Por vez primera en la historia moderna, la SCJN determinó que las opiniones de los diputados y senadores ya no estarán protegidas por la inmunidad parlamentaria, cuando las emitan fuera de su labor legislativa, por lo que pueden ser sujetos de demandas de daño moral.
Bajo este criterio y por ocho votos contra dos, el máximo tribunal concedió un amparo a Manuel Bartlett Díaz, quien demandó por daño moral al panista Germán Martínez Cázares, por haberle acusado de fraude electoral en 1988 y de presunto homicida del periodista Manuel Buendía.
La Corte amparó al político poblano, para que su demanda regrese al Tribunal Superior de Justicia del DF -que antes había absuelto al panista- y emita una nueva sentencia, en la que considere que al momento de hacer las manifestaciones, Martínez no gozaba de inmunidad constitucional.
Este pleito legal se remonta al 31 de mayo de 2006, cuando en una sesión ordinaria del Consejo General del IFE , el entonces representante del PAN, Germán Martínez, acusó de doble moral al PRD, en los siguientes términos. "La doble cara, el doble discurso, lo tienen ustedes, que ahora abrazan al artífice del fraude electoral de 1988 y presunto asesino de Manuel Buendía, a Manuel Bartlett, que ahora lo tienen que abrazar y besar en su partido", dijo, según la versión estenográfica.
Por lo que hoy, el Pleno de la Corte consideró que la inviolabilidad parlamentaria cobra eficacia, únicamente cuando los senadores o diputados emiten opiniones en el desempeño de su encargo, lo que significa que no se encuentran protegidos en cualquier momento o ámbito en el que las emitan. Esto es, precisaron los ministros, que los legisladores gozarán de la inviolabilidad parlamentaria, exclusivamente cuando emitan opiniones al realizar actividades propias de sus funciones, en términos de las normas que establezcan dichas actividades.
En este caso, un representante de un partido político, que en ese entonces era diputado federal (Germán Marínez), emitió, durante una sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, opiniones en contra de un ex funcionario federal (Manuel Bartlet) , lo que motivó que éste lo demandara por daño moral.
El Alto Tribunal señaló que la inviolabilidad parlamentaria de que gozan senadores y diputados, en términos del artículo 61 constitucional, es un instrumento de vital importancia para la democracia mexicana, y como tal debe analizarse cuidadosamente. Ee decir, tiene inmunidad respecto de sus expresiones, pero ésta no puede ser extensiva a los ámbitos ajenos al Congreso de la Unión, como es el caso de las declaraciones del panista, realizadas en el IFE en calidad de representante partidista.
"No comparto la idea de que la inviolabilidad parlamentaria significa impunidad e irresponsabilidad, por lo que se dice en el ejercicio público de un cargo."No puede afirmarse que esta garantía se haga extensiva de manera irrestricta a otros ámbitos del quehacer público en el que el diputado o el senador participa, pues es solamente en el ejercicio estricto de sus funciones", expuso la Ministra Olga Sánchez Cordero.
En tanto, Arturo Zaldívar puntualizó que el fuero e inmunidad parlamentaria no es un derecho adquirido por diputados y senadores, sino una garantía institucional que tienen dichos representantes, siempre y cuando desempeñen su función legislativa.
Sólo los ministros Salvador Aguirre Anguiano y Sergio Valls Hernández se manifestaron contra la postura dominante, pues desde su punto de vista limitar las opiniones de parlamentarios atentaría contra la libertad de expresión en el debate político, en cualquiera de sus diversos foros.
Aguirre expresó que la Corte no puede actuar como mordaza de los actores políticos y de hecho aseguró que no conoce un país del mundo donde el debate entre las fuerzas políticas ocurra sin pasiones. "A mí me parecen muy apreciables (normar expresiones de legisladores) en un país ideal que no conozco, hasta ahorita ninguno, ni el mismo alemán, y lo digo con todo respeto, en donde prime la racionalidad absoluta de la discusión fuera de toda pasión. "Esta bella tesis del discurso racional, es un deber ser pero no un ser de las cosas en ningún lugar del mundo y menos, por razón del desarrollo del civismo, de los legisladores en el pueblo mexicano", dijo Aguirre.
Martínez fue defendido al principio de este litigio por Fernando Gómez Mont, hoy Secretario de Gobernación.
Con información de Abel Barajas de Reforma
No hay comentarios.:
Publicar un comentario