Revista
Proceso
# 2074, 31 de julio de 2016..'
Justicia
para Mile Virginia/GLORIA
LETICIA DÍAZ
Días
antes del aniversario de los asesinatos de Nadia Vera, Yesenia Quiroz,
Alejandra Negrete, Rubén Espinosa y la colombiana Mile Virginia Martín en la
colonia Narvarte, Yarima Merchán Rojas, coordinadora de Me Muevo por Colombia,
contactaba a sus paisanos residentes en México para manifestarse frente al
inmueble donde ocurrió el multihomicidio.
Hace
un año organizó una manifestación para exigir el esclarecimiento del caso, pero
sobre todo para pedir que se limpiara el nombre de su paisana Mile Virgina,
quien según los medios de comunicación era prostituta y traficante de drogas.
Esa versión la filtró la procuraduría capitalina.
Desde
el principio, Merchán Rojas, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e
Historia, y sus compatriotas enviaron cartas al entonces embajador de su país,
José Gabriel Ortiz, para que exigiera a las autoridades capitalinas el
esclarecimiento del caso y “presentar la verdad en prensa de quién era la
víctima”.
El
tratamiento de los medios a las víctimas del multihomicidio, en particular a la
colombiana, es considerado discriminatorio por el Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), según la Opinión
Consultiva 02/2015, realizada a petición de la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo.
El
documento, entregado a la CDHDF el 9 de noviembre de 2015, sostiene: “A raíz
del flujo de información procedente de la PFJDF empezaron a publicarse en los
medios de comunicación, de manera sistemática, una serie de versiones y
análisis periodísticos respecto a los motivos, causas, líneas de investigación,
hipótesis, testimonios, entre otros, que al momento de reportarse e interpretarse
en medios de comunicación, evidenciaron la presencia de acciones de estigma,
prejuicio y estereotipos discriminatorios sobre la ocupación de las víctimas,
su procedencia, el aparente móvil de los asesinatos y descripciones sobre la
forma en que éstos ocurrieron por parte de un presunto perpetrador”.
El
informe del Copred, presidido por Jacqueline L’Hoist Tapia, analiza un dossier
entregado por la CDHDF el 21 de agosto de 2015, con una selección de 31 notas
periodísticas de Reforma, Excélsior, El Universal, La Prensa, La Razón y El
Gráfico, entre ellas una columna de Ciro Gómez Leyva publicada el 21 de agosto
de 2015.
Según
el material analizado, el “estilo de vida de las víctimas, su modus vivendi,
fue lo que originó los asesinatos”.
En
el caso particular de Mile Virginia, el dictamen del Copred estima que en las
notas informativas “se alude a la nacionalidad extranjera de las personas que
vivían o asistían a dicho lugar (el departamento de la Narvarte) para consumir
drogas, hacer desmanes o consumir alcohol”.
Del
análisis de la columna de Gómez Leyva, el Copred advierte que el texto
“visibiliza el prejuicio, estigma, estereotipo y criminalización hacia la
víctima Mile Virginia Martín, a través de la obtención de supuestas
declaraciones ministeriales del C. Daniel Pacheco Gutiérrez en las que se
transcriben frases despectivas”, para referirse a la mujer asesinada.
Versiones
sesgadas
Tras
un análisis con estándares internacionales, como el Código Internacional de
Ética de la UNESCO, y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre el derecho a la honra y dignidad versus el derecho a la información, el
organismo considera que “la difusión realizada a través de diversos medios de
comunicación sobre el origen de las víctimas, particularmente el de la C. Mile
Virginia Martín –de nacionalidad colombiana–, los señalamientos de sus vínculos
al trabajo sexual, así como a una aparente vida relacionada con desmanes,
consumo de drogas, y trabajo sexual comercial, promueven la creación de estigmas
y prejuicios en agravio de las víctimas”.
El
organismo local, recomienda en su dictamen dirigido a Gómez Gallardo “solicitar
la intervención del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la
Discriminación”, ya que la regulación de medios de comunicación es de
competencia federal, a través de la Secretaría de Gobernación.
