Alejandro Martí, Presidente de México SOS en el 8vo Foro

Lo que no podemos permitir es que, por error, por ignorancia, por corrupción o malformación, policías, MPs, defensores, jueces y Magistrados, tergiversen la ley evitando procesos justos y privilegien componendas, teniendo como consecuencia resultados desastrosos.

“El catedrático italiano Luigi Ferrajoli, creador de la Teoría del Garantismo Penal, y su esposa Marina, cenaron (la noche del domingo 5 de junio) con las víctimas Fernanda y Tamara Zamudio Martín del Campo, y los sobrevivientes Madai Morales Albino y Noemí Lara Muñoz.

Ante ellas, reiteró que el Garantismo Penal está contra el abolicionismo penal. Ya que el Derecho es lo único que defiende a los más débiles frente a la barbarie. Reafirmó que los derechos humanos de las víctimas imputados y de la sociedad a la seguridad, sólo se pueden dar en el marco de los derechos para todos…..“

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8° Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia. La Justicia que merecemos: de la implementación a la consolidación

Lugar: Centro de Convenciones “Cinia González Diez”, Polanco.

México DF.,  a 7 de junio de 2016

Alejandro Martí García, Presidente de México SOS.  

Muy buenas tardes a todos ustedes.

Señor Presidente de la República:

Sea usted muy bienvenido.

En atención al tiempo, y ya por haber sido presentados los miembros del pódium, que tanto nos honran con estar aquí, me evitaré nombrarlos personalmente de nueva cuenta.

Estimados amigos y amigas de la sociedad civil; jóvenes estudiantes; policías, funcionarios públicos:

A nombre de la Red Nacional de Juicios Orales, de RENACE, y de la Fundación México SOS, sean ustedes bienvenidos a este 8º Foro Nacional de Seguridad y Justicia.

Muy honorable Embajadora Roberta Jacobson:

Sea usted muy bienvenida.

Este foro, es un foro muy especial. Es el último que nace desde el inicio de la reforma, hasta la conclusión de la primera etapa que mandata la Constitución y, a su vez, es el primero con el que arrancamos la consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal; Octavo y Primero simultáneamente.

Quisiera hacer un reconocimiento muy especial a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por estos años de acompañamiento en tan trascedente proceso para la justicia de nuestro México.

Muchas gracias.

Aprovecho, también, para agradecer a todos aquellos ciudadanos con o sin cargo público, que pusieron lo mejor de sí para llegar a este momento. Fueron ocho años, desde la promulgación del Mandato Constitucional, pero muchos años atrás para llevarlo al término de dictaminación; un gran esfuerzo del que me es imposible nombrar a todos y cada uno de los que participaron. Pero para para ellos, pido un aplauso.

Hoy, en lo personal, es una fecha simbólica que me mueve y me remueve en carne propia, por la historia de mi familia; se cumplen los primeros ocho años para la implementación de la Reforma Penal, casi en la misma fecha de la muerte de Fernando, mi hijo.

Buscar la justicia para él, me hace estar aquí. Desde entonces, en cada uno de estos ocho foros, ciudadanos comprometidos con nuestro país hemos luchado por un cambio radical en la impartición y administración de la justicia.

En los primeros foros, el objetivo era, precisamente, luchar para que no echaran abajo la reforma del 18 de junio.

Los siguientes foros han tenido objetivos específicos, que han logrado importantes acuerdos y acciones puntuales que han contribuido a una mejor implementación; impulsar la creación de un Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Único, llevar a cabo una decidida transformación policiaca, dar a conocer las prácticas exitosas en los estados, entre otros logros.

Qué ha traído de bueno la Reforma Penal en estos ocho años.

Gracias a este nuevos Sistema de Justicia Penal, que busca una justicia pronta y expedita para todos, se provee equidad jurídica entre víctimas y victimarios; esto es, que no se privilegie a unos sobre los otros, que los derechos humanos sean para ambos.

Gracias al nuevo Sistema de Justicia Penal, se hacen transparentes los procesos. La ciudadanía, así como los medios de comunicación, pueden conocer en tiempo real los juicios sobre determinados casos.

