizadas, a través de un sistema de evaluación del desempeño que no deje lugar a dudas a la población sobre si el gasto público y si los actos de autoridad están sirviendo o no para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Y comento esta situación porque en materia de política interior, el balance de este segundo año de gobierno es evidente que el Estado no ha sido capaz de cumplir con una de sus principales funciones, que es garantizar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos.
Desde el inicio de esta administración hemos sido testigos de despliegues policíacos y militares en diferentes regiones del país, que si bien han sido en muchos casos necesarios, aún no tenemos certeza de cuáles han sido o serán sus verdaderos resultados.
El informe de gobierno nos habla de acciones para asegurar el estado de derecho, combatir el crimen organizado y fortalecer la cultura de la legalidad, pero lo cierto es que semana tras semana, día tras día, los mexicanos son testigos de una ola de violencias sin control en nuestro país. Violencia que no solamente está afectando a los criminales involucrados, sino también de manera cada vez más frecuente a policías y militares, y desafortunadamente también a civiles. Sí, la guerra que ha declarado el Estado mexicano al crimen organizado cuenta ya, entre sus víctimas, a civiles inocentes.
¿Cuáles son las metas y cuáles serán los resultados de esta guerra contra el crimen organizado? Aún no los conocemos. Pues de forma cotidiana, el Ejecutivo federal responde una y otra vez que el crimen organizado, presionado por la labores del gobierno, está incursionando en nuevas actividades delictivas para allegarse de recursos, y se nos dice, además, que los grupos delictivos están haciendo ajustes de cuentas.
Esta situación ha llevado al 89 por ciento de la población a estar de acuerdo con la necesidad de hacerse justicia por propia mano y los linchamientos ocurridos en diversas entidades de la República Mexicana dan cuenta de que esta irritación social se ha expresado no solamente como opinión pública, sino como una lamentable realidad.
La impunidad no sólo expresa el fracaso y la ineficacia de nuestras instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, sino también la falta de vinculación con la ciudadanía y la desconfianza sobre la autoridad que priva entre la población.
De acuerdo con datos del Centro de Investigación para el Desarrollo, del 100 por ciento de los delitos que se cometen en México, sólo el 1.71 por ciento de ellos acaba en una consignación por parte del sistema de procuración de justicia.
Y es que la inseguridad, la violencia y los índices delictivos no solamente se refieren al crimen organizado, sino que afectan la vida cotidiana y el patrimonio de los ciudadanos.
El riesgo de robo con violencia en México es el más alto de todos los países comparados en la Encuesta de Criminalidad y Victimización, practicada por la ONU. México presenta también, de hecho, el índice más alto de agresiones con arma de fuego, incluso por encima de Estados Unidos o Irlanda del Norte.
Por si esto fuera poco, el informe mundial sobre violencia y la salud de la Organización Mundial de la Salud clasificó a México como uno de los países violentos para las mujeres y señaló el acoso sexual, la violencia intrafamiliar, psicológica y sexual como las principales agresiones a las que se enfrentan las mexicanas.
Hace mucho tiempo que los mexicanos venimos escuchando toda esta clase de discursos para combatir el crimen, limpiar las policías y detener a toda clase de criminales; pero el único resultado visible ha sido la impunidad.
La delincuencia va en un aumento y afecta las inversiones, al turismo, y con ello las fuentes de empleo, el desarrollo económico y la estabilidad económica y social del país.
Somos enfáticos en este punto, no pedimos detener los operativos como medida para detener la violencia que hoy vive nuestro país.
Sin embargo, consideramos que la política de seguridad pública del Estado mexicano, debe ofrecer mucho más certeza sobre los resultados que se pretenden alcanzar, que el simple anuncio de que esta batalla costará muchas más vidas y que aún queda mucho por aguantar.
No toda la inseguridad en nuestro país es crimen organizado, ni toda la estrategia del Estado puede reducirse a la ejecución de operativos militares y policíacos. ¿Qué pasa con el contrabando de armas? ¿Por qué no se detiene? ¿Dónde está el adecuado control de aduanas? ¿Dónde están los Ministerios Públicos que debieran defender a la mujer y hacer cumplir la ley en materia de violencia intrafamiliar?
El embate de la delincuencia se ha visto agudizado, además, por un factor que sin duda es el más preocupante del estado que actualmente guarda la seguridad del país y es grado de corrupción que se vive en las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia. Las autoridades responsables han declarado que esto no es sino el resultado de años de desatención e impunidad.
Sin embargo, es justo decir que la corrupción ha alcanzado también a aquellas instituciones creadas por los gobiernos llamados de alternancia, me refiero específicamente a corrupción dentro de la Agencia Federal de Investigaciones.
En el Partido Verde hemos presentado —y concluyo, diputada presidenta— diversas iniciativas en materia de seguridad. Nos comprometemos en este periodo a alcanzar acuerdos con todos los grupos parlamentarios para cumplir con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que firmamos hace poco. Sin embargo, no debemos olvidar que la ley por más acabada y loable que sea no será efectiva si no es aplicada puntualmente y eso, sin duda, es responsabilidad de las instituciones que dependen del Ejecutivo federal. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Antonio Xavier López Adame. Tiene la palabra hasta por ocho minutos la diputada Layda Elena Sansores San Román, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
La diputada Layda Elena Sansores San Román: Presidenta, compañeras, compañeros, una tormenta de spots cayó en México la semana pasada. Calderón cree que un despliegue mediático sin precedente puede ocultar su fracaso.
Afirmó textualmente: "Las instituciones de seguridad pública requieren transformaciones profundas". Instruyó al procurador de justicia para que en 90 días presentara un programa de seguridad. No fueron 90 días; han transcurrido dos años sin que nada trascendente pase.
Fue necesaria una gran marcha ciudadana para que surgieran a trompa talega los desarticulados 75 compromisos contenidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Calderón dijo también el 1 de septiembre de 2006: "Fin a la impunidad de los políticos que violentan la ley en su beneficio", y ayer ante cuerpos policiacos ratificó su compromiso de combatir la corrupción. El caso Calderón-Mouriño sigue causando indignación en todos los círculos políticos del país; evidencia la falta de honestidad y la incongruencia. El santo y seña de dos años de desgobierno son la simulación y la farsa. Con qué autoridad moral puede exigir castigo a la corrupción y a la impunidad cuando no es capaz de combatirla, empezando por su casa, sus cuates y sus colaboradores.
En la última manifestación se pidió al gobierno resultados en materia de seguridad. La voz de uno de los agraviados exigió a los funcionarios que renuncien si no pueden, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rápidamente le puso fecha a la demanda.
El que preside la comisión, como abogado, no debe olvidarse que en un régimen presidencialista los integrantes del gabinete —con el respeto que me merecen, pero en el lenguaje popular— son "gatos de angora", y a ver si esta vez el titular de la Comisión de Derechos Humanos vence su mediocridad, porque éste no es un asunto menor, no es cuestión de pedirle la renuncia —con el respeto que me merece— "a gatos de angora"; que se la pida al jefe de gobierno —al que se ostenta como jefe de gobierno—, porque constitucionalmente él es el único responsable de entregar cuentas a esta representación de la soberanía popular.
Calderón presume las reformas constitucionales que la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales impulsó y que apoyó este legislativo. Qué bueno que lo haga. Pero lo que pasa es que no ha hecho nada para implementarlas, salvo el cuestionado nombramiento del secretario técnico de la comisión encargada de la reforma de seguridad y justicia.
Entre tanta ineficiencia brillan dos estados, Nuevo León y Chihuahua, con una procuradora valiente y con menos recursos tienen los mayores avances. Ellos deben recibir todo el apoyo y deben ser convertidos en laboratorio y ejemplo.
Calderón insiste en convertir la lucha contra el narcotráfico en una guerra, cree que puede ganarla peleando cuerpo a cuerpo, intercambiando balazos en la calle y pintando de olivo todo el país. Se requiere investigación científica, inteligencia, estrategia y hacer que coadyuve el sistema financiero.
Insistiremos en señalar que las soluciones cortoplacistas y con una visión reduccionista del combate a la seguridad, a través de la acción policíaca y militar, tiene límites. Error, si no atacamos, como dice Andrés Manuel López, presidente legítimo de México.
Que las profundas raíces sociales, que estamos alimentando, significan descomposición social y que la exclusión de millones de jóvenes, que son víctimas y rehenes del crimen organizado, impactan en la seguridad. Si el narcotráfico es el centro de todos los males y el fracaso en combatirlo es evidente, propongo empezar a debatir con seriedad la legalización de las drogas.
No a la pena de muerte. No a la cadena perpetua. Es la postura de Convergencia. No confundirse. Esa petición nace del dolor, la impotencia, la indignación en manifestaciones populares ante la respuesta de las autoridades. Pero de ninguna manera puede ser respuesta responsable de quienes están obligados a implementar políticas públicas.
Los legisladores llevamos años aumentando penas y penas, y siguen aumentando los delitos. Ahí es donde el poder público debe cumplir un trabajo pedagógico, o nos vamos a remontar a las épocas en que las multitudes pedían a gritos que el verdugo dejara caer la guillotina, o en los tiempos de la inquisición en que la muchedumbre se solazaba mirando arder a los acusados en la hoguera.
Mientras no oferten cambios profundos en las instituciones de procuración y justicia, que durante años se han venido posponiendo, mientras no se combata la corrupción en la impunidad, mientras se castigue a más por venganza que por justicia, y se le inventen cargos a hermanos de funcionarios que se atreven a denunciar la corrupción y la ineficiencia, pedir cadena perpetua es demagogia. Calderón da muestras de apostar a lo inmediato, a lo mediático y a lo cosmético.
Y no acabo de entender por qué la Cámara de Diputados renuncia a evaluar indicadores en las áreas de seguridad y justicia. Contar con estadísticas es básico para todo Poder Legislativo que se respete.
Convergencia gestionó 50 millones en 2006, 50 millones en 2007, y ahí los tiene guardaditos la Secretaría de Seguridad, porque no se aprueba la iniciativa para que sea directamente la Cámara de Diputados quien se haga responsable de hacer estas evaluaciones y así poder distribuir el presupuesto.
En dos años Calderón tiene a México como campo minado. Está el problema de la alza en los alimentos, de la gasolina, de la luz, de la persecución al gremio minero. Tres huelgas que no se resuelven desde hace 13 meses.
Ahí tiene el problema de los jubilados, de lo provocador que resulta solapar "gobers" preciosos y mantener un contubernio descarado con líderes petroleros corruptos. Y tenemos también un sistema educativo en crisis, porque de lo que se ha ocupado es de pagar las facturas del fraude, aliado al liderazgo magisterial más corrupto de todos los tiempos, que se ha apropiado del sistema educativo y de otras áreas de gobierno. Todo esto contribuye al clima de desconfianza, de incredulidad y de inseguridad.
Miren, nuestro movimiento no apuesta a derogar impostores. Creo que como los aviones del Escuadrón 201, se caen solos. Pero creo que si no puede, que renuncie y que si quiere, pues que diga como pretexto que se cayó del triciclo.
Y me queda claro, el fraude es el prólogo de una historia de crisis. Es el génesis de estos males que viene de la ilegitimidad y del engaño. Sí se consumó el fraude. Y para la posteridad, para los anales de la ignominia, la declaración más cínica de un político en México. Así dijo Calderón.
Como dicen en mi pueblo, "haiga sido como haiga sido". La imagen de Calderón vestido de militar, anunciando su lucha frontal contra el crimen fue patética y premonitoria. Dos años han sido suficientes para dejar claro que no sólo el uniforme militar le queda grande, también el cargo. Viva Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por ocho minutos, el ciudadano diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a diversos representantes de la Organización Coalición Nacional Campesina y Urbana, quienes nos acompañan en esta sesión.
El diputado Arnoldo Ochoa González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en cumplimiento de nuestra responsabilidad, las y los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional hemos procedido al análisis del contenido del II Informe de Gobierno que sobre el estado que guarda la administración pública en materia de política interior ha presentado el titular del Poder Ejecutivo.
Con la convicción de que las instituciones, especialmente el Congreso, debemos contribuir a la estabilidad y gobernabilidad de la democracia mexicana, los legisladores del PRI queremos presentar nuestras inquietudes sobre el rumbo que lleva la política interior de nuestro país, inquietudes, preocupaciones y señalamientos que nos importan cuando vemos que el camino de México no es el indicado; cuando la erosión de la vida institucional es cada vez más grave.
Todos quisiéramos que el contexto de este análisis del informe fuera diferente al de hace dos años, cuando el actual gobierno iniciaba su mandato constitucional. Por desgracia en 2006, por un conflicto político y hoy por la ola de violencia, el país sigue convulsionado.
Después de haber llevado adelante una reforma electoral que habrá de transformar la manera de hacer campañas en nuestro país y una reforma de justicia penal de largo aliento, ambas inscritas en un contexto más amplio, el de la reforma del Estado, vemos con preocupación que siguen pendientes muchos temas de esta agenda.
La inusual ceremonia de entrega del Informe de Gobierno, si bien evitó el conflicto común en otros años, no ha resuelto de fondo la arquitectura de una nueva relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Nuestro sistema presidencial sigue sin ser transformado para convertirlo en uno moderno y adecuado a las necesidades contemporáneas y de la pluralidad política nacional.
Hoy, el presidente ya no tiene que asistir al Congreso para informar a la nación, pero tampoco hemos rediseñado un mecanismo de rendición de cuentas y contrapesos integral y satisfactorio. Nos quedamos sin lo uno ni lo otro, en el peor de los mundos, con un viejo presidencialismo que no termina de morir y uno nuevo que no acaba de nacer.
La reforma al régimen político es una de las grandes tareas pendientes en materia de política interior, debate del que ha estado ausente la principal institución involucrada: la Presidencia de la República y, desde luego, la Secretaría de Gobernación.
En síntesis, la oportunidad que se había abierto a través de la Ley para la Reforma del Estado si bien tuvo resultados alentadores en dos rubros, dejó en el tintero aspectos fundamentales como los derechos humanos, el régimen de Estado y de gobierno y el federalismo, entre otros, todos relacionados con el manejo de la política interior.
Así pues, el capital representado por el acuerdo y el consenso de las fuerzas políticas con el que inicio el sexenio no fue aprovechado para llevar adelante el resto de las reformas que se necesitaban, y que ahora son urgentes, pero difíciles de concretar, en un contexto de deterioro de la gobernabilidad; y más aún por el inminente inicio de las campañas electorales. En eso todos tenemos responsabilidad, pero el descuido del Ejecutivo es inocultable.
Señoras legisladoras y señores legisladores, la gobernabilidad no se agota en el mero mantenimiento del orden público —que por otro lado, tampoco existe—; si bien es condición para un país estable, la necesidad de la política y de la operatividad de los acuerdos se hace todavía más indispensable en condiciones de crisis.
