Revista Proceso # 1701, 7 de junio de 2009;
En un estudio sobre los reclusorios del país, el Episcopado Mexicano concluye que las políticas penitenciarias basadas en criminalizar a los pobres, así como la explotación monetaria de los reclusos por las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal generan un círculo vicioso de corrupción y rencor social, que incrementa los delitos, hace necesario construir más cárceles y favorece así la formación de nuevos delincuentes... Se calcula que 2 millones de personas están envueltas en este tipo de “experiencia carcelaria”.
La creciente criminalización de la pobreza ha provocado la explosiva sobrepoblación en los reclusorios del país, ya que un gran porcentaje de sus internos están arrestados por cometer delitos “famélicos”, como se denomina a los ocasionados por el hambre y la miseria.
Pese a las carencias económicas de esos internos, cuyas familias pagan las cuotas que se les cobran durante su cautiverio, los reclusorios se han convertido en un gran negocio para los gobiernos estatales, que los utilizan como sus cajas chicas. Pero también para los cárteles de la droga, que cada vez tienen mayor control sobre las cárceles.
De esta manera, en México impera un sistema penitenciario que no rehabilita a los reclusos, sino que los pervierte todavía más, provocando en ellos y en sus familias un resentimiento social… Además, genera un círculo vicioso que incrementa la violencia social.
A esta conclusión llegó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) después de realizar un detallado estudio en los reclusorios del país, y que dará a conocer en julio próximo.
Pedro Arellano Aguilar, encargado de Pastoral Penitenciaria de la CEM y quien coordinó la investigación a nivel nacional, dice a Proceso:
“El gobierno está implementando una política errónea en los reclusorios, pues parte del supuesto de que la inseguridad es el principal problema del país. Y su respuesta ha sido endurecer las penas con más carcelización. ¡Todo es cárcel! ¡Más y más cárcel!
“En los códigos penales, por ejemplo, se han endurecido las penas contra los llamados delitos famélicos, que son los cometidos por los pobres. Son principalmente delitos contra el patrimonio. Si alguien se robó un teléfono celular o algún objeto de menos de 2 mil pesos, pues que se cuide, porque ahora el robo se persigue de oficio.”
–Si no es la inseguridad, ¿cuál es entonces el problema principal?
–Sobre todo es la miseria, el desempleo, la drogadicción, la violencia institucional y la impunidad de cuello blanco lo que ocasiona la delincuencia. Desgraciadamente, a este sistema capitalista le estorban los menesterosos, los indígenas, los niños de la calle y todos aquellos que no producen. Por eso resulta más fácil meterlos en la cárcel. No combatimos las causas y después nos quejamos de los efectos.
“Pero lo más grave es que la cárcel no regenera a los reclusos, sino que los contamina y los pervierte todavía más. Un caso ilustrativo es el de El Mochaorejas, quien cayó en el Reclusorio Oriente por haberse robado unos tapones de auto. En la cárcel lo violaron, lo extorsionaron, lo obligaban a hacerle sexo oral a los custodios. Todo esto le provocó un gran rencor social. Ahí se transformó en un secuestrador cruel y sanguinario.
“Se piensa que mientras haya más gente en la cárcel disminuirá la criminalidad. No, es al revés: mientras haya más presos, más aumentará la delincuencia. Estamos ante un círculo vicioso al que no se le ve fin, y todo porque nuestras autoridades no han buscado alternativas para prevenir el delito. ¡Todo es cárcel, todo!”
Rencor social
El encargado de la Pastoral Penitenciaria, Pedro Arellano Aguilar, adelanta algunas estadísticas que incluirá en su informe:
De los 225 mil reclusos que hay en el país –concentrados en 488 prisiones– 28% son realmente “enfermos” con alguna adicción que los orilló a delinquir.
Explica Arellano Aguilar: “Generalmente, las familias no se dan cuenta de que algún hijo fuma mariguana o es alcohólico. Se enteran hasta que les hablan del Ministerio Público diciéndoles que su hijo está detenido porque se robó unas cervezas en una tienda de abarrotes. Ese muchacho lo único que tiene es una mala adicción, es un enfermo, y sin embargo se le juzga como delincuente. No es justo que se le meta a un reclusorio donde sí lo van a convertir en delincuente”.
