Justicia a conveniencia El gobierno, campeón en impunidad/
PATRICIA DÁVILA
Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el aparato de justicia se condujo de manera parcial. Académicos consultados por Proceso coinciden en ello y en que, por ejemplo, la PGR estuvo al servicio del Ejecutivo federal. Gustavo López Montiel, catedrático del Tec de Monterrey campus Ciudad de México, afirma que esa dependencia dejó de iniciar procesos contra figuras políticas protegidas, y en los que sí actuó “lo hizo con un sentido mucho más político que jurídico”.
El desempeño de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sido cuestionable por la manera en la que construyó, llevó y dio seguimiento a diversos casos.
Tal es la opinión de Gustavo López Montiel, catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en la Ciudad de México, quien afirma que la dependencia encargada de indagar y perseguir los delitos federales dejó de iniciar procesos contra figuras políticas protegidas, y en los que sí actuó “lo hizo con un sentido mucho más político que jurídico”.
Puntualiza: “Me parece que se dio un uso intencionado del espacio de poder que la procuraduría representa. Es un desempeño parcial”. Y plantea asimismo que uno de los principales aspectos de la crítica sobre la actuación de la PGR está relacionado con los titulares que ha tenido: “El último nombramiento (de Alberto Elías Beltrán como encargado de despacho) se hizo en el colmo de la manera en la que se podría constituir una PGR que incumple con el espacio de legalidad que debería”.
En entrevista, López Montiel recuerda casos en los que hubo acusaciones pero sin que se iniciaran las investigaciones respectivas, así como asuntos en los que las indagatorias las realizó únicamente la Secretaría de la Función Pública (SFP), como en la tragedia del socavón de la autopista México-Cuernavaca, donde murieron dos personas.
Por ejemplo, dice que donde hubo señalamientos de corrupción los procesos se construyeron desde la perspectiva de la SFP, porque desde la visión de la procuraduría no había elementos para iniciar carpeta de investigación, como en lo tocante a la Casa Blanca de Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera. Finalmente, ambos fueron exonerados por la Función Pública.
Lo mismo ocurrió con el canciller Luis Videgaray y su residencia de Malinalco, que adquirió en 2012 a una tasa preferencial que le concedió Grupo Higa, el consorcio favorecido con los contratos de obra pública más jugosos durante la gestión de Peña Nieto en el Estado de México y el gobierno federal.
Trato preferencial a exgobernadores
López Montiel alude también a las denuncias del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en el sentido de que la PGR no acelera las solicitudes de extradición de los funcionarios mexicanos que están detenidos en el extranjero o que no libera las peticiones para capturar a los exfuncionarios que se esconden en otros países.
Mención aparte merece la falta de investigación contra Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, señalada de participar en actos de corrupción.
El catedrático destaca como ejemplo de parcialidad política los casos en los que hubo diligencia, como en la destitución de Santiago Nieto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade); es decir, “la dilación en unos y la rapidez en otros, o hacerlo en unos y en otros no… Aquí se puede observar esta parcialidad que se mostró en diversos momentos”.
Proceso documentó que del año 2000 a la fecha, 21 mandatarios estatales han sido señalados de incurrir en actos de corrupción, peculado y desvío de recursos. Algunos están presos y otros bajo investigación. De los acusados 17 son del PRI, dos del PAN, uno del PRD y otro de la alianza PAN-PRD.
Sólo el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid está sentenciado; pasó nueve años encarcelado en México, luego seis años en una prisión de Estados Unidos y de nuevo en México debe cumplir otros 22 años por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.
Los exmandatarios priistas detenidos en este sexenio son Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco, y Jesús Reyna, interino de Michoacán. También fue aprehendido el panista Guillermo Padrés, de Sonora.
Las denuncias y capturas de estos personajes de la política ocurrieron en los estados en los que hubo alternancia de gobierno. El delito por el que más se les denunció fue lavado de dinero, en ocho casos. La última captura fue la Eugenio Hernández, de Tamaulipas.
–¿Es la situación de exgobernadores como Javier Duarte?
–Sí. Podríamos identificar la dilación o investigación parcial en sus casos. Algunos son relevantes y dan cuenta de eso. El más emblemático es el de Javier Duarte, donde no sólo hubo dilación en la construcción de su proceso y persecución, sino también en la manera en la que se construyó su extradición. Es la razón por la cual los delitos por los que se le juzgó alcanzaron sólo nueve años de prisión.
“El encargado de la PGR dijo que si se seguía el juicio (contra el veracruzano) se podía perder y que era mejor que estuviera nueve años en prisión que ninguno. Eso habla de un uso político o parcial de la justicia o de incapacidad.
“La PGR teme seguir contra algunos gobernadores porque las pruebas en su contra son rechazadas por los jueces (…) Un abogado con la experiencia en la persecución de este tipo de delitos sabe cómo se construye una prueba, cómo se elabora, como se presenta y cómo genera certeza jurídica. Esto pasa porque se pretende construir un proceso con pruebas que no son legales. Eso habla de improvisación.”
–¿Es la condición de César Duarte, de Chihuahua?
