“Juicio justo”, piden parientes de los militares consignados

• Revista Proceso No. 1980, 11 de octubre de 2014

“Juicio justo”, piden parientes de los militares consignados/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

A pesar de la indignación en el entorno del Ejército por la aparente protección a los mandos a raíz de la ejecución de civiles en Tlatlaya, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se había abstenido hasta el viernes 10 de encausar también al comandante del 102 Batallón de Infantería y a otras autoridades que omitieron investigar la muerte de los supuestos delincuentes que se habían rendido.

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene consignados a tres soldados como responsables de haber disparado contra ocho civiles sometidos luego de un enfrentamiento, y al teniente Ezequiel Rodríguez Martínez por encubrimiento. Otros dos soldados están procesados ante la justicia militar por indisciplina y desobediencia.

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, informó el viernes 10 que los acusados de homicidio dispararon contra ocho civiles con las propias armas de los supuestos delincuentes, aunque el número de víctimas es de 22. Según el procurador, la mayoría murió en un primer tiroteo con los soldados del 102 Batallón.

Precisó que en el caso de los ocho civiles, “descubrimos que fueron muertos por las armas de los propios muertos… y eso hacía que las armas tampoco aparecieran en el lugar de la trayectoria. Estos son los elementos que nos dan la posibilidad de poderlos consignar como homicidio”, declaró en entrevista con Carmen Aristegui en el noticiario de MVS Radio.

“El primer reporte que tiene el Ejército y nosotros es que había habido un enfrentamiento y ya, posteriormente, ya puedo decirlo, sí hubo un enfrentamiento. Se habla de dos momentos, lo dice también la propia testigo”, añadió en alusión a la mujer que declaró a la agencia AP y a la revista Esquire que se trató de una ejecución de 21 personas. Murillo Karam descalificó esa versión pues, aseguró, la testigo ha dado tres versiones distintas.

Fuera del teniente, todos los detenidos son del más bajo rango dentro del Ejército y hasta ahora no ha sido señalado ningún mando. Esa determinación de la Sedena reavivó­ los rencores en el sector castrense mexicano porque en situaciones como éstas la regla ha sido la de proteger a los mandos, exculpándolos de toda responsabilidad. Los generales y otros jefes que han sido procesados lo han sido por consigna, como han señalado sus abogados en casos como el del pelotón de la muerte (Proceso 1889 y 1914).

La marcha

La indignación dio lugar a la convocatoria de una marcha en la Ciudad de México y otras partes del país para el sábado 11, para pedirle al presidente Enrique Peña Nieto –comandante en jefe de las Fuerzas Armadas– una reforma al Código de Justicia Militar que garantice el debido proceso a los efectivos perseguidos por un delito federal y que no sean procesados por consigna.

Prevista para salir del Zócalo capitalino hacia la residencia oficial de Los Pinos, la marcha fue organizada por Ana Lucía Zavala Rodríguez, presidenta de Organización Humanista por el Progreso Social.

Creada el año pasado en Tamaulipas, esa agrupación promovió la marcha en redes sociales con la etiqueta #YoSoy26, en alusión a las versiones de que en realidad son 25 los soldados detenidos en la prisión del Campo Militar Número 1-A por los hechos de Tlatlaya.

Murillo Karam aseguró que sólo son ocho los detenidos, aunque las investigaciones pudieran implicar a más. Hasta ahora la Sedena se ha centrado en esos ocho soldados, por lo cual los simpatizantes de la marcha piden que se establezcan las responsabilidades superiores, empezando por el 102 Batallón de Infantería comandado por el coronel Raúl Castro Aparicio (Proceso 1979).

En la marcha no se espera la participación de militares, pues están impedidos legalmente. Tampoco será fácil para sus familiares. Según miembros del Ejército consultados por este semanario, los mandos han presionado a sus subalternos: “Si vemos a tus familiares, te vamos a arrestar, cabrón”, refieren.