Y agrega que, de acuerdo con la citada investigación, 62% de los jóvenes que están presos por robo se llevaron objetos que valen menos de 2 mil pesos, por lo que pueden considerarse robos famélicos.
Señala el investigador que “esta carcelización lo único que genera es un gran rencor social, puesto que los presos, así hayan sido arrestados injustamente, quedan estigmatizados junto con sus familiares”.
Además, de los 225 mil reclusos, Arellano menciona a los alrededor de 100 mil preliberados, que ya no están en prisión pero que tienen que ir a firmar y también son discriminados.
“En total –dice– es una población de unas 325 mil personas. Pero si a éstas les sumamos a su familia, pongamos seis familiares por cada una, ya estamos hablando de 2 millones de mexicanos y mexicanas que, en este momento, están viviendo directamente la experiencia carcelaria, porque los familiares de los presos también viven atados a la cárcel. Imagínese el rencor social que se está creando en ellos, y todo porque nuestros genios tecnócratas se han dedicado a meter y meter a la cárcel a los pobres.”
–¿Es correcta la afirmación que habla de la criminalización de la pobreza?
–¡Claro! ¡Por supuesto! Como también lo es la frase que define a las cárceles como las universidades del crimen. En México, eso son realmente.
–¿No cumplen entonces con su función?
–Mire, se dice que la prisión tiene tres objetivos: aislar a la persona para que no siga delinquiendo, castigarla y luego resocializarla. Es algo así como un hospital a donde se lleva a la persona para que se cure de su mal. Obviamente que esos objetivos son para dar risa.
“En México, por ejemplo, la gente que tiene dinero muchas veces vive mejor adentro que afuera de la prisión. Un miembro del crimen organizado, así sea multihomicida, puede salir de la cárcel si paga algunos millones de pesos por su preliberación. Pero quien se robó un bolso en la calle, pues ese que se pudra y se contamine en la prisión.”
Abogado y teólogo, Arellano Aguilar también es el actual director del Instituto de Penitenciaristas del Distrito Federal y lleva 25 años apoyando a reclusos. Señala que le llevó un año la investigación sobre las cárceles, para la cual contó con la ayuda de “las miles de personas” que trabajan en la Pastoral Penitenciaria de las diócesis y arquidiócesis del país.
Aclara que hicieron encuestas en 350 reclusorios, que concentran a más de 90% de la población penitenciaria del país. “En los reclusorios pequeños y de menor población no realizamos nuestra encuesta, que finalmente es una muestra representativa de las 488 prisiones mexicanas”.
Indica que les fue difícil determinar qué porcentaje de los reclusos está pagando delitos de narcotráfico, puesto que casi la mitad de los más de 50 mil presos por delitos federales aún no están sentenciados.
Eso sí, señala que la rebelión en las cárceles se ha disparado muchísimo:
“El año pasado hubo 18 motines a nivel nacional. En este 2009 ya llevamos 13 motines, pese a que todavía no llegamos a la mitad del año. En los reclusorios no se vive una realidad distinta a la de afuera. Al contrario, se condensa más dramáticamente esa realidad. Afuera hay droga, adentro también. Afuera hay violencia y atropellos a los derechos humanos, adentro se acentúan esos problemas.”
El monto del negocio
Entrevistado en las oficinas de la Comisión para la Pastoral Social, de la cual depende la Pastoral Penitenciaria, Arellano agrega:
“También se están dando más fugas y evasiones en las cárceles. Las primeras se dan de manera violenta. En cambio, los evadidos salen hasta saludando por la puerta, ya que muchas veces logran que se les altere su expediente por sentencias más cortas. Existen grupos de abogados que realizan impunemente este tipo de trabajo sucio.”
–¿Están coludidos con las autoridades penitenciarias?
–Sí, por supuesto. Los reclusorios son un gran negocio no sólo para las autoridades penitenciarias, sino también para autoridades de más alto nivel. Para muchos gobiernos estatales, el reclusorio es la caja chica de donde se saca dinero para financiar campañas políticas y ambiciones personales.