Los mecanismos alternos de sanciones permiten a muchos primodelincuentes menores, cumplir con su deuda social sin pisar las cárceles. Por ejemplo, con datos de la SETEC, en 2013, en los estados en lo que llevaba en operación el nuevo sistema un año o más, 15 mil personas evitaron la experiencia de la prisión preventiva, que tanto daño nos ha hecho.

Coahuila, Michoacán, San Luis Potosí o Querétaro, son testimonios del cambio real en buenas investigaciones y eficacia policial, respectivamente, por mencionar algunos ejemplos.

Quiero resaltar que, en este nuevo Sistema de Justicia Penal, que es un proceso continuo y paulatino, todos y cada uno de los actores que intervienen en su implementación y operación, tienen una responsabilidad específica, y que es compartida.

Policías, Ministerios Públicos, defensores, jueces, procuradurías, peritos, Magistrados y Ministros; todos tienen una tarea que están obligados a cumplir a cabalidad, teniendo siempre por centro a la persona, a la verdad, a la justicia y a los derechos humanos.

Y con esto quiero decir que estoy plenamente convencido y a favor del debido proceso.

Lo que no podemos permitir es que, por error, por ignorancia, por corrupción o malformación, policías, MPs, defensores, jueces y Magistrados, tergiversen la ley evitando procesos justos y privilegien componendas, teniendo como consecuencia resultados desastrosos.

Hoy, tenemos ejemplos espantosos de abusos de autoridad. Desde el policía que tortura, el MP que integra mal la investigación, hasta el juez que interpreta a modo la ley, y prefiriendo la justicia académica e ignorando pruebas indubitables en algunos casos, descuida la verdad y, con ello, la verdadera justicia.

Todos esos errores, por razones que sean, causan dolor, mucho dolor, además de una gran frustración e impotencia. Estos actos de irresponsabilidad profesional y ética en la que, repito, recaen todos, causan dolor, porque sobre el alma y el cuerpo heridos, se vuelve a victimizar al ciudadano ofendido.

Como todo gran proyecto nacional, tuvimos y tenemos funcionarios públicos auténticos, trabajadores, y con una alta responsabilidad social que atendieron y atienden a cabalidad la implementación de este nuevo sistema. Sin embargo, otros más fallaron por indolentes. Lamentable, muchos de estos viven sin responsabilidad alguna ante la ciudadanía, sólo queda en sus propias conciencias.

Sin embargo, tenemos casos ejemplares, como es el caso de Sonora. En el foro pasado, señalamos la irresponsabilidad de su exgobernador, con un avance de cero en la reforma. Y hoy, en unos cuantos meses, la Gobernadora actual ha puesto especial empeño, y ya implementó el sistema en la entidad.

De acuerdo a los datos de la SETEC, los estados con mayor rezago en la implementación, son: Baja California Sur, Oaxaca y Nayarit. En el lado opuesto, los mejores evaluados en términos son: Yucatán, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila.

Tomemos en cuenta que entre 2015 y este 2016, tendremos 21 gobernadores nuevos que tienen la gran oportunidad de acelerar o consolidar, según sea el caso, el Nuevo Sistema de Justicia Penal en su entidad.

Culmina la primera etapa de implementación y se abre un segundo momento para consolidar lo que ya se ha sembrado, poniendo delante de nosotros nuevos retos, con metas muy puntuales por cumplir en los que, desde la sociedad civil, conminamos a los tres Poderes a asumir y responder a la parte que a cada uno le toca.

A partir de hoy, no podemos bajar la guardia. Esto no ha terminado. Empieza. Son cinco retos, a mi consideración, cinco puntos concretos:

Las prisiones en México.

Ya se ha empezado por poner el reflector en uno de los eslabones del sistema judicial: las cárceles.

En México SOS, desde más de un año hemos insistido en este rubro. Necesitamos continuar con la transformación integral del sistema penitenciario. Cuántas veces hemos dicho que, si no podemos controlar a los delincuentes encerrados, cómo podremos hacerlo estando ellos en libertad.

Segundo. La transformación de las policías.

Todavía tenemos mucho que hacer e invertir en capacidades tecnológicas, de investigación científica, profesionalización, infraestructura, mística de nuestros cuerpos policiales, sobre todo, en función del nuevo rol que tienen.

El tema de policía no es trivial. Hoy, a ocho años, quedamos a deber entre lo que tenemos y lo que deberíamos haber logrado. La policía es parte fundamental del sistema, pero hoy, todavía lleva a cabo sus funciones poco capacitada y no valorada como debiera.

