El golpe a la FEPADE, otra vía hacia la impunidad

–¿Influyó el caso de Odebrecht en su destitución? –se le preguntó vía telefónica a Nieto Castillo.
–Sin duda alguna –respondió tajante.
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PROCESO # 2138, 22 de octubre de 2017..
El golpe a la FEPADE, otra vía hacia la impunidad/JENARO VILLAMIL
La procuración de justicia electoral en el país quedó en el limbo. El lunes 16, Raúl Cervantes renunció como procurador general cuando aún no existe una Ley para la Fiscalía General, no se ha nombrado a un fiscal anticorrupción y cuando ocurre también el despido del titular de la fiscalía encargada de indagar los delitos electorales. Este último, Santiago Nieto –quien investigaba líneas de la trama de corrupción de Odebrecht que tocaban al exdirector de Pemex Emilio Lozoya–, apelará su destitución ante el Senado.

En vísperas del inicio formal del proceso de sucesión de Enrique Peña Nieto en la Presidencia, la Procuraduría General de la República (PGR) entró en una crisis institucional sin precedente.
Su tercer titular en el sexenio, Raúl Cervantes Andrade, presentó su renuncia el lunes 16; el presidente y el PRI decidieron posponer hasta después de los comicios la designación del fiscal general de la República; quedó acéfala la fiscalía anticorrupción, por desacuerdos entre el PRI y el PAN; y el viernes 20 Alberto Elías Beltrán, en su calidad de suplente del procurador general, cesó al titular de la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo.
Beltrán justificó el cese de Nieto Castillo porque
“transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta” de la dependencia y citó los artículos 30 de la Ley Orgánica y 137 del reglamento de la dependencia y las facultades previstas en el artículo 18 transitorio de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, que dio origen al diseño de una nueva Fiscalía General de la República.
El equipo jurídico de Nieto Castillo prepara su defensa para este lunes 23 ante el Senado de la República, ya que la remoción del titular de la FEPADE sólo le corresponde al fiscal general, ahora inexistente, y es facultad constitucional de los senadores objetar o ratificar esta decisión en un plazo de 10 días hábiles.
Consultados por Proceso, integrantes del equipo de Nieto Castillo también argumentan que el Código de Conducta citado por la PGR no está publicado en el Diario Oficial de la Federación y no es una norma que pueda imponer sanciones.
Además, agregan, se les olvidó un “pequeño detalle”: si Nieto Castillo cometió alguna irregularidad al revelar documentación de una investigación en curso, se le debió haber iniciado un procedimiento a través de la Visitaduría General de la PGR, con garantía de audiencia. Esto nunca sucedió.
Los coordinadores de las bancadas del PAN, del PRD y del bloque PT-Morena en el Senado condenaron la remoción de Nieto Castillo, quien fue electo para encabezar la FEPADE el 19 de febrero de 2015, como parte de una amplia negociación entre los partidos que formaban el Pacto por México. Nieto Castillo llegó con el apoyo perredista y el de algunos legisladores panistas.
La Constitución prevé que “la remoción podrá ser objetada en 10 días hábiles por la mayoría de los integrantes del Senado”, recordó el coordinador de los panistas, Fernando Herrera.
La sombra de Odebrecht
El cese de Nieto Castillo se produjo dos días después de que el fiscal hizo pública, en el periódico Reforma, una carta enviada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien lo presionó para que suspendiera la investigación iniciada en agosto pasado sobre el presunto desvío de los 10 millones de dólares de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y del PRI en 2012. Además le exigió una “disculpa pública”.
Nieto Castillo declaró en ese momento que la red de corrupción de Odebrecht “es un caso paradigmático, porque atacó a los sistemas electorales de varios países del continente. Entonces, es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas”.
El abogado de Lozoya, Javier Coello, en declaraciones públicas negó que el exfiscal haya sido presionado y que la carta sólo fue para que el exdirector de Pemex fuera citado a declarar.
El caso Odebrecht también está vinculado con la renuncia del propio titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade. En uno de los párrafos clave enviados al Senado en su documento “Desafíos y acciones para consolidar el Sistema Penal Acusatorio”, el exprocurador general afirmó:
“Actualmente, la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, adscrita a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delitos Federales, es la unidad administrativa que está desarrollando la investigación en un buen número de los casos conocidos de corrupción más importantes, como el de la empresa Odebrecht, así como de todas las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación.”
Cervantes Andrade informó al Senado que, en total, esta unidad –que suple las funciones de la Fiscalía Anticorrupción– investiga a mil 937 personas por mil 134 asuntos de corrupción (719 averiguaciones previas y 415 carpetas de investigación).
El senador poblano Miguel Barbosa advirtió el viernes que tanto en la renuncia de Cervantes Andrade como en el cese de Santiago Nieto, en el fondo está el caso Odebrecht:
“Se ha empezado a revelar que Raúl Cervantes Andrade no presentó su renuncia voluntariamente, sino que se la pidieron por haber avanzado en la investigación de los sobornos de Odebrecht en México.
“Es por eso que ante el mínimo error de Santiago Nieto, la decisión tomada desde Los Pinos sobre la remoción del fiscal de delitos electorales acredita que contra Emilio Lozoya nunca habrá acción penal en México. Repito: nunca habrá acción penal.”