“En el Distrito Federal, por ejemplo, el gobierno de Marcelo Ebrard repartió los reclusorios entre las distintas tribus del PRD. Cada tribu tiene su propio reclusorio, de donde saca dinero para sus fines políticos. La tribu nombra al director y a las demás autoridades de su penal.”
–¿Es difícil calcular el monto del negocio carcelario?
–Muy difícil, ya que sólo seis prisiones son federales, las restantes 482 las manejan por su cuenta los gobiernos de los estados. Habría que investigar estado por estado. Nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo, quizás alguna universidad o algún centro de investigación pudiera lograrlo.
Ejemplifica con el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, que le deja jugosas ganancias al PRD por ser la cárcel más grande de América Latina:
“De los 12 mil internos del Reclusorio Norte, 4 mil tienen teléfono celular. Cada uno pagó mil pesos por meterlo, aparte está pagando a las autoridades del penal una cuota de 500 pesos semanales por usarlo. De manera que las autoridades, tan sólo por uso de celulares, reciben un ingreso semanal de 2 millones de pesos.
“Aparte, cada interno debe pagar cinco pesos cada que le pasan lista, que es tres veces al día. De manera que el preso desembolsa por ese rubro 15 pesos diarios. Así, las autoridades ganan diariamente 180 mil pesos por el pase de lista.
“Los presos del Reclusorio Norte –a quienes apoyan económicamente sus familiares– deben además pagar por ir al baño, por tomar agua, por pasar alimentos, por recibir visita conyugal y por varias otras cosas. Sí, los reclusorios son para los gobiernos un negociazo redondo muy difícil de cuantificar.”
Hasta el momento ha sido la Asociación Nacional de Familiares y Amigos de Detenidos, encabezada por Pedro Cedillo, la que logró hacer un cálculo sobre el negocio carcelario en el Distrito Federal.
“Cada año, las autoridades del Distrito Federal sacan alrededor de mil 700 millones de pesos por esas cuotas que cobran en sus reclusorios. Pura corrupción, no puede llamársele de otro modo”, comenta Cedillo a Proceso.
Y agrega que la venta de droga también se ha multiplicado en las prisiones: “Un caso ilustrativo es la prisión femenil de Santa Martha Acatitla. Antes, ahí sólo había una vendedora de droga. Ahora, son siete vendedoras las que surten de droga a las reclusas, en contubernio con las autoridades del penal”.
Fomento del crimen
José Patricio Patiño, a cargo del Sistema Penitenciario Nacional, dijo en una entrevista con el diario La Jornada, publicada el 24 de mayo pasado, que alrededor de 30 prisiones son consideradas “focos rojos”, sobre todo por el hacinamiento que altera el “orden interno”, por lo que es urgente “iniciar una despresurización”.
Mientras que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, anunció el martes 2 que triplicará el número de prisiones federales a su cargo: a las seis que ya existen se sumarán 12 nuevas, que mandará construir con apoyo de la iniciativa privada y tendrán capacidad para 45 mil internos.
Por su parte, Marcelo Ebrard se quejó de que las cárceles de la Ciudad de México ya están atiborradas, y en ellas hay 6 mil reclusos que no deberían estar ahí porque son del fuero federal, por lo que ya no seguirá admitiéndolos. Ebrard también proyecta aumentar la capacidad de las prisiones capitalinas; creará 16 mil nuevos espacios para el año 2012.
Arellano Aguilar dice sobre esa política carcelaria:
“Al crearse más universidades, habrá más profesionistas. Y al crearse más cárceles, habrá más delincuentes. Eso es justamente lo que están haciendo García Luna y Ebrard; aumentando la delincuencia. A partir del gobierno foxista, la Secretaría de Seguridad Pública empezó a manejar las cárceles, lo cual es muy cuestionable, porque su perfil es perseguir y encarcelar al pillo, no cuidarlo ni readaptarlo. Ya estamos viendo las consecuencias; en el penal federal del Altiplano mataron a balazos a una persona, un caso nunca antes visto.
“Y respecto al subsecretario Patricio Patiño –quien viene del Cisen, que tampoco tiene que ver con la readaptación social–, lo mejor es que diga con claridad que esos “focos rojos” son realmente autogobiernos impuestos por los narcotraficantes que corrompieron a las autoridades.