Más
allá del desprestigio en medios que sufrió la imagen de Mile Virgina Martín, la
situación es aún más grave en el ámbito judicial, advierte Karla Michel Salas
Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia
Social, coadyuvante en el caso.
A
un año de los hechos, la PGJDF “ha basado su investigación en prejuicios y
estereotipos: como Mile era colombiana, ubican el móvil como una asunto de
narcotráfico, y como era una mujer sumamente guapa, que fue reina de belleza y
se dedicaba al modelaje, la señalan como prostituta”, reprueba Salas Ramírez.
Sin
embargo, apunta, “no hay nada en el expediente que sostenga esa hipótesis del
supuesto nexo entre Mile y los tres acusados del multihomicidio; el riesgo es
que el caso quede en impunidad, porque la juez del caso podrá otorgar una
sentencia condenatoria, pero al paso del tiempo se puede venir abajo por las
graves inconsistencias”.
Expresidenta
de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Salas Ramírez contrapone la
versión sostenida por la procuraduría capitalina con los escasos elementos que
se han ido aclarado en relación a la joven colombiana.
Para
ello retoma la declaración ministerial de Daniel Pacheco Gutiérrez, filtrada a
periodistas, en la que se refiere que antes de ser asesinada Mile habría
consumido cocaína y sostenido relaciones sexuales con otro de los acusados.
Sin
embargo, dice, “en los exámenes toxicológicos, Mile sale limpia de alcohol y
cualquier tipo de droga”.
Sobre
la versión de que el móvil del crimen fue la disputa de un “tabique de droga”
que Mile habría recogido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM), “pedimos a la PGJ que se revisaran los videos, si Mile acudió a recoger
lo que ellos dicen, podrían identificarla”.
Agravios
a Mile
El
10 de septiembre de 2015, el agente del Ministerio Público José Francisco
Coronilla Argueta solicitó al inspector general del AICM, Ricardo Arredondo
Fierro, una “búsqueda minuciosa” en las grabaciones de imágenes comprendidas
entre el 15 de junio y el 31 de julio de 2015, con el fin de identificar a la
joven colombiana.
“Se
revisaron más de 400 horas de video del aeropuerto y no encontraron nada,
entonces, para la autoridad ser colombiana ¿es igual a droga? En el
departamento se encontraron pastillas, pero no eran de Mile”, abunda.
Un
elemento más con el que se ha pretendido ligar a la colombiana con los
perpetradores del multihomicidio tiene que ver con la telefonía.
“En
el lugar de los hechos, no estaban los teléfonos de Nadia ni de Rubén, aparece
un Blackberry que la autoridad determina que es de Yesenia. Sin embargo, el
manejo que se ha dado es que era de Mile, y en los supuestos nexos con esos
sujetos (los presuntos perpetradores), y lo peor del caso es que el teléfono de
Mile tampoco aparece en la escena del crimen”, apunta.
Michel
Salas enuncia que a un año del multihomicidio, la PGJ no se ha comunicado con
la familia de Mile para confirmar su deseo de que Salas los represente y
recupere las pertenencias de la joven modelo, pues de forma “por demás
irregular pidió opinión al consulado colombiano por la carta notariada que
entregó la familia en Colombia”.
La
abogada agrega que entre los agravios que sufrió la familia de Mile Virgina
están las omisiones para preservar el cuerpo de la víctima, que llegó a Bogotá
varias semanas después del crimen “en estado de descomposición”.
Desde
Colombia, Freddy, hermano de Mile, envió a sus paisanos en México un mensaje
para ser leído durante el homenaje que se rendirá a las víctimas frente al
edificio de Luz Saviñón, y que remata con el siguiente párrafo: “Dios permita
que se haga justicia y que tu muerte y las de Yesenia, Alejandra, Nadia y
Rubén, que partieron contigo, no queden en la impunidad. Justicia, por favor”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario