22 ene 2015

Informe del C. Comisionado Alfredo Castillo Cervantes

Todo tiene su tiempo
  • Así, así era Michoacán. Esta era su realidad, pese a quien le pese. Aunque algunas voces hoy y antes, pregonen lo contrario. 
  • Se han detenido a un exgobernador interino y secretario de Gobierno; el hijo de un hoy exgobernador, así como 225 servidores públicos en todo el estado; tres exsecretarios de estado, ocho presidentes municipales, un tesorero, dos síndicos, 11 directores municipales de Seguridad Pública, tres subdirectores de Seguridad Pública Municipal, ocho policías ministeriales, 29 policías estatales, 150 policías municipales, más los que resulten en próximas fechas.

     Informe del Comisionado Alfredo Castillo Cervantes, a un año de la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán.
    MORELIA, MICH., 22/01/2015

    Muchas gracias, señor Secretario de Gobernación.
    Señor Gobernador.
    Distinguidos participantes, líderes de opinión, gente representativa de la sociedad civil, gente de la Comisión, medios de comunicación.
    Señoras y señores:

    Ningún Estado libre y Soberano, miembro de la Federación puede ser un Estado fallido. Ningún Estado miembro de la República está y debe estar solo. La democracia no divide, por el contrario, unifica.
    El Estado de Derecho es la causa fundacional de la nación y de nuestra identidad como mexicanos. El año que recién ha terminado, el año que recién ha cumplido la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán nos ha permitido conocer de cerca el origen de nuestra libertad, igualdad e identidad; el origen de nuestra lucha por la independencia como nación.
    Nuestra estancia en Michoacán nos permitió conocer el peso e influencia de Michoacán de Ocampo en la conformación de las instituciones fundamentales de nuestra identidad y orden jurídico.

    El origen mismo de las primeras leyes y por ende el destino último del Proyecto de Nación, el gran proyecto histórico de todos los mexicanos, que ahora, 200 años después dirige el Presidente Enrique Peña Nieto.
    Hace un año, el 10 de enero del 2014, para ser exactos, el entonces gobierno del estado de Michoacán solicitó de manera formal la intervención y apoyo del Gobierno de la República en materia de seguridad.
     Tres días después, aquí mismo, en Morelia, se firmó el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán.

