Columna PLAZA PÚBLICA / Miguel Ángel Granados Chapa
Estrategia integral
Reforma 3 febrero 2010).- Veinticuatro horas después de ufanarse en Japón de su política de seguridad pública, el presidente Calderón tuvo que anunciar, ante la rotunda y cruenta evidencia del fracaso de esa política, que se dispone a iniciar una estrategia integral para combatir a la violencia criminal. Los cadáveres de los 16 muchachos asesinados el domingo en Ciudad Juárez son una rotunda exigencia que Calderón no pudo soslayar, aun a la distancia.
Era tan evidente la necesidad de mudar el modo de enfrentar a la delincuencia organizada en aquella ciudad fronteriza -y en todo el país, donde en enero murieron a balazos casi mil personas, la mayor cantidad en un solo mes en la trágica historia de la narcocriminalidad- que hasta Francisco Ramírez Acuña, el presidente de la Cámara de Diputados -ex gobernador de Jalisco, ex secretario de Gobernación-, la había preconizado, en declaraciones que siguieron a su lectura de una condena de la Comisión Permanente del Congreso a ese horrendo crimen. Nervioso quizá por la severidad del momento, o ignorante de la palabra que debía leer, Ramírez Acuña incurrió en un desliz que lo condujo a una terrible premonición. En vez de decir que la matanza de Juárez se había perpetrado, leyó perpetuado, en un involuntario augurio que es deseable no se cumpla. La inseguridad en aquella frontera, el atroz dolor de los deudos de los muchachos que se divertían como cumple a su edad y fueron destrozados a balazos, no debe perpetuarse, ni siquiera permanecer. Ha de ser exterminada antes de que Juárez se convierta en una ciudad fantasma, llena de domicilios abandonados como una de las casas donde se realizaba el domingo la fiesta que terminó en tragedia.
Calderón no pudo presentar su reacción ante esa matanza como el comienzo de una nueva estrategia, porque no hace ni un mes que se había anunciado esa otra estrategia, al reconocer que la numerosa presencia militar no sólo no había conseguido aminorar la criminalidad violenta sino que ésta creció, como aumentaron también las denuncias y quejas por el comportamiento de soldados y policías. Por eso fue preciso que el enunciado de lo que ocurrirá acudiera a la adjetivación. Ahora la estrategia será integral, porque el problema que se busca encarar no es solamente delincuencial y por lo tanto susceptible de ser abordado con instrumentos y criterios policiacos, sino que es social y deben ser aplicados remedios correspondientes a esa hondura y alcance. No sabemos todavía de qué se trata, pues el Ejecutivo tras admitir que "el problema rebasa con mucho la mera acción policiaca", anunció que en próximos días se "fortalecerá y detallará con amplitud el contenido de esa estrategia integral".
Si alguna esperanza despierta el reconocimiento de la complejidad del problema y su abordamiento también por caminos no limitados a la fuerza legítima del Estado, el leve optimismo que causa el aviso de la estrategia integral debe atenuarse con el recuerdo de que hace 35 meses, casi tres años, apenas tres meses después de iniciada esta administración, el propio Calderón anunció un programa denominado Estrategia Integral para la Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia. Preocupa y atemoriza que tras el largo tiempo transcurrido se tenga que utilizar de nuevo una denominación cuyo uso quizá fue olvidado, así de ineficaz fue, por quienes debían aplicar la política respectiva.
Asomarse a la estrategia integral anunciada el 7 de marzo de 2007 significa comprobar que la lucha contra la delincuencia organizada ha sido más mediática que real, destinada más a crear un ánimo público creyente en la capacidad estatal de contener al crimen, que a efectivamente reducirlo, en su doble sentido de achicarlo y mantenerlo a raya. Salvo quizá la creación de la Plataforma México, un sistema de información del que se ufana un día sí y otro también el secretario de Seguridad Pública, como si contar con un instrumento implicara automáticamente obtener provecho de él; salvo ese logro, todo el resto de la estrategia integral de aquel momento se muestra hoy como pura palabrería. Se anunciaba entonces, por ejemplo, la realización de campañas contra las adicciones, que no se efectuaron, o si lo fueron carecieron de eficacia pues la demanda de drogas en México ha crecido, estimulando de ese modo la oferta que se abre paso de cualquier modo para llegar a los consumidores. Se hablaba también de mejoría de las corporaciones policiacas mediante controles de confianza, cuya ausencia permitió a más de un comisionado de la Policía Federal Preventiva cometer delitos. Hoy mismo, en la dolida Ciudad Juárez hay denuncias de extorsión practicada por miembros de ese cuerpo, que tratan de vender la protección que están obligados a prestar.
Otra evidencia de esa frustrada estrategia integral fue que incluía la creación y difusión de una cultura de la legalidad. Año y medio más tarde, en agosto de 2008, la misma expresión ocupó un lugar preferente en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, adoptado reactivamente ante la indignación de un segmento de la sociedad lastimado por secuestros que terminaban en asesinatos.
A la falta de memoria de la administración federal que recicla enunciados que se olvidaron se agrega la falta de sensibilidad política del PRI o su desdén por los ciudadanos. Víctor Valencia, secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, el estado tristemente campeón en violencia criminal, busca ser ¡alcalde de Ciudad Juárez!
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