A ello tampoco se ha sabido contribuir desde la Secretaría de Gobernación. Es triste decirlo pero, a nueve meses de un relevo repentino, languidecen las tareas sustantivas de la dependencia cabeza del gabinete. Con ello, el gobierno se debilita día a día. Lo mismo en asuntos de inteligencia y seguridad nacional, que en temas tan sensibles como la migración, protección civil, la relación con las iglesias. La ineficacia es la nota distintiva.
Uno tras otro los escándalos han debilitado y deteriorado a la secretaría que debiera ser el centro de los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Impugnado en el espacio público y cada vez más aislado y ausente, su titular se ve impedido para ser el interlocutor principal con los otros actores, abonando con ello al clima de incertidumbre que hoy campea en el país.
La estridente versión de un supuesto intento para derrocar al presidente de la República Mexicana, que ha sido la materia prima de los columnistas las últimas semanas, no ha merecido un pronunciamiento enfático de la dependencia responsable de la política interior.
Cabe recordar que la calificación del riesgo país —y con base en ello los niveles de competitividad— no sólo depende de variables económicas; en ellos inciden de manera fundamental los aspectos de carácter político, y lo podemos decir de manera contundente: la política interior del gobierno no contribuye como debiera al desarrollo del país.
Por eso, desconcierta que hace unos días los legisladores recibimos un extenso documento de muchas cifras y pocos resultados. Es el contenido del Segundo Informe de Gobierno en materia de política interior. A lo largo de los 20 meses de la actual administración, poco, muy poco se ha visto de la capacidad del Ejecutivo para llevar las riendas del país.
En la tarea más básica de la política interior, la conducción del gabinete, los saldos son negativos. La inexperiencia, el amateurismo, la improvisación, son sinónimos de un gabinete presidencial de tonos grises; un gabinete donde el reclutamiento pareciera ser la lealtad personal y la amistad, no los resultados, no la eficacia, no la capacidad para encontrar soluciones a los problemas urgentes.
En el horizonte de esta administración no se distingue diseño, método, ni estrategia; todos han sido intentos frustrados, un puñado de buenos deseos que a nadie le sirven cuando no se traducen en acciones concretas. Lamentablemente entre más avanza este sexenio, más se parece al anterior. Se administra pero no se gobierna.
Por último, debo decirles que apenas estamos por cumplir el primer tercio del gobierno; hay tiempo para rectificar, para reconsiderar, para rehacer los caminos de la república. El PRI estará siempre dispuesto a sumar su participación y energía para la transformación democrática de México con justicia social, porque creemos en un futuro mejor. A ese propósito convocamos a todas las fuerzas políticas y al gobierno federal. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra hasta por ocho minutos, el ciudadano diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros, el artículo 39 de la Constitución señala que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno si, primero, un gobierno no dimana del voto del pueblo. Si el voto no es auténtico, si lo falsifican ese gobierno va a tener poco compromiso con el pueblo.
¿Pero qué puede hacer un pueblo si el gobierno instituido no se preocupa del beneficio del propio pueblo, sino de una capa pequeña de empresarios y políticos que cooptaron al Estado para su único beneficio? ¿Qué puede hacer el pueblo? Sin duda, salir a la calle y exigir que si no cumplen, renuncien.
Muchos de los aquí presentes aplaudieron a los que salieron a la marcha por la seguridad y yo también aplaudo, porque el pueblo tiene que luchar por su vida; pero la vida del pueblo también está en riesgo si no hay empleo. La vida del pueblo también está en riesgo si en la mesa de los trabajadores, de los campesinos, de los burócratas, de los jóvenes estudiantes no hay los alimentos suficientes para reproducirse.
La seguridad no es sólo la responsabilidad del gobierno de tener policías, jueces, militares y cárceles. La seguridad y la vida de la población la tiene que asegurar el gobierno en todos los ámbitos. En el social, económico y también en el político. Un gobierno que quiera actuar en beneficio del pueblo tiene que actuar en todas esas esferas. Y si el pueblo percibe que el gobierno que administra no está actuando en su beneficio, tiene todo el deber de exigir que se vayan; sin duda.
Por eso, una tarea que nosotros debiéramos aprobar de inmediato, es generar las fórmulas jurídicas para que el pueblo pueda ejercer su derecho a quitarle respaldo a una administración que no atiende sus medios de vida. Por eso hay que aprobar ya la revocación del mandato en la Constitución.
Escuché a muchos legisladores del PAN aplaudirle al señor Martí cuando dijo: "si no pueden, renuncien…". Y si los que no pueden no renuncian, pues hay que revocarles el mandato, sin duda.
Si no, todos lo que dicen que "qué bueno que el pueblo se manifiesta" será pura demagogia. Vamos a consultar de veras al pueblo y vamos a hacer que ejerza su soberanía lo más directamente que pueda.
Y una de las maneras para que el pueblo ejerza su capacidad, su mandato, o más bien el hecho de que él es el soberano, es aprobar esa medida.
Esperemos que a población en su conjunto esté atenta a cómo votan las fuerzas políticas en esta Cámara, porque muy pronto habremos de discutir un dictamen sobre la revocación del mandato.
Espero que también aplaudan al pueblo que diga "si no pueden renuncien", cuando los campesinos sean los que pronuncien esas frases, porque, compañeras y compañeros, la política aplicada hace 25 años, que ofreció prosperidad, ha fracasado.
Y ahí están nuestros paisanos en Estados Unidos, un millón y medio en los últimos tres años, expulsados por una política agropecuaria incorrecta, incapaz. ¿No tendrán derecho los campesinos a decir si no pueden váyanse? Claro que tienen derecho.
También tendrán derecho a decirlo los jóvenes desempleados, los miles, centenares de miles de jóvenes que van a las universidades a tocar la puerta y les dicen: "no hay cupo, hágale como quiera…". Ah, no hay cupo, ¿y entonces?
No hay empleos tampoco. Estos gobernantes incapaces de los últimos 25 años, que han aplicado el modelo neoliberal, han llevado a que este año México esté a la cola en crecimiento económico, según la CEPAL.
¿Qué no es eso motivo suficiente para que se vayan? Yo digo, a los secretarios de Hacienda de los últimos tiempos, hay que llamarlos a ajustar cuentas y también a los gobernantes, a los presidentes que les dieron hémelo. A esos presidentes que no supieron decirle "no" al Fondo Monetario Internacional cuando les impuso a Francisco Gil y a Agustín Carstens. Claro que sí. Por eso esos equipos están allí; no eran panistas y el PAN los aceptó porque los que mandan del norte se los impusieron.
Compañeras y compañeros ¿que todo el pueblo que está excluido de la economía, de la globalización, no debiera decir con toda su fuerza "váyanse, desvergonzados"?
Veinticinco años y todavía hoy nos ofrecen más de lo mismo. Que hay carestía de alimentos, la misma solución "ábranse las fronteras, que vengan los alimentos del mundo entero". En lugar de proyectos económicos para que el campo produzca los alimentos que necesitamos los mexicanos. Esa, compañeras y compañeros, creo que es la situación en la que nos encontramos.
Quiero terminar haciendo tres propuestas:
Una, así como ya hubo el acuerdo para la seguridad, la legalidad y la justicia, que debió haber sido hace año y medio, cuando lanzaron al Ejército a las calles para resolver algo que no podía resolver, a ese acuerdo hay que agregarle un buena acuerdo con Estados Unidos para recortar, para limitar, para eliminar los flujos de dinero de los adictos al crimen organizado. Eso no lo trata el acuerdo aprobado y ésa es la fuente de la compra de armas, de la compra de políticos, de la compra de periodistas, de la compra de jueces. Hay que resolver eso en diálogo con Estados Unidos.
Y habría que llegar a un gran acuerdo para la política económica. No más neoliberalismo, no más empobrecimiento.
Otro gran acuerdo para el tema energético. No vamos a admitir fraude a la Constitución. Si un gobierno que está cuestionado intenta violentar el artículo 27 que dice claramente que en materia de petróleo no se admiten concesiones ni contratos, tengan por seguro, compañeras y compañeros, que si aquí estos legisladores que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, aprueban una reforma que la violente, tengan por seguro que millones de mexicanos gritarán: váyanse todos. Gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado don Juan José Rodríguez Prats, en representación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por ocho minutos.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor presidente. La mejor forma de entender la política interior es equipararla al concepto de gobernabilidad. Gobernabilidad es un concepto de reciente creación en la ciencia política y se refiere a las transiciones democráticas. No hay gobernabilidad en una dictadura; ahí puede haber orden, pero no va a acompañado de la legalidad, y la legalidad es parte de la gobernabilidad.
Y la gobernabilidad en México implica hoy pluralismo. Aquí hemos escuchado discursos que se olvidan de nuestra propia responsabilidad. No cabe duda que la cultura política mexicana insiste más en los derechos, en las demandas, que en nuestros deberes y en nuestras responsabilidades.
Y permítaseme una reflexión histórica de hace 100 años, en los meses iniciales de 1908. Tuve oportunidad de escuchar a Javier García Diego, un gran historiador, en la Academia Mexicana de Historia, meditar sobre lo que fue la entrevista Díaz-Creelman.
No se explica cómo don Porfirio se abrió en forma tal que le confesó a un periodista extranjero tres cuestiones fundamentales. La primera, que no se reelegiría en 1910. La segunda, que México ya estaba preparado para la democracia. La tercera era una invitación a que surgieran partidos de oposición que buscaran construir a México, que fueran propositivos y que desecharan su ambición de destruir a México.
Yo llevaría la reflexión así: si estamos en un sistema plural, si hoy se respeta la Constitución, si este Congreso ha asumido sus deberes en todos sus grupos parlamentarios, ¿tenemos hoy partidos políticos que estén entendiendo el momento que vive México? ¿Se da aquí el debate de los problemas cruciales que enfrentamos? ¿Tenemos una clase política que deje sus mezquindades sus defectos y su discordia y su amargura para buscar los puntos que coincidan con México?
Yo diría que este Congreso tendría que respetar tres principios: el principio, una frase de Benito Juárez: "siempre tuerce los principios el que oscurece la verdad para ocultar sus faltas en las tinieblas". Y aquí escuchamos discursos cargados de gran agresividad, pero que estamos viendo que llevan el propósito de debilitar instituciones.
Se menciona el artículo 39 pero no el 40, que habla de una democracia representativa ni el 41 que habla que la soberanía se ejerce a través de los Poderes de la Unión.
Un segundo principio. La vida política comienza allí donde alguien dice: "nosotros", y actúa como tal. No hemos podido ni siquiera llegar a ese elemental compromiso de hablar de un nosotros como todo el Congreso y como todos los grupos parlamentarios.
Y alguien me definía nuestro trabajo en el Congreso como diciendo: "ya no entienden lo que nos pasa —hablaba a nombre de la comunidad mexicana— porque ya pasó lo que entendían".
Y esos son los discursos que escuchamos aquí: "No estamos a la altura de discutir hoy el compromiso de México inserto en el siglo XXI". Y ahí está el artículo 80 de la Constitución, que dice que el poder supremo descansa en el presidente de la república. Hay un sistema presidencial, no presidencialista, que fue lo que prevaleció y era una degeneración del sistema presidencial.
Si el Estado es fuerte, los aplasta. Si es débil, sucumbe, y por eso tenemos que ver la forma de alcanzar ése equilibrio. Y aquí se escucha, y el primero de septiembre también se hizo: "no hay empleo", pero se oponen a que haya más inversiones, porque no salen las reformas aquí que nos den certeza legal.
Aquí se habla de que no van a permitir un "madruguete" o un "albazo", díganme que es eso en el trabajo legislativo. Defina alguien qué es un "albazo" o un "madruguete". Si no estamos hoy violando la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento que señala plazos para dictaminar y para que se discutan en el pleno las iniciativas que se presentan.
Aquí, inclusive, se sostienen tesis en contra de las plataformas electorales que se registraron en la campaña, cayendo en una terrible incongruencia y solamente queriendo bloquear, porque eso es lo que se pretende, bloquear la acción del presidente de la república y del partido que está en el poder.
Yo creo, señores legisladores, que debemos hacer un ejercicio de autocrítica. Hoy estamos en un sistema plural. Hoy estamos diseñando nuevas instituciones, porque ya hay un derecho que dejó de funcionar, después de cada gran movimiento en México, el derecho se adecua a las nuevas realidades. Pero hoy, desafortunadamente, no estamos adaptando las instituciones a los nuevos tiempos, y esto es responsabilidad de este Congreso, es responsabilidad de este grupo parlamentario.
Yo en cada legislatura que he participado, siempre nos regodeamos en el discurso complaciente: "somos una legislatura histórica, hemos hecho cambios notables". No es cierto. Estamos rezagados en relación a nuestros deberes y a nuestras obligaciones. Ni siquiera en el debate hemos podido discutir los grandes temas que agitan a la nación y nos vamos a lugares comunes y a descalificaciones degradando el lenguaje y degradando la política.
Debemos fortalecer a las instituciones. Un conservador busca que las cosas permanezcan, pero un reaccionario, el que quiere la regresión, busca atacar a las instituciones, debilitarlas y en esa circunstancia estamos hoy en día y debemos denunciar a quienes lo están intentando, porque quieren, al final de cuentas, que México, así como lo decía don Porfirio, pueda evidenciarse como un país que no está apto para la democracia y retornen las fuerzas autoritarias y se termine con la consolidación y la transición democrática.
Compañeros legisladores, el PAN no arría banderas, el PAN sostiene sus viejos principios, el PAN seguirá defendiendo aquí por lo que ha creído siempre, y se expenderá que no hay ninguna causa pequeña, que todo vale la pena si el alma no es pequeña. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Para dar paso a la segunda ronda. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado don Humberto Dávila Esquivel, de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado Humberto Dávila Esquivel: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el desarrollo de nuestra vida democrática ha traído consigo una evaluación más rigurosa del desempeño de nuestras instituciones y de quienes las representamos o formamos parte de éstas.
Las mexicanas y los mexicanos exigen al Estado el cumplimiento de las funciones que le corresponden, promover y asegurar los bienes públicos más preciados, como los son: el bienestar social, la estabilidad, la paz, la civilidad y la convivencia pegada al derecho; para esto debe servir el Estado.
El desaliento e inquietud social es evidente, ante el incremento de la violencia e inseguridad en nuestras calles. La polarización de las fuerzas políticas en torno a un asunto de importancia estratégica, como es la reforma de Pemex, el incremento de precios en las materias primas y alimentos, con su consecuente impacto en el empobrecimiento de millones de mexicanos, y la irresponsabilidad de quienes alientan el conflicto en un momento en que es fundamental unir esfuerzos para construir soluciones a los desafíos que amenazan la gobernabilidad. Millones de mexicanos demandan y esperan acciones que alivien su actual situación.