     La firma contó con la presencia de usted señor Secretario, acompañado de los Secretarios de la Defensa Nacional, y de la Marina, así como de otros miembros del Gabinete de Seguridad.
     En este evento acudieron también legisladores federales y locales, presidentes municipales, líderes de opinión y representantes de la sociedad civil.
    Dos días después, el 15 de enero, el Presidente de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Comisión Para la Seguridad y el Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán.
     El origen de la Comisión es legal y es legítimo. Las circunstancias extraordinarias de aquella época obligaban a tomar medidas extraordinarias. La prioridad era urgente: impedir que una entidad federativa perteneciente a la federación se convirtiera en un Estado fallido.
    Hoy, a un año de distancia, es importante recordar -como decía el señor Gobernador- para aquellos de corta memoria, el ambiente que prevalecía en el estado de Michoacán, a la llegada del Gobierno Federal.
    Primeramente, el control territorial era prácticamente nulo por parte de las instituciones locales, mismas que estaban a merced del crimen organizado, específicamente de un cartel mal llamado “Caballeros Templarios.”
    Policías municipales, estatales y ministeriales funcionaban como brazo armado del grupo hegemónico. Desde la función de halconeo, hasta la de sicariato. Inclusive, en muchos casos, el propio director de seguridad pública municipal había sido nombrado por el propio grupo delincuencial.
    La debilidad institucional era tan evidente que un director de la policía ministerial podía tener una espada de los caballeros templarios en lugar de la Bandera Nacional, o los propios grupos de la policía de investigación asaltaban las instalaciones de seguridad pública para rescatar a los detenidos que les ordenaba el grupo delincuencial hegemónico.
    Esta infiltración, y por qué no decirlo, hasta complicidad del crimen organizado, llegó inclusive a las más altas esferas del gobierno estatal y a varios gobiernos municipales.
    Los centros penitenciarios, los cuales de manera inédita tenían excedentes de espacios libres para internos, estaban bajo el control absoluto de líderes delincuenciales.
    La cooptación, infiltración, omisión y complicidad de las áreas encargadas de velar por el Estado de Derecho, ocasionó que de facto prácticamente cualquier actividad económica o comercial estuviera obligada a pagar cuotas de derecho de piso al crimen organizado a manera de impuesto.
    Los constructores tenían que pagar al crimen si querían hacer una obra. Los aguacateros o limoneros si querían producir o exportar. Las tiendas comerciales si querían abrir sus puertas al público. Las tiendas de conveniencia si querían vender. Y así prácticamente todas las áreas económicas y comerciales estaban bajo ese yugo.
    No hacerlo costaba que su negocio fuera quemado, y en el extremo, su dueño secuestrado o ultimado.
    Las empresas que no cerraron o se fueron del estado, prefirieron no anunciarse en los medios masivos de comunicación porque en aquel entonces, era preferible pasar desapercibido, que fomentar o promover sus ventas.
    Cada mes se tenía que pagar. Pequeñas tiendas como tortillerías o expendedoras de bienes básicos de consumo tuvieron que subir sus precios para poder pagar la cuota impuesta por el crimen.
    Cuando estos pequeños comerciantes acudían ante sus autoridades, la respuesta era todavía peor: ellos mismos tenían que pagar al crimen organizado por obra convenida o por fondo depositado en su cuenta.
    El nivel de penetración era tal o fue tal, que el propio grupo hegemónico sabía el día y el monto exacto del dinero que sería depositado en las tesorerías municipales.
    La actividad minera pagaba por extracción, traslado, procesamiento, almacenamiento y hasta exportación de cada tonelada de mineral. Esta actividad, junto con el cobro de derecho de piso, se convirtió en la principal fuente de financiamiento del crimen organizado.
    Los secuestros eran cosa de todos los días y los homicidios ni siquiera se contabilizan. Muchos michoacanos tuvieron que enterrar a sus muertos sin contar si quiera con un certificado de defunción.
    El crimen organizado determinaba los días de corte en actividades agrícolas, así como las empresas que debían empacar, a quién se tenía que vender, e inclusive a qué precio.
    La delincuencia organizada tuvo tal control del territorio michoacano, que de cobrar el derecho de piso a aguateros y limoneros, muchos de estos fueron despojados de sus huertas, o estos dueños vendían al precio que el crimen organizado determinaba. Si no lo hacían ellos, lo tenían que hacer sus viudas días después. En no pocas ocasiones estos actos fueron formalizados con la venía de la fe pública o notarial.
    No se podía denunciar porque la consecuencia era la muerte, y por tanto, muchos optaron por el silencio, la resignación o el éxodo hacia otras tierras.
    El turismo era nulo, la vida nocturna vacía, los espectáculos masivos dejaron de venir a este estado y las empresas empezaron a cerrar para no tener que ser objeto de la violencia y la extorsión.
    Los gritos de Independencia se convirtieron en celebraciones sin gente.
    Los policías federales eran ultimados en emboscadas.
    Una llamada telefónica de amenaza podía detener el nombramiento de un alcalde sustituto en el Congreso Estatal.
