- Revista Proceso No. 1980, 11 de
octubre de 2014
Descrédito
mundial... y contraofensiva diplomática
Los
crímenes de Ayotzinapa y Tlatlaya son noticias que le dieron la vuelta al mundo
y mostraron un rostro de México muy distinto al que se empeña en difundir el
gobierno. Ante la magnitud de estos crímenes, la ONU, la OEA y Washington han
exigido castigo a los responsables, en tanto que diputados del Parlamento
Europeo piden que se suspendan las negociaciones de cooperación que se tienen
con el país. La respuesta de Los Pinos es una estrategia basada en comunicados
que sólo reproducen el discurso peñanietista del lunes 6.
WASHINGTON/BRUSELAS/BERLÍN.-
Ante la imagen negativa que México proyecta en el exterior por los casos de
Tlatlaya y Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto aplicó una estrategia
de control de daños: Las embajadas mexicanas envían cartas y comunicados a
gobiernos y parlamentos de las naciones ante las cuales están acreditadas, los
jefes de misión convocan a periodistas para “retransmitirles” el mensaje que el
mandatario leyó el lunes 6 o hacen “visitas de cortesía” a medios locales para
ofrecer la versión de lo que “realmente” ocurre en el país.
El
objetivo: Crear la percepción de que el gobierno mexicano tiene el control de
la situación en varios estados –donde en realidad la violencia está desbordada–
y cumple sus compromisos internacionales en materia de seguridad, justicia y
derechos humanos.
Y
es que la matanza de Tlatlaya, la desaparición forzada de los normalistas de
Ayotzinapa y el descubrimiento de las fosas clandestinas en Iguala –hechos
ampliamente difundidos por la prensa internacional–, empiezan a tener efectos
concretos en materia de política exterior: la Organización de las Naciones
Unidas, la de Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Estado de Estados
Unidos condenaron los acontecimientos y exigieron una investigación completa y
transparente para esclarecer esos crímenes y llevar ante la justicia a los
responsables.
Más
aún: 16 diputados del Parlamento Europeo solicitaron que el proceso de
modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE), que
negocian actualmente ambas partes, se suspenda hasta “reconstruir la confianza”
con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos.
“Crimen
de Estado”
Los
principales medios del mundo han difundido ampliamente los casos Tlatlaya y
Ayotzinapa, y en cuestión de días han deshecho la imagen de un país estable y
moderno que el gobierno peñanietista ha intentado vender al mundo.
“43
estudiantes desaparecidos, una fosa clandestina y un solo sospechoso: la
policía mexicana”, tituló en primera plana el periódico The New York Times en
su edición del martes 7. Y anotó: “Aun en un país acostumbrado a los asesinatos
masivos, el caso (Ayotzinapa) generó alarma, tanto por el posible
involucramiento de la policía como por el hecho de que se sabía que los
estudiantes no tenían nexos criminales”.
The
New York Times apuntó: “Masacres y fosas comunes son ya extrañamente una
sorpresa en México… Pero el descubrimiento de 28 cadáveres calcinados y
amontonados en una fosa común, en las faldas de un cerro en Iguala, es un tipo
distinto de horror”.
En
Francia el diario Le Monde publicó el miércoles 8 que los hechos “sumen al país
en una crisis”, pues “revelan la barbarie de la policía municipal y sus
vínculos con el crimen organizado”. En varias de sus ediciones, el rotativo se
hace eco de las acusaciones de que en Guerrero se cometió un “crimen de Estado”.
Luego del discurso televisado de Peña Nieto el lunes 6, en el cual afirmó que
no habrá lugar para la impunidad, el diario se pregunta si el envío de la
Gendarmería Nacional “será suficiente para calmar la cólera de la población”.
Radio
France comentó el jueves 9 que “hay momentos en los que la actualidad se
asemeja a las más sórdidas series televisivas. En México eso ocurre más seguido
que en otras partes”.
Una
nota del periódico Libération –“México: 28 cadáveres y un crimen de Estado”–
estima que “esta tragedia pone a la luz la colusión entre la policía local y el
crimen organizado.
“La
ciudad de Iguala, célebre por haber sido el lugar donde se firmó la
Independencia de México en 1821, es conocida a partir de ahora en el mundo
entero por la ‘barbarie de Iguala’”, señaló el rotativo galo el martes 7.
El
30 de septiembre, el diario británico The Guardian calificó de “emboscada” la
agresión de la policía y de presuntos sicarios contra los normalistas de
Ayotzinapa.
Más
allá de las condenas
El
martes 7 Jen Psaki, portavoz del estadunidense Departamento de Estado, soltó:
“Este es un crimen alarmante que demanda una investigación completa y
transparente”.
Además,
en correo electrónico enviado al corresponsal de Proceso en Washington, un
vocero del Departamento de Estado advirtió: “Seguimos rastreando muy de cerca
las investigaciones (del gobierno) de México respecto al incidente del 30 de
junio en Tlatlaya (…)
“Al
tiempo que no podemos prejuiciar la investigación, seguimos recolectando
detalles adicionales sobre el estatus de esas investigaciones y subrayamos la
importancia de una completa, transparente y respetuosa investigación, así como
del debido proceso. Si esta investigación revela que se cometieron violaciones
a los derechos humanos, es igualmente importante que aquellos que resulten
responsables sean llevados ante la justicia.”
