Durante el Foro Alto al Secuestro, organizado por la Comisión de Justicia del Senado, La señora Isabel Miranda de Wallace pidió crear la figura de un Procurador especializado, que tome el control del problema a nivel nacional, se coordine con las procuradurías estatales, con independencia absoluta y tenga a su cargo la Policía Federal.
En su propuesta integral, la fundadora de la Organización Alto al Secuestro A. C., destaca el desarrollo una política enfocada a la educación y a valores, que englobe a los gobiernos federal, estatal y municipal.
Es indispensable, dijo, aprobar las Ley General de Víctimas del Secuestro, a fin de recomponer el tejido social, reactivar la economía, construir un sistema penitenciario no corrupto, alentar la denuncia ciudadana, contar con procuradurías y ministerios públicos independientes y poner énfasis en la prevención.
La señora Miranda de Wallace precisó que no comparte el criterio de que únicamente se sancione a funcionarios que participen en el secuestro cuando la víctima es menor de edad o mayor de 60 años.
“Rechazamos una ley donde se deja al arbitrio de un juez las penas, cuando una víctima muera en cautiverio. Exigimos la pena máxima, no agravantes”, subrayó.
Por su parte, la doctora María Eloisa Quintero, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dijo que la iniciativa del Ejecutivo para prevenir el secuestro podría ser la base para elaborar un buen dictamen.
Se manifestó en contra del aumento de las penas por considerar que ello no resolverá el problema.
El doctor Moisés Moreno Hernández, presidente del Centro de Política Criminal y Ciencias Penales, expresó que la vía del endurecimiento para combatir el secuestro y la delincuencia organizada en general, no es la más viable.
En los últimos años, indicó, se ha hecho uso de una política de represión, que involucra a todo el Sistema de Justicia Penal y se ha dejado de lado la política de la prevención, por lo que planteó la necesidad de crear una política criminal integral, como única posibilidad de garantizar una lucha eficaz contra la delincuencia.
Subrayó que toca ahora al Poder Legislativo analizar cada una de las iniciativas presentadas por los sectores políticos y sociales para que genere una legislación seria que permita enfrentar al secuestro y a la delincuencia organizada.
En su intervención, el doctor René Alejandro Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, aseguró que las ganancias ostentosas obtenidas por los delincuentes han hecho del secuestro, junto con el narcotráfico, uno de los delitos de mayor impacto y daño social.
Señaló que de acuerdo a una encuesta realizada en 2008 por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, Chihuahua y Sinaloa son los estados cuyo índice delincuencial va en aumento, prácticamente el doble, mientras que en el Distrito Federal disminuyó.
A su vez, el maestro Max Morales Martínez, especialista en Liberación de Rehenes por Secuestro, sostuvo que en México el secuestro no es problema de delincuencia organizada, es un problema de policías organizados en delincuencia”.
Sugirió que en los proyectos de ley se conserve la clasificación del secuestro como delito grave, para que los secuestradores no puedan tener derecho a libertad bajo fianza.
El doctor Luis García López Guerrero, Primer Visitador de la CNDH, indicó que la ausencia de una ley que salvaguarde el interés superior de las víctimas del secuestro y establezca mecanismos eficientes de coordinación institucional para su atención, vulnera los derechos humanos y constituye un hecho reprobable e inaceptable.
Advirtió que dadas las condiciones de inseguridad, impunidad y corrupción, “estamos viviendo hoy lo que se denomina como “la tercera oleada del secuestro”, consistente en un repunte del número de este delito.
Por ello, llamó a implementar un sistema integral que no solamente busque el combatir al secuestro, sino que también haga efectivos los derechos consagrados en la Constitución para la protección y defensa de las víctimas de ese delito.
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