    Mujeres, esposas e hijas, fueron raptadas por semanas, solo para ser devueltas bajo el yugo de la violación, el embarazo no deseado, y en casos extremos, nunca fueron devueltas, ocasionando con ello, la destrucción del hogar familiar, sin que los padres o esposos pudieran hacer algo al respecto.
    En síntesis, se llegó a una profunda debilidad institucional, que la sociedad michoacana tuvo que acostumbrarse a vivir con miedo, totalmente resignada y con un sentimiento permanente de abandono por parte de sus autoridades.
    A todo esto, había que sumarle dos variables que hacían el reto todavía más complejo, primero, que el verdadero líder de toda esta estructura criminal transitaba anónimamente bajo el amparo de su falsa muerte.
    Segundo, que las finanzas estatales estaban prácticamente en quiebra. La deuda del estado creció exponencialmente. Existían pasivos de años atrás a proveedores que se encontraban en quiebra, y el andamiaje legal traducido en leyes, permitió que los recursos públicos pudieran desviarse con total impunidad.
    Ante todo esto, grupos de ciudadanos agraviados optaron por tomar las armas con un doble objetivo: primero, enfrentar con sus propios recursos al crimen organizado; segundo, exigir la presencia del Estado para que las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública estuvieran al servicio de la gente y no de la delincuencia.
    Estos grupos civiles armados tenían un discurso legítimo porque tenían un enemigo claro y definido, sin embargo, actuaban en desorden, sin planificación, y sin la más mínima protección a las garantías individuales de los ciudadanos.
    Estos grupos tenían la voluntad pero no la capacitación para proteger a sus comunidades en sus derechos. Más aún, su propia idiosincrasia los llevó a asumir que la victoria era avanzar a cabeceras municipales, cuando su verdadero éxito había sido abrir los ojos de toda una nación y sacudir las conciencias de millones de michoacanos.
    Su nacimiento incipiente y la necesidad de enfrentar a un enemigo poderoso, los llevó a que su reclutamiento fuera masificado. Esto es, siendo uno solo el enemigo, cualquiera podía sumarse.
    Esta situación obligadamente generó un riesgo latente que posteriormente se convirtió en una realidad: muchos de estos grupos y ante su crecimiento exponencial y sin control, fueron cooptados o infiltrados. Había hombres valientes, pero no necesariamente eran los mejores.
    Ante los vínculos parentales y comunitarios surgió la oportunidad del perdón como una forma de reclutamiento para tener mayor fuerza para enfrentar al enemigo. Un enemigo, que por cierto, se fue transformando.
    En una región en donde el promedio de educación es de primero de secundaria y existe un acentuado tema de adicciones, era claro que el reto de poder sumarlos a una vida institucional sería enorme. Más aún si hablamos de que el vacío institucional contaba al menos con una década de abandono.
    Para aquellos que no sabían de esta realidad, lo más fácil fue solicitar o exigir la detención inmediata de estos grupos con el uso de la fuerza pública. Algunas voces llegaron al extremo de calificarlos a todos como delincuentes en potencia o mercenarios al servicio del crimen organizado.
    Lo cierto es que estos grupos contaban con una enorme base social porque los unía un enemigo en común y tenían un argumento irrefutable: si su gobierno no les procuraba justicia y seguridad para sus familias y para sus comunidades, ellos lo harían. Aunque esto les pudiera costar la cárcel o la vida.
    Así, así era Michoacán. Esta era su realidad, pese a quien le pese. Aunque algunas voces hoy y antes, pregonen lo contrario.
    A un año de distancia, me permito darle a conocer señor Secretario de Gobernación, los avances y resultados de la estrategia federal implementada para revertir esta situación.
     La estructura criminal de los mal llamados “Caballeros Templarios”, está prácticamente desarticulada. La gran mayoría de la dirigencia criminal ha sido abatida o capturada.
     Se detuvieron 32 jefes de plaza y se abatieron a los 2 principales jefes del grupo delincuencial: Nazario Moreno González, alias “el Chayo” y Enrique “El Kike” Plancarte.
     Es importante señalar que Servando Gómez “La Tuta” nunca fue el verdadero líder de esta organización criminal, sino que fue la figura mediática que asumió este rol para permitir que el verdadero líder, Nazario Moreno, hoy abatido, pudiera seguir actuando con total impunidad, obligando a que actores representativos tuvieran que acudir a su rancho a recibir instrucciones, mismo que ya fue asegurado por la Procuraduría de Michoacán.
     A partir de la intervención del Gobierno Federal, Servando Gómez “La Tuta” pasó de ser la figura mediática a un delincuente furtivo. Existe pero ya no da la cara. Existe pero ya no ordena ni incide en la vida pública. Hoy como cualquier otro criminal perseguido por la autoridad vive solo para esconderse.
     Como nunca antes en la historia se atacaron sus fuentes de financiamiento y su capital económico.
     La Procuraduría de Michoacán aseguró 105 inmuebles con un valor comercial superior a los mil millones de pesos, propiedad de líderes y miembros del grupo delincuencial. Solo las propiedades aseguradas a una persona, el cual era el operador financiero de este cartel y fue abatido fuera del estado de Michoacán, tenían un valor de más de 500 millones de pesos.