Quienes desempeñemos cargos públicos deberemos asumir plenamente la esencia del mandato que se nos otorgó, con las correspondientes obligaciones de dar cuenta pública y periódica de nuestra gestión. En este sentido es imperativo recuperar la confianza de la gente, base social del buen gobierno.
Hoy las mexicanas y los mexicanos muestran, con justa razón, su inconformidad e indignación ante políticos y gobierno, tal como lo refiere la encuesta publicada el día de ayer. Si realmente queremos prestigiar la actividad política, los servidores públicos debemos comenzar por honrar nuestros compromisos.
En muchos momentos nos hemos preguntado ¿qué tan lejos podemos llegar como nación? Ahora debemos plantearnos, con igual convicción, qué tan cerca podemos estar de la gente a la que servimos. Garantizar seguridad, empleo, educación, vivienda y salud para todos es una obligación que el Estado no puede eludir.
El estancamiento en nuestra economía y las pobres expectativas de crecimiento para el próximo año son factores que tendrán como consecuencia inmediata la pérdida de empleos, salarios por debajo de la necesidad de los trabajadores y un clima laboral de marcado conflicto.
Ante este escenario las instituciones responsables de garantizar la ley deben actuar de manera imparcial. El conflicto que enfrenta el sector aeronáutico y, en particular, la Asociación del Sindicato de Sobrecargos de Aviación de México, es una oportunidad para que el Estado muestre su voluntad de conciliar y encontrar soluciones que satisfagan a trabajadores y a empresas.
Es tiempo de eliminar, de la ley, la prerrogativa que tiene el gobierno de la toma de nota pues este mecanismo se convierte en una forma de control inaceptable en una sociedad democrática.
Para Nueva Alianza los esfuerzos del gobierno federal deben orientarse a impulsar políticas que generen empleo, a fortalecer instituciones e impulsar el desarrollo regional. La gobernabilidad pasa por el bienestar y la creación de oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. La desigualdad y la pobreza amenazan la cohesión de nuestra sociedad. Sólo con un crecimiento económico sustentable y la aplicación de políticas que promuevan la igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios básicos podremos dar pasos firmes para superar este rezago social.
Qué mejor manera de combatir la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, que impulsando a la educación. Con una sociedad más educada se promueve una cultura democrática más tolerante, crítica y participativa. Una sociedad educada exigirá a sus gobiernos cuentas claras y buenos resultados. Una sociedad educada ejercerá un voto más informado. Una sociedad educada fortalecerá nuestras instituciones y nuestra democracia.
En materia de derechos humanos, el Estado no ha mostrado la capacidad ni la voluntad de hacer efectivo su pleno respeto. De igual manera…
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor, diputado.
El diputado Humberto Dávila Esquivel: En el combate a la piratería, al contrabando, al narcotráfico y a la delincuencia organizada, los resultados no son del todo satisfactorios, generando pérdida de confianza, desencanto y quebranto económico para el país. El buen ejercicio de una política interior fortalece la gobernabilidad y el estado de derecho. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Humberto Dávila Esquivel. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Abundio Peregrino García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Abundio Peregrino García: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su solidaridad con el gremio periodístico por las agresiones que han sufrido muchos de sus integrantes y que en múltiples ocasiones han sido cobardemente asesinados.
No obstante que dentro de la Procuraduría General de la República existe una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, su actividad informativa sigue siendo altamente riesgosa e incluso así es reconocida por organismos internacionales en la materia. Desde esta tribuna de la nación, exigimos a las autoridades competentes el completo esclarecimiento de las agresiones de que han sido objeto los periodistas.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta su abierto rechazo a la represión que el Estado mexicano ejerce contra los movimientos sociales y sus representantes legítimos que se oponen a la política gubernamental. Exigimos respetar su forma de organización social y de la defensa de sus legítimas conquistas.
La injusta y absurda sentencia condenatoria contra los líderes del Movimiento del Frente Popular por la Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, muestra el carácter vengativo y revanchista de jueces de consigna que ejercen la impartición de justicia en este país, plegándose a los deseos de la clase gobernante; en cambio a las autoridades implicadas en estos abusos que constituyen una franca violación a los derechos humanos de los habitantes de Atenco, no se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa.
Hoy, millones de jóvenes no tienen oportunidades, porque no existen, para continuar sus estudios o para acceder a las fuentes de trabajo, salvo unos cuantos que logran colocarse. El presidente del empleo no ha sido capaz de generar el número de plazas laborales suficientes, tienen que irse a la migración o a la delincuencia para subsistir, como último recurso.
El secretario del Trabajo reconoció que el Programa del Primer Empleo fue un fracaso, porque en el periodo 2007-2008 apenas se generaron 27 mil de los 300 mil proyectados.
Desde esta tribuna el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo rechaza la política de criminalización de la juventud que el actual gobierno federal ha instrumentado, éste es sólo un signo más de la deteriorada situación económica y social del país, que incluso ha generado el resurgimiento de movimientos sociales armados en franca oposición al gobierno neoliberal, que ha mostrado oídos sordos a los reclamos del pueblo para acceder a mejores niveles de bienestar.
La sordera y miopía de la administración federal ha llevado a desaparecer a miembros de esos movimientos sociales, en lugar de emprender un diálogo abierto y franco con esas agrupaciones.
Compañeras y compañeros diputados, para los legisladores del Partido del Trabajo la situación política y social que priva en nuestro país, en esta coyuntura nos exige estar alertas y preparados para detener las ambiciones de la ultra derecha, de cancelar las libertades políticas, los derechos sociales, la libertad de culto y la propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo.
También nos exige defender los intereses del…
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le pido concluya, señor orador.
El diputado Abundo Peregrino García: … pueblo mexicano, creando condiciones para introducir en la Constitución la democracia directa y participativa a través del referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la consulta ciudadana y la revocación de mandato.
Concluyo, presidenta. Éste será el paso para rebasar la acotada y superada democracia representativa, e instaurar en nuestro país nuevas instituciones democráticas acordes con el pensamiento y las necesidades del pueblo mexicano y de los nuevos tiempos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputado Abundio Peregrino García. Se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Jesús Sesma Suárez: Con su permiso, presidenta. Compañeros diputados y diputadas, esta legislatura ha mostrado un claro compromiso con la discusión de los temas de la agenda nacional, ejemplo de ello es la aprobación de 26 de 40 iniciativas propuestas por el Ejecutivo a lo largo de esta legislatura. Otras por su complejidad se siguen discutiendo en las comisiones, en ambas Cámaras.
Del mismo modo, aprobamos recientemente una serie de reformas que modificaron sustancialmente la relación que mantienen los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales. Existe entonces voluntad por parte de este órgano colegiado, para discutir los temas de interés nacional y cooperar con el Ejecutivo federal. Algo que al inicio de este gobierno se veía francamente complicado.
No obstante lo anterior, es necesario mantener y reforzar esta atmósfera de cooperación y de dialogo que existe entre ambos poderes. Para ello, se requiere de transparencia en la actuación de todos los involucrados.
Estamos próximos a un proceso electoral, que augura ser competido y que pondrá a prueba las leyes e instituciones que recientemente reformamos. No nos podemos dar el lujo de repetir el escenario de encono y confrontación que vivimos al inicio de este gobierno.
Las reformas aprobadas de poco servirán si los actores políticos no comenzamos, desde ahora, a construir un ambiente de certidumbre y de confianza alrededor de nuestras actuaciones cotidianas.
Traigo este comentario a colación porque es de todos nosotros sabido que actualmente existe un subejercicio en algunos de los gastos de algunas dependencias del gobierno. Esto ha comenzado a generar suspicacias en algunos actores políticos que han empezado a pronunciarse sobre la intención del gobierno, de reencausar el gasto subejercicio hacia programas de gobierno más redituables, desde un punto de vista electoral.
Nada más, hace unos días en la apertura de este periodo ordinario de sesiones, un Grupo Parlamentario sentenciaba, y cito: "No negociaremos ni debatiremos, ni mucho menos aprobaremos, si no se aclaran o liberan los subejercicios del 2008" cierro cita.
Hoy, el gobierno está a tiempo de evitar desconfianzas en su actuación, ejerciendo puntualmente el presupuesto que ésta soberanía aprobó para el ejercicio fiscal 2008, y que en próximas fechas estaremos aprobando para el ejercicio 2009.
Cumpliendo con esto, que no es más que su obligación, contribuirá a fomentar la cordial relación que este Congreso ha mantenido con él, y a que el debate público continué centrado en los temas de relevancia nacional.
No permitamos que una vez más las pugnas y desacreditaciones resten espacio en los asuntos que son de verdadera importancia para nuestro país.
Esperamos que el Ejecutivo federal no apueste por una mayoría en el Congreso, que difícilmente obtendrá, y que se incline por reforzar las líneas de dialogo y cooperación que hasta este momento han mantenido con la soberanía.
En otra tesitura, la población que ha tenido que migrar de su lugar de origen por situaciones diversas, conflictos internos, religiosos, por el desarrollo de obras de infraestructura, o por desastres naturales, han padecido de una virtual inexistencia por parte de estas autoridades.
Por lo general, quienes son desalojados sufren de desnutrición, de carencias de agua potable, de servicios de educación y saludo, así como de oportunidades de trabajo, lo que se traduce en nulos accesos económicos.
Evidenciamos la falta de una estrategia clara para la atención de los desplazados internos, por parte del gobierno federal. Ante ello, se debe impulsar la aplicación de los 30 principios rectores de los desplazados internos de la ONU, que son los fundamentos que han guiado a los gobiernos, a los organismos internacionales y a las organizaciones no gubernamentales, en el tratamiento de quienes viven en este dilema.
Por poner un ejemplo, el año pasado fuimos testigos cuando las autoridades quedaron rezagadas en la labor, reconocimiento y protección de las personas que tuvieron que abandonar sus hogares en el caso de las inundaciones en Tabasco.
Este suceso dejo un saldo de 264 mil personas que fueron evacuadas forzosamente, las cuales fue imposible albergar, lo que derivó en un desplazamiento a otros estados como Veracruz, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, en su mayoría.
Por lo tanto, consideramos que se debe dar...
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le pido concluir al orador.
El diputado Jesús Sesma Suárez: Gracias. Por lo tanto, consideramos que debe ser responsabilidad de la Secretaría de Gobernación coordinar las actividades de las dependencias del sector público, federal, estatal y municipal, así como de los organismos privados para el auxilio de la población en las áreas en las que ocurra un desastre.
Son vastos los temas que abarca la política interior y seguramente en cada uno de ellos hay observaciones a realizar. Tampoco adoptaremos la postura intransigente de decir que todo está mal. Las anotaciones que se han hecho en su momento… la pregunta parlamentaria que el Partido Verde formule a los servidores públicos responsables de la conducción de la política interior del país buscará sobre todo crear un ambiente de reflexión y evaluación que contribuya a mejorar los programas implementados por el actual gobierno. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Jesús Sesma Suárez. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario Convergencia.
El diputado Elías Cárdenas Márquez: Con su venia, señora presidenta. Diputadas y diputados presentes y ausentes, donde quiera que estén.
El Segundo Informe de Gobierno de esta administración dedica un capítulo a la confianza en las instituciones públicas. No sabemos si el objetivo es detallar las mínimas acciones que ha hecho o poner en evidencia su incapacidad.
Todas las encuestas reflejan la poca confianza de la sociedad en las instituciones, concretamente las que se dedican a la procuración y a la administración de justicia. Según datos proporcionados por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, las instituciones como la Presidencia, la Suprema Corte o la policía, tienen una calificación menor de 7 o 6, en una escala del uno al 10.
En el tema de la corrupción nada dicen las 12 cuartillas sobre el hecho de que México ocupa el lugar número 72 en el Índice de Percepción de Corrupción que elabora Transparencia Internacional.
¿Cómo nos explicamos que no hayamos pasado de la media tabla a pesar de haber emprendido las acciones que se detallan en el informe? Pues porque la ciudadanía no cree en esas acciones o de plano su experiencia cotidiana le dice que la corrupción es un caso que lejos de desaparecer sufre de metástasis, porque quienes ahora ocupan la administración pública no han aprendido a gobernar, pero sí se enseñan rápidamente a hacer negocios al amparo del servicio público.
No nos extraña esta situación: Por un lado, simulan querer eliminar la corrupción a golpes de decreto; y por el otro, este gobierno, como sus antecesores, la practican alegremente. Y no solamente nos referimos a esa corrupción que hace que los ciudadanos ya no distingan entre policías y delincuentes, sino a grandes negocios que se hacen al amparo del tráfico de influencias, de amiguismos o de la tranza ramplona. Estos negocios que permiten que en Pemex, tan necesitado de recursos, se pueda comprar un buque chatarra, construido en 1980, en varias veces su valor en el mercado.
También que funcionarios públicos puedan actuar como proveedores o contratistas aprovechando sus cargos. Pero de esto nada dice el informe, como si la corrupción desapareciera cerrando los ojos ante su evidencia.
A nosotros nos gustaría ver en este informe detallados casos de corrupción y cómo fueron castigados. Pero no existe en el mundo de calderonlandia. Todavía está ahí su inacción frente al asunto de Pasta de Conchos. Ninguna de las conclusiones a las que llegó la comisión se han atendido 65 cadáveres y las numerosas familias de los mismos, siguen esperando. Nada se ha hecho.
La corrupción florece al amparo de la opacidad que tan cara es al Ejecutivo. Por más que el artículo 6o. de nuestra Constitución nos otorga el derecho a saber, y a que contamos con una entidad autónoma como el IFAI, los funcionarios de este gobierno —como los anteriores— dedican enormes esfuerzos a encontrar la manera de seguir ocultando la información que debiera ser patrimonio de la sociedad.
Por supuesto que ello es así porque los negocios ilícitos requieren de la oscuridad. La luz, ya se sabe, es tradicional; siempre ha sido mortal para los vampiros que hoy chupan la sangre de nuestro pueblo.
La Auditoría Superior de la Federación ha puesto en evidencia, en varios casos, la ineficiencia, la discrecionalidad, el burocratismo o, de plano, la corrupción presente en la administración pública. Existen aproximadamente 800 consignaciones ante la Secretaría de la Función Pública que están en el limbo de los trámites de esta dependencia.
Por ello, como lo pregonaba el Partido Acción Nacional cuando era oposición, la autonomía de esa Secretaría es imprescindible. Inclusive, podría eliminarse si fortalecemos las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Finalmente, me parece que es necesario que los mandatos de esta soberanía, que da a sus comisiones de investigación, sean fortalecidos en la práctica. No es posible que el Ejecutivo pueda obstaculizar impunemente el trabajo de los representantes populares. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Elías Cárdenas. Ahora se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Aracely Escalante Jasso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a adultos mayores de la Unidad Modelo de la Delegación Iztapalapa; y a invitados especiales del municipio de Zacatlán, Puebla. Muchas gracias por su presencia en este recinto. Adelante por favor, diputada.