Recordemos que antes, la prueba máxima era la confesión. Hoy, es la investigación y las pruebas del delito. Es el policía el primer contacto. Capacitemos, pero, sobre todo, formemos y dignifiquemos a quien es pieza clave para la seguridad en nuestras calles.

Lo hemos dicho siempre, y es menester repetirlo claro y fuerte: debemos entrarle sin dilaciones y de fondo, especialmente a la dignificación de la labor policiaca. Cómo queremos que nos cuiden, si no los cuidamos.

Sin policías bien preparados, bien pagados, con aspiraciones de crecer dentro de las instituciones, con una verdadera mística y con anhelos de labrarse una carrera y un futuro digno para ellos y sus familias, no podremos dar el paso desde el origen, a un auténtico y eficaz sistema de justicia penal adversarial y acusatorio.

Aún está inconcluso, por cierto, el compromiso sobre las cinco escuelas regionales de policías. Sólo dos se encuentran en operación: Ciudad Juárez y San Luis Potosí.

El Tercer punto. La coordinación interinstitucional.

Otro pendiente, es fortalecer la coordinación de todos los operadores, con un sistema de información transversal de todo el acontecer judicial. La coordinación ha sido esencial para lograr los avances que hoy se tienen, sumando los conocimientos, experiencias y capacidades de los tres Poderes de la Unión y de los Poderes de las entidades federativas. De ahí, que la continuidad sea fundamental para esta nueva etapa.

Por ello, se precisa, enfáticamente que se mantenga el Consejo de Coordinación para la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, el bien llamado COCO, que todos conocemos en la jerga de la reforma.

Una reforma tan trascendente y paradigmática, requiere un seguimiento ejemplar en los próximos años. Sin este Consejo, donde concurren los Poderes Federales, la academia y la ciudadanía, no podremos garantizar fehacientemente el éxito en el cambio de mentalidad, en la corrección de pequeños detalles para lograr la justicia que tanto requiere la ciudadanía de nuestro país.

Es por esto que exigimos a los tres Poderes de la Unión para que realicen y fortalezcan el acuerdo para que esta instancia continúe. Por cierto, este próximo jueves, es el último Consejo.

Les pedimos que demuestren su voluntad política y accionen lo necesario para que antes de que venza el plazo constitucional, del 18 de junio, ya tengamos los ciudadanos la certeza de la renovación de este Consejo, sin que falte nadie de los tres Poderes.

De no hacerlo, todo lo ganado e invertido en casi ocho años se podría perder, y los que falten, tendrán esa gran responsabilidad histórica.

Las leyes pendientes. Punto Cuatro.

Adecuar la Ley de Amparo al nuevo sistema, refrendar el compromiso del Estado con las víctimas de los delitos y a tomar las medidas necesarias para garantizar sus derechos.

Asimismo, a los Legisladores del país, a efecto de que sea reformada la ley, y se cuente con los mecanismos para que las víctimas puedan hacer efectivos sus derechos y acceder de manera eficaz a ellos, así como los fondos para la reparación del daño. Hoy, estamos muy atrás y muy en deuda con las víctimas.

Pero también, muy urgente; una Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada. No parches a una Ley Federal, en donde para su mejor versión, deben concurrir y acordar los actores principales.

Esta ley no es un tema de sacarla de escritorio. De mantenerse como está actualmente la propuesta, se corre el riesgo de que, a mediano plazo, los operadores primarios puedan incurrir en ilicitudes que luego los jueces irremediablemente sancionarán con libertades, y si esto sucede, la ciudadanía volverá a gritar y a reclamar. Basta ya de doble victimización para los afectados y para la sociedad.

Es una verdadera bomba de tiempo el no contar con estos ordenamientos jurídicos. Precisamente, en este año que entra en vigor en todo el país el Código Nacional de Procedimientos Penales, grandes pendientes con altísimas implicaciones y responsabilidad.

Señoras y señores Legisladores:

Es un llamado, una súplica. Hay que hacerlo bien.

Poder Judicial, como último punto.

Conscientes de que persisten abusos de poder por parte de algunas autoridades, llevando a prisión a muchos inocentes y que estas violaciones deben ser castigadas.