Ese
mismo día el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aseguró que la
desaparición y posible matanza de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa
“enluta no sólo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas”. Pidió
el esclarecimiento de “un asesinato tan inhumano como absurdo”.
El
viernes 10 la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento
Europeo, Barbara Lochbihler, condenó en una carta la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa. En un pronunciamiento a título personal y
transmitido desde su oficina en Berlín, la política alemana y miembro de la
fracción del Partido Verde en el Parlamento Europeo expresó:
“Con
indignación, rabia y preocupación vemos en el Parlamento Europeo las
desapariciones forzadas y los asesinatos en el estado de Guerrero.”
Pero
los efectos negativos en el exterior fueron más allá. El viernes 10, 16
diputados del Parlamento Europeo enviaron una carta a Peña Nieto; a la Alta
Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, y a quien la
sustituirá a partir de noviembre, la italiana Federica Mogherini.
“Nosotros,
los miembros del Parlamento Europeo, estamos profundamente consternados por los
recientes acontecimientos acaecidos en el estado de Guerrero, México”, comienza
la misiva de cuatro páginas a la que tuvo acceso este semanario.
Los
eurodiputados recuerdan que el Acuerdo Global, en vigor desde 2000, así como la
Asociación Estratégica de 2008 “establecen mecanismos de cooperación entre
ambas partes en el respeto indivisible de los derechos humanos y la seguridad
de los ciudadanos, como se estipula en la cláusula de derechos humanos.
“Por
lo tanto creemos firmemente que cualquier modernización del Acuerdo Global,
como se prevé para el próximo año 2015, tiene que ser puesta en espera y sus
objetivos y áreas previstas para la liberalización deben ser revisadas.”
En
Alemania, diputados del Partido Verde tienen prevista una acción concreta para
la sesión del Parlamento del próximo miércoles 15: Interpelar al gobierno
federal sobre las consecuencias que los crímenes pueden tener en un convenio de
colaboración en materia de seguridad que actualmente negocian ambos países.
Control
de daños
Ante
la andanada de críticas y reclamos desde el extranjero, el gobierno de Peña
Nieto inició una estrategia de “control de daños”.
Según
fuentes de Los Pinos y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER)
consultadas por este semanario, la Oficina de la Presidencia de la República
ordenó a la cancillería el martes 7 enviar a sus embajadas en todo el mundo la
siguiente instrucción: “Retransmitir” a medios de sus respectivos países el
mensaje que ofreció el presidente Peña Nieto por televisión.
En
Washington, el embajador Eduardo Medina Mora cumplió. El miércoles 8 convocó a
periodistas de seis medios a “una sesión informativa off the record”. Tres de
ellos, estadunidenses –la agencia AP y las cadenas de televisión CNN y
Telemundo– y los restantes para las agencias EFE (España), DPA (Alemania) y AFP
(Francia). Los corresponsales mexicanos no fueron invitados.
Medina
Mora leyó un comunicado de 13 puntos, que reproducía el discurso de Peña Nieto.
Uno de los periodistas que asistió a esa “sesión informativa” –y quien pidió el
anonimato–, contó que el embajador no quiso contestar preguntas relativas a lo
que ese mismo día había denunciado José Miguel Vivanco, director de la División
para las Américas de Human Rights Watch, quien sostuvo que “el gobierno de Peña
Nieto encubría violaciones a los derechos humanos por cuidar una imagen” ya
inexistente de México. El embajador “se arrinconó y no quiso contestar”,
comentó la fuente.
El
miércoles 8 la embajada en Alemania hizo circular entre parlamentarios un comunicado
con la rúbrica de la SRE: “El gobierno de México condena de manera categórica
los actos ocurridos en Iguala, Guerrero, y no permitirá que haya impunidad para
los responsables. Se trata de actos de violencia indignantes, dolorosos e
inaceptables y que no se merece nuestro país”.
Informa
que el gobierno federal envió a Iguala a personal del Ejército, de la Policía
Federal y la Gendarmería para retomar el control. “Dicha corporación realiza
desde ayer labores de vigilancia en los distintos accesos al municipio de
Iguala y efectúa recorridos en sus inmediaciones bajo una óptica de prevención
y de protección ciudadana” señala.
También
informa que a los 22 primeros detenidos por los hechos se sumaron cuatro más;
que 117 policías del municipio están siendo sometidos a exámenes de confianza y
que todas las armas de la policía municipal fueron incautadas para someterlas a
pruebas de balísticas y comprobar si se trata de armas reglamentarias.
Tras
detallar que a los trabajos de indagatoria se han sumado peritos argentinos, la
embajada concluye su comunicado anexando un documento sobre la estrategia de
seguridad del gobierno mexicano.
El
viernes 10, al término de una reunión con integrantes del Consejo Coordinador
Empresarial, el canciller mexicano, José Antonio Meade, afirmó que ningún país
ha lanzado notificaciones “de alerta” para sus ciudadanos por los
acontecimientos en Iguala. Reconoció, sin embargo, que hay “mucho interés. Y
nosotros estamos comunicando con toda transparencia los avances de este caso. Lo
que queremos acreditar es que la respuesta del gobierno mexicano es
contundente, es una respuesta que cierra cualquier espacio de impunidad”.
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