La diputada Aracely Escalante Jasso: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La naturaleza de la democracia es el diálogo, la negociación y el logro de acuerdos para impulsar las reformas y las políticas que atiendan las necesidades de nuestro desarrollo.
Una buena política impulsa también a las áreas sociales y económicas. En consecuencia, una mala política crea conflicto, falta de entendimiento, confusión e impide la posibilidad de acuerdos.
En este sentido, el informe de gobierno presentado por el Ejecutivo federal en materia de política interior, debe ser evaluado en dos dimensiones: por lo que dice y por lo que deja de decir.
Llama de manera particular la atención, al Grupo Parlamentario del PRI, la omisión en este II Informe, sobre los problemas y tensiones que se viven en distintas partes del país. La ausencia de perspectiva, reflexión y propuesta en materia de gobernabilidad nos deja en incertidumbre, toda vez que genera vacíos inaceptables.
En este sentido me parece oportuno, para recordarle, que la legitimidad es un componente esencial de la gobernabilidad democrática. Tiene su fundamento no sólo en la legalidad política y el respeto a los derechos, sino que también depende de la capacidad específica y rendimiento de los diversos actores, responsables del ejercicio del poder público que logran el consentimiento, apoyo y aceptación de parte de la ciudadanía.
Todo parece indicar que nada podemos esperar de este espacio de diálogo y acuerdo, que debe de ser el gobierno federal. Conforme avanza el sexenio es cada vez más evidente que la inestabilidad política que vive el país, en varias regiones y a nivel nacional, rebasa sus capacidades.
¿Cómo reconstruir la relación entre poderes y dar cauce a reformas mínimas para que los próximos años tengan un mejor marco político si la única respuesta del gobierno es la evasión de su responsabilidad constitucional?
Lejos de un cambio que mire hacia delante, vivimos una peligrosa regresión donde los ciudadanos no son dignos de respeto, y atención institucional.
El grupo parlamentario del PRI no puede dejar de señalar con solvencia moral, la limitación argumentativa y de capacidad para mostrar un panorama que ofrezca aliento a los mexicanos en la solución de los graves problemas que vivimos.
La percepción es que vivimos en un régimen republicano que crecientemente se deteriora, al tiempo que nos acercamos a un extremo de inseguridad, ilegalidad, incertidumbre y enfrentamientos sociales.
La anarquía identifica mejor nuestra realidad, en vez de que lo hiciera el estado de derecho y el orden constitucional. A pesar de que en todas las voces existe unanimidad sobre la necesidad de reformar el Estado para hacerlo más democrático, eficiente, eficaz y orientado al ciudadano, en realidad pasa todo lo contrario.
Es obvio que el aparato gubernamental debería de ser más ágil, flexible y eficiente, además de más responsable delante de la sociedad.
Es evidente la necesidad de impulsar una cultura democrática que permita reconstruir una comunidad nacional que comparta identidad y que incluya a todos los ciudadanos, en el proceso político y económico. Es imperante la reducción de las desigualdades entre los ciudadanos.
La Secretaría de Gobernación debería de redefinir, para sí, el propio concepto de Estado, para ubicar el ámbito administrativo en el interior de la problemática de la distribución y ejercicio del poder político. Sólo así dejarán de ver la reforma del Estado como una mera alteración del organigrama del gobierno, para poderlo ubicar como un cambio en las relaciones entre diferentes actores y agentes políticos, económicos y sociales.
En términos concretos, tales transformaciones requieren cambios en las relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los agentes económicos productores, los ciudadanos y los grupos sociales, que den paso a lo que por muchos años hemos denominado "un nuevo pacto social".
La brecha del desarrollo se encuentra en la mala gobernabilidad. La consecuencia se ve en los bajos niveles de cultura de la legalidad, en la supervivencia del clientelismo que consigue en muchos casos hacer del voto, no el ejercicio de una libertad, sino la transacción de un activo. El corporativismo, la convivencia ilegítima entre negocios y política, lo cual delata una estructura institucional rodeada de una gran opacidad.
El balance de este II Informe es motivo de desaliento y preocupación, lacera al pueblo de México, impide el desarrollo de las nuevas generaciones y fractura a la sociedad. Sin embargo estamos obligados a señalarlo, porque de otra manera seríamos cómplices de los errores que se cometen…
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Concluya, por favor, la oradora.
La diputada Aracely Escalante Jasso: …concluyo, señor presidente. El futuro del país está en manos de este gobierno. Es incierto para quienes añoramos que la política se ejerza de manera responsable. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputada Escalante Jasso. Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Andrés Lozano Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
Esta presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a los integrantes del Maratón Infantil y familiares que los acompañan, del municipio de Teotihuacan, Estado de México. Gracias por su asistencia, bienvenidos. Adelante, por favor, diputado Lozano.
El diputado Andrés Lozano Lozano: Con su venia, diputado presidente. La política interior debe tener como premisas fundamentales la coordinación entre las instancias de gobierno, entre los niveles de gobierno y los partidos políticos; el respeto e impulso a la democracia y mantener una estrategia de gobierno.
Eso es lo que nuevamente en este informe se refleja en ausencia. No hay una política interior de este gobierno. Ésa es la realidad. Tuvo que pasar más de año y medio, un año nueve meses, para que pudiera ser convocada por Felipe Calderón una reunión para tratar el tema de la seguridad con los gobernadores, presidentes municipales y con la sociedad en su conjunto.
Esto lo único que evidencia es que no hay una estrategia en materia de seguridad pública, que no hay una política en materia de prevención del delito, que se sigue concibiendo única y exclusivamente como el ataque entre policías y ladrones y no como una política integral que fomente el empleo, la economía o el desarrollo social. Esa política está ausente y mientras no esté contemplada de manera global, mientras no cambie la visión miope de un gobierno, no va a poder ninguna Secretaría de Seguridad Pública ni ningún secretario dar resultados, porque se siguen dando esfuerzos de manera aislada.
Falta y ausencia de coordinación entre PGR y Seguridad Pública, también reconocida en días recientes. Se dijo: "hay algunas acciones que están entre la procuraduría y la secretaría que generan cierta rispidez, pero en el ánimo de arreglar las cosas". Falso. Ausencia total de estrategia, ausencia total de política de prevención.
Resultados del mismo informe: "Personas detenidas con recursos de procedencia ilícita 87; por secuestro 81; por terrorismo y tráfico de armas 114; tráfico de menores e indocumentados 20. En total 302 personas detenidas en lo que va del año. Ése es el resultado que se ha obtenido en la política interior.
Presupuesto dado en materia de seguridad pública: en 2006 más de 9 mil millones; 2007, 14 mil millones —se incrementó 51 por ciento— y ayer se envía un presupuesto que contempla 19 mil millones para 2009; incremento de casi 40 por ciento.
No hay proporción entre el aumento del presupuesto en materia de seguridad pública, que del 2006 al 2009 va a ser de más del 100 por ciento, y no tiene ninguna concordancia con los resultados obtenidos. ¿Por qué? Porque no hay una política interior en materia de seguridad pública.
No son críticas aisladas ni son críticas de oposición. No hay política más constructiva que el que se reconozca cuando las cosas no andan bien o no se hacen bien. De este Congreso, ustedes mismos han reconocido aprobación del presupuesto por los grupos parlamentarios, de reformas hacendarias, de reformas constitucionales en materia de seguridad pública y justicia.
Aquí se ha cumplido la labor para que el gobierno salga adelante. Ya van a ser prácticamente ocho años de gobiernos de panistas y la política interior sigue en pique. Esa es la realidad, más que nada ayudaría…
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Concluya, por favor, señor diputado.
El diputado Andrés Lozano Lozano: … reconocer cuando las cosas no andan bien para construir, y reconocer ahora también, en este momento, que a partir de esta crisis intentarán una nueva política en materia de seguridad pública, pero que no existía antes. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Lozano. Tiene ahora la palabra la diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.
La diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera: Con su permiso, diputado presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Adelante, diputada.
La diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera: Sabemos que México atraviesa una etapa de transición democrática. El régimen autoritario en que vivíamos, como país, está siendo hoy desplazado por el régimen democrático que construimos.
La democracia electoral es una conquista y una realidad, y seguimos edificando ladrillo a ladrillo la democracia social y económica. Ésta es hoy la tarea de la sociedad mexicana y su gobierno.
Hoy estamos aquí haciendo balances sobre el segundo informe del gobierno del licenciado Felipe Calderón. El origen de la existencia del Estado es precisamente proveer de bienes públicos necesarios para el desarrollo de las sociedades, garantizar el estado de derecho, la gobernabilidad democrática, elecciones libres, fomentar insistentemente la participación ciudadana y garantizar el respeto a las libertades civiles y a los derechos humanos.
El tema de la seguridad pública en nuestro país es uno de los más sentidos y que incide determinantemente en la calidad de vida de todos los mexicanos. Es un reclamo urgente, recuperar las condiciones mínimas que se requieren para vivir en paz. Los ciudadanos exigen que las autoridades pongamos un alto a la delincuencia en todas sus modalidades.
Es nuestra obligación observar, estudiar, comprender el fenómeno de la inseguridad pública y de la delincuencia. Es nuestra obligación diseñar inteligentemente soluciones a la etiología, a las causas de la criminalidad. Es nuestra obligación medir, vigilar, entender, día a día, el fenómeno de la delincuencia y los sistemas creados para combatirla.
Es nuestra obligación atenuar las consecuencias lacerantes de la delincuencia en los ciudadanos y es nuestra obligación hacer todo esto dentro del marco del estado de derecho. Es nuestra obligación que la seguridad pública, pues, sea un asunto de Estado.
Al hablar de nuestra obligación, me refiero a esta Cámara de Diputados, pero también a los Poderes Ejecutivo y Judicial federales, incluido el Senado de la República, a los gobiernos de los estados, a los poderes judiciales de los estados y a los congresos locales; a los presidentes municipales y los ayuntamientos, al jefe de gobierno del Distrito Federal y a las delegaciones del Distrito Federal.
Y, a nosotros, nos toca la creación de leyes en esta materia, los sistemas de persecución del delito y la administración de justicia en todos sus niveles, así como los sistemas penitenciarios tendrán que ser particularmente observados. Para dar respuesta a esta obligación es preciso partir del reconocimiento que estamos ante un problema muy complejo, enquistado desde hace muchos años de una manera indolente y corrupta en los gobiernos y en la sociedad, al grado de parecernos normal en el día a día la criminalidad y la corrupción.
Es preciso reconocer que las políticas públicas implementadas han sido insuficientes. Es necesario un golpe de timón. Es aquí, a partir de este golpe de timón, donde estamos hoy parados y donde partimos todos en respuesta a esta obligación, de cara al desafío, que hoy como gobierno, refiriéndome a los tres Poderes, nos toca asumir.
Hemos diseñado inteligentemente, en el marco de los consensos propios de un régimen democrático, respuestas a este mal que nos aqueja, y que sabemos dará frutos luego de su tiempo de maduración. Me refiero a algunos:
Primero. La reforma de justicia penal que hemos venido trabajando en el seno de este Congreso.
El Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado el pasado 21 agosto. En dicho convenio los firmantes nos comprometemos en forma global a varios postulados que ustedes ya conocen.
También me refiero al Presupuesto del año pasado, donde se creó una partida presupuestal directa a los municipios por la cantidad de 3 mil 589 millones de pesos y se aumentó en mil millones de pesos la partida de fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del DF con respecto a 2007.
En materia internacional la Iniciativa Mérida nos favorece más allá del recurso que se comparte, dado el compromiso que hace el gobierno de Estados Unidos en cuidar sus fronteras tanto para el ingreso de drogas, como para la salida de armamento, así como implementar una política de prevención de consumo de drogas hacia sus ciudadanos.
El gobierno federal tiene una estrategia clara, precisa y que ha dado resultados. Como podemos verificar en el Informe de Gobierno que hoy comentamos, a través de sus diversas líneas estratégicas. También encontramos en el Presupuesto que fue enviado el día de ayer un aumento presupuestal de 32.9 por ciento, como propuesta, y que habremos de discutir nosotros en el seno de esta Cámara de Diputados.
De la lectura del informe podemos encontrar la estrategia, los avances, los logros y los retos en materia de seguridad pública. Reitero que este desafío es de todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno con su respectiva división de Poderes de la misma sociedad.
Reiteró el clamor social que este desafío es un desafío testado, donde los colores, los órdenes de gobierno pasan a segundo término. La delincuencia lacera la paz y las oportunidades de crecimiento económico y social. Es preciso llamar incansablemente a las autoridades a la cooperación...
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Diputada, le solicito amablemente que concluya, por favor.
La diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera: Termino, señor presidente. Es preciso llamar incansablemente a las autoridades a la cooperación, coordinación e intercambio de información. Visión de Estado es lo que reclaman los ciudadanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputada Tamayo Herrera. Hemos concluido de esta forma la segunda ronda de oradores y damos paso a la tercera ronda.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Mauricio Ortiz Proal: Con la venia de la presidencia.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Adelante, señor diputado.
El diputado Mauricio Ortiz Proal: A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara de Diputados, me permito compartir con ustedes las siguientes reflexiones.
Para nosotros, el denominador común de la política interna ha sido la falta de entendimiento y de articulación de acuerdos entre los diversos sectores del país. La ausencia de una interlocución clara por parte del Ejecutivo federal ha ubicado a México en una etapa compleja, caracterizada por la descomposición y la ingobernabilidad, amenazado seriamente en su seguridad nacional.
Más allá de colores partidistas, nosotros, como representantes populares, asumiremos sin ningún titubeo las tareas que nos correspondan para efectuar los cambios necesarios a la legislación. Habremos de encarar el análisis, la discusión y aprobación de una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos para 2009, que incluya un fortalecimiento real y sustantivo del presupuesto asignado a las instituciones de seguridad en el país.
En el Segundo Informe de Gobierno el titular del Ejecutivo presentó, en el plazo de septiembre de 2007 a agosto de 2008, 16 iniciativas de ley. De estas 16, 11 fueron aprobadas con la venia de esta soberanía, lo que demuestra que el Congreso mexicano ha cumplido plenamente sus responsabilidades constitucionales, evidenciando su vocación plena de colaboración y corresponsabilidad.
En breve iniciaremos aquí la discusión del paquete de iniciativas en materia petrolera. Analizaremos también la iniciativa de reforma al Código Penal Federal en el que se proponen castigos más severos para combatir a los delincuentes.