     Entre los bienes asegurados se encuentran ranchos, establecimientos comerciales, casas-habitación y gasolineras. Muchas de estas despojadas de sus legítimos dueños.
     Los aseguramientos tuvieron lugar principalmente en los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga, Múgica, Tumbiscatío y Apatzingán, por señalar los principales lugares del conflicto.
     Se recuperó el control territorial. El libre tránsito es una realidad y hoy está garantizada la seguridad de las personas, así como de sus actividades económicas. Prueba de ello son los siguientes indicadores:
     Michoacán en el 2014 fue la decimonovena entidad federativa con menor incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a las estadísticas del INEGI y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
     Michoacán fue en el 2014, de acuerdo a los datos más recientes aportados por el INEGI, la cuarta economía que más creció de las 32 entidades federativas.
     En este 2014 Michoacán no perdió empleos, sino por el contrario, de acuerdo a datos del IMSS se cotizaron 14 mil nuevos empleos.
     En el 2014 Michoacán registró el mayor número de consignaciones en toda su historia al contabilizarse más de nueve mil ingresos a prisión. Esto es, estamos hablando de personas que ingresaron a un centro penitenciario, y no depuestas a disposición ante el Ministerio Público.
     Los secuestros, el delito que más lacera a las familias, se redujeron en el segundo semestre del 2014, en más de un 90 por ciento.
     En el 2013 fueron registrados 194 eventos. En el segundo semestre del 2014 se contabilizaron únicamente 13 eventos. Todos ellos resueltos por parte de la nueva Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia.
    En esta materia, Michoacán es la segunda entidad federativa en contar con un penal exclusivo de secuestradores, el cual hoy cuenta con 869 internos, todos ellos añadidos a una base de datos con su respectivo ADN.
    Además se capturaron a 80 templarios secuestradores, que fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios fuera del estado de Michoacán.
    Se está trabajando para que Michoacán cuente en los próximos tres meses como el primer estado en el país, con un penal exclusivo para homicidas.
    Cabe señalar, que de manera inédita, Michoacán tenía una vacancia importante en centros penitenciarios y los juzgados cerraban por inactividad procesal.
    La extorsión, como cobro de derecho de piso, en la producción agrícola y comercial, es cosa del pasado. Los negocios volvieron a abrir sin el temor fundado de tener que pagar una cuota obligatoria para no ser ultimados o secuestrados.
    Inclusive, el propio Embajador de los Estados Unidos de América, en su reciente visita aquí a Morelia, Michoacán, reconoció que ninguno de sus tres mil inspectores había sufrido el más mínimo menoscabo en su seguridad personal.
    Se desarticularon, en conjunto y por diversos delitos, 375 bandas.
    Por primera vez en la historia de Michoacán, se aseguró un número sin precedentes de material mineral extraído de manera ilegal, así como de madera, mismos que servían como fuente de financiamiento para el crimen organizado.
     En minerales, se aseguraron más de un millón de toneladas, y en madera, más de 50 mil toneladas.
     En el caso de los minerales, después de años de impunidad, se aseguraron 11 patios de acopio, los cuales además de almacenar mineral extraído de manera ilegal, generaban un daño importante al medio ambiente.
     Se han detenido a un exgobernador interino y secretario de Gobierno; el hijo de un hoy exgobernador, así como 225 servidores públicos en todo el estado; tres exsecretarios de estado, ocho presidentes municipales, un tesorero, dos síndicos, 11 directores municipales de Seguridad Pública, tres subdirectores de Seguridad Pública Municipal, ocho policías ministeriales, 29 policías estatales, 150 policías municipales, más los que resulten en próximas fechas.
     En el tema de las finanzas estatales, a partir de la llegada del Gobernador Salvador Jara Guerrero, no se ha desviado un solo peso del presupuesto federal. Todos los recursos etiquetados han sido ejercidos de manera puntual en los programas y convenios etiquetados.
     Se logró reducir el gasto corriente en más de 900 millones de pesos, lo cual permitió incrementar la inversión en casi un 20 por ciento, para la conclusión de obras para el 2012 y 2013.
     Se reestructuró y refinanció la deuda pública estatal, la cual permitió un ahorro inmediato de 230 millones de pesos.
     Para fortalecer el poder de fuego y la capacidad de movilidad de la fuerza pública del estado, se adquirieron dos mil 150 armas nuevas y 283 vehículos, mismos que cuentan con GPS.
     En la historia de Michoacán no existe antecedente comparable a esta acción.
     De 13 municipios, se incorporaron 39 más para contar con 52, que actualmente forman parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
     Se benefició a más de 54 mil personas con la instalación de 450 comedores comunitarios. Michoacán es, hoy por hoy, la entidad con la mayor cantidad de éstos a nivel nacional.
     LICONSA alcanzó la cobertura universal en los 113 municipios de este estado, aperturando 58 nuevas lecherías e incorporando a 31 mil 500 beneficiarios. El total de beneficiarios alcanza hoy casi las 230 mil personas.