También es cierto, y lo estamos viviendo y padeciendo, que muchos maleantes reclusos, mediante argumentos falsos por parte de sus defensores, arguyen tortura, provocando ya en varios casos, su liberación. La liberación de un delincuente que argumenta tortura sólo debe ser viable cuando no existan pruebas en su contra más que la declaración o la confesión. Sólo así. De lo contrario, el Estado estará castigando a las víctimas que nada tienen que ver con los hechos y que tan sólo piden justicia.

La ciudadanía corre el riesgo de sufrir más delitos en su agravio por la creciente impunidad con la que se han generado liberaciones de delincuentes. Existen algunos jueces y magistrados que interpretan a modo los criterios de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación, o bien, hacen elásticas las leyes nuevas o antiguas, según la conveniencia de los abogados defensores de los criminales, así como extrapolar jurisprudencias que favorecen al delincuente, y revictimizan a los afectados.

Reitero: no estamos en contra del debido proceso, pero sí estamos en contra del proceso indebido para lastimar doblemente a las víctimas en la sociedad.

El catedrático italiano Luigi Ferrajoli, creador de la Teoría del Garantismo Penal, y su esposa Marina, cenaron con las víctimas Fernanda y Tamara Zamudio Martín del Campo, y los sobrevivientes Madai Morales Albino y Noemí Lara Muñoz.

Ante ellas, reiteró que el Garantismo Penal está contra el abolicionismo penal. Ya que el Derecho es lo único que defiende a los más débiles frente a la barbarie. Reafirmó que los derechos humanos de las víctimas imputados y de la sociedad a la seguridad, sólo se pueden dar en el marco de los derechos para todos.

México tiene que ser ejemplo de equidad jurídica entre victimarios y víctimas. No más privilegios a los criminales.

Precisamente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un mural llamado: En búsqueda de la justicia, obra del maestro Ismael Ramos, en donde aparece en la parte derecha superior, Fernando, mi hijo.

Coincidentemente, el mismo día que se estaba inaugurando, estando yo ahí, presente, recibí la llamada telefónica en donde me informaron que habían encontrado a mi hijo en la cajuela de un auto robado, ya con varias semanas de muerto.

Como me pasó a mí en carne propia, hay historias terribles de miles de víctimas. Estoy seguro que todos los mexicanos, víctimas y autoridades, queremos lograr la paz con justicia, no sólo morir en su búsqueda.

El Sistema Penal Acusatorio no cambiará radicalmente a México de un día para otro. Llevará tiempo para romper con las inercias de un sistema vil y corrupto, que se enquistó durante tantos años. Debemos romper el anhelo corruptor en el propio sistema.

No hay duda alguna que hay miembros en el Sistema Judicial que son verdaderos héroes para cumplir con su trabajo. Ser hombres que juzgan a los hombres, es labor suprema. Ser hombres cabales que exponen sus vidas por otros, es vocación heroica.

Sin embargo, así como requerimos un verdadero esfuerzo de cambio y mejoramiento en las instituciones policiacas y en los ministerios públicos, en el Poder Judicial mismo, en su estructura, se debe romper, también, viejas costumbres, como el nepotismo y, por ende, la selección y reclutamiento de Jueces y Magistrados.

La apuesta y decisión que hemos tomado como país hace ocho años, es muy grande, de miras muy altas. Démosle, entonces, el contenido necesario. Luchemos a brazo partido por conquistar los grandes ideales de justicia que permitirán a las personas confiar y aspirar a la verdad, a la paz, a la plenitud.

La confianza en nuestras instituciones es fundamental para una auténtica vida democrática.  De ahí, lo importante en no quedarnos donde estamos; éstas deben estar a la altura para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Concluyo, compartiendo una frase, cuyo autor se desconoce: Hemos de alfabetizar a aquellos que saben leer libros, pero no saben leer el dolor de los hombres.

La inseguridad, la injusticia, la impunidad y la corrupción, le duelen a México. La insensibilidad del Estado, lo lacera.

Somos muchos los protagonistas y luchadores por la grandeza de nuestro país, y seguiremos firmes, con la esperanza renovada y con la certeza de que esta nueva etapa venidera en la consolidación de un nuevo sistema de justicia hará cada vez más tangibles los beneficios para cada mexicano.

Muchas gracias.