El presidente Calderón afirma en el Segundo Informe que el Cisen fortaleció los lazos de intercambio e insumos de información con 41 organismos de más de 34 países diferentes, esto con el objeto de identificar riesgos y amenazas a la soberanía y seguridad nacional, acordando actividades de capacitación en materia de inteligencia.
En este mismo documento se informa que el Cisen forma parte del grupo de trabajo negociador de la Iniciativa Mérida, cuyo principal objetivo era incrementar la cooperación bilateral para identificar a las organizaciones criminales, combatir el tráfico de armas, el tráfico de drogas, así como las actividades financieras ilícitas.
La seguridad nacional, compañeras diputadas y compañeros diputados, se rige por los principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Es claro que el Cisen debe proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar nuestro territorio. Ante esta compleja realidad cabe la posibilidad de hacernos las siguientes preguntas:
¿Es compatible una estrategia operativa a nivel nacional, que en aras de combatir al crimen organizado ha derivado en un incremento insospechado de los actos violentos? O, ¿debería replantearse esta estrategia para generar resultados y, simultáneamente, fortalecer la paz social y disminuir la inseguridad en nuestro país?
Tan sólo en agosto, compañeras diputadas y compañeros diputados, ocurrieron más de 600 ejecuciones. Con todo respeto, una estadística como ésta es sólo digna de un estado de excepción.
¿Qué, no acaso tienen valor las manifestaciones espontáneas y justificables de los ciudadanos que nos están exigiendo combatir al crimen organizado y a la violencia, con inteligencia y no tan sólo con políticas públicas desarticuladas e inconexas?
¿Qué medidas han tomado para garantizar que no se vuelvan a repetir ataques a las instalaciones estratégicas en nuestro país? ¿Hasta cuándo la población percibirá la tranquilidad, la paz social y la certidumbre que demanda? ¿En qué momento contaremos con servidores públicos eficaces que aparten sus protagonismos y que actúen con sensibilidad política —una actitud distante, muy distante, lamentablemente, de la que se observa por parte del actual director del Cisen? ¿Qué compromisos o implicaciones específicas conlleva el denominado Plan Mérida para nuestro país?
En fin, todas estas preguntas serán planteadas de manera formal y específica en la glosa que habremos de realizar del informe presidencial.
Para concluir, hay que señalar que en materia de política interior, el saldo desafortunadamente dista mucho siquiera de ser satisfactorio. La política está quedando a deber mucho a todos los mexicanos.
Invitamos, respetuosamente, al Ejecutivo a reconsiderar la estrategia y a asumir de manera honesta las insuficiencias en su propuesta. Es cuanto. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Ortiz Proal. Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago: Gracias, señor presidente. En primer lugar, a partir de lo que estuvimos estudiando del informe que nos compete en materia de política interior, quiero decir que ya no les entendí nada. En primer lugar, en materia de derechos humanos, según el Ejecutivo federal, dice que en el objetivo ocho del PND, que tiene que ver con que prevalezcan los derechos humanos en nuestro país, uno de los indicadores a resaltar es que no haya recomendaciones por Derechos Humanos.
¿O sea que no van a atender que no haya violaciones a los derechos humanos?, ¿eso es lo que nos quieren decir? Yo quisiera saber hasta dónde las políticas gubernamentales del Ejecutivo federal en materia de derechos humanos no se van a introducir en un asunto de violación a los derechos humanos y estar nada más capoteándole ahí con el ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estarse diciendo que haya o no recomendaciones, en vez de evitar que haya violaciones a los derechos humanos en nuestro país.
En materia de prevención del delito tampoco me parece que el Ejecutivo federal entiende nada. No entiende qué es ni para qué sirve la prevención del delito, porque en su programa de acciones integrales, que dice que a nivel nacional, regional, estatal y municipal van a hacer una serie de programas para que la gente no se convierta, las personas no se conviertan en delincuentes, y que sufran violaciones a su integridad y a su patrimonio, pero resulta que cuando están los números y estamos investigando y estamos revisando los números de qué hicieron y qué acciones se hicieron para implementar este tipo de acciones a la prevención, que tiene que ver con eliminar los problemas que puedan llevar a los jóvenes a delinquir, resulta que tampoco hicieron nada.
Me parece que también en materia de lo que es la procuración e impartición de justicia, por ejemplo, se dice que hubo un registro de 841 mil delitos, de los cuales nunca encontramos el reporte de cuáles eran las consignaciones o sentencias de estos delitos.
Me parece que hay una falsedad en la información que se está entregando, que están simplemente colocando una serie de datos que dicen que están informando, pero no, a este Congreso y a esta Cámara de Diputados no están informando nada, que en materia de transparencia y combate a la corrupción no se castigó a ningún servidor público y mucho menos fue sentenciado.
Lo que es más grave, la PGR tuvo una calificación de 9.8/10 en el índice de seguimiento de transparencia.
Éstos son los datos que nosotros encontramos en lo que nos están dotando de información, pero a mí me parece que en materia de política interior y seguridad el mentado y susodicho Acuerdo Nacional de Seguridad y de Justicia y Legalidad no va a valer para nada, y sí, habemos ciudadanos y ciudadanas que no confiamos en le dichoso acuerdo, porque así como lo decía mi compañero de bancada, Andrés Lozano, no están haciendo un plan, un programa de lo que es la seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia en nuestro país.
Todavía hay una serie de legislaciones que incluso en las reformas que nos antecedieron, constitucionales, en materia de justicia, se tienen que cumplir, hasta ocho años, para que éstas puedan transformarse a todo lo que tiene que ser la materia de impartición de justicia y procuración de justicia.
Yo quiero decirles, señoras y señores diputados, que incluso lo que hoy nos está llegando y la primera lectura que estamos dando al Presupuesto, nada tiene que ver con la prevención del delito.
¿Dónde está el Ejecutivo federal diciendo que le va a arrancar al crimen organizado a los jóvenes de este país? No es verdad, no es verdad; están subiendo solamente el 6.9 por ciento en educación; 10.4 por ciento en salud; en desarrollo social 25 por ciento y en la Sagarpa, en lo que es el campo, donde se hace la migración, están bajando el 5 por ciento y están cerrando para que haya más policías y más balas y más armas, en Defensa Nacional suben 21 por ciento; Marina 17 por ciento; a la PGR le están subiendo el 29 por ciento y a la Secretaría de Seguridad Pública el 57 por ciento.
¿Nos pueden decir dónde está la prevención? ¿Dónde está el rescate de todos los jóvenes que están en nuestro país fuera de las escuelas? ¿Dónde está el rescate, en materia de sociales? ¿Dónde van a poner los presupuestos?
Es mentira, señores empresarios mexicanos, es mentira lo que dijo el Ejecutivo federal y los grandes pactos que firmaron. No es verdad que se va poder hacer el acuerdo nacional, aquí están los números, que los estudien.
El Grupo Parlamentario del PRD va a colocar sus recursos y todo el esfuerzo para que el presupuesto se vaya en materia social y prevención de los delitos. La prevención del delito no es poner más cámaras, ni más policías, ni más armas, sino poner en la escuela a las personas y ponerles educación, trabajo y salario. Muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputada Cruz Santiago. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Eduardo de la Torre Jaramillo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros, cuando se hace un análisis del II Informe lo primero que he escuchado el día de hoy, por parte de todas las fracciones parlamentarias, son distintas interpretaciones, pero no veo el análisis real, el análisis cuantitativo de éste II Informe.
Prevención del delito, 8 mil 72 cursos, talleres, actividades, pláticas, a las cuales asistieron 476 mil 206 personas. Se han intercambiado 11 mil 800 armas por computadoras y por dinero, en un programa que tiene el gobierno federal. Se han incautado más de 8 mil armas, más de 4 mil granadas. Está en el informe.
Pero hay que ir más allá. Se habló de ingobernabilidad aquí. Quiero decirles que el gobierno del presidente Calderón está transitando de la gobernabilidad democrática a la nueva gobernanza. ¿Qué quiere decir esto? El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad hizo una convocatoria amplia a distintos gobiernos multiniveles y yuxtapuestos, así como a la ciudadanía, medios de comunicación y otros actores.
Esto significa la nueva forma de gobernar, donde están todos. Acción Nacional, desde hace 62 años, ha estado en esta Cámara de Diputados y su congruencia histórica ha sido pugnar por la democracia política, por la división de Poderes y por la defensa de las libertades.
Hoy escucho, como dice un cientista social francés, un odio a la democracia, un odio a la democracia en este país, que se traduce no solamente en el golpeteo a las instituciones, sino la aspiración a destruirlas.
¿Cómo tenemos que leer éste II Informe? A través de la opinión publicada, ¿esa es la orientación que tenemos? O lo que dice este II Informe que se presentó.
A mí me parece que, además, hay ciertas interpretaciones del pasado. El desprecio a la democracia representativa y política ha sido histórico, por un sector político. Antes le llamaban democracia burguesa, hoy pretenden sustituirla por la democracia directa, iniciativa popular, referéndum, precisamente lo que plantea la ultraderecha en Italia, Francia y Portugal. Hoy en día Le Pen, por ejemplo, en Francia. Entonces, ¿hacia dónde va el debate? Me parece que sí podemos ser un poco humildes y tener una lectura de ese informe y si lo que nosotros estamos pensando que dice ese informe y que no es lo que hemos leído, pues posiblemente no sólo estamos distorsionando la realidad, sino la estamos mirando con otros ojos.
¿Resultados? Resultados hay muchos. Se cambió el paradigma de confrontar a lo que antiguamente se llamaba "crimen organizado", hoy puede ser "crimen desorganizado". Antes era un sistema de complicidades; hoy hay una confrontación directa. Esto sí se tiene que reflexionar hoy en día en este segundo informe.
Y voy más allá. Ahí está el propio informe donde no solamente se han atendido agrupaciones políticas nacionales, organizaciones de la sociedad civil; se flexibiliza una Miscelánea Fiscal para que se puedan tener donativos y se fortalezca no sólo la cultura cívica en este país, sino también el déficit ciudadano que desde 1915 don Manuel Gómez Morín, en una plática con los Wilkie, fijó que el principal problema político de este país era la creación de ciudadanía.
Es por eso que en congruencia histórica de Acción Nacional —según libro de mi maestro don Juan José Rodríguez Prats—, por supuesto que es lo que ha enarbolado Acción Nacional y va a defender aquí la democracia política, como la propuso desde 1947, para que el DF tuviera un congreso local o en 1950 para que fuera electo el regente, como se le denominó constitucionalmente en esa época.
Es por eso que Acción Nacional hoy ve hacia el futuro y por supuesto que vamos a contribuir a darle una gobernabilidad democrática y una nueva gobernancia a este país. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 7o., numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al titular del Poder Ejecutivo federal.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez (15:15 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 11 de septiembre a las 11:00 horas.
Compañeras y compañeros ¿que todo el pueblo que está excluido de la economía, de la globalización, no debiera decir con toda su fuerza "váyanse, desvergonzados"?
Veinticinco años y todavía hoy nos ofrecen más de lo mismo. Que hay carestía de alimentos, la misma solución "ábranse las fronteras, que vengan los alimentos del mundo entero". En lugar de proyectos económicos para que el campo produzca los alimentos que necesitamos los mexicanos. Esa, compañeras y compañeros, creo que es la situación en la que nos encontramos.
Quiero terminar haciendo tres propuestas:
Una, así como ya hubo el acuerdo para la seguridad, la legalidad y la justicia, que debió haber sido hace año y medio, cuando lanzaron al Ejército a las calles para resolver algo que no podía resolver, a ese acuerdo hay que agregarle un buena acuerdo con Estados Unidos para recortar, para limitar, para eliminar los flujos de dinero de los adictos al crimen organizado. Eso no lo trata el acuerdo aprobado y ésa es la fuente de la compra de armas, de la compra de políticos, de la compra de periodistas, de la compra de jueces. Hay que resolver eso en diálogo con Estados Unidos.
Y habría que llegar a un gran acuerdo para la política económica. No más neoliberalismo, no más empobrecimiento.
Otro gran acuerdo para el tema energético. No vamos a admitir fraude a la Constitución. Si un gobierno que está cuestionado intenta violentar el artículo 27 que dice claramente que en materia de petróleo no se admiten concesiones ni contratos, tengan por seguro, compañeras y compañeros, que si aquí estos legisladores que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, aprueban una reforma que la violente, tengan por seguro que millones de mexicanos gritarán: váyanse todos. Gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado don Juan José Rodríguez Prats, en representación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por ocho minutos.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor presidente. La mejor forma de entender la política interior es equipararla al concepto de gobernabilidad. Gobernabilidad es un concepto de reciente creación en la ciencia política y se refiere a las transiciones democráticas. No hay gobernabilidad en una dictadura; ahí puede haber orden, pero no va a acompañado de la legalidad, y la legalidad es parte de la gobernabilidad.
Y la gobernabilidad en México implica hoy pluralismo. Aquí hemos escuchado discursos que se olvidan de nuestra propia responsabilidad. No cabe duda que la cultura política mexicana insiste más en los derechos, en las demandas, que en nuestros deberes y en nuestras responsabilidades.
Y permítaseme una reflexión histórica de hace 100 años, en los meses iniciales de 1908. Tuve oportunidad de escuchar a Javier García Diego, un gran historiador, en la Academia Mexicana de Historia, meditar sobre lo que fue la entrevista Díaz-Creelman.
No se explica cómo don Porfirio se abrió en forma tal que le confesó a un periodista extranjero tres cuestiones fundamentales. La primera, que no se reelegiría en 1910. La segunda, que México ya estaba preparado para la democracia. La tercera era una invitación a que surgieran partidos de oposición que buscaran construir a México, que fueran propositivos y que desecharan su ambición de destruir a México.
Yo llevaría la reflexión así: si estamos en un sistema plural, si hoy se respeta la Constitución, si este Congreso ha asumido sus deberes en todos sus grupos parlamentarios, ¿tenemos hoy partidos políticos que estén entendiendo el momento que vive México? ¿Se da aquí el debate de los problemas cruciales que enfrentamos? ¿Tenemos una clase política que deje sus mezquindades sus defectos y su discordia y su amargura para buscar los puntos que coincidan con México?
Yo diría que este Congreso tendría que respetar tres principios: el principio, una frase de Benito Juárez: "siempre tuerce los principios el que oscurece la verdad para ocultar sus faltas en las tinieblas". Y aquí escuchamos discursos cargados de gran agresividad, pero que estamos viendo que llevan el propósito de debilitar instituciones.
Se menciona el artículo 39 pero no el 40, que habla de una democracia representativa ni el 41 que habla que la soberanía se ejerce a través de los Poderes de la Unión.
Un segundo principio. La vida política comienza allí donde alguien dice: "nosotros", y actúa como tal. No hemos podido ni siquiera llegar a ese elemental compromiso de hablar de un nosotros como todo el Congreso y como todos los grupos parlamentarios.