“Las mafias llegan y se apoderan de las cárceles. Van hasta con el gobernador de algún estado para decirle: ‘Queremos que pongas a tal persona como director del penal’. También se valen de métodos más inteligentes; crean grupos de expertos penitenciaristas que dizque dan asesoría y capacitación para las prisiones, y así poco a poco van logrando controlarlas. Anteriormente, los narcos querían ser políticos. Hoy los políticos quieren ser narcos.”
–¿Cuál es entonces la solución al problema penitenciario?
–¡La prevención, la prevención del delito! La cárcel no es natural. Dios nos hizo para vivir en libertad, no en cautiverio. La utopía cristiana es de una sociedad sin cárceles.
Arellano Aguilar muestra al reportero las propuestas de la Iglesia que –por lo menos con el fin de “humanizar” la prisión– se incluirán en el informe:
La implantación de un servicio penitenciario de carrera; la creación de juzgados para adictos; “antidoping permanente” a funcionarios y custodios de los penales; que los reclusos, vía internet, puedan tener “visitas virtuales” de sus familiares; cárcel electrónica para la prisión preventiva; cárcel para los agentes del Ministerio Público que mientan en la consignación del detenido; y que el juzgador que lleve el proceso sea distinto al que dicte el auto de formal prisión, entre otras propuestas.
Comenta Arellano: “Esta es la primera vez que el Episcopado hace un informe de esta naturaleza, con estadísticas, gráficas y testimonios de los propios reclusos y de las autoridades penitenciarias. Calculo que el informe será dado a conocer en julio próximo. Representó un gran esfuerzo para nuestros catequistas y voluntarios que están trabajando en las prisiones mexicanas”.
–¿La Pastoral Penitenciaria no se conforma con dar alivio espiritual a los reclusos?
–La moderna pastoral no empieza ni termina entre los muros de los reclusorios. Nada de solamente rezar, prender veladoras y darse golpecitos de pecho. La Iglesia tiene un compromiso social que incluye la denuncia. En este caso, la denuncia de un sistema penitenciario injusto y cruel.
En un estudio sobre los reclusorios del país, el Episcopado Mexicano concluye que las políticas penitenciarias basadas en criminalizar a los pobres, así como la explotación monetaria de los reclusos por las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal generan un círculo vicioso de corrupción y rencor social, que incrementa los delitos, hace necesario construir más cárceles y favorece así la formación de nuevos delincuentes... Se calcula que 2 millones de personas están envueltas en este tipo de “experiencia carcelaria”.
La creciente criminalización de la pobreza ha provocado la explosiva sobrepoblación en los reclusorios del país, ya que un gran porcentaje de sus internos están arrestados por cometer delitos “famélicos”, como se denomina a los ocasionados por el hambre y la miseria.
Pese a las carencias económicas de esos internos, cuyas familias pagan las cuotas que se les cobran durante su cautiverio, los reclusorios se han convertido en un gran negocio para los gobiernos estatales, que los utilizan como sus cajas chicas. Pero también para los cárteles de la droga, que cada vez tienen mayor control sobre las cárceles.
De esta manera, en México impera un sistema penitenciario que no rehabilita a los reclusos, sino que los pervierte todavía más, provocando en ellos y en sus familias un resentimiento social… Además, genera un círculo vicioso que incrementa la violencia social.
A esta conclusión llegó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) después de realizar un detallado estudio en los reclusorios del país, y que dará a conocer en julio próximo.
Pedro Arellano Aguilar, encargado de Pastoral Penitenciaria de la CEM y quien coordinó la investigación a nivel nacional, dice a Proceso:
“El gobierno está implementando una política errónea en los reclusorios, pues parte del supuesto de que la inseguridad es el principal problema del país. Y su respuesta ha sido endurecer las penas con más carcelización. ¡Todo es cárcel! ¡Más y más cárcel!
“En los códigos penales, por ejemplo, se han endurecido las penas contra los llamados delitos famélicos, que son los cometidos por los pobres. Son principalmente delitos contra el patrimonio. Si alguien se robó un teléfono celular o algún objeto de menos de 2 mil pesos, pues que se cuide, porque ahora el robo se persigue de oficio.”