    Con el programa de Pensión a Adultos Mayores, se apoyó a 312 mil 442 ciudadanos de 65 años o más.

    A través de SAGARPA, se otorgaron subsidios para el impulso de la actividad agropecuaria en la zona de conflicto de la región de Tierra Caliente por un monto casi cercano a los 220 millones de pesos.

    El Programa de Empleo Temporal destinó 230 millones de pesos, beneficiando casi a 50 mil personas.

    PEMEX realizó donaciones por más de 54 millones de pesos, para apoyar en lo relativo a gasolina, diésel y asfalto, para las tareas de seguridad pública.

    Se concretaron acuerdos con la iniciativa privada, como uno con Carso, que a través de sus restaurantes adquieren mensualmente 30 toneladas de limones de la región de Tierra Caliente, y así también se está en pláticas con la ANTAD, para que sean todas las tiendas de autoservicio que apoyen a esta región, como lo instruyó el Presidente de la República en su última intervención.

    Cabe señalar que la producción de limón aumentó de 600 a 800 toneladas que se producían diariamente en el 2013, a cuatro mil en el 2014, lo cual permitió reducir sustancialmente los precios del limón.
    La Comisión apoyó en la coordinación de los trabajos con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para la creación de diversas leyes, a destacar las siguientes y que son de gran trascendencia para este estado:

    Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. El 11 de diciembre.

    La Ley para la Administración de Bienes Asegurados y Decomisados. 11 de diciembre.

    Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán. 10 de diciembre.

    Ley de Protección Civil. 25 de noviembre.

    Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 21 de noviembre.

    Ley para la protección de personas intervinientes en el proceso penal para el estado de Michoacán. 15 de octubre.

    Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana. 30 de junio.

    Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán. 14 de octubre.

    Ley de Extinción de Dominio. 13 de mayo, y que entró en vigor el 11 de agosto.

    Estas acciones, junto con otras de gran trascendencia, permitieron que Michoacán recuperara la confianza de su gente para volver a salir a las calles. Ejemplo de esto es lo siguiente:

    La Expo Feria de Morelia fue la más visitada de su historia, incluyendo un registro record de 72 mil personas en un solo día.

    Se recuperaron las celebraciones públicas, como el Grito de Independencia, el Aniversario de Morelos, con más de 40 mil personas.

    La noche de Muertos, el Festival Internacional de Cine, el de música, y otros eventos de gran envergadura. Todos ellos se desarrollaron con un saldo blanco.

    Michoacán volvió a ser sede de eventos de talla nacional e internacional como la visita de artistas de renombre, quienes anteriormente se negaban a presentarse, como lo decía el señor Gobernador.

    Todos ellos además de reconocer a un nuevo Michoacán, sus representantes negaron cualquier acto de extorsión o presión por parte de algún grupo delincuencial para presentarse.

    El último puente del primero de noviembre, Morelia registró una ocupación hotelera del 85 por ciento y se contó con visitantes de más de 35 países.

    De igual forma, y como está presente aquí el presidente municipal de Morelia, eventos deportivos internacionales regresaron a este estado, como los Centroamericanos, Juveniles de Atletismo, o el Mundial de Natación para Síndrome de Down. Eventos que aglutinaron a nuestros hermanos de más de 35 países.

    Con relación a los grupos de autodefensa, me permito informarles lo siguiente:

    El 14 de abril de 2014 se acordó con los líderes de estos grupos, su institucionalización, misma que inició el 10 de mayo.

    Ésta se dio a través de la creación de la Fuerza Rural Estatal, misma que permitió al estado de Michoacán, contar con un registro de personas, armas, domicilios y antecedentes personales, no sólo de los nuevos integrantes, sino de todos aquellos que hicieron una solicitud, la cual sobrepasó las capacidades de contratación al recibirse más de cinco mil solicitudes en menos de tres semanas.

    Es importante señalar que no fueron pocas las voces quienes exigieron desde el inicio de la Comisión, que todas estas personas fueran detenidas, sin importar las razones de su levantamiento y sin considerar las circunstancias que imperaban en aquellos tiempos de total impunidad y corrupción por parte de sus autoridades locales.