Y alguien me definía nuestro trabajo en el Congreso como diciendo: "ya no entienden lo que nos pasa —hablaba a nombre de la comunidad mexicana— porque ya pasó lo que entendían".
Y esos son los discursos que escuchamos aquí: "No estamos a la altura de discutir hoy el compromiso de México inserto en el siglo XXI". Y ahí está el artículo 80 de la Constitución, que dice que el poder supremo descansa en el presidente de la república. Hay un sistema presidencial, no presidencialista, que fue lo que prevaleció y era una degeneración del sistema presidencial.
Si el Estado es fuerte, los aplasta. Si es débil, sucumbe, y por eso tenemos que ver la forma de alcanzar ése equilibrio. Y aquí se escucha, y el primero de septiembre también se hizo: "no hay empleo", pero se oponen a que haya más inversiones, porque no salen las reformas aquí que nos den certeza legal.
Aquí se habla de que no van a permitir un "madruguete" o un "albazo", díganme que es eso en el trabajo legislativo. Defina alguien qué es un "albazo" o un "madruguete". Si no estamos hoy violando la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento que señala plazos para dictaminar y para que se discutan en el pleno las iniciativas que se presentan.
Aquí, inclusive, se sostienen tesis en contra de las plataformas electorales que se registraron en la campaña, cayendo en una terrible incongruencia y solamente queriendo bloquear, porque eso es lo que se pretende, bloquear la acción del presidente de la república y del partido que está en el poder.
Yo creo, señores legisladores, que debemos hacer un ejercicio de autocrítica. Hoy estamos en un sistema plural. Hoy estamos diseñando nuevas instituciones, porque ya hay un derecho que dejó de funcionar, después de cada gran movimiento en México, el derecho se adecua a las nuevas realidades. Pero hoy, desafortunadamente, no estamos adaptando las instituciones a los nuevos tiempos, y esto es responsabilidad de este Congreso, es responsabilidad de este grupo parlamentario.
Yo en cada legislatura que he participado, siempre nos regodeamos en el discurso complaciente: "somos una legislatura histórica, hemos hecho cambios notables". No es cierto. Estamos rezagados en relación a nuestros deberes y a nuestras obligaciones. Ni siquiera en el debate hemos podido discutir los grandes temas que agitan a la nación y nos vamos a lugares comunes y a descalificaciones degradando el lenguaje y degradando la política.
Debemos fortalecer a las instituciones. Un conservador busca que las cosas permanezcan, pero un reaccionario, el que quiere la regresión, busca atacar a las instituciones, debilitarlas y en esa circunstancia estamos hoy en día y debemos denunciar a quienes lo están intentando, porque quieren, al final de cuentas, que México, así como lo decía don Porfirio, pueda evidenciarse como un país que no está apto para la democracia y retornen las fuerzas autoritarias y se termine con la consolidación y la transición democrática.
Compañeros legisladores, el PAN no arría banderas, el PAN sostiene sus viejos principios, el PAN seguirá defendiendo aquí por lo que ha creído siempre, y se expenderá que no hay ninguna causa pequeña, que todo vale la pena si el alma no es pequeña. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Para dar paso a la segunda ronda. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado don Humberto Dávila Esquivel, de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado Humberto Dávila Esquivel: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el desarrollo de nuestra vida democrática ha traído consigo una evaluación más rigurosa del desempeño de nuestras instituciones y de quienes las representamos o formamos parte de éstas.
Las mexicanas y los mexicanos exigen al Estado el cumplimiento de las funciones que le corresponden, promover y asegurar los bienes públicos más preciados, como los son: el bienestar social, la estabilidad, la paz, la civilidad y la convivencia pegada al derecho; para esto debe servir el Estado.
El desaliento e inquietud social es evidente, ante el incremento de la violencia e inseguridad en nuestras calles. La polarización de las fuerzas políticas en torno a un asunto de importancia estratégica, como es la reforma de Pemex, el incremento de precios en las materias primas y alimentos, con su consecuente impacto en el empobrecimiento de millones de mexicanos, y la irresponsabilidad de quienes alientan el conflicto en un momento en que es fundamental unir esfuerzos para construir soluciones a los desafíos que amenazan la gobernabilidad. Millones de mexicanos demandan y esperan acciones que alivien su actual situación.
Quienes desempeñemos cargos públicos deberemos asumir plenamente la esencia del mandato que se nos otorgó, con las correspondientes obligaciones de dar cuenta pública y periódica de nuestra gestión. En este sentido es imperativo recuperar la confianza de la gente, base social del buen gobierno.
Hoy las mexicanas y los mexicanos muestran, con justa razón, su inconformidad e indignación ante políticos y gobierno, tal como lo refiere la encuesta publicada el día de ayer. Si realmente queremos prestigiar la actividad política, los servidores públicos debemos comenzar por honrar nuestros compromisos.
En muchos momentos nos hemos preguntado ¿qué tan lejos podemos llegar como nación? Ahora debemos plantearnos, con igual convicción, qué tan cerca podemos estar de la gente a la que servimos. Garantizar seguridad, empleo, educación, vivienda y salud para todos es una obligación que el Estado no puede eludir.
El estancamiento en nuestra economía y las pobres expectativas de crecimiento para el próximo año son factores que tendrán como consecuencia inmediata la pérdida de empleos, salarios por debajo de la necesidad de los trabajadores y un clima laboral de marcado conflicto.
Ante este escenario las instituciones responsables de garantizar la ley deben actuar de manera imparcial. El conflicto que enfrenta el sector aeronáutico y, en particular, la Asociación del Sindicato de Sobrecargos de Aviación de México, es una oportunidad para que el Estado muestre su voluntad de conciliar y encontrar soluciones que satisfagan a trabajadores y a empresas.
Es tiempo de eliminar, de la ley, la prerrogativa que tiene el gobierno de la toma de nota pues este mecanismo se convierte en una forma de control inaceptable en una sociedad democrática.
Para Nueva Alianza los esfuerzos del gobierno federal deben orientarse a impulsar políticas que generen empleo, a fortalecer instituciones e impulsar el desarrollo regional. La gobernabilidad pasa por el bienestar y la creación de oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. La desigualdad y la pobreza amenazan la cohesión de nuestra sociedad. Sólo con un crecimiento económico sustentable y la aplicación de políticas que promuevan la igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios básicos podremos dar pasos firmes para superar este rezago social.
Qué mejor manera de combatir la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, que impulsando a la educación. Con una sociedad más educada se promueve una cultura democrática más tolerante, crítica y participativa. Una sociedad educada exigirá a sus gobiernos cuentas claras y buenos resultados. Una sociedad educada ejercerá un voto más informado. Una sociedad educada fortalecerá nuestras instituciones y nuestra democracia.
En materia de derechos humanos, el Estado no ha mostrado la capacidad ni la voluntad de hacer efectivo su pleno respeto. De igual manera…
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor, diputado.
El diputado Humberto Dávila Esquivel: En el combate a la piratería, al contrabando, al narcotráfico y a la delincuencia organizada, los resultados no son del todo satisfactorios, generando pérdida de confianza, desencanto y quebranto económico para el país. El buen ejercicio de una política interior fortalece la gobernabilidad y el estado de derecho. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Humberto Dávila Esquivel. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Abundio Peregrino García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Abundio Peregrino García: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su solidaridad con el gremio periodístico por las agresiones que han sufrido muchos de sus integrantes y que en múltiples ocasiones han sido cobardemente asesinados.
No obstante que dentro de la Procuraduría General de la República existe una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, su actividad informativa sigue siendo altamente riesgosa e incluso así es reconocida por organismos internacionales en la materia. Desde esta tribuna de la nación, exigimos a las autoridades competentes el completo esclarecimiento de las agresiones de que han sido objeto los periodistas.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta su abierto rechazo a la represión que el Estado mexicano ejerce contra los movimientos sociales y sus representantes legítimos que se oponen a la política gubernamental. Exigimos respetar su forma de organización social y de la defensa de sus legítimas conquistas.
La injusta y absurda sentencia condenatoria contra los líderes del Movimiento del Frente Popular por la Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, muestra el carácter vengativo y revanchista de jueces de consigna que ejercen la impartición de justicia en este país, plegándose a los deseos de la clase gobernante; en cambio a las autoridades implicadas en estos abusos que constituyen una franca violación a los derechos humanos de los habitantes de Atenco, no se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa.
Hoy, millones de jóvenes no tienen oportunidades, porque no existen, para continuar sus estudios o para acceder a las fuentes de trabajo, salvo unos cuantos que logran colocarse. El presidente del empleo no ha sido capaz de generar el número de plazas laborales suficientes, tienen que irse a la migración o a la delincuencia para subsistir, como último recurso.
El secretario del Trabajo reconoció que el Programa del Primer Empleo fue un fracaso, porque en el periodo 2007-2008 apenas se generaron 27 mil de los 300 mil proyectados.
Desde esta tribuna el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo rechaza la política de criminalización de la juventud que el actual gobierno federal ha instrumentado, éste es sólo un signo más de la deteriorada situación económica y social del país, que incluso ha generado el resurgimiento de movimientos sociales armados en franca oposición al gobierno neoliberal, que ha mostrado oídos sordos a los reclamos del pueblo para acceder a mejores niveles de bienestar.
La sordera y miopía de la administración federal ha llevado a desaparecer a miembros de esos movimientos sociales, en lugar de emprender un diálogo abierto y franco con esas agrupaciones.
Compañeras y compañeros diputados, para los legisladores del Partido del Trabajo la situación política y social que priva en nuestro país, en esta coyuntura nos exige estar alertas y preparados para detener las ambiciones de la ultra derecha, de cancelar las libertades políticas, los derechos sociales, la libertad de culto y la propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo.
También nos exige defender los intereses del…
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le pido concluya, señor orador.
El diputado Abundo Peregrino García: … pueblo mexicano, creando condiciones para introducir en la Constitución la democracia directa y participativa a través del referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la consulta ciudadana y la revocación de mandato.
Concluyo, presidenta. Éste será el paso para rebasar la acotada y superada democracia representativa, e instaurar en nuestro país nuevas instituciones democráticas acordes con el pensamiento y las necesidades del pueblo mexicano y de los nuevos tiempos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputado Abundio Peregrino García. Se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Jesús Sesma Suárez: Con su permiso, presidenta. Compañeros diputados y diputadas, esta legislatura ha mostrado un claro compromiso con la discusión de los temas de la agenda nacional, ejemplo de ello es la aprobación de 26 de 40 iniciativas propuestas por el Ejecutivo a lo largo de esta legislatura. Otras por su complejidad se siguen discutiendo en las comisiones, en ambas Cámaras.
Del mismo modo, aprobamos recientemente una serie de reformas que modificaron sustancialmente la relación que mantienen los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales. Existe entonces voluntad por parte de este órgano colegiado, para discutir los temas de interés nacional y cooperar con el Ejecutivo federal. Algo que al inicio de este gobierno se veía francamente complicado.
No obstante lo anterior, es necesario mantener y reforzar esta atmósfera de cooperación y de dialogo que existe entre ambos poderes. Para ello, se requiere de transparencia en la actuación de todos los involucrados.
Estamos próximos a un proceso electoral, que augura ser competido y que pondrá a prueba las leyes e instituciones que recientemente reformamos. No nos podemos dar el lujo de repetir el escenario de encono y confrontación que vivimos al inicio de este gobierno.
Las reformas aprobadas de poco servirán si los actores políticos no comenzamos, desde ahora, a construir un ambiente de certidumbre y de confianza alrededor de nuestras actuaciones cotidianas.
Traigo este comentario a colación porque es de todos nosotros sabido que actualmente existe un subejercicio en algunos de los gastos de algunas dependencias del gobierno. Esto ha comenzado a generar suspicacias en algunos actores políticos que han empezado a pronunciarse sobre la intención del gobierno, de reencausar el gasto subejercicio hacia programas de gobierno más redituables, desde un punto de vista electoral.
Nada más, hace unos días en la apertura de este periodo ordinario de sesiones, un Grupo Parlamentario sentenciaba, y cito: "No negociaremos ni debatiremos, ni mucho menos aprobaremos, si no se aclaran o liberan los subejercicios del 2008" cierro cita.
Hoy, el gobierno está a tiempo de evitar desconfianzas en su actuación, ejerciendo puntualmente el presupuesto que ésta soberanía aprobó para el ejercicio fiscal 2008, y que en próximas fechas estaremos aprobando para el ejercicio 2009.
Cumpliendo con esto, que no es más que su obligación, contribuirá a fomentar la cordial relación que este Congreso ha mantenido con él, y a que el debate público continué centrado en los temas de relevancia nacional.
No permitamos que una vez más las pugnas y desacreditaciones resten espacio en los asuntos que son de verdadera importancia para nuestro país.
Esperamos que el Ejecutivo federal no apueste por una mayoría en el Congreso, que difícilmente obtendrá, y que se incline por reforzar las líneas de dialogo y cooperación que hasta este momento han mantenido con la soberanía.
En otra tesitura, la población que ha tenido que migrar de su lugar de origen por situaciones diversas, conflictos internos, religiosos, por el desarrollo de obras de infraestructura, o por desastres naturales, han padecido de una virtual inexistencia por parte de estas autoridades.
Por lo general, quienes son desalojados sufren de desnutrición, de carencias de agua potable, de servicios de educación y saludo, así como de oportunidades de trabajo, lo que se traduce en nulos accesos económicos.
Evidenciamos la falta de una estrategia clara para la atención de los desplazados internos, por parte del gobierno federal. Ante ello, se debe impulsar la aplicación de los 30 principios rectores de los desplazados internos de la ONU, que son los fundamentos que han guiado a los gobiernos, a los organismos internacionales y a las organizaciones no gubernamentales, en el tratamiento de quienes viven en este dilema.
Por poner un ejemplo, el año pasado fuimos testigos cuando las autoridades quedaron rezagadas en la labor, reconocimiento y protección de las personas que tuvieron que abandonar sus hogares en el caso de las inundaciones en Tabasco.
Este suceso dejo un saldo de 264 mil personas que fueron evacuadas forzosamente, las cuales fue imposible albergar, lo que derivó en un desplazamiento a otros estados como Veracruz, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, en su mayoría.
Por lo tanto, consideramos que se debe dar...
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le pido concluir al orador.
El diputado Jesús Sesma Suárez: Gracias. Por lo tanto, consideramos que debe ser responsabilidad de la Secretaría de Gobernación coordinar las actividades de las dependencias del sector público, federal, estatal y municipal, así como de los organismos privados para el auxilio de la población en las áreas en las que ocurra un desastre.
