Sanciones y deuda de IPES/ Teresa Guerra
El Debate, 12 de noviembre de 2017...
SANCIÓN A FUNCIONARIOS. El rango de los funcionarios que fueron sancionados por la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno estatal es sin precedentes, son nada más y nada menos que el exsecretario de Finanzas Armando Villarreal y el exsecretario de Obras Públicas José Luis Sevilla. Sin embargo, lo que llama la atención, cuando menos en el caso del exsecretario de Finanzas, es la causa: “por no haber enterado al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa diversas aportaciones patronales y cuotas de trabajadores por un monto de 1.175 millones de pesos”.
Llama la atención, en principio, porque la Ley del Instituto de Pensiones se aprobó en marzo del 2009, siendo gobernador Jesús Aguilar y Quirino Ordaz secretario de Finanzas. Desde su arranque, la Ley de IPES generó pasivos millonarios al Gobierno del Estado, y estuvo muy mal diseñada, tan mal, que el fondo que el gobierno federal había prometido al gobierno de Aguilar en 2009 (de 600 millones de pesos para el fondo de pensiones estatal) nunca llegó a las finanzas del Gobierno del Estado porque la ley tenía errores técnicos de origen.
La ley generó pasivos millonarios desde un inicio porque había que aportar a IPES las cuotas de pensiones considerando toda la antigüedad de los trabajadores de gobierno; debía hacerse un pago retroactivo de cientos de millones de pesos desde 2009, y eso nunca se enteró por las dependencias, ni en el gobierno de Aguilar ni con Malova.
Aparte, con la ley de IPES empezaron a florecer cientos de demandas de trabajadores de confianza, sobre todo en 2011, al fin del gobierno de Aguilar, funcionarios de primer nivel y empleados de confianza, incluso secretarios de estado, como el exsecretario de Gobierno Rafael Oceguera, reclamaron fondos de pensiones y devolución de aportaciones que nunca hicieron. Solo a Oceguera Ramos le devolvieron 8 millones de pesos, de cuotas que nunca entregaron, e igual a otros funcionarios de alto nivel.
El IPES nació con pasivos millonarios desde 2009, arrancó mal con Jesús Aguilar y se multiplicaron los problemas en el gobierno de Mario López Valdez. Además, la ley le quitó derechos a empleados de base, les obligó a pagar aportaciones, les restringió la jubilación, les adicionó requisitos para su retiro y les quitó aguinaldo a jubilados; pero, a los de confianza, al finalizar sus funciones, les dio derecho de reclamar fondos de aportaciones que no habían enterado, por ello el problema que se quería corregir, como era el excesivo pasivo del gobierno por jubilaciones, se multiplicó, en vez de reducir la deuda la ampliaron.
La de IPES es una deuda heredada desde 2009, con una ley mal diseñada, que amplió derechos a los de confianza y restringió prestaciones a empleados de base. Sin embargo, con Malova nunca fincaron responsabilidad a quienes impulsaron la Ley, mucho menos castigaron a quienes heredaron la deuda; así que ahora tendrán que responder por las omisiones en las que incurrieron. ¿O no?
PECES GORDOS. Sin embargo, hablar de sanción a funcionarios de primer nivel es subir la mira, aunque la causa se vea débil, falta ver que más harán en el gobierno de Quirino Ordaz en otras áreas, y saber si hay elementos fundados para proceder administrativa y penalmente. Falta también saber si la intención de las sanciones es solo política, y si el propósito es “acalambrar” a funcionarios malovistas que andan activos en busca de un cargo público, como el exsecretario de Gobierno Gerardo Vargas. ¿Será?
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