Supremo
de EU debate la legalidad de las oraciones en actos públicos
El
alto tribunal aborda el papel de la religión en la Administración y si las
invocaciones y rezos al comienzo de eventos gubernamentales viola la separación
Iglesia-Estado
Nota de EVA
SAIZ Washington
El Pais, 6 NOV 2013
El
Tribunal Supremo de Estados Unidos ha abordado este miércoles la
constitucionalidad de las oraciones e invocaciones religiosas al inicio de
actos y reuniones gubernamentales o legislativas. La presencia de la religión
en las actividades del Gobierno y la posible vulneración de la Primer Enmienda,
que garantiza la separación Iglesia-Estado, es una cuestión polémica que divide
a los ciudadanos de este país y que no es nueva para los nueve jueces que
integran este tribunal, que ya legislaron sobre este asunto hace 30 años.
Entonces,
un senador de Nebraska denunció que abrir las sesiones legislativas de su
Estado con un rezo era inconstitucional porque la religión no debía inmiscuirse
en asuntos estrictamente políticos. El Supremo determinó que las invocaciones
“estaban profundamente arraigadas a la historia y la tradición de este país,
desde la época de las colonias” y que, por tanto, no violaban la Primera
Enmienda. Ese argumento es que ha invocado este miércoles la defensa de la
localidad neoyorquina de Greece, que fue denunciada por dos de sus residentes,
Susan Galloway, judía, y Linda Stephens, atea, por dar comienzo a todas las
sesiones en el Ayuntamiento con oraciones cristianas, una circunstancia que
ellas consideran “coactiva y aislacionista”, de acuerdo con sus abogados. Las
mujeres perdieron el caso en primera instancia, pero, después, un juzgado de
Apelaciones dictaminó que las plegarias de Greece debían incluir a otros
credos. El recurso a ese fallo es el que se ha discutido este miércoles ante el
Senado.
La
decisión que adopten los magistrados en junio podría sentar un precedente sobre
el papel de la religión dentro de los actos y eventos públicos en la nación con
mayor diversidad religiosa del mundo. La Oficina del Censo establece que el 63%
de la población declara pertenecer a una iglesia, una cifra que ha permanecido
inalterada desde 1960, y varias encuestas citadas por la Unión Americana de
Libertades Civiles coinciden en que el 90% profesa una creencia religiosa. Las
oraciones al comienzo de audiencias o de sesiones en instituciones públicas o
eventos políticos son una práctica casi indisoluble de los mismas.
El
propio Tribunal Supremo abre sus sesiones con la invocación: Dios salve a los
EE UU ya su honorable corte”. Cada mañana, en el Capitolio, los capellanes de
cada una de sus cámaras comienzan las reuniones con una plegaria. Durante el
cierre de la Administración a comienzos de septiembre, el capellán del Senado,
Barry Black, llamó la atención de todos los medios por sus preces instando a la
cordura de los políticos para que pusieran fin a la parálisis. “Sálvanos de la
locura”, solía terminar sus oraciones.
Las
implicaciones del caso que se ha presentado ante el Supremo estadounidense son
tan significativas que hasta la Casa Blanca ha remitido una “petición amistosa”
a los magistrados en la que solicita que apoyen a la ciudad de Greece en este
asunto, en una rara alianza con organizaciones religiosas y extremistas que
también han respaldado la causa de la localidad neoyorquina. Del otro lado se
encuentra grupos progresistas a favor de la separación Iglesia-Estado.
En
el caso concreto que se debate en el alto tribunal de EE UU lo que se pide no
es tanto que se eliminen las plegarias al comienzo de actos públicos sino que
éstas no sean proselitistas, sobre todo cuando se trata de eventos de obligada
asistencia, como denunciaban Galloway y Stephens como los del Ayuntamiento de
Greece. La neutralidad de las invocaciones en el caso de Nebraska de 1983, fue
uno de los argumentos que el Supremo abrazó en su fallo y esa neutralidad es la
que se pide a los capellanes del Congreso que “deben tener en cuenta que está
integrado por miembros que siguen distinta fe y tradiciones”, ha recordado el
magistrado Stephen Breyer.
A
tenor de sus preguntas y comentarios, los jueces no han parecido seducidos por
los alegatos de ninguna de las dos partes. El presidente del tribunal, John G.
Roberts, se ha mostrado escéptico ante el argumento de las demandadas de que
sea el Gobierno quien determine qué oraciones son aceptables y cuáles no, por
considerar que podría plantear “problemas de censura”, pero tampoco se ha
mostrado satisfecho con los de la parte demandante, que ha basado todos sus
argumentos en el sentido del fallo que hace
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