–Él impugnó las pruebas que presentó la PGR en términos de su validez jurídica. Otro ejemplo es Elba Esther Gordillo.
–Gordillo estuvo presa todo el sexenio. ¿Salió por inocente o porque la PGR no pudo armar el expediente?
–Desde el comienzo se decía que las acusaciones que se le hicieron eran endebles porque los delitos (delincuencia organizada y lavado de dinero) no estaban configurados. La manera en que se construyó su caso daba pie a la dilación. Esta es la constante en la mayoría de los asuntos mediáticos.
“Al final nos debería llevar a cuestionarnos el papel y profesionalismo de la PGR y el tránsito a una fiscalía que tenga estas capacidades, porque la simple conversión no asegura que las tenga.”
Respecto de si la nueva fiscalía heredaría el caso Odebrecht que involucra a Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos, el catedrático recuerda que cuando Raúl Cervantes dejó la PGR dijo que estaba concluido. Eso es, sostiene, una “reafirmación de ese uso político” que se le da a la procuraduría.
Uso electoral
Gustavo López Montiel también identifica una manipulación de la PGR con fines electorales. Destaca los señalamientos contra Josefina Vázquez Mota en el caso de la renovación de la gubernatura del Estado de México y contra Ricardo Anaya en el último proceso. “La PGR les lanzó acusaciones e investigaciones, pero tras los comicios quedó claro que nunca hubo tales indagatorias”.
–Sobre la transición de la PGR a Fiscalía General aún no sabemos quién estará a cargo, pero sí que de entrada no será autónoma. ¿Será un fiscal nombrado y al servicio del presidente?
–Así es. Lo que pasa es que en México tenemos leyes, pero no un andamiaje jurídico ni político que nos permita acabar con la impunidad. Tampoco hay voluntad ni capacidad política para hacerlo. Se necesita capacidad técnica y apoyo político para generar autonomía en el contexto de una fiscalía o de un espacio de impartición de justicia.
Abunda: “En México la designación y el espacio de acción están supeditados al Ejecutivo. Pese a que puede haber colaboración entre los Poderes de la Unión para la designación del fiscal, al final puede ocurrir lo mismo que con Santiago Nieto, quien fue designado por el Senado pero fue destituido por el encargado de la PGR.
“Ni siquiera el presidente lo quitó. Eso nos lleva a concluir que no hay espacio para una autonomía que se construye desde la asignación de recursos, capacidades técnicas, blindaje político y a partir del espacio de profesionalismo.”
Para Rodolfo Islas Valdés, Premio Nacional Pro Bono 2017 y académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, resulta “muy peligroso” que la fiscalía sea dependiente de cualquier órgano porque puede viciar su criterio.
“El desempeño de la PGR durante este sexenio pudo haber sido mejor con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Debió haber mayor capacitación en el sector público y privado”, agrega.
Señala que en este contexto penal también están los detenidos por narcotráfico que el gobierno mexicano prefiere extraditar por temor a que se le caigan los casos, como ocurrió con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien en enero de 2017 fue enviado a Estados Unidos.
Quien fuera el líder del Cártel de Sinaloa dejó en México 10 procesos penales pendientes en juzgados del Estado de México, Nayarit, Jalisco y Tamaulipas.
Durante el sexenio fueron extraditados a Estados Unidos piezas clave de organizaciones como el Cártel de Sinaloa, Los Beltrán Leyva, Los Zetas, los cárteles del Golfo y el de Juárez.
La PGR entregó en noviembre de 2016 a José Vázquez Villagrana, El Jabalí, operador de Guzmán Loera, y a Pánfilo Flores Apodaca, líder del Cártel de los Meza Flores que encabeza Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro. Vázquez Villagrana declaró haber tenido una reunión en un restaurante de Xochimilco, en la Ciudad de México, con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
En septiembre de 2015 fueron extraditados Jorge Costilla Sánchez, El Coss, líder del Cártel del Golfo; Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, brazo armado de Los Beltrán Leyva, y Carlos Montemayor, suegro de Valdez.
También fueron puestos en manos de las autoridades estadunidenses José Emanuel García Sota, El Safado, y Aureliano Montoya Peña, Jesse Montoya, integrantes de Los Zetas; Jean Baptiste Kingery, vinculado al Cártel de Sinaloa, y Luis Humberto Hernández Celis, Pak, de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.
En cambio, quienes siguen en México en espera de su extradición son Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, líder de Los Zetas; José María Guízar, El Z-43, detenido en la colonia Roma de la Ciudad de México, y Héctor Manuel Avendaño Ojeda, El Meño, operador de Ismael El Mayo Zambada. En esta lista también estaría Héctor Beltrán Leyva, quien recientemente falleció en el penal del Altiplano.
–¿Comentaba usted que el gobierno prefiere extraditar que enjuiciar en México por temor a que se le caigan los casos. ¿Eso abona al estado de violencia en el país?
–Sí. Me parece que la impunidad es un referente de la violencia e incrementa las posibilidades de que no sea castigado quien la ejerce. Por eso las cifras indican que de cada 100 delitos sólo dos casos terminan en sentencia. Eso quiere decir que un delincuente tiene 98% de probabilidades de no ser encarcelado y castigado.
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