–¿Influyó el caso de Odebrecht en su destitución? –se le preguntó vía telefónica a Nieto Castillo.
–Sin duda alguna –respondió tajante.
En el momento de su cese, Nieto Castillo había avanzado sobre la supuesta triangulación de fondos realizada por Lozoya Austin en cuentas localizadas en paraísos fiscales de Suiza, las Islas Caimán y Brasil.
El “fiscal incómodo”
“No podemos olvidar que Santiago Nieto se volvió incómodo por su actuación contra personajes ligados al PRI en Coahuila, el Estado de México, Nayarit y Veracruz”, afirma el coordinador panista Fernando Herrera y citó el caso de la consignación ante un juez del exsubsecretario de Participación Ciudadana, Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde, acusado por la FEPADE de repartir tarjetas Premium Platino en los comicios federales de ese año.
No fue el único caso polémico del titular de la FEPADE. En las elecciones del Estado de México frenó el delito de “turismo electoral”, consistente en el cambio de domicilio de un numeroso grupo de personas con el fin de influir en los procesos electorales.
Sólo en el Estado de México se planeó enviar contingentes de “visores” desde Tabasco, Sinaloa y Guerrero. Sólo de Tabasco el PRI planeó llevar a 70 mil “visores” que, en realidad, eran turistas electorales, frenados por la FEPADE.
En contra de lo acordado por el Consejo General del INE, la FEPADE dio entrada a la denuncia presentada por Emilio Álvarez Icaza, líder de la plataforma ciudadana Ahora, quien denunció un presunto desvío de más de mil 600 millones de pesos de fondos públicos destinados a la empresa OHL para la campaña electoral del priista Alfredo del Mazo.
Como reveló este semanario (Proceso 2137), la FEPADE inició una investigación relacionada con las llamadas anónimas para intimidar a los votantes en los comicios mexiquenses del 6 de junio pasado. La sábana de investigación identificó 135 números telefónicos, de los cuales 23 estaban en los municipios de Naucalpan y 23 en Toluca, nueve en Ecatepec, 11 en Atizapán y 10 en Metepec, principalmente.
También obtuvo órdenes de aprehensión contra los exgobernadores César Duarte, de Chihuahua, y Javier Duarte, de Veracruz, por presuntos delitos electorales.
El caso más complejo fue el de César Duarte, a quien le comprobó haber desviado más de 900 millones de pesos al PRI mediante descuentos a trabajadores del agua, que no se reportaron por el partido ante las autoridades electorales.
Dejó pendientes las órdenes de aprehensión contra los exgobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge, y de Nayarit, Roberto Sandoval, a quien también la PGR vinculó con el desvío de recursos públicos en la compra de al menos 3 mil cabezas de ganado de Nueva Zelanda, mediante un prestanombres.
La FEPADE también comenzó a investigar el presunto desvío de recursos aportados por la sociedad a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, especialmente en Morelos.
Abrió carpetas de investigación en seis entidades y en la delegación Coyoacán, de la Ciudad de México. En Morelos, la investigación se relaciona con el sistema DIF estatal e indaga “a cualquier persona involucrada”.
También en Juchitán, Oaxaca; en Pátzcuaro, Michoacán; en el Estado de México, Guanajuato, Puebla y Morelos se investigaban las denuncias por presuntos desvíos de las ayudas a los damnificados.
PGR desmantelada
En sólo una semana la PGR se quedó sin titular; no existe una Ley para la Fiscalía General; está atorada la discusión sobre la eliminación del “pase automático” en el artículo 102 constitucional, que permitiría al procurador ser fiscal general nueve años; el Senado no nombró a un fiscal anticorrupción y ahora debe definir si ratifica o no la remoción del titular de la FEPADE.
La reforma de 2014 previó la creación de una Fiscalía General “como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio”; su titular durará en el encargo nueve años y debe ser electo por dos terceras partes del Senado, a propuesta del Ejecutivo federal.
La misma reforma especificó que la Fiscalía General debe contar “al menos” con las fiscalías anticorrupción y la FEPADE, “cuyos titulares serán removidos por el fiscal general de la República. Podrán ser objetados por el Senado por el voto de las dos terceras partes de los legisladores en un plazo de 10 días.
La reforma mandata que “la ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos”. Esta Ley General no existe.
Si la situación de la PGR es grave, es peor en cuanto a las entidades federativas. En su último informe ante el Senado, Cervantes Andrade advirtió que existen 16 procuradurías que dependen de los Ejecutivos estatales con “autonomía técnica”, cuatro fiscalías “sin autonomía”, dos con “autonomía relativa” y sólo 10 autónomas.
Ante la ausencia de un titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, Cervantes Andrade trasladó la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia a un nuevo edificio, en Fray Servando Teresa de Mier 81, en la Ciudad de México.
Esta unidad, que cuenta con 250 plazas de estructura, sustantivas y administrativas, es la que investiga los mil 134 casos de corrupción. Buena parte de ellos estaban también relacionados con los expedientes de la FEPADE. Ahora, todo queda en el limbo.