El nuevo sistema de justicia penal, utópico aún/PATRICIA DÁVILA
Aun año de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal se aplica en todo el país, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC) reveló que existen “graves vacíos” que dificultan la operación del sistema.
Los estados y la federación no crearon dos figuras clave para la operación del sistema: la de asesores de víctimas y la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares, que se incorporaron en la reforma procesal como coadyuvantes del Ministerio Público, para que las víctimas tengan garantizados sus derechos y sean debidamente asesoradas.
Por lo tanto, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Setec) –organismo de la Secretaría de Gobernación (Segob)–, del cual era titular María de los Ángeles Fromow Rangel, desapareció dejando pendientes, como la capacitación sobre el nuevo sistema adversarial a policías y al Ministerio Público.
Karen Silva, del CIDAC, organismo que vigila y cada año evalúa la implementación del nuevo sistema, señala:
“Hay vacíos que es urgente y necesario cubrir, como fortalecer la unidad de asesores de víctimas, que pretende que éstas tengan salvaguardados sus derechos. Frente a esta carencia, el CIDAC detectó un déficit: 83% de las víctimas no han sido atendidas en el país.
“Otro aspecto que se ha dejado de lado es la creación de la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares, que debería evaluar si una persona que lleva un proceso penal representa un peligro para la víctima, para la sociedad o para el mismo proceso, en caso de que exista el riesgo de que se pueda sustraer de la justicia.”
–¿De quién es responsabilidad la creación de estas unidades?
–De los gobiernos de cada estado y evidentemente de autoridades que tenían a su cargo la responsabilidad de la implementación, como la Setec, a cargo de Fromow Rangel, quien tenía la responsabilidad de coordinar e impulsar que se crearan todas las condiciones para el éxito del nuevo sistema. Sin embargo, el 18 de junio de 2016, cuando terminó el proceso de implementación a nivel nacional, la Setec desapareció.
Explica que en la actualidad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública asumió las funciones que tenía la Setec, en lo que se refiere a acciones para la consolidación del nuevo sistema, entre ellas fortalecer estas unidades de seguimiento a medidas cautelares.
Otro de los hallazgos “alarmantes” que el CIDAC detectó, es que en las procuradurías hay un cuello de botella del sistema: “Casi la mitad de los casos que ingresan a las procuradurías no tienen salida; esto significa que se están acumulando, a pesar de que el objetivo era que el sistema fuera más eficiente y capaz de descongestionar la carga de trabajo de los tribunales, para que éstos sólo se hicieran cargo de los casos de alto impacto”.
Indica que de cada 100 casos que llegan a las procuradurías, sólo se judicializa 4%. De estos casos, la mayoría es con una persona detenida, lo que significa que la policía sólo logra detener al responsable en flagrancia, porque el agente carece de capacitación.
En lo que respecta al tribunal, la carga de trabajo no es mucha porque sólo les llegan cuatro de cada 100 carpetas. Pese a ello ya tienen dificultades, porque las audiencias duran mucho tiempo. Si algún día el cuello de botella de las procuradurías explota y salen los casos a los tribunales, puede que éstos también se colapsen.
Lo anterior llevó al CIDAC a concluir que las procuradurías carecen de capacidad para investigar delitos en los que no hay personas detenidas.
–¿Estamos hablando de fallas en todos los operadores del sistema?
–Hoy los tribunales son de los operadores que están en mejores condiciones respecto a los demás. Los puntos críticos están particularmente en las procuradurías y en las policías, porque en momentos tan importantes, como la detención y la puesta a disposición de las personas, hay poca coordinación entre policía y Ministerio Público. Esto ha afectado el proceso.
Para ella, no es el diseño o rediseño del sistema, el problema radica en que las instituciones no están siendo capaces de responder a los estándares exigidos.
–¿No hay que reformar la Constitución o el Código Nacional de Procedimientos Penales, como algunos actores exigen?
–¡Para nada! Lo que se tiene que hacer es exigir a las autoridades que hagan su trabajo, que se esfuercen por instituir esas capacidades que todavía hacen falta, insisto, como reforzar las Unidades de Seguimiento a las Medidas Cautelares, que a nivel federal ni siquiera se han creado. Ello, en lugar de buscar un aumento en el catálogo de delitos de prisión preventiva.
–¿Esto es responsabilidad de la Segob, en ausencia de la Setec?
–Hay un acuerdo que se firmó en junio de 2016, en el que se comprometieron los tres poderes, no sólo la Segob. El Poder Judicial sí tiene una unidad para la consolidación del sistema penal, pero el Legislativo nunca nombró a nadie.
Acerca de si al Secretariado Técnico le ha faltado visión, señala: “Le hacen falta facultades. En el CIDAC ponemos en duda que sea la mejor instancia para encargarse de la implementación del sistema, porque ellos sólo tienen facultades en las instancias de seguridad pública y las procuradurías, pero no puede ir más allá. Allí se pierde esa visión sistémica que deja fuera al Poder Judicial y a la Defensoría de Oficio, la cual también sufre un retraso en cuanto a recursos y capacidades.
Menciona que el acuerdo del 20 de junio de 2016, para la implementación de la nueva etapa del sistema de justicia penal, estableció mecanismos de evaluación que permitieran seguir el desempeño, identificar puntos críticos y tomar decisiones que mejoraran paulatinamente su aplicación, pero eso no se concretó.
“Preocupa que se quiera modificar el orden jurídico cuando ni siquiera existe una evaluación por parte de las mismas instituciones para saber en qué están fallando.”
–¿Tienen casos específicos de corrupción?
–Hay en las procuradurías y en las policías.
“En las policías no se sienten con la capacidad de llevar a cabo la investigación con las exigencias del nuevo sistema y en lugar de llevar al detenido al Ministerio Público, activan mecanismos de corrupción y se arreglan antes de activar el nuevo sistema penal. Con ello evitan que les puedan calificar como ilegal la detención o que después tengan que acudir a audiencias a declarar sobre su actuación.
“Los Ministerios Públicos saben que no tienen capacidad de investigación, se les dificulta sacar los casos y también incurren en corrupción al activar el Artículo 101 del Código de Procedimientos Penales, que los faculta para dejar en libertad a una persona que no va a prisión preventiva”, lamenta y propone crear una instancia nacional de carácter técnico que emita políticas públicas que consoliden la operación del sistema.
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