    Ante el fortalecimiento de las instituciones y la desarticulación del grupo hegemónico, prácticamente en toda su estructura de mando y fuentes de financiamiento, las llamadas autodefensas perdieron razón de ser, pero no de participar en las tareas de seguridad pública para todos aquellos que tengan vocación de servicio a favor de sus comunidades.

    Como lo expuse hace algunos momentos, el trabajo coordinado con estas mujeres y hombres valientes de Tierra Caliente, permitió el aseguramiento de importantes líderes y bienes del crimen organizado.

    Su información y conocimiento del territorio en brechas, parajes, caminos selvosos y parte de la sierra, fue fundamental para asestar golpes contundentes a la delincuencia organizada.

    Sin su participación en los primeros meses de 2014, el gobierno no hubiera podido recuperar la base social que permitió a todas las instancias gubernamentales adentrarse en territorios que hasta hace algunos años eran intransitables para las mismas.

    Para todos aquellos que siempre miraron en favor de sus comunidades y del mejoramiento de Michoacán, mi reconocimiento y gratitud. Sin ellos, ese avance no hubiera sido posible.

    Siempre recordaremos las innumerables reuniones en la 43 Zona Militar, en Buenavista o en el penal de La Ruana, como acontecimientos históricos que llevaron a que fuera la palabra y la estrategia, quienes hicieran a un lado los ánimos de venganza y el uso de las armas como bandera para recuperar el orden y la tranquilidad para los habitantes de Tierra Caliente.

    Lamentablemente, y como sucede en cualquier organización en donde participen las pasiones del ser humano, varios de ellos confundieron la confianza de la autoridad en supuesta complicidad y terminaron violentado los acuerdos establecidos.

    Ante eso y como les fue advertido en repetidas ocasiones, las instituciones actuaron y se aplicó la ley.

    Sin embargo, y ante el recuerdo de este año vivido, nos quedamos con la voluntad de más de cinco mil 706 personas que transitaron armadas en Michoacán, y las cuales decidieron someterse a todos los controles necesarios para convertirse en miembros de las instituciones mexicanas. Decidieron respetar y hacer respetar las leyes, formar parte del orden perdido.

    Lo inédito, es que solicitaban la presencia del Estado, no la resistían, como ciudadanos que deseaban ser reconocidos en sus derechos.

    Prueba de ello es que entre abril y mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional, registró ocho mil 631 armas propiedad de los ciudadanos armados, sin conceder permiso alguno de portación.

    El primer minuto del 11 de mayo, inició el retiro de 122 barricadas que los grupos ciudadanos organizados habían dispuesto como puntos de control.

    Adicionalmente, entre los meses de abril y julio de 2014, se realizaron test psicométricos, cuestionario de valores, familia e identidad y estudio de tatuajes a cinco mil 706 ciudadanos miembros de los 32 municipios en donde se encuentran estos ciudadanos organizados.

    Posteriormente, el Centro de Control y Confianza aplicó más de cinco mil 500 chequeos médicos y exámenes antidoping a la misma cantidad de personas.

    Del total de este universo, únicamente 926, esto es poco más del 16 por ciento, resultaron aprobados para integrarse a las tareas policiales y de prevención de la Fuerza Rural.

    El correlato de este proceso fue la exclusión en un proceso no sólo de normalización, sino de opción de ocupación laboral de miles de personas con la necesidad de ser reconocidas por el Estado Mexicano.

    Es entonces cuando se busca la gestión de diversos programas para mejorar las condiciones de vida e ingreso de los ciudadanos para que en su entorno, las condiciones de vida particular y social hace patente la exclusión histórica en las que ellos habían vivido.

    Tan sólo el Programa de Empleo Temporal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, benefició a más de 21 mil personas de 104 municipios, con una derrama económica de casi 115 millones de pesos.

    A un año de nuestra llegada al estado de Michoacán, la crítica más común, dice que los acontecimientos que aceleraron la petición de ayuda en materia de seguridad pública por parte del gobierno del estado al Gobierno de la República durante los primeros días del 2014, parecen los mismos que caracterizan el cierre del período anual de esta Comisión.