–Si no es la inseguridad, ¿cuál es entonces el problema principal?
–Sobre todo es la miseria, el desempleo, la drogadicción, la violencia institucional y la impunidad de cuello blanco lo que ocasiona la delincuencia. Desgraciadamente, a este sistema capitalista le estorban los menesterosos, los indígenas, los niños de la calle y todos aquellos que no producen. Por eso resulta más fácil meterlos en la cárcel. No combatimos las causas y después nos quejamos de los efectos.
“Pero lo más grave es que la cárcel no regenera a los reclusos, sino que los contamina y los pervierte todavía más. Un caso ilustrativo es el de El Mochaorejas, quien cayó en el Reclusorio Oriente por haberse robado unos tapones de auto. En la cárcel lo violaron, lo extorsionaron, lo obligaban a hacerle sexo oral a los custodios. Todo esto le provocó un gran rencor social. Ahí se transformó en un secuestrador cruel y sanguinario.
“Se piensa que mientras haya más gente en la cárcel disminuirá la criminalidad. No, es al revés: mientras haya más presos, más aumentará la delincuencia. Estamos ante un círculo vicioso al que no se le ve fin, y todo porque nuestras autoridades no han buscado alternativas para prevenir el delito. ¡Todo es cárcel, todo!”
Rencor social
El encargado de la Pastoral Penitenciaria, Pedro Arellano Aguilar, adelanta algunas estadísticas que incluirá en su informe:
De los 225 mil reclusos que hay en el país –concentrados en 488 prisiones– 28% son realmente “enfermos” con alguna adicción que los orilló a delinquir.
Explica Arellano Aguilar: “Generalmente, las familias no se dan cuenta de que algún hijo fuma mariguana o es alcohólico. Se enteran hasta que les hablan del Ministerio Público diciéndoles que su hijo está detenido porque se robó unas cervezas en una tienda de abarrotes. Ese muchacho lo único que tiene es una mala adicción, es un enfermo, y sin embargo se le juzga como delincuente. No es justo que se le meta a un reclusorio donde sí lo van a convertir en delincuente”.
Y agrega que, de acuerdo con la citada investigación, 62% de los jóvenes que están presos por robo se llevaron objetos que valen menos de 2 mil pesos, por lo que pueden considerarse robos famélicos.
Señala el investigador que “esta carcelización lo único que genera es un gran rencor social, puesto que los presos, así hayan sido arrestados injustamente, quedan estigmatizados junto con sus familiares”.
Además, de los 225 mil reclusos, Arellano menciona a los alrededor de 100 mil preliberados, que ya no están en prisión pero que tienen que ir a firmar y también son discriminados.
“En total –dice– es una población de unas 325 mil personas. Pero si a éstas les sumamos a su familia, pongamos seis familiares por cada una, ya estamos hablando de 2 millones de mexicanos y mexicanas que, en este momento, están viviendo directamente la experiencia carcelaria, porque los familiares de los presos también viven atados a la cárcel. Imagínese el rencor social que se está creando en ellos, y todo porque nuestros genios tecnócratas se han dedicado a meter y meter a la cárcel a los pobres.”
–¿Es correcta la afirmación que habla de la criminalización de la pobreza?
–¡Claro! ¡Por supuesto! Como también lo es la frase que define a las cárceles como las universidades del crimen. En México, eso son realmente.
–¿No cumplen entonces con su función?
–Mire, se dice que la prisión tiene tres objetivos: aislar a la persona para que no siga delinquiendo, castigarla y luego resocializarla. Es algo así como un hospital a donde se lleva a la persona para que se cure de su mal. Obviamente que esos objetivos son para dar risa.
“En México, por ejemplo, la gente que tiene dinero muchas veces vive mejor adentro que afuera de la prisión. Un miembro del crimen organizado, así sea multihomicida, puede salir de la cárcel si paga algunos millones de pesos por su preliberación. Pero quien se robó un bolso en la calle, pues ese que se pudra y se contamine en la prisión.”