Son vastos los temas que abarca la política interior y seguramente en cada uno de ellos hay observaciones a realizar. Tampoco adoptaremos la postura intransigente de decir que todo está mal. Las anotaciones que se han hecho en su momento… la pregunta parlamentaria que el Partido Verde formule a los servidores públicos responsables de la conducción de la política interior del país buscará sobre todo crear un ambiente de reflexión y evaluación que contribuya a mejorar los programas implementados por el actual gobierno. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Jesús Sesma Suárez. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario Convergencia.
El diputado Elías Cárdenas Márquez: Con su venia, señora presidenta. Diputadas y diputados presentes y ausentes, donde quiera que estén.
El Segundo Informe de Gobierno de esta administración dedica un capítulo a la confianza en las instituciones públicas. No sabemos si el objetivo es detallar las mínimas acciones que ha hecho o poner en evidencia su incapacidad.
Todas las encuestas reflejan la poca confianza de la sociedad en las instituciones, concretamente las que se dedican a la procuración y a la administración de justicia. Según datos proporcionados por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, las instituciones como la Presidencia, la Suprema Corte o la policía, tienen una calificación menor de 7 o 6, en una escala del uno al 10.
En el tema de la corrupción nada dicen las 12 cuartillas sobre el hecho de que México ocupa el lugar número 72 en el Índice de Percepción de Corrupción que elabora Transparencia Internacional.
¿Cómo nos explicamos que no hayamos pasado de la media tabla a pesar de haber emprendido las acciones que se detallan en el informe? Pues porque la ciudadanía no cree en esas acciones o de plano su experiencia cotidiana le dice que la corrupción es un caso que lejos de desaparecer sufre de metástasis, porque quienes ahora ocupan la administración pública no han aprendido a gobernar, pero sí se enseñan rápidamente a hacer negocios al amparo del servicio público.
No nos extraña esta situación: Por un lado, simulan querer eliminar la corrupción a golpes de decreto; y por el otro, este gobierno, como sus antecesores, la practican alegremente. Y no solamente nos referimos a esa corrupción que hace que los ciudadanos ya no distingan entre policías y delincuentes, sino a grandes negocios que se hacen al amparo del tráfico de influencias, de amiguismos o de la tranza ramplona. Estos negocios que permiten que en Pemex, tan necesitado de recursos, se pueda comprar un buque chatarra, construido en 1980, en varias veces su valor en el mercado.
También que funcionarios públicos puedan actuar como proveedores o contratistas aprovechando sus cargos. Pero de esto nada dice el informe, como si la corrupción desapareciera cerrando los ojos ante su evidencia.
A nosotros nos gustaría ver en este informe detallados casos de corrupción y cómo fueron castigados. Pero no existe en el mundo de calderonlandia. Todavía está ahí su inacción frente al asunto de Pasta de Conchos. Ninguna de las conclusiones a las que llegó la comisión se han atendido 65 cadáveres y las numerosas familias de los mismos, siguen esperando. Nada se ha hecho.
La corrupción florece al amparo de la opacidad que tan cara es al Ejecutivo. Por más que el artículo 6o. de nuestra Constitución nos otorga el derecho a saber, y a que contamos con una entidad autónoma como el IFAI, los funcionarios de este gobierno —como los anteriores— dedican enormes esfuerzos a encontrar la manera de seguir ocultando la información que debiera ser patrimonio de la sociedad.
Por supuesto que ello es así porque los negocios ilícitos requieren de la oscuridad. La luz, ya se sabe, es tradicional; siempre ha sido mortal para los vampiros que hoy chupan la sangre de nuestro pueblo.
La Auditoría Superior de la Federación ha puesto en evidencia, en varios casos, la ineficiencia, la discrecionalidad, el burocratismo o, de plano, la corrupción presente en la administración pública. Existen aproximadamente 800 consignaciones ante la Secretaría de la Función Pública que están en el limbo de los trámites de esta dependencia.
Por ello, como lo pregonaba el Partido Acción Nacional cuando era oposición, la autonomía de esa Secretaría es imprescindible. Inclusive, podría eliminarse si fortalecemos las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Finalmente, me parece que es necesario que los mandatos de esta soberanía, que da a sus comisiones de investigación, sean fortalecidos en la práctica. No es posible que el Ejecutivo pueda obstaculizar impunemente el trabajo de los representantes populares. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Elías Cárdenas. Ahora se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Aracely Escalante Jasso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a adultos mayores de la Unidad Modelo de la Delegación Iztapalapa; y a invitados especiales del municipio de Zacatlán, Puebla. Muchas gracias por su presencia en este recinto. Adelante por favor, diputada.
La diputada Aracely Escalante Jasso: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La naturaleza de la democracia es el diálogo, la negociación y el logro de acuerdos para impulsar las reformas y las políticas que atiendan las necesidades de nuestro desarrollo.
Una buena política impulsa también a las áreas sociales y económicas. En consecuencia, una mala política crea conflicto, falta de entendimiento, confusión e impide la posibilidad de acuerdos.
En este sentido, el informe de gobierno presentado por el Ejecutivo federal en materia de política interior, debe ser evaluado en dos dimensiones: por lo que dice y por lo que deja de decir.
Llama de manera particular la atención, al Grupo Parlamentario del PRI, la omisión en este II Informe, sobre los problemas y tensiones que se viven en distintas partes del país. La ausencia de perspectiva, reflexión y propuesta en materia de gobernabilidad nos deja en incertidumbre, toda vez que genera vacíos inaceptables.
En este sentido me parece oportuno, para recordarle, que la legitimidad es un componente esencial de la gobernabilidad democrática. Tiene su fundamento no sólo en la legalidad política y el respeto a los derechos, sino que también depende de la capacidad específica y rendimiento de los diversos actores, responsables del ejercicio del poder público que logran el consentimiento, apoyo y aceptación de parte de la ciudadanía.
Todo parece indicar que nada podemos esperar de este espacio de diálogo y acuerdo, que debe de ser el gobierno federal. Conforme avanza el sexenio es cada vez más evidente que la inestabilidad política que vive el país, en varias regiones y a nivel nacional, rebasa sus capacidades.
¿Cómo reconstruir la relación entre poderes y dar cauce a reformas mínimas para que los próximos años tengan un mejor marco político si la única respuesta del gobierno es la evasión de su responsabilidad constitucional?
Lejos de un cambio que mire hacia delante, vivimos una peligrosa regresión donde los ciudadanos no son dignos de respeto, y atención institucional.
El grupo parlamentario del PRI no puede dejar de señalar con solvencia moral, la limitación argumentativa y de capacidad para mostrar un panorama que ofrezca aliento a los mexicanos en la solución de los graves problemas que vivimos.
La percepción es que vivimos en un régimen republicano que crecientemente se deteriora, al tiempo que nos acercamos a un extremo de inseguridad, ilegalidad, incertidumbre y enfrentamientos sociales.
La anarquía identifica mejor nuestra realidad, en vez de que lo hiciera el estado de derecho y el orden constitucional. A pesar de que en todas las voces existe unanimidad sobre la necesidad de reformar el Estado para hacerlo más democrático, eficiente, eficaz y orientado al ciudadano, en realidad pasa todo lo contrario.
Es obvio que el aparato gubernamental debería de ser más ágil, flexible y eficiente, además de más responsable delante de la sociedad.
Es evidente la necesidad de impulsar una cultura democrática que permita reconstruir una comunidad nacional que comparta identidad y que incluya a todos los ciudadanos, en el proceso político y económico. Es imperante la reducción de las desigualdades entre los ciudadanos.
La Secretaría de Gobernación debería de redefinir, para sí, el propio concepto de Estado, para ubicar el ámbito administrativo en el interior de la problemática de la distribución y ejercicio del poder político. Sólo así dejarán de ver la reforma del Estado como una mera alteración del organigrama del gobierno, para poderlo ubicar como un cambio en las relaciones entre diferentes actores y agentes políticos, económicos y sociales.
En términos concretos, tales transformaciones requieren cambios en las relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los agentes económicos productores, los ciudadanos y los grupos sociales, que den paso a lo que por muchos años hemos denominado "un nuevo pacto social".
La brecha del desarrollo se encuentra en la mala gobernabilidad. La consecuencia se ve en los bajos niveles de cultura de la legalidad, en la supervivencia del clientelismo que consigue en muchos casos hacer del voto, no el ejercicio de una libertad, sino la transacción de un activo. El corporativismo, la convivencia ilegítima entre negocios y política, lo cual delata una estructura institucional rodeada de una gran opacidad.
El balance de este II Informe es motivo de desaliento y preocupación, lacera al pueblo de México, impide el desarrollo de las nuevas generaciones y fractura a la sociedad. Sin embargo estamos obligados a señalarlo, porque de otra manera seríamos cómplices de los errores que se cometen…
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Concluya, por favor, la oradora.
La diputada Aracely Escalante Jasso: …concluyo, señor presidente. El futuro del país está en manos de este gobierno. Es incierto para quienes añoramos que la política se ejerza de manera responsable. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputada Escalante Jasso. Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Andrés Lozano Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
Esta presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a los integrantes del Maratón Infantil y familiares que los acompañan, del municipio de Teotihuacan, Estado de México. Gracias por su asistencia, bienvenidos. Adelante, por favor, diputado Lozano.
El diputado Andrés Lozano Lozano: Con su venia, diputado presidente. La política interior debe tener como premisas fundamentales la coordinación entre las instancias de gobierno, entre los niveles de gobierno y los partidos políticos; el respeto e impulso a la democracia y mantener una estrategia de gobierno.
Eso es lo que nuevamente en este informe se refleja en ausencia. No hay una política interior de este gobierno. Ésa es la realidad. Tuvo que pasar más de año y medio, un año nueve meses, para que pudiera ser convocada por Felipe Calderón una reunión para tratar el tema de la seguridad con los gobernadores, presidentes municipales y con la sociedad en su conjunto.
Esto lo único que evidencia es que no hay una estrategia en materia de seguridad pública, que no hay una política en materia de prevención del delito, que se sigue concibiendo única y exclusivamente como el ataque entre policías y ladrones y no como una política integral que fomente el empleo, la economía o el desarrollo social. Esa política está ausente y mientras no esté contemplada de manera global, mientras no cambie la visión miope de un gobierno, no va a poder ninguna Secretaría de Seguridad Pública ni ningún secretario dar resultados, porque se siguen dando esfuerzos de manera aislada.
Falta y ausencia de coordinación entre PGR y Seguridad Pública, también reconocida en días recientes. Se dijo: "hay algunas acciones que están entre la procuraduría y la secretaría que generan cierta rispidez, pero en el ánimo de arreglar las cosas". Falso. Ausencia total de estrategia, ausencia total de política de prevención.
Resultados del mismo informe: "Personas detenidas con recursos de procedencia ilícita 87; por secuestro 81; por terrorismo y tráfico de armas 114; tráfico de menores e indocumentados 20. En total 302 personas detenidas en lo que va del año. Ése es el resultado que se ha obtenido en la política interior.
Presupuesto dado en materia de seguridad pública: en 2006 más de 9 mil millones; 2007, 14 mil millones —se incrementó 51 por ciento— y ayer se envía un presupuesto que contempla 19 mil millones para 2009; incremento de casi 40 por ciento.
No hay proporción entre el aumento del presupuesto en materia de seguridad pública, que del 2006 al 2009 va a ser de más del 100 por ciento, y no tiene ninguna concordancia con los resultados obtenidos. ¿Por qué? Porque no hay una política interior en materia de seguridad pública.
No son críticas aisladas ni son críticas de oposición. No hay política más constructiva que el que se reconozca cuando las cosas no andan bien o no se hacen bien. De este Congreso, ustedes mismos han reconocido aprobación del presupuesto por los grupos parlamentarios, de reformas hacendarias, de reformas constitucionales en materia de seguridad pública y justicia.
Aquí se ha cumplido la labor para que el gobierno salga adelante. Ya van a ser prácticamente ocho años de gobiernos de panistas y la política interior sigue en pique. Esa es la realidad, más que nada ayudaría…
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Concluya, por favor, señor diputado.
El diputado Andrés Lozano Lozano: … reconocer cuando las cosas no andan bien para construir, y reconocer ahora también, en este momento, que a partir de esta crisis intentarán una nueva política en materia de seguridad pública, pero que no existía antes. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Lozano. Tiene ahora la palabra la diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.
La diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera: Con su permiso, diputado presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Adelante, diputada.
La diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera: Sabemos que México atraviesa una etapa de transición democrática. El régimen autoritario en que vivíamos, como país, está siendo hoy desplazado por el régimen democrático que construimos.
La democracia electoral es una conquista y una realidad, y seguimos edificando ladrillo a ladrillo la democracia social y económica. Ésta es hoy la tarea de la sociedad mexicana y su gobierno.
Hoy estamos aquí haciendo balances sobre el segundo informe del gobierno del licenciado Felipe Calderón. El origen de la existencia del Estado es precisamente proveer de bienes públicos necesarios para el desarrollo de las sociedades, garantizar el estado de derecho, la gobernabilidad democrática, elecciones libres, fomentar insistentemente la participación ciudadana y garantizar el respeto a las libertades civiles y a los derechos humanos.
El tema de la seguridad pública en nuestro país es uno de los más sentidos y que incide determinantemente en la calidad de vida de todos los mexicanos. Es un reclamo urgente, recuperar las condiciones mínimas que se requieren para vivir en paz. Los ciudadanos exigen que las autoridades pongamos un alto a la delincuencia en todas sus modalidades.
Es nuestra obligación observar, estudiar, comprender el fenómeno de la inseguridad pública y de la delincuencia. Es nuestra obligación diseñar inteligentemente soluciones a la etiología, a las causas de la criminalidad. Es nuestra obligación medir, vigilar, entender, día a día, el fenómeno de la delincuencia y los sistemas creados para combatirla.
Es nuestra obligación atenuar las consecuencias lacerantes de la delincuencia en los ciudadanos y es nuestra obligación hacer todo esto dentro del marco del estado de derecho. Es nuestra obligación que la seguridad pública, pues, sea un asunto de Estado.
Al hablar de nuestra obligación, me refiero a esta Cámara de Diputados, pero también a los Poderes Ejecutivo y Judicial federales, incluido el Senado de la República, a los gobiernos de los estados, a los poderes judiciales de los estados y a los congresos locales; a los presidentes municipales y los ayuntamientos, al jefe de gobierno del Distrito Federal y a las delegaciones del Distrito Federal.
Y, a nosotros, nos toca la creación de leyes en esta materia, los sistemas de persecución del delito y la administración de justicia en todos sus niveles, así como los sistemas penitenciarios tendrán que ser particularmente observados. Para dar respuesta a esta obligación es preciso partir del reconocimiento que estamos ante un problema muy complejo, enquistado desde hace muchos años de una manera indolente y corrupta en los gobiernos y en la sociedad, al grado de parecernos normal en el día a día la criminalidad y la corrupción.