    Los acontecimientos desafortunados del martes 16 de diciembre de 2014 en La Ruana, y del 6 de enero en Apatzingán, no son homologables a los de Parácuaro, Antúnez y Nueva Italia sucedidos en los primeros días del mismo 2014.

    En ambas situaciones, la lógica de las instituciones fue seguir y atenerse al orden jurídico y a los instrumentos periciales de la ciencia forense para conocer y determinar la verdad jurídica de los hechos y fincar así las responsabilidades.

    El resultado fue inédito. Los involucrados se entregaron por su propia voluntad, confiando en la renovación institucional de la Procuraduría General de Justicia del estado y del Poder Judicial.

    En el caso de Apatzingán, se sigue confundiendo el evento del mal llamado desalojo ocurrido en las inmediaciones de la presidencia municipal, con el evento posterior donde civiles armados agredieron a fuerzas federales.

    Las 44 personas detenidas por las fuerzas federales la madrugada del 6 de enero del presente año, fue para que el Ministerio Público determinara su situación legal.

    La Procuraduría General de la República determinó, a diferencia del caso de La Ruana, atraer la investigación y consignó a estas personas ante un juez federal, mismo que determinó que sólo se sujetaría a proceso a las personas que en la puesta a disposición portaban un arma de fuego.

    El segundo evento que concluyó con el lamentable fallecimiento de ocho personas y que sucedió horas después, es una investigación que realiza la Procuraduría de Michoacán, en donde no tienen absolutamente nada que ver ninguna de las 44 personas que horas antes habían sido detenidas y puestas a disposición por parte de las fuerzas federales.

    Por lo que es absurdo que hoy se diga y considere que fueron liberadas 43 personas relacionadas con los homicidios de Apatzingán.

    La investigación del segundo evento está en curso y la Procuraduría de Michoacán, en los próximos días, dará a conocer las primeras detenciones de las personas que ya están identificadas como aquellas que realizaron los disparos en contra de sus propios compañeros en un lamentable hecho de fuego cruzado.

    Señor Secretario, señor Gobernador, señoras y señores:

    A un año de iniciados los trabajos por parte de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán, los resultados, avances y logros son evidentes en la mayoría de los objetivos impuestos. Aun así, y como ha dicho el señor Presidente de la República, no podemos echar campanas al vuelo.

    Es evidente que la transformación y la recuperación de años de abandono, no se puede lograr en tan sólo 12 meses.

    Pero también, es evidente que las bases están puestas para que el actual gobierno y el posterior, tengan condiciones diferentes a las que se vivieron en los últimos años.

    Decenas, por no decir cientos, de hombres y mujeres, dejaron a sus familias para venir a apoyar a sus hermanos michoacanos.

    A un año de distancia, las lecciones aprendidas son mayúsculas y probablemente hemos construido las bases para edificar en el futuro, los protocolos de actuación para la atención de este tipo de movimientos sociales armados y no armados.

    Como todo en la vida, hay aciertos y hay errores. La historia nos juzgará en su debido momento. Lo importante no son los aplausos ni la crítica, sino el trabajo diario que hoy se traduce en resultados para los michoacanos.

    En este primer año que termina, quiero agradecer a usted, señor Secretario, profundamente su apoyo incondicional en todo momento.

    Ha sido un honor el poder trabajar a su lado y bajo su mando, con el respaldo de todos los miembros del Gabinete Legal y Ampliado del señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto.

    De igual forma, quiero agradecer y reconocer al Gobernador Salvador Jara Guerrero, quien también se ha convertido en un pilar fundamental para que el Gobierno de la República y el estado, podamos caminar hoy de la mano.

    Sin duda, señor Gobernador, será reconocido usted por la valentía con la que asumió el cargo y por mirar en todo momento a favor de los michoacanos.

    De igual forma quiero agradecer a los actores políticos, económicos y sociales, legisladores, delegados federales y enlaces de alto nivel, así como a representantes de la sociedad civil, quienes comprendieron la dimensión del reto y la valía de su apoyo para poder trabajar juntos a favor de Michoacán.

    Y, por último, si me lo permite, quiero agradecer el apoyo incondicional de mi equipo durante este año de trabajo. Venimos a transformar a Michoacán y Michoacán terminó transformándonos a todos.
     -Dirección General de Comunicación Social-
    Última modificación:
    Jueves 22 de enero de 2015 a las 17:08:30 

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