Abogado y teólogo, Arellano Aguilar también es el actual director del Instituto de Penitenciaristas del Distrito Federal y lleva 25 años apoyando a reclusos. Señala que le llevó un año la investigación sobre las cárceles, para la cual contó con la ayuda de “las miles de personas” que trabajan en la Pastoral Penitenciaria de las diócesis y arquidiócesis del país.
Aclara que hicieron encuestas en 350 reclusorios, que concentran a más de 90% de la población penitenciaria del país. “En los reclusorios pequeños y de menor población no realizamos nuestra encuesta, que finalmente es una muestra representativa de las 488 prisiones mexicanas”.
Indica que les fue difícil determinar qué porcentaje de los reclusos está pagando delitos de narcotráfico, puesto que casi la mitad de los más de 50 mil presos por delitos federales aún no están sentenciados.
Eso sí, señala que la rebelión en las cárceles se ha disparado muchísimo:
“El año pasado hubo 18 motines a nivel nacional. En este 2009 ya llevamos 13 motines, pese a que todavía no llegamos a la mitad del año. En los reclusorios no se vive una realidad distinta a la de afuera. Al contrario, se condensa más dramáticamente esa realidad. Afuera hay droga, adentro también. Afuera hay violencia y atropellos a los derechos humanos, adentro se acentúan esos problemas.”
El monto del negocio
Entrevistado en las oficinas de la Comisión para la Pastoral Social, de la cual depende la Pastoral Penitenciaria, Arellano agrega:
“También se están dando más fugas y evasiones en las cárceles. Las primeras se dan de manera violenta. En cambio, los evadidos salen hasta saludando por la puerta, ya que muchas veces logran que se les altere su expediente por sentencias más cortas. Existen grupos de abogados que realizan impunemente este tipo de trabajo sucio.”
–¿Están coludidos con las autoridades penitenciarias?
–Sí, por supuesto. Los reclusorios son un gran negocio no sólo para las autoridades penitenciarias, sino también para autoridades de más alto nivel. Para muchos gobiernos estatales, el reclusorio es la caja chica de donde se saca dinero para financiar campañas políticas y ambiciones personales.
“En el Distrito Federal, por ejemplo, el gobierno de Marcelo Ebrard repartió los reclusorios entre las distintas tribus del PRD. Cada tribu tiene su propio reclusorio, de donde saca dinero para sus fines políticos. La tribu nombra al director y a las demás autoridades de su penal.”
–¿Es difícil calcular el monto del negocio carcelario?
–Muy difícil, ya que sólo seis prisiones son federales, las restantes 482 las manejan por su cuenta los gobiernos de los estados. Habría que investigar estado por estado. Nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo, quizás alguna universidad o algún centro de investigación pudiera lograrlo.
Ejemplifica con el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, que le deja jugosas ganancias al PRD por ser la cárcel más grande de América Latina:
“De los 12 mil internos del Reclusorio Norte, 4 mil tienen teléfono celular. Cada uno pagó mil pesos por meterlo, aparte está pagando a las autoridades del penal una cuota de 500 pesos semanales por usarlo. De manera que las autoridades, tan sólo por uso de celulares, reciben un ingreso semanal de 2 millones de pesos.
“Aparte, cada interno debe pagar cinco pesos cada que le pasan lista, que es tres veces al día. De manera que el preso desembolsa por ese rubro 15 pesos diarios. Así, las autoridades ganan diariamente 180 mil pesos por el pase de lista.
“Los presos del Reclusorio Norte –a quienes apoyan económicamente sus familiares– deben además pagar por ir al baño, por tomar agua, por pasar alimentos, por recibir visita conyugal y por varias otras cosas. Sí, los reclusorios son para los gobiernos un negociazo redondo muy difícil de cuantificar.”
Hasta el momento ha sido la Asociación Nacional de Familiares y Amigos de Detenidos, encabezada por Pedro Cedillo, la que logró hacer un cálculo sobre el negocio carcelario en el Distrito Federal.
“Cada año, las autoridades del Distrito Federal sacan alrededor de mil 700 millones de pesos por esas cuotas que cobran en sus reclusorios. Pura corrupción, no puede llamársele de otro modo”, comenta Cedillo a Proceso.
