Señor Ministro don Sergio Armando Valls Hernández
Señor Magistrado Leonel Castillo González, Director General del Instituto de la Judicatura Federal
Señor Licenciado Felipe Borrego Estrada, Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
Señoras y señores Catedráticos de la Universidad de Sevilla
Señoras y señores Secretarios
Distinguida concurrencia:
En estos días, específicamente el próximo 18 de junio, se cumplirán cuatro años de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto de reforma constitucional en materia penal, que representa no sólo un parte aguas en los sistemas de procuración e impartición de justicia, sino un verdadero cambio de paradigma que transita del procedimiento semi-inquisitorio al acusatorio y oral, cuyos principios, a saber: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, son recogidos por el artículo 20 constitucional.
La trascendencia de este golpe de timón, ya había sido advertida, hace 60 años, por Piero Calamandrei, quien en una conferencia dictada en la UNAM, en febrero de 1952 dijo: “…en el proceso dialéctico, la sentencia es la consecuencia, incierta hasta el final, del desarrollo del proceso; en el proceso totalitario, el desarrollo del propio proceso, es la consecuencia de la sentencia ya acertada desde el principio”.
Consciente de la necesidad de lograr una transición paulatina y permanente, para que el proceso penal se convierta en el dialogo abierto por antonomasia, para encontrar la verdad procesal, el constituyente estableció los lineamientos para que la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, expidan y pongan en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios, a fin de echar a andar el sistema acusatorio, sin exceder el plazo de ocho años.
Pero, a la mitad de este plazo establecido por la Constitución de la República, ¿cuál es el grado de avance real en la instauración del sistema acusatorio? De conformidad con la Metodología para la Clasificación y Estratificación de las Entidades Federativas, elaborada por la SETEC, se advierte que únicamente tres entidades, Chihuahua, Estado de México y Morelos, han logrado establecer la operación total de la reforma.
Es decir, a la fecha, solo estos tres Estados del país cuentan con una instancia encargada de coordinar, evaluar y dar seguimiento a la operación del nuevo sistema; tienen la normatividad básica e intermedia en vigencia, y se encuentran en operación total del nuevo sistema acusatorio penal en todo el territorio y en todos los tipos de delitos. Por tanto, a cuatro años de la reforma constitucional, tan solo el 10% de los Estados operan totalmente el sistema acusatorio.
Del resto, siete entidades se encuentran en operación parcial, tres en etapa de entrada en vigencia, dieciséis en etapa de planeación, y en la retaguardia, tres estados que se encuentran aún en la etapa inicial.
Si el diagnóstico a nivel estatal resulta inquietante, también nos preocupa que a nivel federal haya una agenda legislativa de trascendental importancia para la reforma penal, que aún no ha sido desahogada.
Para el Poder Judicial de la Federación, la pronta instauración del sistema acusatorio tiene una enorme relevancia, y desde la promulgación de la reforma constitucional, hemos adoptado muchas medidas para recibirla e instrumentarla, con los menores contratiempos posibles.
Los ejes fundamentales sobre los que el Poder Judicial sustenta su participación en la reforma, incluyen la creación de juzgados federales especializados; la adecuación física de instalaciones; la puesta en marcha de unidades administrativas; la celebración de cientos, cientos ya de actividades académicas, tendientes a la difusión y la capacitación interna y externa en la materia.
Hemos participado en todas las sesiones del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, instancia constituida para establecer la política y la coordinación nacionales necesarias para implementar, en los tres órdenes de gobierno, el sistema de justicia penal en los términos previstos constitucionalmente.
En suma, desde el quehacer jurisdiccional, también hemos empujado la reforma.
Pero todo esto, no es suficiente para responder a las coyunturas actuales. No permitamos que la reforma al sistema de justicia penal, quede anclada en el idealismo, dejemos que permee en la realidad cotidiana y tangible de la gente. Reitero desde aquí, que nuestra voluntad y esfuerzo necesita ser reforzado por el trabajo indispensable de los otros Poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno.
Señoras y señores:
Que sirvan los foros, como el que hoy se inaugura, para efectuar una reflexión crítica a la mitad del camino de la reforma, para identificar el aprendizaje que nos haya dejado estos cuatro primeros años, y para pensar, por qué no, aquellos factores que puedan ser susceptibles de ser mejorados. En las instituciones jurídicas no puede concebirse el fin de la historia.
Con sus ocho módulos, cuyos temas serán expuestos por muy distinguidos especialistas, a quienes brindamos la bienvenida y ofrecemos todo el apoyo que requieran para el cumplimiento de su encomiable labor docente, el curso que hoy da inicio, será un nuevo testimonio del compromiso del Poder Judicial de la Federación con el sistema acusatorio.
No sin antes reiterar mi agradecimiento y reconocimiento al señor Ministro Sergio Valls Hernández por su decidido y determinante papel en cada uno de los ejes trazados por el Poder Judicial para la implementación de la reforma penal, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del cuatro de junio de dos mil doce, tengo el agrado de declarar formalmente inaugurado, el Curso de Especialización en Sistema Acusatorio.
Muchas gracias.
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