Es preciso reconocer que las políticas públicas implementadas han sido insuficientes. Es necesario un golpe de timón. Es aquí, a partir de este golpe de timón, donde estamos hoy parados y donde partimos todos en respuesta a esta obligación, de cara al desafío, que hoy como gobierno, refiriéndome a los tres Poderes, nos toca asumir.
Hemos diseñado inteligentemente, en el marco de los consensos propios de un régimen democrático, respuestas a este mal que nos aqueja, y que sabemos dará frutos luego de su tiempo de maduración. Me refiero a algunos:
Primero. La reforma de justicia penal que hemos venido trabajando en el seno de este Congreso.
El Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado el pasado 21 agosto. En dicho convenio los firmantes nos comprometemos en forma global a varios postulados que ustedes ya conocen.
También me refiero al Presupuesto del año pasado, donde se creó una partida presupuestal directa a los municipios por la cantidad de 3 mil 589 millones de pesos y se aumentó en mil millones de pesos la partida de fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del DF con respecto a 2007.
En materia internacional la Iniciativa Mérida nos favorece más allá del recurso que se comparte, dado el compromiso que hace el gobierno de Estados Unidos en cuidar sus fronteras tanto para el ingreso de drogas, como para la salida de armamento, así como implementar una política de prevención de consumo de drogas hacia sus ciudadanos.
El gobierno federal tiene una estrategia clara, precisa y que ha dado resultados. Como podemos verificar en el Informe de Gobierno que hoy comentamos, a través de sus diversas líneas estratégicas. También encontramos en el Presupuesto que fue enviado el día de ayer un aumento presupuestal de 32.9 por ciento, como propuesta, y que habremos de discutir nosotros en el seno de esta Cámara de Diputados.
De la lectura del informe podemos encontrar la estrategia, los avances, los logros y los retos en materia de seguridad pública. Reitero que este desafío es de todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno con su respectiva división de Poderes de la misma sociedad.
Reiteró el clamor social que este desafío es un desafío testado, donde los colores, los órdenes de gobierno pasan a segundo término. La delincuencia lacera la paz y las oportunidades de crecimiento económico y social. Es preciso llamar incansablemente a las autoridades a la cooperación...
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Diputada, le solicito amablemente que concluya, por favor.
La diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera: Termino, señor presidente. Es preciso llamar incansablemente a las autoridades a la cooperación, coordinación e intercambio de información. Visión de Estado es lo que reclaman los ciudadanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputada Tamayo Herrera. Hemos concluido de esta forma la segunda ronda de oradores y damos paso a la tercera ronda.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Mauricio Ortiz Proal: Con la venia de la presidencia.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Adelante, señor diputado.
El diputado Mauricio Ortiz Proal: A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara de Diputados, me permito compartir con ustedes las siguientes reflexiones.
Para nosotros, el denominador común de la política interna ha sido la falta de entendimiento y de articulación de acuerdos entre los diversos sectores del país. La ausencia de una interlocución clara por parte del Ejecutivo federal ha ubicado a México en una etapa compleja, caracterizada por la descomposición y la ingobernabilidad, amenazado seriamente en su seguridad nacional.
Más allá de colores partidistas, nosotros, como representantes populares, asumiremos sin ningún titubeo las tareas que nos correspondan para efectuar los cambios necesarios a la legislación. Habremos de encarar el análisis, la discusión y aprobación de una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos para 2009, que incluya un fortalecimiento real y sustantivo del presupuesto asignado a las instituciones de seguridad en el país.
En el Segundo Informe de Gobierno el titular del Ejecutivo presentó, en el plazo de septiembre de 2007 a agosto de 2008, 16 iniciativas de ley. De estas 16, 11 fueron aprobadas con la venia de esta soberanía, lo que demuestra que el Congreso mexicano ha cumplido plenamente sus responsabilidades constitucionales, evidenciando su vocación plena de colaboración y corresponsabilidad.
En breve iniciaremos aquí la discusión del paquete de iniciativas en materia petrolera. Analizaremos también la iniciativa de reforma al Código Penal Federal en el que se proponen castigos más severos para combatir a los delincuentes.
El presidente Calderón afirma en el Segundo Informe que el Cisen fortaleció los lazos de intercambio e insumos de información con 41 organismos de más de 34 países diferentes, esto con el objeto de identificar riesgos y amenazas a la soberanía y seguridad nacional, acordando actividades de capacitación en materia de inteligencia.
En este mismo documento se informa que el Cisen forma parte del grupo de trabajo negociador de la Iniciativa Mérida, cuyo principal objetivo era incrementar la cooperación bilateral para identificar a las organizaciones criminales, combatir el tráfico de armas, el tráfico de drogas, así como las actividades financieras ilícitas.
La seguridad nacional, compañeras diputadas y compañeros diputados, se rige por los principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Es claro que el Cisen debe proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar nuestro territorio. Ante esta compleja realidad cabe la posibilidad de hacernos las siguientes preguntas:
¿Es compatible una estrategia operativa a nivel nacional, que en aras de combatir al crimen organizado ha derivado en un incremento insospechado de los actos violentos? O, ¿debería replantearse esta estrategia para generar resultados y, simultáneamente, fortalecer la paz social y disminuir la inseguridad en nuestro país?
Tan sólo en agosto, compañeras diputadas y compañeros diputados, ocurrieron más de 600 ejecuciones. Con todo respeto, una estadística como ésta es sólo digna de un estado de excepción.
¿Qué, no acaso tienen valor las manifestaciones espontáneas y justificables de los ciudadanos que nos están exigiendo combatir al crimen organizado y a la violencia, con inteligencia y no tan sólo con políticas públicas desarticuladas e inconexas?
¿Qué medidas han tomado para garantizar que no se vuelvan a repetir ataques a las instalaciones estratégicas en nuestro país? ¿Hasta cuándo la población percibirá la tranquilidad, la paz social y la certidumbre que demanda? ¿En qué momento contaremos con servidores públicos eficaces que aparten sus protagonismos y que actúen con sensibilidad política —una actitud distante, muy distante, lamentablemente, de la que se observa por parte del actual director del Cisen? ¿Qué compromisos o implicaciones específicas conlleva el denominado Plan Mérida para nuestro país?
En fin, todas estas preguntas serán planteadas de manera formal y específica en la glosa que habremos de realizar del informe presidencial.
Para concluir, hay que señalar que en materia de política interior, el saldo desafortunadamente dista mucho siquiera de ser satisfactorio. La política está quedando a deber mucho a todos los mexicanos.
Invitamos, respetuosamente, al Ejecutivo a reconsiderar la estrategia y a asumir de manera honesta las insuficiencias en su propuesta. Es cuanto. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Ortiz Proal. Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago: Gracias, señor presidente. En primer lugar, a partir de lo que estuvimos estudiando del informe que nos compete en materia de política interior, quiero decir que ya no les entendí nada. En primer lugar, en materia de derechos humanos, según el Ejecutivo federal, dice que en el objetivo ocho del PND, que tiene que ver con que prevalezcan los derechos humanos en nuestro país, uno de los indicadores a resaltar es que no haya recomendaciones por Derechos Humanos.
¿O sea que no van a atender que no haya violaciones a los derechos humanos?, ¿eso es lo que nos quieren decir? Yo quisiera saber hasta dónde las políticas gubernamentales del Ejecutivo federal en materia de derechos humanos no se van a introducir en un asunto de violación a los derechos humanos y estar nada más capoteándole ahí con el ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estarse diciendo que haya o no recomendaciones, en vez de evitar que haya violaciones a los derechos humanos en nuestro país.
En materia de prevención del delito tampoco me parece que el Ejecutivo federal entiende nada. No entiende qué es ni para qué sirve la prevención del delito, porque en su programa de acciones integrales, que dice que a nivel nacional, regional, estatal y municipal van a hacer una serie de programas para que la gente no se convierta, las personas no se conviertan en delincuentes, y que sufran violaciones a su integridad y a su patrimonio, pero resulta que cuando están los números y estamos investigando y estamos revisando los números de qué hicieron y qué acciones se hicieron para implementar este tipo de acciones a la prevención, que tiene que ver con eliminar los problemas que puedan llevar a los jóvenes a delinquir, resulta que tampoco hicieron nada.
Me parece que también en materia de lo que es la procuración e impartición de justicia, por ejemplo, se dice que hubo un registro de 841 mil delitos, de los cuales nunca encontramos el reporte de cuáles eran las consignaciones o sentencias de estos delitos.
Me parece que hay una falsedad en la información que se está entregando, que están simplemente colocando una serie de datos que dicen que están informando, pero no, a este Congreso y a esta Cámara de Diputados no están informando nada, que en materia de transparencia y combate a la corrupción no se castigó a ningún servidor público y mucho menos fue sentenciado.
Lo que es más grave, la PGR tuvo una calificación de 9.8/10 en el índice de seguimiento de transparencia.
Éstos son los datos que nosotros encontramos en lo que nos están dotando de información, pero a mí me parece que en materia de política interior y seguridad el mentado y susodicho Acuerdo Nacional de Seguridad y de Justicia y Legalidad no va a valer para nada, y sí, habemos ciudadanos y ciudadanas que no confiamos en le dichoso acuerdo, porque así como lo decía mi compañero de bancada, Andrés Lozano, no están haciendo un plan, un programa de lo que es la seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia en nuestro país.
Todavía hay una serie de legislaciones que incluso en las reformas que nos antecedieron, constitucionales, en materia de justicia, se tienen que cumplir, hasta ocho años, para que éstas puedan transformarse a todo lo que tiene que ser la materia de impartición de justicia y procuración de justicia.
Yo quiero decirles, señoras y señores diputados, que incluso lo que hoy nos está llegando y la primera lectura que estamos dando al Presupuesto, nada tiene que ver con la prevención del delito.
¿Dónde está el Ejecutivo federal diciendo que le va a arrancar al crimen organizado a los jóvenes de este país? No es verdad, no es verdad; están subiendo solamente el 6.9 por ciento en educación; 10.4 por ciento en salud; en desarrollo social 25 por ciento y en la Sagarpa, en lo que es el campo, donde se hace la migración, están bajando el 5 por ciento y están cerrando para que haya más policías y más balas y más armas, en Defensa Nacional suben 21 por ciento; Marina 17 por ciento; a la PGR le están subiendo el 29 por ciento y a la Secretaría de Seguridad Pública el 57 por ciento.
¿Nos pueden decir dónde está la prevención? ¿Dónde está el rescate de todos los jóvenes que están en nuestro país fuera de las escuelas? ¿Dónde está el rescate, en materia de sociales? ¿Dónde van a poner los presupuestos?
Es mentira, señores empresarios mexicanos, es mentira lo que dijo el Ejecutivo federal y los grandes pactos que firmaron. No es verdad que se va poder hacer el acuerdo nacional, aquí están los números, que los estudien.
El Grupo Parlamentario del PRD va a colocar sus recursos y todo el esfuerzo para que el presupuesto se vaya en materia social y prevención de los delitos. La prevención del delito no es poner más cámaras, ni más policías, ni más armas, sino poner en la escuela a las personas y ponerles educación, trabajo y salario. Muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputada Cruz Santiago. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Eduardo de la Torre Jaramillo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros, cuando se hace un análisis del II Informe lo primero que he escuchado el día de hoy, por parte de todas las fracciones parlamentarias, son distintas interpretaciones, pero no veo el análisis real, el análisis cuantitativo de éste II Informe.
Prevención del delito, 8 mil 72 cursos, talleres, actividades, pláticas, a las cuales asistieron 476 mil 206 personas. Se han intercambiado 11 mil 800 armas por computadoras y por dinero, en un programa que tiene el gobierno federal. Se han incautado más de 8 mil armas, más de 4 mil granadas. Está en el informe.
Pero hay que ir más allá. Se habló de ingobernabilidad aquí. Quiero decirles que el gobierno del presidente Calderón está transitando de la gobernabilidad democrática a la nueva gobernanza. ¿Qué quiere decir esto? El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad hizo una convocatoria amplia a distintos gobiernos multiniveles y yuxtapuestos, así como a la ciudadanía, medios de comunicación y otros actores.
Esto significa la nueva forma de gobernar, donde están todos. Acción Nacional, desde hace 62 años, ha estado en esta Cámara de Diputados y su congruencia histórica ha sido pugnar por la democracia política, por la división de Poderes y por la defensa de las libertades.
Hoy escucho, como dice un cientista social francés, un odio a la democracia, un odio a la democracia en este país, que se traduce no solamente en el golpeteo a las instituciones, sino la aspiración a destruirlas.
¿Cómo tenemos que leer éste II Informe? A través de la opinión publicada, ¿esa es la orientación que tenemos? O lo que dice este II Informe que se presentó.
A mí me parece que, además, hay ciertas interpretaciones del pasado. El desprecio a la democracia representativa y política ha sido histórico, por un sector político. Antes le llamaban democracia burguesa, hoy pretenden sustituirla por la democracia directa, iniciativa popular, referéndum, precisamente lo que plantea la ultraderecha en Italia, Francia y Portugal. Hoy en día Le Pen, por ejemplo, en Francia. Entonces, ¿hacia dónde va el debate? Me parece que sí podemos ser un poco humildes y tener una lectura de ese informe y si lo que nosotros estamos pensando que dice ese informe y que no es lo que hemos leído, pues posiblemente no sólo estamos distorsionando la realidad, sino la estamos mirando con otros ojos.
¿Resultados? Resultados hay muchos. Se cambió el paradigma de confrontar a lo que antiguamente se llamaba "crimen organizado", hoy puede ser "crimen desorganizado". Antes era un sistema de complicidades; hoy hay una confrontación directa. Esto sí se tiene que reflexionar hoy en día en este segundo informe.
Y voy más allá. Ahí está el propio informe donde no solamente se han atendido agrupaciones políticas nacionales, organizaciones de la sociedad civil; se flexibiliza una Miscelánea Fiscal para que se puedan tener donativos y se fortalezca no sólo la cultura cívica en este país, sino también el déficit ciudadano que desde 1915 don Manuel Gómez Morín, en una plática con los Wilkie, fijó que el principal problema político de este país era la creación de ciudadanía.
Es por eso que en congruencia histórica de Acción Nacional —según libro de mi maestro don Juan José Rodríguez Prats—, por supuesto que es lo que ha enarbolado Acción Nacional y va a defender aquí la democracia política, como la propuso desde 1947, para que el DF tuviera un congreso local o en 1950 para que fuera electo el regente, como se le denominó constitucionalmente en esa época.
Es por eso que Acción Nacional hoy ve hacia el futuro y por supuesto que vamos a contribuir a darle una gobernabilidad democrática y una nueva gobernancia a este país. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 7o., numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al titular del Poder Ejecutivo federal.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez (15:15 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 11 de septiembre a las 11:00 horas.
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