El abogado César Gutiérrez Priego

–hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, fallecido en prisión en diciembre pasado y acusado de proteger al Cártel de Juárez– respondió a la convocatoria para exponer que casos como el de su padre y el del general Ricardo Martínez Perea, también condenado a prisión por supuesta protección al narcotráfico en Tamaulipas, han sido por consigna de los mandos militares o políticos.

A partir del caso de su padre creó la Fundación Jesús Gutiérrez Rebollo AC para defender a soldados y marinos acusados por la justicia militar. En la actualidad litiga 61 casos en tribunales castrenses. La asociación busca que ningún militar en este país sea procesado por acusaciones de las que no se pueda defender.

“Nos sumamos a la marcha a petición de familiares de militares que están detenidos, con la intención de hacer conocimiento de la necesidad de modificar el fuero de guerra para que los militares mexicanos que sean procesados sean juzgados conforme a las leyes internacionales y a las recientes reformas de derechos humanos”, explica en entrevista telefónica el viernes 10, en horas previas a la manifestación.

Asegura que la militar es una justicia de mando: Los ministerios públicos no consignan de forma correcta y los jueces, en vez de ver las omisiones del Ministerio Público, perfeccionan la averiguación previa y siempre dictan el auto de formal prisión, porque si los mandos dicen que deben enjuiciar a alguien, lo hacen, asegura.

“En la justicia militar el que manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar”, es una de las consignas en los tribunales castrenses, dice.

Señala que, como está ahora, el fuero de guerra lo que hace es dilatar los procedimientos y se da el caso de que, con penas de seis meses, los procesados tardan hasta dos años en salir, siempre que los soldados le pidan perdón a la Sedena. “Están en una indefensión constante, por eso la moral está tan baja en el Ejército”.

Asegura que en el caso de Gutiérrez Rebollo, encargado del Instituto Nacional Contra las Drogas cuando fue detenido en 1997, así como en el de Martínez Perea, detenido en 2001 luego de que el entonces presidente Vicente Fox lo llamara narcogeneral, fueron condenados con pruebas falsas o anónimos, sin posibilidades de defensa y bajo un enjuiciamiento mediático promovido por la Sedena.

En Tlatlaya no se tiene la certeza de lo que pasó, pero en la población ya hay un linchamiento contra el personal militar, dice Gutiérrez Priego. “Si la Sedena quiere ser tan puritana al castigar a soldados por omisiones del personal de tropa y el teniente, entonces que también investigue las responsabilidades de los mandos. La Procuraduría de Justicia Militar debió deslindar esas responsabilidades desde el momento en que ocurrieron los hechos. Era su obligación”.

Han pasado más de tres meses de los hechos y la Sedena sólo ha procedido contras los siete soldados y el teniente.

Gutiérrez Priego hace eco de las respuestas que ha generado en redes sociales la convocatoria a la marcha: El personal de tropa y los oficiales se encuentran muy molestos pues los mandos los están dejando solos y los están sacrificando.

“No es lo mismo que acusen a los militares por ejecución que por exceso de fuerza, por homicidios dolosos que culposos. La diferencia son penas de por vida. Lo que queremos es que tengan una debida defensa, y si se les procesa, que sea por medios legales y no por consigna”, insiste.

Sobre los probables mandos responsables, advierte: “La Sedena no debe agachar la cabeza como avestruz si está haciendo bien las cosas. Si hubo responsabilidad del oficial y del personal de tropa, forzosamente debe haber responsabilidad de los mandos. Uno no puede cometer un delito sin que el superior esté enterado”.

El comandante de la compañía tuvo que saber lo que pasó e informarle al comandante del batallón. Y éste al de zona, luego al de Región y al final a la Sedena. Hay una cadena de mando. Si la Procuraduría General de Justicia Militar no revisó los hechos y avaló lo que ahora se presenta como una mentira del teniente, hay una omisión que la Sedena no puede pasar, dice.

Si la Defensa Nacional es tan puritana en la violación a los deberes y la disciplina militares de la tropa, entonces que también lo sea respecto a las omisiones de los jefes de esas personas. No se trata de que los generales salgan a defender homicidas, pero tampoco que los soldados sean condenados a priori y sin oportunidad de defenderse, afirma.