Impunidad mata a mando único/Jorge Fernández Menéndez

Impunidad mata a mando único/Jorge Fernández Menéndez

 Columna Razones en Excélsior, 20 de febrero de 2013.

La reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el presidente Peña tuvo algunas sorpresas pero, sobre todo, un serie de acuerdos que resultan promisorios para la propia relación del nuevo gobierno federal con los gobiernos estatales. Probablemente el acuerdo más destacado (más allá de la división en 12 regiones) es el que institucionaliza el esfuerzo por crear en todos los estados mandos policiales únicos, una vieja propuesta, primero del gobierno Calderón, que después hizo suya la Conago, que estuvo incluso en manos de la pasada legislatura y que por razones partidarias nunca terminó de salir adelante. Ahora existe el acuerdo y, además, la voluntad política, y eso evidentemente es lo que determina la viabilidad de la iniciativa.

El mando único, como lo podemos ver en Morelos en estos días, no es una panacea para los problemas de seguridad que presentan muchos estados y municipios, pero sí resulta un paso indispensable para regenerar el tejido social y la seguridad. Llevamos por lo menos tres años de rezago en la implementación de los mandos únicos, pero los estados que de una u otra forma han avanzado en ese esquema, en algunos casos estatal, en otros regional, han podido comprobar que es el mejor de los mecanismos posibles para crear las nuevas policías que todas las entidades reclaman. No tiene sentido reemplazar instituciones que no funcionan, que han perdido toda su lógica operativa y la confianza de la ciudadanía, por otras iguales, formadas sobre esos mismos cimientos.

El mando único funciona y tiene lógica si esa concentración de fuerza se sostiene sobre un nuevo modelo policial, basado en elementos más preparados, mejor pagados, recompensados y capacitados, que pasen los controles de confianza y que se basen en nuevos sistemas operativos. No se puede cargar en un sistema operativo viejo de una computadora los nuevos programas que requieren otras capacidades y generan otras funciones: lo mismo ocurre con los policías y con el mando único. Para que funcione se tienen que crear nuevas instituciones. Se hizo en buena medida con la Policía Federal, se está haciendo en forma muy destacada en Nuevo León, antes en Baja California y en otras entidades del país, desde Veracruz hasta Tamaulipas. En unas hay más avances que en otras, pero ese es el camino que se debe recorrer.

 Pero en Chihuahua, en la reunión de la Conago, el presidente Peña Nieto también habló de otro tema que se debe abordar de inmediato. Dijo, y tiene toda la razón, que ninguno de esos esquemas de seguridad funcionará si no existe un sistema de impartición de justicia eficiente. El hecho es que en nuestro país, 98% de los delitos que se denuncian, (no de los que se cometen, sino de los que se denuncian, asumiendo además que la cifra negra es altísima) quedan impunes. Es un problema de leyes, es de estructuras, es de corrupción y de muchas otras razones, pero el hecho es que la norma es la impunidad. En todo eso hay un punto central que debe abordarse. De la misma forma que la propuesta del mando único policial estuvo dormida desde hace más de tres años, la reforma del sistema de justicia lleva casi cinco años de aprobada y los avances son mínimos. La transformación del sistema hacia los juicios orales, de la mano con otras reformas que se aprobaron en su momento, a las que se les ha dado ocho años para su implementación de acuerdo con los ritmos que establezca cada estado, no ha funcionado, tiene rezagos notables y, en el propio sistema, tiene adversarios de enorme peso que no quieren que se ejecute.

 Sin esa transformación del sistema de justicia, que involucra a todo el poder judicial, pero también a la PGR (que tiene pendiente la reforma que planteó en su momento Eduardo Medina Mora y que nunca se sacó adelante) lo que se haga en la seguridad y los policías, será, siempre, insuficiente. Resulta imprescindible ponerle fechas, objetivos, metas a la reforma del sistema de justicia porque no podemos, como sociedad, darnos el lujo de dejar transcurrir más tiempo sin implementarla seriamente.

 Al margen, interesante ayer en el Día del Ejército los discursos del presidente Peña y del secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. El del secretario porque enumeró los cinco objetivos del Ejército en esta administración, poniendo especial énfasis en la modernización y en garantizar, como una misión constitucional, la seguridad interior. El del presidente Peña porque reafirmando esos mismos cinco objetivos, involucró al Ejército en una lógica diferente, relacionada en forma directa con el desarrollo, el crecimiento, la modernidad y la paz. Ambos discursos se complementan, pero en la lectura común dirigen al Ejército hacia nuevos derroteros, manteniendo sus responsabilidades actuales.

EL PAÍS