Y agrega que la venta de droga también se ha multiplicado en las prisiones: “Un caso ilustrativo es la prisión femenil de Santa Martha Acatitla. Antes, ahí sólo había una vendedora de droga. Ahora, son siete vendedoras las que surten de droga a las reclusas, en contubernio con las autoridades del penal”.
Fomento del crimen
José Patricio Patiño, a cargo del Sistema Penitenciario Nacional, dijo en una entrevista con el diario La Jornada, publicada el 24 de mayo pasado, que alrededor de 30 prisiones son consideradas “focos rojos”, sobre todo por el hacinamiento que altera el “orden interno”, por lo que es urgente “iniciar una despresurización”.
Mientras que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, anunció el martes 2 que triplicará el número de prisiones federales a su cargo: a las seis que ya existen se sumarán 12 nuevas, que mandará construir con apoyo de la iniciativa privada y tendrán capacidad para 45 mil internos.
Por su parte, Marcelo Ebrard se quejó de que las cárceles de la Ciudad de México ya están atiborradas, y en ellas hay 6 mil reclusos que no deberían estar ahí porque son del fuero federal, por lo que ya no seguirá admitiéndolos. Ebrard también proyecta aumentar la capacidad de las prisiones capitalinas; creará 16 mil nuevos espacios para el año 2012.
Arellano Aguilar dice sobre esa política carcelaria:
“Al crearse más universidades, habrá más profesionistas. Y al crearse más cárceles, habrá más delincuentes. Eso es justamente lo que están haciendo García Luna y Ebrard; aumentando la delincuencia. A partir del gobierno foxista, la Secretaría de Seguridad Pública empezó a manejar las cárceles, lo cual es muy cuestionable, porque su perfil es perseguir y encarcelar al pillo, no cuidarlo ni readaptarlo. Ya estamos viendo las consecuencias; en el penal federal del Altiplano mataron a balazos a una persona, un caso nunca antes visto.
“Y respecto al subsecretario Patricio Patiño –quien viene del Cisen, que tampoco tiene que ver con la readaptación social–, lo mejor es que diga con claridad que esos “focos rojos” son realmente autogobiernos impuestos por los narcotraficantes que corrompieron a las autoridades.
“Las mafias llegan y se apoderan de las cárceles. Van hasta con el gobernador de algún estado para decirle: ‘Queremos que pongas a tal persona como director del penal’. También se valen de métodos más inteligentes; crean grupos de expertos penitenciaristas que dizque dan asesoría y capacitación para las prisiones, y así poco a poco van logrando controlarlas. Anteriormente, los narcos querían ser políticos. Hoy los políticos quieren ser narcos.”
–¿Cuál es entonces la solución al problema penitenciario?
–¡La prevención, la prevención del delito! La cárcel no es natural. Dios nos hizo para vivir en libertad, no en cautiverio. La utopía cristiana es de una sociedad sin cárceles.
Arellano Aguilar muestra al reportero las propuestas de la Iglesia que –por lo menos con el fin de “humanizar” la prisión– se incluirán en el informe:
La implantación de un servicio penitenciario de carrera; la creación de juzgados para adictos; “antidoping permanente” a funcionarios y custodios de los penales; que los reclusos, vía internet, puedan tener “visitas virtuales” de sus familiares; cárcel electrónica para la prisión preventiva; cárcel para los agentes del Ministerio Público que mientan en la consignación del detenido; y que el juzgador que lleve el proceso sea distinto al que dicte el auto de formal prisión, entre otras propuestas.
Comenta Arellano: “Esta es la primera vez que el Episcopado hace un informe de esta naturaleza, con estadísticas, gráficas y testimonios de los propios reclusos y de las autoridades penitenciarias. Calculo que el informe será dado a conocer en julio próximo. Representó un gran esfuerzo para nuestros catequistas y voluntarios que están trabajando en las prisiones mexicanas”.
–¿La Pastoral Penitenciaria no se conforma con dar alivio espiritual a los reclusos?
–La moderna pastoral no empieza ni termina entre los muros de los reclusorios. Nada de solamente rezar, prender veladoras y darse golpecitos de pecho. La Iglesia tiene un compromiso social que incluye la denuncia. En este caso, la denuncia de un sistema penitenciario injusto y cruel.
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